Jesus Cesar Chavez Valdez
Expediente 170/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/06/2018
Partes del expediente
- Jesus Cesar Chavez Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó el amparo, en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Ahora, toda vez que la parte quejosa adjuntó a la demanda un anexo, se deja a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlo en la temporalidad indicada, se destruirá al momento en que se destruya este expediente, tal como lo establece el punto veinte, párrafo segundo del acuerdo general en cita.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 170/2018, promovido por Jesus Cesar Chavez Valdez, contra la omisión y acto del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa III, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación en esta ciudad, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión y acto de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de la omisión y acto reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se violan sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 8° y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogadas las prevenciones formuladas en autos, el veintidós siguiente se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 170/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Por auto de diez de abril pasado se requirió al justiciable a efecto de que manifestara si ampliaba la demanda de amparo respecto del acuerdo de dieciséis de febrero de este año, por el que la autoridad responsable dio contestación a su escrito presentado el quince anterior. V. Mediante proveído de dieciocho de abril siguiente se tuvo por ampliada la demanda, y se requirió a la autoridad responsable remitiera diversas constancias que tomó en consideración para emitir el acto reclamado. Llegada la fecha y hora para la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto y omisión reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto y omisión reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que se reclama: 1. La omisión de dar contestación al escrito de catorce de febrero de este año, presentado por el quejoso en la averiguación previa PGR/DDF/SZN/RN-X/922/2013; y 2. El acuerdo de dieciséis del citado mes, que recayó al ocurso citado. Ambos atribuidos al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa III, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación en esta ciudad, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República. Sin que se soslaye que en la demanda de amparo se haya precisado en el capítulo de actos reclamados: "a) La negativa por parte de la autoridad responsable para acordar de conformidad, lo solicitado por el quejoso, en mi diverso escrito presentado en fechas 15 de febrero del año 2018. b) La negativa por parte de la autoridad responsable para integrar debidamente la averiguación previa número PGR/DDF/SZN-X/922/2013, la cual a la fecha, no está debidamente foliada, rubricada, con los sellos entre sus hojas, y las firmas correspondientes por parte de la autoridad responsable"; sin embargo, del escrito de desahogo el quejoso precisó que reclama la omisión de dar contestación al escrito de catorce de febrero de este año, por lo que en el auto admisorio se tuvo como acto dicha omisión, es decir, las negativas mencionadas no forman parte de la litis en el presente asunto. TERCERO. Son ciertos la omisión y acto reclamados de la autoridad citada, no obstante que al rendir su informe de ley haya expuesto lo contrario, porque en cuanto a la omisión impugnada se advierte que la autoridad no hizo del conocimiento del justiciable la respuesta que recayó al citado escrito, y respecto del restante acto, se advierte que dicha autoridad emitió esa respuesta, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que se enviaron en apoyo al informe; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza de la omisión mencionada, es innecesario el estudio de fondo del asunto, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia que se estima actualizada es la prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para fundamentar dicha causal es necesario narrar los siguientes antecedentes: a) Por escrito recibido por la autoridad responsable el quince de febrero de dos mil dieciocho, el justiciable realizó diversas solicitudes; y b) Por acuerdo de dieciséis siguiente la autoridad responsable dio contestación a la solicitud formulada por el quejoso; sin embargo, no se advierte constancia alguna por la que se haya hecho del conocimiento del amparista esa respuesta. No obstante, desde el momento en que se dejó a la vista el informe de ley, tuvo conocimiento de la respuesta que recayó a su solicitud. En ese sentido, es indudable que a partir de ese momento dejó de producir efecto alguno la omisión reclamada, con lo cual se hace patente que cesó en sus efectos, pues el solicitante de amparo tuvo conocimiento de la respuesta correspondiente durante la tramitación del juicio en que se actúa. Por tanto, no existe motivo para la resolución de fondo del juicio de amparo cuando es evidente que no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de la omisión controvertida, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carece de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, ambos de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio consistente en la cesación de efectos de la omisión reclamada se actualiza cuando, ante la existencia o insubsistencia de la omisión reclamada, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que es del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la citada ley. CUARTO. En atención a que no se advierte otra causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis del concepto de violación respecto del diverso acto consistente en el acuerdo de dieciséis de febrero pasado, que recayó al escrito que presentó el quejoso el quince anterior, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su reproducción. