Jesús Badillo Hernández

Expediente 35/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
35/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
18/04/2017

Partes del expediente

  • Jesús Badillo Hernández
  • Jesús Badillo Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, turnado en misma fecha a este órgano jurisdiccional, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, de los actos reclamados al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, y otras autoridades a quienes les reclamó la orden de aprehensión o presentación y su respectiva ejecución. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio el amparo *******, se solicitaron los informes con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la orden de reaprehensión dictada en su contra el veintinueve de marzo de dos mil doce por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, el Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, ambos en esta ciudad, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río y Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Veracruz, residente en la ciudad del mismo nombre (fojas 12, 16, 20 y 114), negaron la existencia del acto que se les atribuyó consistentes en la orden de reaprehensión y su respectiva ejecución. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, hizo del conocimiento de este Juzgado que el doce de septiembre de dos mil once, en la causa penal *******, condenó a *******, quien también se hace llamar ******* o *******, a las penas de seis años, diez meses y catorce días de prisión, así como a pagar la multa de ciento cuarenta y cuatro días, al haberlo considerado penalmente responsable de dos delitos electorales, previstos y sancionados por el artículo 411 del Código Penal Federal (a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores) (fojas 29 a 67). Asimismo, el veintidós de diciembre de dos mil once, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, al resolver el toca penal *******, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del fallo señalando con antelación, modificó el mismo en cuanto hace a las sanciones decretadas, imponiéndole seis años de prisión y ciento cuarenta días multa (fojas 68 a 97). De igual forma, se tiene que en contra de la resolución pronunciada por el Tribunal de Alzada se promovió amparo directo, el cual quedó radicado bajo el número ******* del sumario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, y el ocho de marzo de dos mil doce, se negó el amparo solicitado (fojas 101). En tal virtud, el veintinueve de marzo de dos mil doce, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, ordenó la reaprehensión del aquí quejoso, a fin de que compurgue la pena de seis años de prisión impuesta. A tales constancias se les reconoce valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas respecto de sus originales por un funcionario dotado de fe pública; por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de la orden de reaprehensión tildada de inconstitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis es oficioso y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se continúa con el estudio del actos reclamados, conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados son infundados. A efecto de explicar las razones que llevan a este Juzgador a concluir lo anterior, conviene establecer que el quejoso reclamó del Encargado de la Policía Ministerial en el Estado de Chihuahua, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, ambos en esta ciudad, Jueces Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz y Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Veracruz, la emisión de una orden de aprehensión y/o presentación y su respectiva ejecución. A partir del informe justificado rendido por tal autoridad y de las constancias que para tal efecto adjuntó, se concluyó que el acto reclamado consiste en la orden de reaprehensión librada en la causa penal *******, en contra de *******, quien también se hace llamar ******* o *******, para efecto de que dicho sentenciado sea puesto a disposición del Ejecutivo Federal y compurgue la pena impuesta, consistente en seis años de prisión al haberlo considerado penalmente responsable de dos delitos electorales, previstos y sancionados en el artículo 411 del Código Penal Federal (hipótesis que castiga a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores). Inconforme con el sentido de esa resolución, el quejoso formuló la demanda de amparo que dio origen a este asunto, en la que formuló a guisa de conceptos de violación, los siguientes argumentos. Se violaron los artículos 14 y 16 Constitucionales en la parte que preconizan los principios de seguridad jurídica, audiencia y legalidad. Los conceptos de violación expresados son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para evidenciar el anterior aserto, es pertinente señalar que el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución General de la República establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y el fundamento legal en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, se advierte que la responsable ordenó la reaprehensión del quejoso en términos del artículo 412, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales; disposición de la que se colige que para que el Juez Penal Federal pueda librar orden de reaprehensión en contra del imputado deben reunirse los requisitos ahí previstos, a saber, cuando en el proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda instancia. De lo anterior se deduce que el Juez responsable estimó como motivo para emitir orden de reaprehensión contra el aquí quejoso, la existencia de una sentencia definitiva firme que debía cumplimentarse. En efecto, una vez que se resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia condenatoria de primer grado, en términos del diverso numeral 360, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, de cuya resolución se desprende: [.] SEXTO.