Jesus Cesar Chavez Valdez
Expediente 466/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/08/2017
Partes del expediente
- Jesus Cesar Chavez Valdez
- Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa X-RN, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación Zona Norte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que con el escrito de demanda y el diverso recibido en este juzgado el siete de julio pasado (foja 29), el quejoso exhibió diversos documentos originales; en consecuencia, toda vez que en auto de cuatro de agosto siguiente (foja 45) se ordenó el archivo de este expediente al estar totalmente concluido, se dejan a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, en el entendido que de no recogerlos en la temporalidad indicada, se procederá a su destrucción con el expediente en que se actúa, tal como lo establece el punto décimo primero, párrafo tercero, del acuerdo general 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas en días hábiles.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por la autoridad responsable, devuélvasele, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, a través del cual refiere ampliar la demanda de amparo respecto de los actos que precisa. Al respecto, no ha lugar a proveer de conformidad por las consideraciones que se explican a continuación. En principio, se establece que la ampliación de demanda, en términos del artículo 111, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia que se ha emitido respecto de ese tópico, es una figura jurídica que confiere a los promoventes del amparo el derecho para incorporar a la litis constitucional, diversas autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación; empero, ese derecho debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, que de acuerdo con dicho dispositivo son: No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el numeral 17 de la citada ley. En el supuesto de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Aspecto último en cita que por sí hace improcedente la ampliación que se intenta, en tanto que el pasado dieciocho de julio tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 34 a 36). Resulta ilustrativa, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, cuyo rubro establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE". Con base en lo anterior, y al margen de que los actos que se pretenden incorporar a este controvertido estén o no estrechamente vinculados con aquel por el que se admitió la demanda, al no actualizarse el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 111, de la ley de la materia, se desecha la ampliación de demanda planteada. Y es que si el estado procesal de los autos, como ha quedado precisado, fue el factor que determinó la improcedencia de la ampliación intentada, es indudable que el promovente está en condiciones de presentar una nueva demanda contra los actos que ahora dice la causan agravio.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 466/2017, promovido por Jesus Cesar Chavez Valdez, contra un acto de la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa X-RN Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. II. El inconforme narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 8° y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la misma fecha de su presentación, se registró la demanda bajo el orden 466/2017; se desechó parcialmente al estimarse actualizada una causal de improcedencia en relación con la negativa impugnada; se admitió a trámite respecto del restante acto reclamado; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto impugnado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado es la omisión de acordar la solicitud formulada en escrito de once de mayo del año en curso, que se atribuye a la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa X-RN Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues aun cuando al rendir su informe justificado (fojas 14 a 17), la responsable negó la existencia de la omisión destacada, ello se desvirtúa tanto con las manifestaciones expuestas en dicho comunicado, como con la copia certificada que remitió en apoyo al informe de ley; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, porque si bien el escrito presentado el once de mayo del año en curso (foja 944, anexo), en que se solicitó se informara lo relativo a la consignación de la averiguación PGR/DDF/SZN-X/922/2013, fue acordado el doce de mayo siguiente (foja 943, anexo) -fecha anterior a la presentación de la demanda-, resulta indudable que aun cuando ya se había proveído sobre el particular, aún no se había hecho del conocimiento del amparista, lo que lleva a concluir la existencia de la omisión reclamada, desde luego, bajo la única previsión del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, este juzgado considera procedente decretar el sobreseimiento, por estimar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que se analizará enseguida, que por ser de orden público debe ser analizada previamente al estudio de fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, destaca que la autoridad responsable, informó y acreditó que el escrito materia del juicio fue atendido mediante proveído de doce de mayo de este año, en que en relación con la consignación de la indagatoria de origen, expuso que el juez correspondiente, al proveer lo conducente en la causa penal 59/2016, había negado la orden de aprehensión solicitada contra el demandante del amparo. Y si bien es cierto, no se advierte que hubiera notificado al amparista el acuerdo en que dio respuesta a su petición, también lo es que esa circunstancia de desconocimiento desapareció desde el momento en que se puso a la vista el informe justificado y anexo remitido. En efecto, es indudable que a partir de este último momento dejó de producir efecto alguno la omisión reclamada, ya que la pretensión constitucional del amparista en este asunto se basó en que desconocía la situación de su solicitud, lo que en la actualidad resulta jurídicamente insostenible, toda vez que ya se impuso de la respuesta que recayó a su petición. Por tanto, no existe motivo para la resolución del fondo del juicio cuando es evidente que no puede alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de la referida omisión, pues por virtud de la cesación en sus efectos, la reparación constitucional carece de materia. Bajo las anteriores consideraciones, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio relativa a la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando, ante la existencia o insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XXI, de dicha legislación. Sin que en la especie se hubiese justificado dar vista al peticionario del amparo para que, de considerarlo pertinente, ampliara la demanda de amparo contra el pronunciamiento emitido con motivo de la petición correspondiente, pues resulta notable que tal comunicado, al margen de su imprecisión en la autoridad señalada en el mismo, no causa perjuicio alguno al peticionario de amparo, y, por consiguiente, tampoco altera su esfera jurídica, en tanto únicamente tiene carácter informativo. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesus Cesar Chavez Valdez, contra la omisión de acordar la solicitud formulada en escrito de once de mayo del año en curso, que se atribuye a la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa X-RN Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en esta ciudad.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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