Jesus Alonso Lopez Romero
Expediente 583/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Alonso Lopez Romero
- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrto Judicial de Sinaloa, Sinaloa de Leyva, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Así también, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse la demanda de amparo, el auto donde se concedió la suspensión provisional y definitiva; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en consecuencia, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, toda vez que en líneas que antecede se está ordenando el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido, resulta innecesario seguir conservando las constancias certificadas del expediente número 15/1996 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, mismas que fueron remitidas por dicha autoridad, como anexo a su informe justificado; por tanto, mediante oficio que para el efecto se expida, remítanse dichas constancias a dicha autoridad judicial, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdos de nueve de abril y veintiséis de mayo, ambos del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, informando el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; de ahí que, en dicho auto se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, el reclamo del quejoso a las autoridades responsables, consistió en que se proveyera: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa: La falta de emplazamiento en el expediente 15/1996, asimismo, todas las actuaciones subsecuentes, entre ellas, la sentencia definitiva dicta en los autos de dicho expediente, el embargo de los bienes que indica en su demanda y los actos inminentes con los que se pretenda desposeerlo de dichos bienes inmuebles. Del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Guasave, Sinaloa: Las órdenes que dictó en cumplimiento de la solicitud del Juez Mixto de Primera Instancia de Sinaloa, Sinaloa, para que el quejoso fuera emplazado. De los Actuarios Primero y Segundo adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, Actuario tercero adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Guasave, Sinaloa y, Oficiales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Municipios de Sinaloa y Guasave, Sinaloa: La ejecución de las órdenes de las autoridades ordenadoras. Ahora bien, por sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional al quejoso Jesús Alonso López Romero, para efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: Dejar insubsistente la diligencia de entrega de citatorio y emplazamiento de diecinueve y veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 509/2013, de su índice únicamente por lo que hace al quejoso Jesús Alonso López Romero y, como consecuencia, todo lo actuado en ese expediente a partir de dicha diligencia, incluyendo la sentencia definitiva dictada el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y seis, como los actos de ejecución de sentencia únicamente respecto del quejoso Jesús Alonso López Romero y bienes de su propiedad. Y se ordene al Notificador que corresponda proceda nuevamente a llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, del demandado Jesús Alonso López Romero, observando los requisitos de legalidad previstos en la ley aplicable; y de esta manera se le brinde al quejoso, la garantía de previa audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional. En cumplimiento a lo anterior, y, a efecto de garantizar el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la expedites y celeridad de impartición de justicia, mediante oficio número 294/2021, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de marzo del presente año, en el cual dejó insusbsitente el citatorio de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, así como el emplazamiento de fecha veinte de marzo del mes y año antes mencionado, de igual manera dejó sin efecto la ejecución de la sentencia definitiva dictada en autos del expediente 15/1995, en fecha veintitrés de abril del año mil novecientos noventa y seis; ambos efectos únicamente en lo concerniente al quejoso Jesús Alonso López Romero; asimismo la responsable mediante oficio 467/2021 informó que el quejoso Jesús Alonso López Romero deberá ser demandado en juicio autónomo y no en los autos del expediente 15/1995, radicado ante ese Tribunal; anexando constancia de ello. Ahora, tomando en cuenta que se concedió al quejoso Jesús Alonso López Romero, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos de que una vez que cause ejecutoria la resolución emitida, la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sinaloa, Sinaloa, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se les notifique la ejecutoria correspondiente, dejara insubsistente la diligencia de entrega de citatorio y emplazamiento de diecinueve y veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 509/2013, de su índice únicamente por lo que hace al quejoso Jesús Alonso López Romero y, como consecuencia, todo lo actuado en ese expediente a partir de dicha diligencia, incluyendo la sentencia definitiva dictada el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y seis, como los actos de ejecución de sentencia únicamente respecto del quejoso Jesús Alonso López Romero y bienes de su propiedad, y se ordenara al Notificador que corresponda proceda nuevamente a llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, del demandado Jesús Alonso López Romero, observando los requisitos de legalidad previstos en la ley aplicable; y de esta manera se le brinde al quejoso, la garantía de previa audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable en autos de veinticinco de marzo y cuatro de mayo, ambos de dos mil veintiuno, dejó insusbsitente el citatorio de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, así como el emplazamiento de fecha veinte de marzo del mes y año antes mencionado, de igual manera dejó sin sin efecto la ejecución de la sentencia definitiva dictada en autos del expediente 15/1995, en fecha veintitrés de abril del año mil novecientos noventa y seis; ambos efectos únicamente en lo concerniente al quejoso Jesús Alonso López Romero; e informó que el quejoso Jesús Alonso López Romero deberá ser demandado en juicio autónomo y no en los autos del expediente 15/1995, radicado ante ese Tribunal; anexando constancia de ello, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VENTIUNO. CUYO CONTENIDO DICE. