Jesus Cesar Chavez Valdez
Expediente 630/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/10/2017
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa X-RN, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación Zona Norte
- Jesus Cesar Chavez Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que la parte quejosa exhibió diversos documentos anexos a su demanda, se dejan a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlos en la temporalidad indicada, se procederá a su destrucción con el expediente en que se actúa, tal como lo establece el punto décimo primero, párrafo tercero del acuerdo general en cita. Finalmente, en virtud que no es necesaria la retención del anexo que envió la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 630/2017, promovido por Jesus Cesar Chavez Valdez, contra la omisión y acto de la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa X-RN Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión y acto de la autoridad responsable que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de la omisión y acto reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se violan sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 8° y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogadas las prevenciones formuladas en autos, el cuatro de agosto siguiente se admitió a trámite la demanda con el orden 630/2017; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Por auto de treinta de agosto pasado se requirió al inconforme a efecto de que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del acuerdo de veintinueve de junio de este año, por el que se dio respuesta al escrito que presentó ante la autoridad que señaló como responsable en la demanda de amparo. V. Mediante escrito recibido el dieciocho de septiembre siguiente, el amparista amplió la demanda respecto del acto citado en el párrafo que antecede. Llegada la fecha y hora para la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la omisión y acto reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de la omisión y acto reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda, se precisa que la omisión y acto reclamados consisten en: 1. La omisión de dar contestación al escrito de veintinueve de junio de este año, presentado por el quejoso en la averiguación previa PGR/DDF/SZN-X/922/2013; y 2. La determinación de la citada fecha, que recayó al ocurso citado. Ambos atribuidos a la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa X-RN Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. TERCERO. Son ciertos el acto y omisión reclamados de la autoridad citada, no obstante que al rendir su informe de ley haya expuesto lo contrario, porque en cuanto a la omisión impugnada se advierte que la autoridad no hizo del conocimiento del justiciable la determinación que recayó al escrito mencionado, y respecto del acto se observa que sí emitió la determinación reclamada, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias relacionadas con la indagatoria citada; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". No obstante la certeza de la omisión mencionada, es innecesario el estudio y transcripción del concepto de violación formulado por el quejoso, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia que se estima actualizada es la prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para fundamentar dicha causal es necesario hacer una breve reseña de algunos antecedentes: a) Por escrito recibido por la autoridad responsable el veintinueve de junio pasado, el justiciable solicitó se determinara el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa mencionada. b) De la documental que acompañó la responsable a su informe de ley, se advierte que por acuerdo de la fecha citada dio contestación a la petición formulada por el solicitante de amparo; sin embargo, no se advierte constancia alguna por la que se haya hecho del conocimiento del amparista esa respuesta. No obstante, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de la respuesta que recayó a su solicitud desde el momento en que se dejó a la vista el informe de ley. En ese sentido, es indudable que a partir de ese momento dejó de producir efecto alguno la omisión reclamada, con lo cual se hace patente que cesó en sus efectos pues el justiciable tuvo conocimiento de la respuesta correspondiente durante la tramitación del juicio en que se actúa. Por tanto, no existe motivo para la resolución de fondo del juicio de amparo cuando es evidente que no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de la omisión controvertida, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carece de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, ambos de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio consistente en la cesación de efectos de la omisión reclamada se actualiza cuando, ante la existencia o insubsistencia de la omisión reclamada, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que es del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la citada ley. CUARTO. En atención a que no se advierte otra causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis del concepto de violación respecto del diverso acto precisado en el punto 2 del considerando segundo, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su reproducción. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es inoperante el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Como se anunció, es inoperante el motivo de disenso hecho valer en el escrito de ampliación de demanda, ya que se controvierten cuestiones ajenas a la resolución reclamada. Ahora, se destaca que de las constancias allegadas a este juicio se advierte que: 1. El amparista solicitó con base en la resolución emitida por el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en que se negó la orden de aprehensión solicitada contra el justiciable en la causa penal 59/2016-1, que la agente del ministerio público responsable decretara el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria PGR/DDF/SZN-X/922/2013. 