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Ahora, a efecto de sustentar lo anterior, es necesario narrar los siguientes antecedentes: - Por escrito recibido por la autoridad responsable el quince de febrero pasado, el quejoso solicitó lo siguiente: ".Vengo a informar a esta H. Representación Social, que a la fecha, no ha dado cumplimiento con el requerimiento ordenado por el C. Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el amparo número 225/2013, esto es, no ha informado a la autoridad federal, que acciones a llevado a cabo dentro de la averiguación previa PGR/DDF/SZN-X/922/2013, y si esta ya se resolvió. . Finalmente, solicito a esta H. Representación Social, se sirva foliar, sellar, rubricar y firmar las fojas que integran la averiguación previa que nos ocupa, lo anterior, a efecto de evitar que lleguen a extraviar constancias y documentos que se encuentran agragados en dicha averiguación previa.". - La autoridad responsable el dieciséis de febrero de este año, emitió el siguiente acuerdo, en lo que interesa en los siguientes términos: ".por lo que es de, acordarse y se agrega a los presentes autos el presente escrito, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que a foja 001039, mediante el oficio M-X/811/2017, de fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, la Licenciada JUDITH SANCHEZ MENDOZA, Agente del Ministerio Publico de la Federacion, informo que la presente indagatoria se encuentra en tramite al C. Juez Segundo de Distrito en Materia de Civil en la Ciudad de México, así mismo la presente indagatoria se encuentra debidamente foliada, rubricada y sellada, lo anterior se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar." (sic). Siendo este acuerdo el que constituye el acto que por esta vía se impugna. Ahora, es menester destacar que el acuerdo de referencia constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, de la lectura del acto reclamado se aprecia que el agente del Ministerio Público responsable estableció que en cuanto a que no se ha dado cumplimiento a lo requerido por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, señaló que por comunicado M-X/811/2017 de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento de dicho juez que la averiguación previa se encuentra en trámite, por lo que existía imposibilidad para remitirle la resolución correspondiente; y respecto de que sellara, foliara, rubricara y se firmaran las constancias que integran la indagatoria, estableció que se encontraba debidamente integrada. En ese sentido, resulta evidente que la autoridad responsable dio contestación a las solicitudes del quejoso de manera correcta, pues en cuanto a que no se había hecho del conocimiento de la autoridad federal lo relativo a la averiguación previa, contrario a lo expuesto por el amparista, con el oficio mencionado se advierte que se informó que se encuentra en trámite, aunado a que de las diversas constancias que remitió se observan los comunicados M-X/040/2018 y M-III/30/2018, de catorce y veintiuno de febrero pasado, respectivamente, por los que se reiteró el estado de la indagatoria, además de qué autoridad es quien actualmente integra la misma. Respecto del diverso tópico, la autoridad precisó que la averiguación previa está debidamente integrada, es decir que cuenta con sello, rubrica y folio. En cuanto a las manifestaciones que realizó el peticionario de amparo en el escrito inicial, así como en los diversos ocursos que presentó en este asunto, en el sentido de que reclamó la ".La negativa por parte de la autoridad responsable para integrar debidamente la averiguación previa número PGR/DDF/SZN-X/922/2013, la cual a la fecha, no está debidamente foliada, rubricada, con los sellos entre sus hojas, y las firmas correspondientes por parte de la autoridad responsable", sin que la autoridad hiciera manifestación al respecto, hágase de su conocimiento que como se dijo en el considerando segundo, ese acto no forma parte de la litis, ya que si bien lo precisó en el escrito de demanda, también lo es que al desahogar la prevención formulada en autos, fue preciso en señalar que lo que reclamaba era la omisión de dar contestación al impreso de quince de febrero pasado, es decir, dejó fuera de la litis la negativa que refiere, por lo que este juzgado no hará pronunciamiento alguno de los alegatos que formuló, máxime que únicamente estaba obligado a analizar la omisión de acordar el escrito de referencia, así como la respuesta que recayó al mismo. En ese sentido, a consideración de este juzgado, la autoridad responsable de manera correcta dio respuesta a las solicitudes del peticionario de amparo, de ahí que sea infundado el concepto de violación hecho valer por el peticionario de amparo, sin que exista materia para suplirlo en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita el peticionario de amparo. Finalmente, en cuanto a la diversa solicitud precisada en el ocurso de que se trata, relativa a la autorización que hace de diversas personas, este órgano de control constitucional no realiza manifestación al respecto, ya que el quejoso fue preciso en señalar que únicamente se dolía de las diversas analizadas en la presente determinación. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesus Cesar Chavez Valdez, contra la omisión de dar contestación al escrito de catorce de febrero de este año, presentado por el quejoso en la averiguación previa PGR/DDF/SZN/RN-X/922/2013, atribuida al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa III, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación en esta ciudad, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesus Cesar Chavez Valdez, contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis del citado mes, que recayó al ocurso citado, emitido por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa III, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte, de la Delegación en esta ciudad, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República.
- Principal
Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que expone en vía de alegatos, sin perjuicio de tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho a las once horas con veinte minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
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