Jesús Angélica García Velarde

Expediente 608/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 35 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
608/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Jesús Angélica García Velarde
  • Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de marzo del presente año, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual modo, acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo del actual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Se ordena glosar a los autos el escrito signado por Chaquer Alfonso Molina Rohana, quien se ostenta como representante legal de Grupo Tecnológico NOMI-PAY, S.A. de C.V., señalado como autoridad responsable en el presente juicio, mediante el cual exhibe copia fotostática certificada de la Escritura Pública número 75,922 (setenta y cinco mil novecientos veintidós), de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, libro 3,234 del protocolo a cargo del Notario Público número 102, de la Ciudad de México, licenciado José María Morera González , con la cual solicita se le tenga reconocida dicha personalidad, rinde informe justificado y señala domicilio. De conformidad con los artículos 9 y 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable citada y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Así también, téngase por exhibida la documental que acompaña en términos del artículo 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de poder hacer nuevamente relación de la misma al momento de la celebración de la audiencia constitucional y por reconocida la personalidad con la que se ostenta y con las facultades que señala. Ahora, del estado de autos se advierte que la demanda de amparo fue admitida respecto a la quejosa Jesús Angélica García Velarde, y contra las autoridades Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director General de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director de Recursos Humanos de Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Dirección de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, todos con sede en Culiacán y Grupo Tecnológico NOMI PAY S.A. DE C.V., con sede en Ciudad de México. En el caso, los actos reclamados por el quejoso Jesús Angélica García Velarde, son los que aparecen en la demanda de amparo, y que se precisan de la forma siguiente: De los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director General de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director de Recursos Humanos de Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Dirección de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, todos con sede en Culiacán y Grupo Tecnológico NOMI PAY S.A. DE C.V., con sede en Ciudad de México: La orden y ejecución de la retención o descuentos a su salario, como trabajador activo, que aparecen plasmados en su recibo de nómina, bajo los conceptos "TOTAL CREDIT" "WAC DE MEXICO S.A DE .CV., SOFOM E.N.R", "GRUPO ANISAL, SA. DE C.V SOFOM", "GRUPO K F S.A DE C.V SOFOM", "ETESA" "CREDIFIEL", "COMERCIAL COMERNOVA", "BIBLOTECA EDILAR", "FINMART", "TOTAL CREDIT", "SAPI DE C.V.", "WAC DE MEXICO,S.A DE .C.V., SOFOM E.N.R", "GRUPO ANISAL, SA. DE C.V. SOFOM", "GRUPO K F S.A DE C.V SOFOM", "ETESA", "CREDIFIEL", "COMERCIAL COMERNOVA", "BIBLIOTECA EDILAR" y "FINMART", señaladas como tercero interesadas. De lo relatado con anterioridad y del resto de la demanda de amparo, se advierte que el reclamo de la quejosa se relaciona en que las mencionadas responsables descuenta del salario que percibe la quejosa como trabajadora activa, diversas cantidades por los conceptos de "TOTAL CREDIT" "WAC DE MEXICO S.A DE .CV., SOFOM E.N.R", "GRUPO ANISAL, SA. DE C.V SOFOM", "GRUPO K F S.A DE C.V SOFOM", "ETESA" "CREDIFIEL", "COMERCIAL COMERNOVA", "BIBLOTECA EDILAR", "FINMART" y "SAPI DE C.V.", señaladas como tercero interesadas. Por otro lado se observa que al rendir su informe justificado las autoridades responsables Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, así como Director General y Director de Recursos Humanos, ambas de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, además de la moral Grupo Tecnológico Nomi-pay, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama; ahora por lo que respecta al Coordinador y Director, ambos de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, aceptaron la existencia del acto reclamado Lo que se complementa con las documentales que allegó la parte quejosa, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas en ejercicio de las funciones. Sin embargo, en el caso, al margen de las consideraciones de las autoridades responsables, oficiosamente se advierte que es improcedente el juicio conforme al artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que esta vía constitucional procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, contrario a lo que sostiene la parte impetrante, es el que no recae a quienes se atribuyen los actos. Las citadas disposiciones son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De lo anterior se advierte que el juicio constitucional es procedente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que se entiende por "autoridad responsable" a aquella que, con independencia de su naturaleza formal, tiene la potestad de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto a través del cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realzarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, no basta que en la demanda se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime procedente la acción constitucional. Incluso, ese último artículo transcrito también prevé una modalidad, consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo que