Jesús Cano Rivera
Expediente 538/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Cano Rivera
- Jesús Cano Rivera y Otros.
- Magdaleno Armendaríz Vásquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintinueve de enero del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, promovido por ***************. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, toda vez que de las constancias de autos se advierte que el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, envío el duplicado de la causa penal número ***************, de su índice, por ende, devuélvansele al no ser necesarias que obren el presente juicio. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APRECIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Sentencia Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 538/2015-II, promovido por Jesús Cano Rivera. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de agosto de dos mil quince, turnado a este Juzgado el cuatro de agosto siguiente, JESÚS CANO RIVERA, por conducto de su defensor particular, Magdaleno Armendáriz Vázquez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto del Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Chihuahua, con sede en esta urbe, a quien reclamó: a). La Resolución de fecha 30 de junio de 2015, pronunciada por el C. Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Chihuahua, dentro del toca penal de apelación número 7/2015, que confirma el auto de término constitucional de fecha 30 de Marzo del año 2015, dictado por el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal 108/2011, mediante el cual se dictó auto de formal prisión en contra del suscrito JESÚS CANO RIVERA como probable responsable del delito de Violación Agravada. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cinco de agosto de dos mil quince, se radicó la demanda, se registró en el libro de gobierno como juicio de amparo 538/2015-II, y previo a acordar sobre su admisión se requirió al promovente para que precisara el acto reclamado; una vez que esto aconteció, el veintiuno de agosto del mismo año se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a juicio a la tercero interesada así como al fiscal que actuó en la causa penal de origen. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda así como de las constancias que informan el juicio se desprende que la parte impetrante reclama: Del Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Chihuahua, la resolución de fecha treinta de junio de dos mil quince pronunciada dentro del toca penal de apelación 7/2015, que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra en la causa penal 108/2011. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, sito en esta localidad, aceptó la existencia de la resolución de alzada que confirmó el auto de formal prisión que se dictó en contra del ahora quejoso. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada que remite el Tribunal Superior, consistente en la resolución dictada el treinta de junio de dos mil quince, dentro del Toca penal 7/2015, así como con el expediente duplicado de la causa penal 108/2011, éste último del índice del Juzgado Primero de Ejecución con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos. Probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por ello, se tiene por cierto el acto que le reclama para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio no alegan alguna causa de improcedencia ni este juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados en una parte; y fundados pero inoperantes, en otra. A fin de evidenciar tal aseveración, debe indicarse que el análisis de la constitucionalidad del auto de formal prisión que por esta vía se reclama, será estudiado a la luz del artículo 19 constitucional vigente en la época de los hechos, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. [.] La lectura del fragmento transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de formal prisión son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de formal prisión. Por su parte el artículo 180, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente en el año del evento delictivo, para el mismo efecto precisa: 180.- El auto de formal prisión se dictará de oficio cuando de lo actuado aparezcan reunidos los requisitos siguientes: I.-Que esté comprobada la existencia del cuerpo de un delito que merezca sanción privativa de libertad; II.-Que se haya tomado declaración preparatoria al inculpado en la forma y con los requisitos que establezca el Capítulo anterior; III.-Que contra el mismo inculpado existan datos suficientes, a juicio del tribunal, para considerarlo probable responsable del delito; y IV.-Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado alguna causa que excluya la incriminación o que extinga la acción penal. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que exista un delito y que éste amerite pena privativa de libertad; b) Conforme a los lineamientos y formalidades que establece la ley, se haya tomado declaración preparatoria al acusado. c) Que existan datos suficientes para considerar al inculpado probable responsable del ilícito. d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la tesis aislada XXI.4o.1 P que el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de dos mil uno, visible en la página 1686, Materia Penal, de rubro y texto: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE AL RESPECTO SE ESTABLEZCA EN LA LEY QUE LO REGULE, DADO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 19 constitucional dispone en su primera parte que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Por su parte el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Guerrero, en lo conducente dispone que el "tipo penal" se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de todos los elementos que integran la descripción de la conducta, según lo determine la ley. De lo anterior deriva que no obstante la reforma efectuada al precepto constitucional citado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, vigente a partir del día siguiente, la ley secundaria aludida no ha sido actualizada, pues sigue refiriéndose a los elementos del tipo penal y no al cuerpo del delito como lo establece el precepto constitucional. Por ello, dado el principio de supremacía constitucional plasmado en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, los Jueces del Estado de Guerrero se encuentran obligados a dictar los autos de formal prisión acorde a los requisitos que exige el artículo 19 constitucional para tener por comprobado el cuerpo del delito, no los elementos del tipo penal consignados en la ley secundaria referida, ya que ésta se contrapone a la Ley Suprema, pues mientras que el cuerpo del delito exige únicamente se acrediten los elementos objetivos del delito, los elementos del tipo penal requieren del acreditamiento de todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos, como son: 1) La existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga en peligro, 2) La forma de intervención del sujeto activo, 3) Si la acción u omisión fue dolosa o culposa, 4) La calidad de los sujetos activo y pasivo, 5) El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión, 6) El objeto material, 7) Los medios utilizados, 8) Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, 9) Los elementos normativos y, 10) Los elementos subjetivos específicos, así como la probable responsabilidad del inculpado; además, deben señalarse todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesen sobre el inculpado en la comisión de una conducta delictiva. De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de dos mil once, visible en la página 912, Materia Penal, de rubro y texto: ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos humanos distintos a los reconocidos en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, puesto que para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses con motivo de ese acto de autoridad pueda considerarse como válida, el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los derechos de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; prerrogativas