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdos de nueve de abril y veintiséis de mayo, ambos del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, informando el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; de ahí que, en dicho auto se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, el reclamo del quejoso a las autoridades responsables, consistió en que se proveyera: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa: La falta de emplazamiento en el expediente 15/1996, asimismo, todas las actuaciones subsecuentes, entre ellas, la sentencia definitiva dicta en los autos de dicho expediente, el embargo de los bienes que indica en su demanda y los actos inminentes con los que se pretenda desposeerlo de dichos bienes inmuebles. Del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Guasave, Sinaloa: Las órdenes que dictó en cumplimiento de la solicitud del Juez Mixto de Primera Instancia de Sinaloa, Sinaloa, para que el quejoso fuera emplazado. De los Actuarios Primero y Segundo adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, Actuario tercero adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Guasave, Sinaloa y, Oficiales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Municipios de Sinaloa y Guasave, Sinaloa: La ejecución de las órdenes de las autoridades ordenadoras. Ahora bien, por sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional al quejoso Jesús Alonso López Romero, para efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: Dejar insubsistente la diligencia de entrega de citatorio y emplazamiento de diecinueve y veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 509/2013, de su índice únicamente por lo que hace al quejoso Jesús Alonso López Romero y, como consecuencia, todo lo actuado en ese expediente a partir de dicha diligencia, incluyendo la sentencia definitiva dictada el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y seis, como los actos de ejecución de sentencia únicamente respecto del quejoso Jesús Alonso López Romero y bienes de su propiedad. Y se ordene al Notificador que corresponda proceda nuevamente a llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, del demandado Jesús Alonso López Romero, observando los requisitos de legalidad previstos en la ley aplicable; y de esta manera se le brinde al quejoso, la garantía de previa audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional. En cumplimiento a lo anterior, y, a efecto de garantizar el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la expedites y celeridad de impartición de justicia, mediante oficio número 294/2021, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de marzo del presente año, en el cual dejó insusbsitente el citatorio de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, así como el emplazamiento de fecha veinte de marzo del mes y año antes mencionado, de igual manera dejó sin efecto la ejecución de la sentencia definitiva dictada en autos del expediente 15/1995, en fecha veintitrés de abril del año mil novecientos noventa y seis; ambos efectos únicamente en lo concerniente al quejoso Jesús Alonso López Romero; asimismo la responsable mediante oficio 467/2021 informó que el quejoso Jesús Alonso López Romero deberá ser demandado en juicio autónomo y no en los autos del expediente 15/1995, radicado ante ese Tribunal; anexando constancia de ello. Ahora, tomando en cuenta que se concedió al quejoso Jesús Alonso López Romero, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos de que una vez que cause ejecutoria la resolución emitida, la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sinaloa, Sinaloa, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se les notifique la ejecutoria correspondiente, dejara insubsistente la diligencia de entrega de citatorio y emplazamiento de diecinueve y veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 509/2013, de su índice únicamente por lo que hace al quejoso Jesús Alonso López Romero y, como consecuencia, todo lo actuado en ese expediente a partir de dicha diligencia, incluyendo la sentencia definitiva dictada el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y seis, como los actos de ejecución de sentencia únicamente respecto del quejoso Jesús Alonso López Romero y bienes de su propiedad, y se ordenara al Notificador que corresponda proceda nuevamente a llevar a cabo la diligencia de emplazamiento respectiva, del demandado Jesús Alonso López Romero, observando los requisitos de legalidad previstos en la ley aplicable; y de esta manera se le brinde al quejoso, la garantía de previa audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable en autos de veinticinco de marzo y cuatro de mayo, ambos de dos mil veintiuno, dejó insusbsitente el citatorio de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, así como el emplazamiento de fecha veinte de marzo del mes y año antes mencionado, de igual manera dejó sin sin efecto la ejecución de la sentencia definitiva dictada en autos del expediente 15/1995, en fecha veintitrés de abril del año mil novecientos noventa y seis; ambos efectos únicamente en lo concerniente al quejoso Jesús Alonso López Romero; e informó que el quejoso Jesús Alonso López Romero deberá ser demandado en juicio autónomo y no en los autos del expediente 15/1995, radicado ante ese Tribunal; anexando constancia de ello, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO JESÚS ALONSO LÓPEZ ROMERO, EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE:Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda el oficio que suscribe el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, y anexa constancia de ello. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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