- En cambio, respecto a las penas impuestas a *******, consistentes en tres años cinco meses siete días y setenta y dos días multa, por cuanto ve al delito electoral, relativo a los hechos cometidos el once de febrero de dos il ocho, aumentados con tres años cinco meses y siete días multa y setenta y dos días, respecto del ilícito electoral, en relación con los hechos cometidos el veintitrés de abril siguiente, que sumadas arrojan el total de seis años diez meses catorce días de prisión y ciento cuarenta y cuatro días multa, que equivalen a siete mil ciento veintiocho pesos, cantidad que resultó de multiplicar aquel número de días, por le salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos, pues el juez federal estimó incierta la percepción real del sentenciado, al haber manifestado que no percibía ingreso alguno, sanción pecuniaria sustituible, en caso de insolvencia comprobada, por igual número de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, son sanciones que corresponden, como así se consideró, al grado de culpabilidad ligeramente superior a la mínima estimada por el a quo, además, fueron impuestas e acuerdo a las reglas de acumulación de sanciones que establece el artículo 64, párrafo segundo, del Código Penal Federal, toda vez que las conductas delictivas en comento, se llevaron a cabo de manera autónoma en diversos momentos, pues supone en el mismo agente una pluralidad o reiteración de acciones, con pluralidad de resultados delictivos, como aconteció en el caso. No obstante lo anterior, debe señalarse que precisamente por esas dos acciones, llevadas a cabo, respectivamente, el once de febrero y el veintitrés de abril de dos mil ocho, se consideró tratarse en el caso, de concurso real de delitos y por cada uno se aplicaron las penas correspondientes, antes señaladas, por lo que de considerarse aquellos hechos delictuosos, también como reveladores de una culpabilidad mayor, se estaría en el caso de sancionar dos veces, por la misma conducta, por consiguiente, si se toman en cuenta las circunstancias personales del delincuente y las exteriores de ejecución del delito, mencionadas en la propia resolución impugnada, este Tribunal de alzada, estima que habrá de calificarle una culpabilidad mínima y por tanto, imponerle las penas condignas de tres años y setenta días multa, respecto del delito electoral cometido en cada una de las fechas , que ascienden en total a seis años de prisión y ciento cuarenta días multa, que corresponden a seis mil novecientos treinta pesos, pecunaria que, para el caso de impago, se sustituye por ciento cuarenta jornadas de trabajo no remuneradas precisadas en la resolución impugnada. Lo anterior con el descuento de los cuatro días, que *******, estuvo privado de su libertad, esto es del ocho al once de noviembre de dos mil diez, en que obtuvo su libertad provisional bajo caución, concedida por el juez federal.[.] Atento a lo anterior, el Tribunal resolvió, modificar la sentencia condenatoria apelada, ello, por la plena responsabilidad de la comisión del delito electoral, en la hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal Federal, e impuso en definitiva al aquí quejoso *******, las penas acumuladas de seis años de prisión y ciento cuarenta días de multa, con el descuento de cuatro días que estuvo detenido, esto es del ocho al once de noviembre de dos mil diez, en que obtuvo el beneficio de la libertad provisional bajo caución. En consecuencia, fue correcta la determinación dictada por el responsable, puesto que se actualizó el supuesto que prevé el segundo párrafo del artículo 414 de la citada codificación procesal, conforme a la cual procede decretar la reaprehensión del imputado, cuando, entre otros casos, en el proceso cause ejecutoria la sentencia definitiva, lo que ocurrió en el caso. Derivado de lo anterior, son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, en los que plantea que desconoce la existencia de algún hecho que motivara la orden reclamada; porque la orden de reaprehensión librada en su contra derivó de un juicio penal instruido en su contra, en el que -sin prejuzgar sobre su legalidad-, se le otorgó la posibilidad de ser oído en su defensa y, finalmente, concluyó con el dictado de una sentencia condenatoria que fue confirmada por el Tribunal de Apelación, el cual fue materia de impugnación a través del amparo directo y precisamente fue con el dictado de esta última que se emitió la orden de reaprehensión reclamada; de ahí que no se transgreda el principio de presunción de inocencia en el presente caso, pues el quejoso ya fue juzgado en un proceso penal y, al resultar condenado, fue correcto que se librara orden de reaprehensión en su contra; en segundo lugar, el quejoso sí tenía conocimiento del juicio penal respectivo, tan es de esa manera que interpuso diversos medios de defensa para impugnar la sentencia que se dictó en su contra; de ahí que sus argumentos sean infundados. En las relacionadas condiciones y dado que la orden de reaprehensión que dictó el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, en contra del quejoso *******, dentro de la causa penal *******, en auto de veintinueve de marzo de dos mil doce, resultó constitucional, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a *******, con relación a los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, y otras autoridades a quienes les reclamó la orden de aprehensión y/o presentación y su respectiva ejecución SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de diecinueve del mismo mes y año se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el veinticinco de enero y trece de febrero de dos mil diecisiete, únicamente respecto a las autoridades que ya habían rendido sus informes previos, y se fijó como nueva fecha el día de hoy, tal y como se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 125 y 128 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. SEGUNDO. Se declara sin materia el incidente de suspensión. En atención a que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada por proveído de veintidós de febrero del año en curso, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera respecto a la autoridad que denominó como Encargado de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Veracruz, por lo que al dejar de tener dicho carácter, no hay acto que atribuirles y en consecuencia, no existe materia sobre la cual decretar la suspensión definitiva. Así, por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 144 y 146, de la Ley Reglamentaria vigente de los numerales 103 y 107 Constitucionales, se: R E S U E L V E: Único.- Se declara sin materia el incidente de suspensión respecto al acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*arc

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término otorgado al quejoso mediante auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera respecto a la autoridad que denominó como Encargado de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Veracruz; sin que a la fecha se hubiere recibido promoción alguna al respecto, por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, y se tiene por inexistente a dicha autoridad para los efectos del presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*arc

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