que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un sólo cardinal, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 20/2000, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Octubre de dos mil, Materia Constitucional, que se consulta en la página 79, del tenor siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional. Ello es así, porque para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental. En la especie, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de formal prisión y que ya fueron señalados con antelación, se establecen los siguientes antecedentes relevantes: Mediante resolución de veintiséis de diciembre de dos mil seis, el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos (suprimido), emitió orden de aprehensión en contra de JESÚS CANO RIVERA, por su probable responsabilidad en la comisión del injusto de violación, cometido en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales A.K.C.V. Acto seguido, el veinticinco de marzo de dos mil quince, se cumplimentó la orden de aprehensión librada y se puso al indiciado de mérito a disposición del Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional de la localidad, interno en el Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad. El treinta de marzo de la misma anualidad, el Juez natural resolvió su situación jurídica a través de lo que denominó "auto de formal procesamiento", por considerarlo probable responsable del delito de violación agravada. Inconforme con esa determinación, el encausado interpuso recurso de apelación y mediante fallo de treinta de junio de dos mil quince, el Tribunal de apelación confirmó el auto impugnado. No conforme con esa resolución, el tres de agosto de dos mil quince, JESÚS CANO RIVERA promovió el juicio de amparo indirecto que dio origen a este expediente, en el que expresó los conceptos de violación que a continuación se analizarán. En un primer aspecto, la defensa del quejoso aduce que se viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, dado que se le privó de su libertad mediante un juicio en el que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Tal planteamiento es infundado, pues en la especie, previo a la emisión del auto de formal prisión que reclama, la autoridad responsable respetó su derecho de debido proceso; ya que cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento que, en materia penal, consisten en la oportunidad que se otorga al inculpado de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses. Se afirma lo anterior, debido a que, al quejoso se le hizo saber quién lo acusó, la naturaleza y causa de la imputación, a fin de que conociera los hechos punibles que se le atribuyeron y la oportunidad para que contestara el cargo; el derecho a tener una defensa adecuada, prerrogativa que ejerció al señalar a la Defensora Público; se le hizo saber el derecho a declarar o abstenerse de hacerlo, a lo cual, en audiencia de declaración preparatoria manifestó su deseo a no declarar en relación a los hechos que se le imputaron, se hizo saber el derecho que tiene de carearse con las personas que deponían en su contra y ofrecer las pruebas que considerara pertinentes, derecho que de igual forma hizo valer, ya que peticionó su confrontación con la menor víctima y la madre de ésta, así como la testimonial de JESSICA CANO VERDUGO (hija del activo). De manera que, como se precisó, es infundado el motivo de inconformidad hecho valer por la defensa, pues para el dictado del auto de formal prisión confirmado en segunda instancia, que se impugna se respetaron las formalidades del procedimiento en materia penal. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad en las razones que la sustentan, la tesis 3789, que emitió el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 1814, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes, TCC, del Apéndice de 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.-La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento.'. Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituyen verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis. En otro aspecto, el defensor del quejoso afirma que el acto reclamado es violatorio del derecho previsto por el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no está debidamente fundado y motivado. Es infundado el concepto de violación referido, ya que de la lectura de la resolución analizada se desprende que el natural sí cumplió con el requisito de fundamentación y motivación, en el aspecto apuntado por la defensa del quejoso; esto es, señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida al imputado se encontraba acreditada, así como su participación en la misma. La obligación de la autoridad judicial de fundar y motivar sus resoluciones, encuentra sustento constitucional en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Como se ha dicho, el juzgador de segunda instancia sí cumplió con la fundamentación y motivación aludida, en el aspecto señalado por el defensor del accionante del amparo. Esto, debido a que la autoridad responsable estableció puntualmente cuáles fueron los hechos que se le imputaron y que éstos eran considerados como delito (violación con penalidad agravada) con pena privativa de libertad. También, especificó cuáles fueron las conductas concretamente atribuidas al inculpado, consistentes en la introducción de su pene en la vagina de la pasivo, conducta desplegada contra una menor de edad, que al momento de los hechos tenía trece años, así como en haber realizado dichas conductas de manera directa. De igual forma, se advierte que la responsable analizó los medios de prueba que integraban el sumario a fin determinar si éstos resultaban aptos para demostrar la actualización de las conductas atribuidas al quejoso y estar en aptitud de afirmar que se acreditaron los hechos considerados como delito. Una vez dicho lo anterior, se estima pertinente destacar que la parte quejosa, le asiste razón, en cuanto a que la autoridad judicial responsable citó inexactamente la norma 19 constitucional, misma que se encontraba vigente en el año en que dictó su resolución, esto es, en el dos mil quince, en la que se establecen las exigencias para dictar un auto de vinculación a proceso y no un auto de formal prisión, lo anterior, aduciendo que la actual redacción estipula los requisitos para procesar a cualquier gobernado. Ahora, si bien es cierto, que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; asimismo, es importante destacar que de las reformas publicadas en el diario oficial de la federación el día dieciocho de junio de dos mil ocho, que entraron en vigor al día siguiente, se advierte la modificación que se implementó en el ordinal 19 Constitucional en el que se ostentan los requisitos del proceso en el nuevo sistema penal acusatorio, también lo es, que el artículo Cuarto Transitorio estipula "los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto". Por ende, en el caso concreto, se deberá aplicar la normativa vigente en la fecha de la comisión del ilícito. En ese orden, aplica la jurisprudencia 1a./J. 78/2010, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Materia Constitucional, que se consulta en la página 285, que reza: RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular. En resumen, el concepto de violación sintetizado en supra líneas es fundado, no obstante deviene inoperante, pues aunque la autoridad responsable transcribió una norma legislativa que no aplica en el evento que nos ocupa, cabe precisar que su fallo concuerda con la decisión del Juez Natural en decretar un auto de formal prisión, indicando que cumple con las exigencias y requisitos tanto constitucionales como procesales, aunado a que el ilícito de VIOLACIÓN AGRAVADA fue encuadrado correctamente en el Código Penal vigente en la época de los hechos. Por consiguiente, aunque se concediera el amparo para corregir ésta cuestión de forma, no cambiaría el sentido del acto demandado, pues el mero error en la cita del precepto, no conlleva a la ilegalidad del acto reclamado, ya que la legislación no está compuesta por la designación numérica de las normas, sino por su contenido, por