es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación porque si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra su razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". (2a./J. 164/2011, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En adición, entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación. b) Las de coordinación. Las primeras, surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público; se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que, al realizar tales actos el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Por su parte, las segundas -de coordinación-, son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso, el análisis íntegro de la demanda y anexos, evidencia que el reclamo se sustenta en que el Coordinador y Director, ambos de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán descuentan del salario que percibe la quejosa trabajadora activa, diversas cantidades por los conceptos de "TOTAL CREDIT" "WAC DE MEXICO S.A DE .CV., SOFOM E.N.R", "GRUPO ANISAL, SA. DE C.V SOFOM", "GRUPO K F S.A DE C.V SOFOM", "ETESA" "CREDIFIEL", "COMERCIAL COMERNOVA", "BIBLOTECA EDILAR", "FINMART" y "SAPI DE C.V.", señaladas como tercero interesadas. Ahora, del informe rendido por Director y Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, se evidencia lo anterior, esto es, que la quejosa suscribió préstamos o créditos de carácter personal, con cargo a su nómina de las financieras "TOTAL CREDIT" "WAC DE MEXICO S.A DE .CV., SOFOM E.N.R", "GRUPO ANISAL, SA. DE C.V SOFOM", "GRUPO K F S.A DE C.V SOFOM", "ETESA" "CREDIFIEL", "COMERCIAL COMERNOVA", "BIBLOTECA EDILAR", "FINMART" y "SAPI DE C.V.", sin que hasta ahora la quejosa se haya pronunciado al respecto. Por tanto, el Coordinador y Director, ambos de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, no actúan como autoridades para efectos de este juicio de amparo y, en consecuencia, los descuentos reclamados no son impugnables a través de la vía constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen relación con el vínculo laboral que existe entre la aquí quejosa como trabajadora en activa y las señaladas como responsables, en su carácter de patrón, particularmente los descuentos y/o deducciones que se aplican a su pago como empleado. Por lo que, si el ente que fue señalado como autoridad responsable sólo actúa en sus funciones de patrón, por petición expresa del aquí quejoso, entonces, se encuentra en un plano de igualdad con ésta, sin la posibilidad de actuar con imperio; de ahí que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, que establece: "ARTÍCULO 113. Corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas." Con lo anterior se demuestra que, en la referida relación laboral, el organismo Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón, es decir desde un plano de igualdad con la quejosa, aquí recurrente. Ello es así, porque una nota distintiva de las relaciones de coordinación, en la cual las partes actúan en un plano de igualdad y deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución.". (P./J. 10/90, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, página 92, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación). En resumen, la relación jurídica surgida entre la quejosa y las dependencias públicas que efectúan los descuentos no corresponde al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación, de ahí que no sea dable analizar los actos que se reclaman, en la vía constitucional impugnados. Es orientadora la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. (III.4o.T. J/3 (10a.), Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página 1639, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). En esas condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia que se analiza, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, con apoyo en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tal motivo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del uno de abril de dos mil veintidós, se deja sin efectos.

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, once de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio firmado por el Secretario Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 41/2022 y de origen E-28/2022, que fue remitido con la finalidad de notificar a la moral tercero interesada Hinv. En ese contexto, se tiene por emplazada a la citada tercero interesada, por medio de lista de acuerdos publicada quince de febrero de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos de los que se advierte que se encuentra pendiente la diligenciación del exhorto con número de orden 40/2022 y de origen E-27/2022, enviado con la finalidad de emplazar al presente juicio de amparo a la moral tercero interesada WAC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las nueve horas con treinta minutos del uno de abril de dos mil veintidós. Sin que resulte necesario requerir a la autoridad exhortada, toda vez que mediante oficio 10062/2022, acusó recibo e informó que se procedió a la diliegenciación de la comunicación oficial en comento. Por otra parte se ordena integrar la razón actuarial de once de febrero de dos mil veintidós, elaborada por el actuario adscrito, en la que hace constar la imposibilidad para emplazar a juicio a la moral WAC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en razón de que fue informado por Karla Hernández Trujillo, quien dijo ser gerente de la empresa denominada Vale Feliz, Sociedad Anónima de Capital Variable, que aproximadamente hace dos años en ese domicilio estuvo la empresa tercero interesada, pero que desconoce que domicilio tenga actualmente.

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