Jesus Cesar Chavez Valdez
Expediente 425/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2017
Partes del expediente
- Jesus Cesar Chavez Valdez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documento original en este juicio, se deja a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlo en la temporalidad indicada, se destruirá al momento en que se destruya este expediente, tal como lo establece el punto veinte, párrafo segundo del acuerdo general en cita.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de cuenta, promovida por Jesus Cesar Chavez Valdez, contra las negativas reclamadas de la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa X-RN de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación Zona Norte; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden... De dicho ocurso se aprecia que se reclamó lo siguiente: 1. La negativa de la citada autoridad responsable para acordar de conformidad lo solicitado por el quejoso, en su escrito de once de mayo del año en curso; y 2. La negativa de la agente mencionada, para integrar la averiguación previa... Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se advierte que existen motivos para desechar de plano la demanda, ya que se actualizan, de manera manifiesta e indudable, las causales de improcedencia que se precisarán más adelante. En cuanto al acto precisado en el punto 1, se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. En efecto, de la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado de que se trata, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, o por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese contexto, como se dijo, la negativa reclamada no causa perjuicio al quejoso, pues este último considera que se transgredió el derecho de petición, previsto en el artículo 8º constitucional, que constituye uno de los derechos públicos subjetivos fundamentales del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales, para dar contestación por escrito y en "breve término" a las solicitudes formuladas por los ciudadanos. Sin embargo, este órgano de control constitucional establece que no ha trascurrido ese breve término a que se refiere el artículo 8º constitucional; consecuentemente, el que no se haya afectado el interés jurídico del amparista en los términos expuestos. Esto es así, porque aun cuando dicho precepto no establece lo que debe entenderse como "breve término", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para que se considere transgredido el numeral citado, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia identificada con el orden 97 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales Primera Parte -SCJN Séptima Sección- Derecho de petición, del rubro: "PETICIÓN. TÉRMINO PARA EMITIR EL ACUERDO". En ese orden, si la petición por escrito realizada por el justiciable fue presentada el once del mes actual y la demanda fue promovida el día de la fecha, la acción constitucional se ejerció a tan solo cuatro días de que la autoridad responsable recibió el ocurso relativo, por lo que es indudable que no transcurrió un breve término para que la responsable emita respuesta a lo pedido por el amparista. Se arriba a esa conclusión, si se toma en consideración que la petición de que se trata consistió en que "se sirva informarme si el C. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, admitió la Averiguación Previa número PGR/DDF/SZN-X/922/2013, y en su caso, cual es el número que se le asigno", de ahí que para que la autoridad señalada como responsable esté en condiciones de emitir respuesta a lo pedido, en principio tendría que constatar que cuenta con la información indicada por el amparista, y luego, estaría obligada a fundar y motivar la procedencia o no de dicha solicitud. Circunstancias a partir de las cuales este órgano de control constitucional determina que no existen datos para poder afirmar que ha transcurrido un breve término para que la responsable recabe la información relativa y dé respuesta a la petición del quejoso, por ende que se haya ocasionado perjuicio a este último en los términos señalados. En otro aspecto, en cuanto al diverso acto señalado en el punto 2, consistente en la negativa de la agente del Ministerio Público responsable, para integrar la averiguación previa PGR/DDF/SZN-X/922/2013, este órgano de control constitucional considera que en la especie sobrevino de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que en ese orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". Marco normativo del que se aprecia que cuando el acto reclamado implique una negativa, como en el caso, la concesión del amparo tiene el efecto de obligar a la autoridad responsable para que actúe acorde con sus facultades legales con estricto apego al derecho fundamental que se estima violado; sin embargo, aun cuando llegara a dictarse sentencia en que se concediera el amparo solicitado, si las circunstancias impiden que con esa determinación pueda restituirse al quejoso en el goce de sus derechos violados, torna improcedente la acción constitucional al no cumplirse los fines que persigue. En ese contexto, si la pretensión del quejoso consiste en que la responsable integre debidamente la averiguación previa PGR/DDF/SZN-X/922/2013, ningún fin práctico tendría que se diera trámite a la demanda, y de ser el caso conceder la protección constitucional, porque en el juicio de amparo 157/2017, promovido por Jesus Cesar Chavez Valdez, que se tiene a la vista al constituir un hecho notorio para este juzgado, en términos del precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la autoridad ministerial responsable al rendir su informe de ley manifestó que el dos de diciembre de dos mil dieciséis, ejerció acción penal contra el justiciable, y para tal efecto, dicha indagatoria, se consignó y fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México -antes de la presentación de la demanda-; por tanto, la averiguación de referencia ya no está a disposición de la responsable. En cuanto a la causal de improcedencia invocada, es orientadora la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 58 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 145 a 150, que a la letra dice: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación". En ese sentido, al actualizarse las referidas causales de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda. Respecto de la petición en el sentido que se permita la consulta del expediente por medio de "aparatos electrónicos", dígase que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios referidos única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio de amparo. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. Por otro lado, como se solicita, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que señaló para tal efecto los estrados, asimismo, ténganse como autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.
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