lo que en el particular la falta en que incurrió la responsable en la cita del precepto legal aplicable, no trascendió en perjuicio del impetrante del amparo, pues el resto de las consideraciones que sustentan el fallo reclamado permiten establecer con claridad la legalidad de la determinación, al tenor de las leyes aplicables al caso, independientemente del error en su cita. Para lo expuesto, tiene aplicación analógica la tesis aislada, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Volumen LVI, Tercera Parte, Materia Común, que se consulta en la página 51, que señala textualmente: ERROR NUMÉRICO. El error numérico no altera el contenido ni el concepto de la disposición aplicable, como en un caso en el que se citaron las fracciones I, II, VI y VII de un artículo de determinada ley, pero no la V aplicable. En lo relativo a la intrascendencia jurídica de la cita errónea del precepto indicado, tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia I.3o.C. J/32, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XX, Julio de 2004, Materia Común, que se consulta en la página 1396, que estatuye: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional. En otro tenor, por cuanto hace al motivo de disenso consistente en que el magistrado de segunda instancia otorgó valor probatorio al dicho de la menor cuando en realidad en su declaración fue imprecisa en señalar las circunstancias de tiempo de ejecución del injusto penal y que en su dicho existieron contradicciones; es infundado, pues al efecto, debe tomarse en cuenta que, como bien lo expuso el resolutor de apelación, la denuncia se realizó con cuatro años de posterioridad al evento delictivo, por lo que hasta este momento procesal resulta aceptable puntualizar que cuando se cometió el delito la menor contaba con trece años de edad, pues por su edad cronológica no le era exigible comprobar mayores datos, aunado a que en el periodo de instrucción las partes pueden ofrecer mayores datos de prueba para esclarecer el hecho que nos atañe. A mayor abundamiento, cabe acotar que cuando son niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debido a que por ser víctimas de delitos penales la mayor parte de las veces aquéllos son los únicos testigos de los hechos y en muchos casos no suele existir evidencia física. Ello hace de su testimonio una prueba de enorme valor para evitar que los hechos se repitan. En efecto, toda valoración de una declaración de un menor de edad deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y considerar su grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho de un niño, niña o adolescente deberá hacerse considerando los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá´ fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Con base en lo dicho, podemos inferir que es infundado el concepto de violación hecho valer por la defensa del accionante. El juez fue acertado al valorar el dicho de la menor víctima del delito, en la medida que consideró su desarrollo cognitivo y emocional, atendió al hecho de que un niño comúnmente narra un evento de manera desordenada e interrumpida a partir de recuerdos que le son relevantes e influenciado por emociones. Además, conviene indicar que era un derecho de la menor ofendida participar en un proceso judicial, una obligación de cara a su derecho a ser oído, así como un medio para coadyuvar en la labor del impartidor judicial, al aportar mayores elementos para considerar en la toma de su decisión. El hecho de ser menor no impide la posibilidad de contar con su relato ni existe razón para restarle valor a su dicho. Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia VI.2o. J/149, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Penal, visible en la página 1082, del tenor siguiente: TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa. También resulta aplicable al caso, por las razones que la sustentan la tesis aislada 1a. XLI/2011, que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materias Constitucional, Penal, que se consulta en la página 463, que dispone: MENOR DE EDAD. CUANDO ES SUJETO PASIVO EN UN DELITO DE ÍNDOLE SEXUAL, NO ES OBLIGATORIO PARA EL JUZGADOR ORDENAR LA PRÁCTICA DE CAREOS PROCESALES ANTE LA DISCREPANCIA DE LO DECLARADO POR ÉL Y POR LOS ATESTES. Tanto en los instrumentos jurídicos internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño) de observancia obligatoria conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes internas (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), se reconoce el interés superior del menor como un principio rector traducido en un conjunto de acciones y procesos, a cargo de los particulares y de las autoridades, tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Así, dicho interés superior debe guiar tanto a las autoridades como a la sociedad a adoptar las medidas necesarias para que los derechos fundamentales de los menores se respeten, de manera que cuando se encuentren involucrados en una controversia de carácter judicial, ésta debe solucionarse atendiendo a las circunstancias de cada caso particular prevaleciendo el interés del menor sobre cualquier otro, y el juzgador debe resolver escuchando la opinión de éste, ponderando las circunstancias planteadas en cada caso concreto y allegándose oficiosamente todos los elementos necesarios para establecer lo mejor para el bienestar del menor. Por tanto, la norma legal debe aplicarse con sentido funcional, pues el juez debe poseer un margen de discrecionalidad cuyo límite y justificación lo constituye el caso concreto a resolver del mejor modo posible para el bien del menor, por lo que cuando éste es sujeto pasivo en un delito de índole sexual, no constituye obligación para el juzgador ordenar la práctica de careos procesales ante la discrepancia de lo declarado por el pasivo y los atestes, siendo inaplicable en estos casos de menores la jurisprudencia 1a./J. 50/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente, aplica la tesis aislada X Región)1o.4 P (10a.), que sostuvo el Tribunal Colegiado de Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia Penal, que se consulta en la página 1935, que a la letra dispone: TESTIGOS MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES MINISTERIALES DEBEN ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS PADRES O TUTOR. De acuerdo con los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8, inciso d), 9, inciso a), 16 y 26, incisos a) y b), de las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos, el testimonio de un menor tiene validez si se lleva a cabo observando el protocolo nacional e internacional en la materia; de manera que para su aprobación y eficacia procesal, será indispensable observar una serie de condiciones, a fin de que su información sea recogida de manera óptima, sin producir algún menoscabo en su persona; para lo cual se requiere que estén asistidos por abogado o defensor público, así como por sus padres o tutor; ello, en virtud de que al rendir su declaración sobre hechos que impliquen la comisión de delitos, los menores de edad se encuentran expuestos a un estado de vulnerabilidad tanto física como emocional, que puede poner en tela de juicio su espontaneidad, veracidad e imparcialidad, al estar sujetos a vicios e irregularidades durante la investigación ministerial. Con relación al valor probatorio que refiere les concedió a las declaraciones de la víctima, testigos e inculpado, debe decirse, que el Tribunal responsable fue acertado en la ponderación que de tales narraciones hizo, pues estableció los datos que de las mismas obtuvo, indicó las razones por las que debía o no conferírseles valor, también las relacionó con los elementos del delito que probaban y la manera en que se sumaban para acreditar el hecho delictivo. Luego, por cuanto hace al argumento del defensor del quejoso en el que asegura que el resultado que arrojó el examen médico practicado a la víctima esto es, himen incompleto antiguo, no revela con exactitud la antigüedad de éste y, por ende, no es posible determinar cuándo aconteció dicha desfloración, tal concepto de violación resulta infundado, pues si bien dicho medio de prueba representa otro dato para acreditar el hecho criminal, lo cierto es que, para la configuración del delito de violación no se requiere que se presente desfloración o indicios de penetración ya que no se manifiestan en todas las personas tales consecuencias físicas, máxime cuando existe un espacio prolongado de tiempo entre el ataque sexual y la data en que se practica el examen ginecológico respectivo. Esto es así, porque el delito puede demostrarse con otros datos que evidencien la violencia física y/o moral del activo para imponer cópula con una persona en contra de la voluntad de ésta, lo que se presume tratándose de menores de catorce años. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la sola presencia de la existencia de la lesión -con independencia de si es reciente o no- implica que existió penetración lo que permite establecer que sobre la pasivo se desplegó una conducta sexual. Además, contrario a lo argumentado por el defensor del quejoso, corresponde a éste la carga de la prueba para acreditar su versión defensiva, toda vez que del conjunto de circunstancias y pruebas reseñadas por la autoridad responsable se desprenden datos que hacen probable la participación del procesado en la comisión del delito que se le imputa, por tanto, se desvirtuó la presunción de inocencia que se deducía en su favor, quien ahora rechaza las imputaciones y niega haber cometido el delito, por tanto, necesariamente debía probar los hechos en que descansa su postura defensiva, sin que baste su omisión a declarar, pues no ésta corroborada con elementos de convicción eficaces. Apoya la anterior consideración, en lo que interesa, la Jurisprudencia V.4º.J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177945, que a la letra dice: INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. En consecuencia, la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego al derecho de fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal. Luego, debido a que con los datos de prueba que obran en autos de la causa penal de origen, se demostraron los hechos delictuosos que se le imputan al aquí quejoso, así como su probable participación en la comisión de éstos, de ahí, que el auto de formal prisión analizado en segunda instancia cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional y 180 del ordenamiento adjetivo penal de esta Entidad Federativa, vigente en la época de los hechos, con lo cual no se transgrede algún Tratado Internacional en el cual el Estado Mexicano sea parte, que proteja los derechos a la integridad de la persona, a la libertad personal y los derechos humanos. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia II.2º.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. Por otro lado, el quejoso a través de su defensor argumenta que la autoridad responsable vulneró los derechos que consagra la Constitución Política Federal, pues asegura que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. También indica que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con nuestra carta magna y con los tratados internacionales de que el Estado sea parte. Argumenta que las autoridades tienen que aplicar el criterio de interpretación más favorable a la persona (la norma protectora más amplia o la interpretación proteccionista más extensiva), utilizando la interpretación jurídica mediante la cual se consigna el mayor beneficio para la parte quejosa. A juicio de quien resuelve, el relatado concepto de violación resulta inoperante; en realidad, sólo se hace alusión a la obligación de las autoridades de actuar de acuerdo con el marco jurídico fundamental constitucional e internacional, así como de hacer una interpretación pro persona. En otras palabras, el accionante se limita a expresar la forma en que el juzgador debe desempeñar sus atribuciones y facultades a partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución Política Mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once. No obstante, no tienden a evidenciar las violaciones que cometió el juzgador responsable al emitir la determinación que se tilda de inconstitucional, de ahí lo inoperante de sus argumentos. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las autoridades atendiendo al principio pro persona no están obligadas a resolver los argumentos planteados por los gobernados conforme a sus pretensiones. Tal criterio se sostuvo en la jurisprudencia 104/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, octubre de dos mil trece, Tomo 2, Materia Constitucional, visible en la página 906, del tenor siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Aunado a lo anterior, este Juzgador no aprecia que en la especie exista materia sobre la cual sea necesario suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, que amerite otorgar el amparo impetrado, en los aspectos no alegados por la defensa del quejoso. Así se sostiene, porque la autoridad responsable valoró en su conjunto y adminiculó entre sí los datos reseñados por el Ministerio Público y los medios de prueba aportados por la defensa, conforme a los artículos 20 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente en la época de la comisión del delito), a las reglas de valoración de la sana critica, determinadas por la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y las normas de la lógica, sin a la responsable pareciera obstáculo el argumento de la defensa, en torno a la inocencia del imputado. De tal suerte que, si del cúmulo de pruebas en las que la responsable basó su determinación se acreditó ese hecho, debe decirse que las pruebas existentes en autos resultan suficientes, hasta este momento procesal, para tener por comprobados el hecho que la ley persigue como delito (violación) y la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión, como autor material o directo en términos de la fracción I del artículo 18 del código sustantivo penal vigente en la época del evento, pues fue probablemente él quien ejecutó los hechos materia de la causa. Igualmente, se perpetró a título de dolo en términos del artículo 9, fracción I, del mismo ordenamiento sustantivo penal, pues el imputado es una persona adulta, consciente del orden jurídico que prevalece y en un acto de voluntad optó por ejecutar un hecho que trae aparejado el resultado de tipicidad inmerso en el artículo 241, fracción I del citado código penal. Así, el resolutor de segunda instancia estimó que existían datos aptos y suficientes para considerar que probablemente fue JESÚS CANO RIVERA quien ejecutó el hecho que la ley penal señala como el delito de violación con penalidad agravada, en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales A.K.C.V., en el año dos mil dos, cuando ésta contaba con trece años de edad, al interior de la vivienda particular de la pasivo, esto es, en la calle Hiedra número seis mil quinientos siete (6507) de la Colonia Infonavit Juárez Nuevo, en esta ciudad, y que el Magistrado responsable -con base en los antecedentes narrados por el fiscal que analizó y valoró- concluyó acreditado el delito de violación con penalidad agravada y que existían datos que hacen presumir que el quejoso lo cometió, sin que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Por todo lo anterior, al no conculcarse derechos humanos en perjuicio del quejoso, el fallo que confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra el treinta de junio de dos mil quince, por el Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, residente en esta localidad, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita, al no advertirse deficiencia de la queja que suplir a su favor. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JESÚS CANO RIVERA, contra el acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Chihuahua, por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la tercero interesada y al agente del Ministerio Público adscrito, así como a las autoridades por medio de oficio. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, asistido del Secretario Armando Guadarrama Bautista que autoriza y da fe, hoy veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado así lo permitieron. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APRECIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Sentencia Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 538/2015-II, promovido por Jesús Cano Rivera. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de agosto de dos mil quince, turnado a este Juzgado el cuatro de agosto siguiente, JESÚS CANO RIVERA, por conducto de su defensor particular, Magdaleno Armendáriz Vázquez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto del Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Chihuahua, con sede en esta urbe, a quien reclamó: a). La Resolución de fecha 30 de junio de 2015, pronunciada por el C. Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Chihuahua, dentro del toca penal de apelación número 7/2015, que confirma el auto de término constitucional de fecha 30 de Marzo del año 2015, dictado por el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal 108/2011, mediante el cual se dictó auto de formal prisión en contra del suscrito JESÚS CANO RIVERA como probable responsable del delito de Violación Agravada. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cinco de agosto de dos mil quince, se radicó la demanda, se registró en el libro de gobierno como juicio de amparo 538/2015-II, y previo a acordar sobre su admisión se requirió al promovente para que precisara el acto reclamado; una vez que esto aconteció, el veintiuno de agosto del mismo año se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a juicio a la tercero interesada así como al fiscal que actuó en la causa penal de origen. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda así como de las constancias que informan el juicio se desprende que la parte impetrante reclama: Del Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Chihuahua, la resolución de fecha treinta de junio de dos mil quince pronunciada dentro del toca penal de apelación 7/2015, que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra en la causa penal 108/2011. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, sito en esta localidad, aceptó la existencia de la resolución de alzada que confirmó el auto de formal prisión que se dictó en contra del ahora quejoso. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada que remite el Tribunal Superior, consistente en la resolución dictada el treinta de junio de dos mil quince, dentro del Toca penal 7/2015, así como con el expediente duplicado de la causa penal 108/2011, éste último del índice del Juzgado Primero de Ejecución con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos. Probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por ello, se tiene por cierto el acto que le reclama para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio no alegan alguna causa de improcedencia ni este juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados en una parte; y fundados pero inoperantes, en otra. A fin de evidenciar tal aseveración, debe indicarse que el análisis de la constitucionalidad del auto de formal prisión que por esta vía se reclama, será estudiado a la luz del artículo 19 constitucional vigente en la época de los hechos, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. [.] La lectura del fragmento transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de formal prisión son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de formal prisión. Por su parte el artículo 180, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente en el año del evento delictivo, para el mismo efecto precisa: 180.- El auto de formal prisión se dictará de oficio cuando de lo actuado aparezcan reunidos los requisitos siguientes: I.-Que esté comprobada la existencia del cuerpo de un delito que merezca sanción privativa de libertad; II.-Que se haya tomado declaración preparatoria al inculpado en la forma y con los requisitos que establezca el Capítulo anterior; III.-Que contra el mismo inculpado existan datos suficientes, a juicio del tribunal, para considerarlo probable responsable del delito; y IV.-Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado alguna causa que excluya la incriminación o que extinga la acción penal. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que exista un delito y que éste amerite pena privativa de libertad; b) Conforme a los lineamientos y formalidades que establece la ley, se haya tomado declaración preparatoria al acusado. c) Que existan datos suficientes para considerar al inculpado probable responsable del ilícito. d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la tesis aislada XXI.4o.1 P que el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de dos mil uno, visible en la página 1686, Materia Penal, de rubro y texto: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE AL RESPECTO SE ESTABLEZCA EN LA LEY QUE LO REGULE, DADO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 19 constitucional dispone en su primera parte que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Por su parte el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Guerrero, en lo conducente dispone que el "tipo penal" se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de todos los elementos que integran la descripción de la conducta, según lo determine la ley. De lo anterior deriva que no obstante la reforma efectuada al precepto constitucional citado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, vigente a partir del día siguiente, la ley secundaria aludida no ha sido actualizada, pues sigue refiriéndose a los elementos del tipo penal y no al cuerpo del delito como lo establece el precepto constitucional. Por ello, dado el principio de supremacía constitucional plasmado en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, los Jueces del Estado de Guerrero se encuentran obligados a dictar los autos de formal prisión acorde a los requisitos que exige el artículo 19 constitucional para tener por comprobado el cuerpo del delito, no los elementos del tipo penal consignados en la ley secundaria referida, ya que ésta se contrapone a la Ley Suprema, pues mientras que el cuerpo del delito exige únicamente se acrediten los elementos objetivos del delito, los elementos del tipo penal requieren del acreditamiento de todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos, como son: 1) La existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga en peligro, 2) La forma de intervención del sujeto activo, 3) Si la acción u omisión fue dolosa o culposa, 4) La calidad de los sujetos activo y pasivo, 5) El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión, 6) El objeto material, 7) Los medios utilizados, 8) Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, 9) Los elementos normativos y, 10) Los elementos subjetivos específicos, así como la probable responsabilidad del inculpado; además, deben señalarse todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesen sobre el inculpado en la comisión de una conducta delictiva. De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de dos mil once, visible en la página 912, Materia Penal, de rubro y texto: ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos humanos distintos a los reconocidos en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, puesto que para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses con motivo de ese acto de autoridad pueda considerarse como válida, el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los derechos de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; prerrogativas que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un sólo cardinal, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 20/2000, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Octubre de dos mil, Materia Constitucional, que se consulta en la página 79, del tenor siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional. Ello es así, porque para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental. En la especie, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de formal prisión y que ya fueron señalados con antelación, se establecen los siguientes antecedentes relevantes: Mediante resolución