Jesus Antonio Acosta Collantes

Expediente 897/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jesus Antonio Acosta Collantes

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, los pedimentos números 657/2023, 656/2023 y 655/2023 signados por el Agente del Ministerio Pú5lico de la Federación adscrito y solicita copias de la resolución que se pronuncie en el presente asunto. En ese contexto, téngase por formulado el pedimento que el Fiscal Federal hace valer, el cual podrá considerarse al dictar la resolución en el presente juicio. Asimismo, como lo solicita el promovente y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, en su momento oportuno expídase a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y, entréguese previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

  2. Incidental

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Advirtiéndose del estado que guardan los presentes autos, que no existe constancia postal de acuse de recibo que acredite que las autoridades responsables foráneas Fiscal Federal del Estado de Sinaloa y Fiscalía General de Justicia en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa; Grupo de Investigación de la Policía Ministerial al Grupo Pegaso Número 6 y 8 y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambos con sede en Guasave, Sinaloa, hayan recibido los oficios 14979/2023, 14980/2023, 14981/2023 y 14982/2023 derivados del acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, donde se solicitó rindan su informe previo. Para dar margen a lo anterior la audiencia incidental señalada para el día de hoy se difiere para las doce horas con veinte minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, trece de noviembre dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda de Amparo promovida ********************contra actos del Fiscal Federal del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa y otras autoridades; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico y, regístrese en el libro de gobierno y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número ********************/2023-2B. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo; pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito, además de la vía ordinaria, por fax al número 01 668 8 15 32 08, o al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las diez horas del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV de la ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Plata número 951, Fraccionamiento de esta ciudad, y como su autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jesús Adán Gutiérrez Carrillo y Vislan Ricardo Maldonado Taboada. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Finalmente, toda vez que la demanda de amparo de cuenta, se presentó de forma física, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  4. Incidental

    Los Mochis, Sinaloa, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal con una copia de la demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 897/2023-2B, promovido por Jesús Antonio Acosta Collantes, contra actos del Fiscal Federal del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa y otras autoridades; con apoyo en los artículos 125, 128, 130, 131, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144 162, 164 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando copia de la demanda, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo quienes deberán rendirlo por escrito, además de la vía ordinaria, por fax al número 01 668 8 15 32 08, o al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en la orden de detención librada en contra del quejoso. El que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirá cierto el acto reclamado y además, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, se les impondrá una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción I, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. En ese contexto, se señalan las doce horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Pues bien, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el juzgado debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: Que la medida la solicite el agraviado. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere que los actos sean suspendibles y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión. Además, cuando se solicita la medida cautelar provisional debe acreditar un interés legítimo, en acatamiento a lo indicado en el artículo 131, de la Ley de Amparo, que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado, en virtud que no podrían paralizarse las consecuencias y efectos de los actos que presumiblemente causarán un daño inminente e irreparable al agraviado, si tal interés no está demostrado. Pues bien, respecto a la orden de detención y su probable ejecución que se combate, se concede la suspensión provisional en favor de Jesús Antonio Acosta Collantes, con fundamento en lo establecido por los artículos 162, 165 y 166, de la Ley de Amparo, conforme a lo siguiente: Cuando se trate de orden de detención o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: 1. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional (delitos graves así calificados en el sistema penal tradicional), la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional únicamente en lo que se refiera a su libertad en el lugar que señale para su reclusión la autoridad responsable y quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; 2. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa (delitos no graves así calificados en el sistema penal tradicional), se concede la suspensión para el efecto de que el quejoso no sea detenido, pero se apercibe al justiciable a fin de que en el término de cinco días se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, de lo contrario, se dejará sin efecto la presente suspensión para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; 3. Si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesados o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I; y 4. En el supuesto de que el acto reclamado afecte la libertad personal del amparista y éste se encuentre a disposición del agente del Ministerio Público por cumplimiento de la orden de detención, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o, en un plazo de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En la inteligencia de que, si el inconforme incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. La suspensión provisional de los actos reclamados concedida, surte efectos hasta en tanto se resuelva acerca de la definitiva en la interlocutoria respectiva. De conformidad con lo establecido por los artículos 138, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo y, toda vez que por el momento no se puede determinar a cuánto asciende el daño patrimonial causado por el delito que se imputa al quejoso, así como su situación económica y la mayor o menor posibilidad de que se sustraiga a la acción de la Justicia, el quejoso deberá cumplir con las siguientes condiciones: Otorgar una garantía por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en cualesquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido de que, si decide que la garantía la exhibirá mediante certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), la cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito"; lo anterior con fundamento en los artículos 879 y 883, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estable las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, de 2 de enero de 2015, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. Informar por escrito a este juzgado de distrito y bajo protesta de decir verdad, su situación económica, el domicilio en el cual pueden ser localizados, si acaso se le negare el amparo y la protección de la Justicia Federal, a fin que sean devueltos al juzgado de la causa, respecto de su libertad personal; o bien, para que se le pueda hacer las citaciones respectivas. Las indicadas condiciones además de tener su fundamento en los preceptos legales antes citados, tienen apoyo en la interpretación que de dichos preceptos hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1ra/J. 16/1997, producto de la contradicción de tesis número 33/96, publicada en la hoja 226 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1997, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.". En la inteligencia de que, de no cumplir el justiciable con lo señalado en los incisos a) y b) del presente acuerdo dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Amparo; se mandará hacer efectiva la garantía que exhiba a favor del fisco federal y se dejarán expeditos los derechos de las responsables para proceder en su contra, de acuerdo con sus facultades legales, en términos de los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo. Esta medida dejará de surtir efectos si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa, en cumplimiento de una orden privativa de la libertad librada en su contra por autoridades distintas a las aquí señaladas o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Lo anterior en el entendido que el artículo 166 de la Ley de Amparo prevé que si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento a las obligaciones del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En diverso orden de ideas, como lo solicita el promovente, expídase copia certificada de la presente determinación, previa toma de razón que por su entrega y recibo se deje en autos. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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