2. Petición a la que mediante acuerdo de veintinueve de junio de este año, la agente responsable dio contestación, en lo que interesa, en el siguiente sentido: ".Vista lo solicitado por el promovente en el sentido de que esta Fiscalía de la Federación no ha dictado ponencia de no ejercicio de la acción penal, aun y cuando el Órgano Jurisdiccional de referencia negó la orden de aprehensión solicitada en fecha Primero de Diciembre del año próximo pasado, no obstante el Juez del conocimiento devuelve la Causa Penal 59/2016-I, en términos de lo establecido en el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, en original y duplicado, a fin de que en estricto cumplimiento a la potestad conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad federal continúe con la investigación y perfeccionamiento de la misma, hasta su total resolución conforme a derecho proceda, por lo que dígasele al peticionario que no ha lugar a decretar el no ejercicio de la acción penal dentro del presente expediente, en razón de que esta Representación Social de la Federación, continuara con la investigación de los presentes hechos.". Siendo esta última determinación la que constituye el acto que por esta vía se impugna. Ahora, es menester destacar que la determinación reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, de la lectura del acto reclamado se aprecia que los motivos por los que la agente responsable consideró que no es procedente determinar el no ejercicio de la acción penal en la referida indagatoria, en esencia consisten en que si bien el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, por resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, negó la orden de aprehensión solicitada contra el quejoso, también lo es que en dicha determinación se estableció que en términos del precepto 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, se devolvía el expediente a la autoridad investigadora, a efecto de que continuara con el perfeccionamiento de la referida averiguación previa, por tanto, a decir de la responsable, no es procedente determinar el no ejercicio de la acción penal en esa averiguación si se encuentra en integración. Máxime que contrario a lo que expone el promovente de amparo en la demanda, el hecho de que una autoridad judicial resuelva negar una orden de aprehensión no implica que al devolverse dicho expediente a la autoridad investigadora esté obligada a decretar el no ejercicio de la acción penal, pues como se estableció en esa determinación judicial, las constancias se devuelven a la autoridad investigadora a efecto de que términos del precepto citado continúe con su integración. En efecto, el numeral de referencia establece en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 142. Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes. . Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente". En ese sentido, a consideración de este juzgado, las razones indicadas por la autoridad responsable en el acuerdo reclamado son suficientes para concluir en el sentido en que lo hizo, toda vez que la averiguación previa relacionada aún se encuentra en integración y resulta evidente que no es procedente que dicha autoridad ministerial determine el no ejercicio de la acción penal. Consecuentemente, al haber resultado inoperante el concepto de violación formulado por el quejoso, sin que exista materia para suplirlo en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita el peticionario de amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesus Cesar Chavez Valdez, contra la omisión de dar contestación al escrito de veintinueve de junio de este año, presentado por el quejoso en la averiguación previa PGR/DDF/SZN-X/922/2013, atribuida a la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa X-RN Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesus Cesar Chavez Valdez, contra el acto reclamado de la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa X-RN Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, consistente en la determinación de la citada fecha, que recayó al ocurso citado.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de doce del mes en curso, el quejoso exhibe las copias solicitadas. Al respecto, téngansele desahogando la vista otorgada en acuerdo de treinta de agosto pasado, pues manifiesta que es su deseo ampliar la demanda de amparo en cuanto al acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, por el que se dio respuesta al ocurso de esa fecha presentado por el quejoso en la averiguación previa PGR/DDF/SZN-X/922/2013, reclamado del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa X-RN Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, dado que se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda planteada, respecto del acto reclamado precisado. Por otra parte, este órgano de control constitucional considera que no obstante se admite a trámite la ampliación de referencia, resulta innecesario requerir informe justificado a la citada autoridad responsable, porque de autos se advierte la certeza del acto materia de la ampliación. En cuanto a su petición relativa a que este juzgado solicite información al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, respecto del juicio ordinario civil que refiere, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que no tiene relación alguna con la litis planteada en el presente controvertido.
- Principal
Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual pretende desahogar la vista ordenada en proveído de treinta de agosto pasado, pues manifiesta su deseo de ampliar la demanda respecto del acto que ahí refiere. Sin embargo, toda vez que no exhibe las copias necesarias del escrito que se provee para correr traslado a las partes, tal como se le requirió en el auto de referencia, es evidente que no desahoga dicha vista en los términos apuntados. Por tanto, no ha lugar a tener al quejoso dando cumplimiento a lo ordenado en autos. En otro aspecto, en cuanto a su petición relativa a que se requiera al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de esta ciudad, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto el quejoso desahogue el referido requerimiento, en caso de ser procedente.
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