de veintiséis de diciembre de dos mil seis, el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos (suprimido), emitió orden de aprehensión en contra de JESÚS CANO RIVERA, por su probable responsabilidad en la comisión del injusto de violación, cometido en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales A.K.C.V. Acto seguido, el veinticinco de marzo de dos mil quince, se cumplimentó la orden de aprehensión librada y se puso al indiciado de mérito a disposición del Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional de la localidad, interno en el Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad. El treinta de marzo de la misma anualidad, el Juez natural resolvió su situación jurídica a través de lo que denominó "auto de formal procesamiento", por considerarlo probable responsable del delito de violación agravada. Inconforme con esa determinación, el encausado interpuso recurso de apelación y mediante fallo de treinta de junio de dos mil quince, el Tribunal de apelación confirmó el auto impugnado. No conforme con esa resolución, el tres de agosto de dos mil quince, JESÚS CANO RIVERA promovió el juicio de amparo indirecto que dio origen a este expediente, en el que expresó los conceptos de violación que a continuación se analizarán. En un primer aspecto, la defensa del quejoso aduce que se viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, dado que se le privó de su libertad mediante un juicio en el que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Tal planteamiento es infundado, pues en la especie, previo a la emisión del auto de formal prisión que reclama, la autoridad responsable respetó su derecho de debido proceso; ya que cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento que, en materia penal, consisten en la oportunidad que se otorga al inculpado de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses. Se afirma lo anterior, debido a que, al quejoso se le hizo saber quién lo acusó, la naturaleza y causa de la imputación, a fin de que conociera los hechos punibles que se le atribuyeron y la oportunidad para que contestara el cargo; el derecho a tener una defensa adecuada, prerrogativa que ejerció al señalar a la Defensora Público; se le hizo saber el derecho a declarar o abstenerse de hacerlo, a lo cual, en audiencia de declaración preparatoria manifestó su deseo a no declarar en relación a los hechos que se le imputaron, se hizo saber el derecho que tiene de carearse con las personas que deponían en su contra y ofrecer las pruebas que considerara pertinentes, derecho que de igual forma hizo valer, ya que peticionó su confrontación con la menor víctima y la madre de ésta, así como la testimonial de JESSICA CANO VERDUGO (hija del activo). De manera que, como se precisó, es infundado el motivo de inconformidad hecho valer por la defensa, pues para el dictado del auto de formal prisión confirmado en segunda instancia, que se impugna se respetaron las formalidades del procedimiento en materia penal. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad en las razones que la sustentan, la tesis 3789, que emitió el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 1814, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes, TCC, del Apéndice de 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.-La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento.'. Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituyen verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis. En otro aspecto, el defensor del quejoso afirma que el acto reclamado es violatorio del derecho previsto por el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no está debidamente fundado y motivado. Es infundado el concepto de violación referido, ya que de la lectura de la resolución analizada se desprende que el natural sí cumplió con el requisito de fundamentación y motivación, en el aspecto apuntado por la defensa del quejoso; esto es, señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida al imputado se encontraba acreditada, así como su participación en la misma. La obligación de la autoridad judicial de fundar y motivar sus resoluciones, encuentra sustento constitucional en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Como se ha dicho, el juzgador de segunda instancia sí cumplió con la fundamentación y motivación aludida, en el aspecto señalado por el defensor del accionante del amparo. Esto, debido a que la autoridad responsable estableció puntualmente cuáles fueron los hechos que se le imputaron y que éstos eran considerados como delito (violación con penalidad agravada) con pena privativa de libertad. También, especificó cuáles fueron las conductas concretamente atribuidas al inculpado, consistentes en la introducción de su pene en la vagina de la pasivo, conducta desplegada contra una menor de edad, que al momento de los hechos tenía trece años, así como en haber realizado dichas conductas de manera directa. De igual forma, se advierte que la responsable analizó los medios de prueba que integraban el sumario a fin determinar si éstos resultaban aptos para demostrar la actualización de las conductas atribuidas al quejoso y estar en aptitud de afirmar que se acreditaron los hechos considerados como delito. Una vez dicho lo anterior, se estima pertinente destacar que la parte quejosa, le asiste razón, en cuanto a que la autoridad judicial responsable citó inexactamente la norma 19 constitucional, misma que se encontraba vigente en el año en que dictó su resolución, esto es, en el dos mil quince, en la que se establecen las exigencias para dictar un auto de vinculación a proceso y no un auto de formal prisión, lo anterior, aduciendo que la actual redacción estipula los requisitos para procesar a cualquier gobernado. Ahora, si bien es cierto, que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; asimismo, es importante destacar que de las reformas publicadas en el diario oficial de la federación el día dieciocho de junio de dos mil ocho, que entraron en vigor al día siguiente, se advierte la modificación que se implementó en el ordinal 19 Constitucional en el que se ostentan los requisitos del proceso en el nuevo sistema penal acusatorio, también lo es, que el artículo Cuarto Transitorio estipula "los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto". Por ende, en el caso concreto, se deberá aplicar la normativa vigente en la fecha de la comisión del ilícito. En ese orden, aplica la jurisprudencia 1a./J. 78/2010, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Materia Constitucional, que se consulta en la página 285, que reza: RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular. En resumen, el concepto de violación sintetizado en supra líneas es fundado, no obstante deviene inoperante, pues aunque la autoridad responsable transcribió una norma legislativa que no aplica en el evento que nos ocupa, cabe precisar que su fallo concuerda con la decisión del Juez Natural en decretar un auto de formal prisión, indicando que cumple con las exigencias y requisitos tanto constitucionales como procesales, aunado a que el ilícito de VIOLACIÓN AGRAVADA fue encuadrado correctamente en el Código Penal vigente en la época de los hechos. Por consiguiente, aunque se concediera el amparo para corregir ésta cuestión de forma, no cambiaría el sentido del acto demandado, pues el mero error en la cita del precepto, no conlleva a la ilegalidad del acto reclamado, ya que la legislación no está compuesta por la designación numérica de las normas, sino por su contenido, por lo que en el particular la falta en que incurrió la responsable en la cita del precepto legal aplicable, no trascendió en perjuicio del impetrante del amparo, pues el resto de las consideraciones que sustentan el fallo reclamado permiten establecer con claridad la legalidad de la determinación, al tenor de las leyes aplicables al caso, independientemente del error en su cita. Para lo expuesto, tiene aplicación analógica la tesis aislada, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Volumen LVI, Tercera Parte, Materia Común, que se consulta en la página 51, que señala textualmente: ERROR NUMÉRICO. El