Jesús Benavides García

Expediente 1178/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1178/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Jesús Benavides García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintitrés. 1. Se recibe ejecutoria. Por recibido el oficio suscrito por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria emitida el quince de diciembre de dos mil veintidós, en la queja 239/2022, a través de la que se declaró infundado dicho medio de impugnación, interpuesto en contra del auto que desechó la demanda presentada por Jesús Benavides García; háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de mérito y acúsese el recibo correspondiente. 2. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Devolución documentos. Finalmente, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Agréguese a los autos el ocurso presentado por el quejoso Jesús Benavides García, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la recurrente y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Se rinde informe. Ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL AUTORIZADO DEL QUEJOSO,ELAUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS,QUE DICE: Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Parte quejosa cumple requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Jesús Benavides García, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado en proveído de veintisiete de octubre del año en curso y manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, si contaba con defensora pública, siendo la licenciada Gicela Ibeth García Rojas, a quien se le notifico el auto de formal prisión el treinta de abril de dos mil veintiuno. 2. Examen de la demanda y del escrito de cumplimiento de prevención y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda y de prevención , se desprende que se reclama lo siguiente: El auto de formal prisión decretado dentro del Proceso Penal número 91/2016-ll, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, y su ejecución. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda y del escrito de cumplimiento se advierte que en relación con el acto reclamado atribuido al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y al Director del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1 Uno, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se advierte que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, que comenzarán a contar a partir del siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de formal prisión decretado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 91/2016-ll, acto reclamado del que tuvo conocimiento en la misma data de su emisión, esto es, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno y su defensora fue notificada el treinta de abril de ese año. Consecuentemente, la presentación de la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, resulta extemporánea, puesto que ya había transcurrido el plazo que la parte quejosa tenía para tal efecto. La fracción XIV, párrafo primero del artículo 61 de la Ley de Amparo señala: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente. entendiendo por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" Ahora para efectos de los plazos para promover el juicio de amparo es necesario precisar el contenido del artículo 17 de la ley de la materia establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que "será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior, podemos desprender que el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Quince días, por regla general; b) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; c) Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; e) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por lo que, para el caso, debe aplicarse el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo, que es de quince días, ya que en el particular no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral, antes transcrito. Se considera lo anterior, ya que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, o bien, un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; así como tampoco se impugna un acto que implique privación de la vida, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas previstas en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el plazo a computarse para el caso en estudio, es el del día siguiente a aquél en que hayan tenido conocimiento o se ostenten como sabedores del acto reclamado o de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por lo que, al tener conocimiento del acto reclamado la parte quejosa desde el veintiocho de abril de dos mil veintiuno y su defensora desde el treinta de abril de dos mil veintiuno, se considera un acto consentido, apoya lo anterior la siguiente Jurisprudencia número 12, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 248/2014, visible a página 38, del Libro 18, correspondiente al mes de Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.- El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De lo anterior se desprende que la parte quejosa tenía quince días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos, para presentar la demanda de amparo. En ese tenor, el plazo de quince días comenzó a computarse a partir del treinta de abril de dos mil veintiuno, que fue cuando se realizó la notificación a la defensora que en ese momento tenía asignado el quejoso Jesús Benavides García, por lo que la presentación de la demanda de amparo en el buzón judicial el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, resulta por demás extemporánea, apoya lo anterior la siguiente tesis: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona." En consecuencia, es incuestionable que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, lo que conlleva a desechar por improcedente el presente juicio al respecto, con fundamento en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 113 ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil doscientos doce, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS". Notifíquese; personalmente al quejoso recluido, a su autorizado y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónica y físicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JESUS BENAVIDES GARCIA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Jesús Benavides García, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1178/2022. 2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir al quejoso a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad manifieste si al veintiocho de abril de dos mil veintiuno -fecha en que refiere tuvo conocimiento del acto reclamado-, contaba con defensor, en caso afirmativo, manifieste la fecha en que éste fue notificado o tuvo conocimiento del auto de formal prisión reclamado en esta instancia constitucional. Circunstancia que resulta ineludible para estar en condiciones de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo y fijar la Litis constitucional. 2.1. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el quejoso, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 1a. /J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calzada la Huerta, número trescientos setenta y nueve, local comercial exterior uno, planta baja, colonia Morelos en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Gabino Vargas Carrillo, quien gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 3. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 4. Se ordena notificar al quejoso en el lugar de reclusión. Tomando en consideración que el quejoso Jesús Benavides García se encuentra recluido en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número 1, ubicado en carretera Morelia-México kilómetro 12.5, población de Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción para que en términos del artículo 25, del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, notifique el presente proveído de forma personal al quejoso a través del uso de "videoconferencia", en el lugar en que se encuentra recluido, levantando el acta correspondiente. Notifíquese; personalmente al quejoso recluido, a su autorizado y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

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