Jesús Camarillo Sánchez y Otros.

Expediente 920/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
920/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Jesús Camarillo Sánchez
  • Jesús Camarillo Sánchez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Por último, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 920/2022-I-1, promovido por ******* y *******, por conducto de su apoderado legal *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo que se turnó a este juzgado el día siguiente, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado, Recaudador de Rentas y Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a Recaudación de Rentas, todos en el Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó: IV.-LEY Y/O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. Omisión de dar respuesta recaída a la petición del gobernado dentro del término previsto en la Ley. Negativa Ficta. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de trece de octubre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 920/2022-I-1, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento de la siguiente forma: la parte quejosa y el agente del Ministerio Público de la adscripción, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y Recaudador de Rentas en el Municipio de Juárez, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Quinto. Vista para ampliación de demanda. En proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por las autoridades responsables Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado y Recaudador de Rentas en el Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, a fin de que manifestará si era su deseo ampliar su demanda respecto a la respuesta emitida por dichas autoridades a su escrito de trece de diciembre de dos mil veintiuno. Sexto. Causa estado determinación de diecinueve de enero de dos mil veintitrés. El uno de febrero de dos mil veintitrés, causó estado la determinación emitida por este juzgado, en proveído de diecinueve de enero del año en curso, en el cual no hubo lugar a proveer respecto a su ampliación de demanda, por los motivos expresados en el mismo. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda y su ampliación, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de las responsables de dar contestación a la petición formulada por los quejosos el trece de diciembre de dos mil veintiuno. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado y Recaudador de Rentas del Municipio de Juárez, toda vez que al rendir su informe justificado, que era cierto el acto reclamado por los quejosos, no obstante que dicha petición se encontraba en vías de notificación, para lo cual inserto a su informe obra la digitalización del oficio emitido por el Departamento Jurídico de la Recaudación de Rentas en el Municipio de Juárez, número *******, de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se da contestación al escrito presentado por los quejosos el trece de diciembre de dos mil veintiuno, cuyo contenido es el siguiente: -...- Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez dar contestación a su escrito recibido ante Rentística el 13 de diciembre del presente año (sic), en el cual se ostenta con el carácter de apoderado legal de ******* (sic) Y *******, al respecto; Esta H. Rentística no puede brindar información alguna, en relación a la persona moral *******, toda vez que solo se proveerá informe al apoderado legal de la persona moral antes citado. -...- Misma consideración debe hacerse respecto a la diversa autoridad Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez, quien fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido debidamente requerido para ello, tal y como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada al expediente. Por otra parte, del escrito presentado por el apoderado legal de los quejosos, recibido en este juzgado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, al que anexo el original del oficio citado en el párrafo que antecede, por lo que con ello se advierte que los aquí quejosos fueron notificados de su contenido. Lo anterior, se corrobora con la documental antes descrita, a la cual se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haberse emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: -DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena-. Encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: -DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena-. CUARTO. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, la que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. -.- En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo -cesar- significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el -efecto- es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En suma, se infiere que el juicio de control constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el once de octubre de dos mil veintidós, ******* y *******, por conducto de su apoderado legal *******, promovió la acción de amparo contra actos del Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado, Recaudador de Rentas y Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a Recaudación de Rentas, todos en el Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó la omisión de dar contestación a su escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora, de las constancias enviadas por las responsables, así como de la exhibida por la parte quejosa en su escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Recaudador de Rentas en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por los quejosos el trece de diciembre de dos mil veintiuno. Así, de lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, ello en virtud de que a la fecha de presentar la demanda de amparo esto es el diez de octubre de dos mil veintidós, sí existía una omisión por parte de las autoridades, la cual dejo de existir al momento de que el Recaudador de Rentas en esta ciudad, emitió el oficio ******* de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dando contestación al escrito presentado por el apoderado legal de los quejosos el trece de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo que, resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. Se sobresee en el juicio promovido por ******* y *******, en contra de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución.Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de febrero de dos mil veintitrés. Declaratoria de causa estado Vista la certificación que antecede, se advierte que los quejosos ******* y *******, por sí o por conducto de en su carácter de su apoderado legal el licenciado *******, no se inconformaron con la determinación inserta en el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en la que se declaró improcedente su ampliación de demanda de amparo. El citado proveído se tuvo por notificado, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por lo que, el plazo de cinco días que alude el artículo 98, de la Le de Amparo, transcurrió del veinticinco al treinta y uno del citado mes y año, sin que se hubiera pronunciado al respecto. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito signado por el licenciado *******, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo; sin embargo, de la lectura de su ocurso, se desprende que únicamente manifiesta alegatos. En lo relativo a la figura de la ampliación es importante recordar que la demanda de amparo indirecto es susceptible de ser ampliada en relación con cualquiera de los elementos que la conforman y que se encuentran señalados en el artículo 108 de la Ley de Amparo, entre los que destacan principalmente, actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que, antes de la incorporación legislativa, estableció en tesis aisladas la procedencia de la ampliación de demanda en determinados casos, y dio algunas reglas en relación con el momento procesal en que podría ejercerse esa posibilidad, a saber: 1. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables; en esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda. 2. Después de que se hayan rendido los informes justificados; en este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, estrechamente vinculado con los originalmente reclamados, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional. Los parámetros indicados por la Suprema Corte, fueron retomados por el legislador en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 111, se dispone: 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. El enunciado jurídico en cita prevé la posibilidad de ampliar la demanda y dicha ampliación está condicionada a la aparición de nuevos elementos que hayan sido desconocidos por el quejoso al momento de presentar su acción constitucional y que, con posterioridad, sean de su conocimiento, siempre que tales actos de autoridad guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial. Apoya lo anterior, la tesis XI.1o.24 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, agosto de 1992, Materia Común, visible en la página 549, con registro 218814, que a la letra establece: DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del análisis de criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este tema, se llega al conocimiento de que no sólo se puede ampliar la demanda de garantías antes de que todas las responsables rindan su informe, sino también cuando se dan las siguientes condiciones: 1) que a través de los informes emitidos por algunas de dichas autoridades, o por todas, el quejoso conozca la intervención de otras en la realización de los actos que reclama o la existencia de nuevos actos que violen sus garantías; y 2) que tal ampliación se haga dentro del término legal para ejercer la acción constitucional, el cual, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, es de quince días y empieza a correr a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del auto por el que se haya dado vista al quejoso con los aludidos informes. Así pues, como en el presente caso se reúnen esos requisitos, es obvio que la negativa a dar trámite a la ampliación de demanda, resulta ilegal. En este contexto, del estudio minucioso de la causa de pedir contenida en el ocurso que se atiende en comparación con la demanda inicialmente reclamada se observa que, la parte quejosa hace alusión a la contestación que las autoridades responsables dieron a su petición, sin embargo, su escrito no contempla los requisitos que establece el numeral 108 de la Ley de Amparo, por lo que no es posible deducir cuáles el acto que reclama, así como la autoridad a la que se lo tribuye, en consecuencia, no ha lugar a proveer respecto de su ampliación de demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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