Jesus Antonio Lizarraga Hernandez
Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Antonio Lizarraga Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuenta. En uno de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Auto. Los Mochis, Sinaloa, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso Jesús Antonio Lizárraga Hernández, interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso Jesús Antonio Lizárraga Hernández, no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en relación al oficio y documental allegados por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada personalmente el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, se precisa que en sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Jesús Antonio Lizárraga Hernández, la protección constitucional contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, para el efecto de que esa autoridad realizara lo siguiente: "Para el efecto que la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, una vez que se le notifique el acuerdo que declare ejecutoriada esta sentencia, proceda de inmediato al desahogo de la prueba Pericial Calígrafa y Grafoscópica al igual que la diversa probanza de ratificación de contenido y firma, en el juicio laboral número 1742/2012." La anterior sentencia, causó ejecutoria el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Posteriormente, mediante oficio 196/2022 y anexo, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en atención al requerimiento realizado por este Juzgado, informó que en los autos del juicio laboral 1741/2012, de su índice, se señalaron las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la prueba pericial caligrafoscopica y las doce horas del trece de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga lugar la prueba de ratificación de contenido y firma, ofrecidas ambas por la demanda. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que causara ejecutoria la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, procediera de inmediato al desahogo de la Pericial Calígrafa y Grafoscópica, al igual que la diversa probanza de ratificación de contenido y firma, en el juicio laboral número 1742/2012, de su índice; lo cual ya aconteció; toda vez que la autoridad responsable en acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso proveyó respecto a las pruebas de referencia, en las que señaló las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la prueba pericial caligrafoscopica y las doce horas del trece de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga lugar la prueba de ratificación de contenido y firma, ofrecidas ambas por la demanda; entonces, debe de estimarse cumplido el núcleo esencial de la sentencia, pues de la constancia remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, se advierte que se ya se encuentran programadas para su desahogo. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 87/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, de registro digital 163808, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Igual resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, de registro digital 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados, de conformidad con los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, se puede concluir se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE siete de diciembre de dos mil veintidós QUE DICE: . Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso Jesús Antonio Lizárraga Hernández, no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en relación al oficio y documental allegados por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada personalmente el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, se precisa que en sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Jesús Antonio Lizárraga Hernández, la protección constitucional contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, para el efecto de que esa autoridad realizara lo siguiente: "Para el efecto que la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, una vez que se le notifique el acuerdo que declare ejecutoriada esta sentencia, proceda de inmediato al desahogo de la prueba Pericial Calígrafa y Grafoscópica al igual que la diversa probanza de ratificación de contenido y firma, en el juicio laboral número 1742/2012." La anterior sentencia, causó ejecutoria el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Posteriormente, mediante oficio 196/2022 y anexo, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en atención al requerimiento realizado por este Juzgado, informó que en los autos del juicio laboral 1741/2012, de su índice, se señalaron las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la prueba pericial caligrafoscopica y las doce horas del trece de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga lugar la prueba de ratificación de contenido y firma, ofrecidas ambas por la demanda. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que causara ejecutoria la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, procediera de inmediato al desahogo de la Pericial Calígrafa y Grafoscópica, al igual que la diversa probanza de ratificación de contenido y firma, en el juicio laboral número 1742/2012, de su índice; lo cual ya aconteció; toda vez que la autoridad responsable en acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso proveyó respecto a las pruebas de referencia, en las que señaló las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la prueba pericial caligrafoscopica y las doce horas del trece de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga lugar la prueba de ratificación de contenido y firma, ofrecidas ambas por la demanda; entonces, debe de estimarse cumplido el núcleo esencial de la sentencia, pues de la constancia remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, se advierte que se ya se encuentran programadas para su desahogo. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 87/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, de registro digital 163808, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Igual resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, de registro digital 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados, de conformidad con los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, se puede concluir se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por Carlos Humberto Hernández Ochoa Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite constancias para acreditarlo; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con los escritos y documentales de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que no de hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por otra parte, visto el escrito firmado por el licenciado ********************, autorizado legal del quejoso ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y solicita se requiera por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondiente. En atención a lo anterior, dígase al promovente que deberá estarse a lo ya acordado en líneas precedentes.
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