error numérico no altera el contenido ni el concepto de la disposición aplicable, como en un caso en el que se citaron las fracciones I, II, VI y VII de un artículo de determinada ley, pero no la V aplicable. En lo relativo a la intrascendencia jurídica de la cita errónea del precepto indicado, tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia I.3o.C. J/32, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XX, Julio de 2004, Materia Común, que se consulta en la página 1396, que estatuye: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional. En otro tenor, por cuanto hace al motivo de disenso consistente en que el magistrado de segunda instancia otorgó valor probatorio al dicho de la menor cuando en realidad en su declaración fue imprecisa en señalar las circunstancias de tiempo de ejecución del injusto penal y que en su dicho existieron contradicciones; es infundado, pues al efecto, debe tomarse en cuenta que, como bien lo expuso el resolutor de apelación, la denuncia se realizó con cuatro años de posterioridad al evento delictivo, por lo que hasta este momento procesal resulta aceptable puntualizar que cuando se cometió el delito la menor contaba con trece años de edad, pues por su edad cronológica no le era exigible comprobar mayores datos, aunado a que en el periodo de instrucción las partes pueden ofrecer mayores datos de prueba para esclarecer el hecho que nos atañe. A mayor abundamiento, cabe acotar que cuando son niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debido a que por ser víctimas de delitos penales la mayor parte de las veces aquéllos son los únicos testigos de los hechos y en muchos casos no suele existir evidencia física. Ello hace de su testimonio una prueba de enorme valor para evitar que los hechos se repitan. En efecto, toda valoración de una declaración de un menor de edad deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y considerar su grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho de un niño, niña o adolescente deberá hacerse considerando los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá´ fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Con base en lo dicho, podemos inferir que es infundado el concepto de violación hecho valer por la defensa del accionante. El juez fue acertado al valorar el dicho de la menor víctima del delito, en la medida que consideró su desarrollo cognitivo y emocional, atendió al hecho de que un niño comúnmente narra un evento de manera desordenada e interrumpida a partir de recuerdos que le son relevantes e influenciado por emociones. Además, conviene indicar que era un derecho de la menor ofendida participar en un proceso judicial, una obligación de cara a su derecho a ser oído, así como un medio para coadyuvar en la labor del impartidor judicial, al aportar mayores elementos para considerar en la toma de su decisión. El hecho de ser menor no impide la posibilidad de contar con su relato ni existe razón para restarle valor a su dicho. Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia VI.2o. J/149, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Penal, visible en la página 1082, del tenor siguiente: TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa. También resulta aplicable al caso, por las razones que la sustentan la tesis aislada 1a. XLI/2011, que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materias Constitucional, Penal, que se consulta en la página 463, que dispone: MENOR DE EDAD. CUANDO ES SUJETO PASIVO EN UN DELITO DE ÍNDOLE SEXUAL, NO ES OBLIGATORIO PARA EL JUZGADOR ORDENAR LA PRÁCTICA DE CAREOS PROCESALES ANTE LA DISCREPANCIA DE LO DECLARADO POR ÉL Y POR LOS ATESTES. Tanto en los instrumentos jurídicos internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño) de observancia obligatoria conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes internas (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), se reconoce el interés superior del menor como un principio rector traducido en un conjunto de acciones y procesos, a cargo de los particulares y de las autoridades, tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Así, dicho interés superior debe guiar tanto a las autoridades como a la sociedad a adoptar las medidas necesarias para que los derechos fundamentales de los menores se respeten, de manera que cuando se encuentren involucrados en una controversia de carácter judicial, ésta debe solucionarse atendiendo a las circunstancias de cada caso particular prevaleciendo el interés del menor sobre cualquier otro, y el juzgador debe resolver escuchando la opinión de éste, ponderando las circunstancias planteadas en cada caso concreto y allegándose oficiosamente todos los elementos necesarios para establecer lo mejor para el bienestar del menor. Por tanto, la norma legal debe aplicarse con sentido funcional, pues el juez debe poseer un margen de discrecionalidad cuyo límite y justificación lo constituye el caso concreto a resolver del mejor modo posible para el bien del menor, por lo que cuando éste es sujeto pasivo en un delito de índole sexual, no constituye obligación para el juzgador ordenar la práctica de careos procesales ante la discrepancia de lo declarado por el pasivo y los atestes, siendo inaplicable en estos casos de menores la jurisprudencia 1a./J. 50/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente, aplica la tesis aislada X Región)1o.4 P (10a.), que sostuvo el Tribunal Colegiado de Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia Penal, que se consulta en la página 1935, que a la letra dispone: TESTIGOS MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES MINISTERIALES DEBEN ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS PADRES O TUTOR. De acuerdo con los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8, inciso d), 9, inciso a), 16 y 26, incisos a) y b), de las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos, el testimonio de un menor tiene validez si se lleva a cabo observando el protocolo nacional e internacional en la materia; de manera que para su aprobación y eficacia procesal, será indispensable observar una serie de condiciones, a fin de que su información sea recogida de manera óptima, sin producir algún menoscabo en su persona; para lo cual se requiere que estén asistidos por abogado o defensor público, así como por sus padres o tutor; ello, en virtud de que al rendir su declaración sobre hechos que impliquen la comisión de delitos, los menores de edad se encuentran expuestos a un estado de vulnerabilidad tanto física como emocional, que puede poner en tela de juicio su espontaneidad, veracidad e imparcialidad, al estar sujetos a vicios e irregularidades durante la investigación ministerial. Con relación al valor probatorio que refiere les concedió a las declaraciones de la víctima, testigos e inculpado, debe decirse, que el Tribunal responsable fue acertado en la ponderación que de tales narraciones hizo, pues estableció los datos que de las mismas obtuvo, indicó las razones por las que debía o no conferírseles valor, también las relacionó con los elementos del delito que probaban y la manera en que se sumaban para acreditar el hecho delictivo. Luego, por cuanto hace al argumento del defensor del quejoso en el que asegura que el resultado que arrojó el examen médico practicado a la víctima esto es, himen incompleto antiguo, no revela con exactitud la antigüedad de éste y, por ende, no es posible determinar cuándo aconteció dicha desfloración, tal concepto de violación resulta infundado, pues si bien dicho medio de prueba representa otro dato para acreditar el hecho criminal, lo cierto es que, para la configuración del delito de violación no se requiere que se presente desfloración o indicios de penetración ya que no se manifiestan en todas las personas tales consecuencias físicas, máxime cuando existe un espacio prolongado de tiempo entre el ataque sexual y la data en que se practica el examen ginecológico respectivo. Esto es así, porque el delito puede demostrarse con otros datos que evidencien la violencia física y/o moral del activo para imponer cópula con una persona en contra de la voluntad de ésta, lo que se presume tratándose de menores de catorce años. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la sola presencia de la existencia de la lesión -con independencia de si es reciente o no- implica que existió penetración lo que permite establecer que sobre la pasivo se desplegó una conducta sexual. Además, contrario a lo argumentado por el defensor del quejoso, corresponde a éste la carga de la prueba para acreditar su versión defensiva, toda vez que del conjunto de circunstancias y pruebas reseñadas por la autoridad responsable se desprenden datos que hacen probable la participación del procesado en la comisión del delito que se le imputa, por tanto, se desvirtuó la presunción de inocencia que se deducía en su favor, quien ahora rechaza las imputaciones y niega haber cometido el delito, por tanto, necesariamente debía probar los hechos en que descansa su postura defensiva, sin que baste su omisión a declarar, pues no ésta corroborada con elementos de convicción eficaces. Apoya la anterior consideración, en lo que interesa, la Jurisprudencia V.4º.J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177945, que a la letra dice: INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. En consecuencia, la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego al derecho de fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal. Luego, debido a que con los datos de prueba que obran en autos de la causa penal de origen, se demostraron los hechos delictuosos que se le imputan al aquí quejoso, así como su probable participación en la comisión de éstos, de ahí, que el auto de formal prisión analizado en segunda instancia cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional y 180 del ordenamiento adjetivo penal de esta Entidad Federativa, vigente en la época de los hechos, con lo cual no se transgrede algún Tratado Internacional en el cual el Estado Mexicano sea parte, que proteja los derechos a la integridad de la persona, a la libertad personal y los derechos humanos. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia II.2º.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. Por otro lado, el quejoso a través de su defensor argumenta que la autoridad responsable vulneró los derechos que consagra la Constitución Política Federal, pues asegura que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. También indica que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con nuestra carta magna y con los tratados internacionales de que el Estado sea parte. Argumenta que las autoridades tienen que aplicar el criterio de interpretación más favorable a la persona (la norma protectora más amplia o la interpretación proteccionista más extensiva), utilizando la interpretación jurídica mediante la cual se consigna el mayor beneficio para la parte quejosa. A juicio de quien resuelve, el relatado concepto de violación resulta inoperante; en realidad, sólo se hace alusión a la obligación de las autoridades de actuar de acuerdo con el marco jurídico fundamental constitucional e internacional, así como de hacer una interpretación pro persona. En otras palabras, el accionante se limita a expresar la forma en que el juzgador debe desempeñar sus atribuciones y facultades a partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución Política Mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once. No obstante, no tienden a evidenciar las violaciones que cometió el juzgador responsable al emitir la determinación que se tilda de inconstitucional, de ahí lo inoperante de sus argumentos. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las autoridades atendiendo al principio pro persona no están obligadas a resolver los argumentos planteados por los gobernados conforme a sus pretensiones. Tal criterio se sostuvo en la jurisprudencia 104/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, octubre de dos mil trece, Tomo 2, Materia Constitucional, visible en la página 906, del tenor siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Aunado a lo anterior, este Juzgador no aprecia que en la especie exista materia sobre la cual sea necesario suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, que amerite otorgar el amparo impetrado, en los aspectos no alegados por la defensa del quejoso. Así se sostiene, porque la autoridad responsable valoró en su conjunto y adminiculó entre sí los datos reseñados por el Ministerio Público y los medios de prueba aportados por la defensa, conforme a los artículos 20 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente en la época de la comisión del delito), a las reglas de valoración de la sana critica, determinadas por la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y las normas de la lógica, sin a la responsable pareciera obstáculo el argumento de la defensa, en torno a la inocencia del imputado. De tal suerte que, si del cúmulo de pruebas en las que la responsable basó su determinación se acreditó ese hecho, debe decirse que las pruebas existentes en autos resultan suficientes, hasta este momento procesal, para tener por comprobados el hecho que la ley persigue como delito (violación) y la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión, como autor material o directo en términos de la fracción I del artículo 18 del código sustantivo penal vigente en la época del evento, pues fue probablemente él quien ejecutó los hechos materia de la causa. Igualmente, se perpetró a título de dolo en términos del artículo 9, fracción I, del mismo ordenamiento sustantivo penal, pues el imputado es una persona adulta, consciente del orden jurídico que prevalece y en un acto de voluntad optó por ejecutar un hecho que trae aparejado el resultado de tipicidad inmerso en el artículo 241, fracción I del citado código penal. Así, el resolutor de segunda instancia estimó que existían datos aptos y suficientes para considerar que probablemente fue JESÚS CANO RIVERA quien ejecutó el hecho que la ley penal señala como el delito de violación con penalidad agravada, en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales A.K.C.V., en el año dos mil dos, cuando ésta contaba con trece años de edad, al interior de la vivienda particular de la pasivo, esto es, en la calle Hiedra número seis mil quinientos siete (6507) de la Colonia Infonavit Juárez Nuevo, en esta ciudad, y que el Magistrado responsable -con base en los antecedentes narrados por el fiscal que analizó y valoró- concluyó acreditado el delito de violación con penalidad agravada y que existían datos que hacen presumir que el quejoso lo cometió, sin que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Por todo lo anterior, al no conculcarse derechos humanos en perjuicio del quejoso, el fallo que confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra el treinta de junio de dos mil quince, por el Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, residente en esta localidad, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita, al no advertirse deficiencia de la queja que suplir a su favor. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JESÚS CANO RIVERA, contra el acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Chihuahua, por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la tercero interesada y al agente del Ministerio Público adscrito, así como a las autoridades por medio de oficio. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, asistido del Secretario Armando Guadarrama Bautista que autoriza y da fe, hoy veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado así lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil quince. Visto el estado de autos, se advierte que el siete de octubre del año en curso, se llevó a cabo el emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, razón por la cual, no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de que de no mediaron por lo menos ocho días entre el emplazamiento y el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con diez minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince, para que tenga verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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