Javier Ignacio López Díaz
Expediente 776/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Javier Ignacio López Díaz
Actuaciones
- Incidental
Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Javier Ignacio López Díaz, contra los actos y por las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Jueces de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, actuando en la Región Norte, Hugo Calletano Valenzuela Bustamante, Lucila Armenta Espinoza, Anacelida Alarcón de la Rocha, Julia Palafox Vega, Luis Nicanor Barajas Peregrina y Paúl Hermman Pelayo Salazar, Director, Comandante o Encargado de la Policía Procesal del Tribunal Único de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, con residencia en esta ciudad, que fueron precisadas en los considerando segundo de esta interlocutoria.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria Primero del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable citada. Dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido.
- Incidental
Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 776/2019-4A, promovido por Javier Ignacio López Díaz contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; anexando copia de la demanda, requiérase a las autoridades señaladas como responsables el informe previo respecto de los actos reclamados que hace consistir en la orden de aprehensión y/o detención, y su probable ejecución. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda, requiérase a las autoridades señaladas como responsables los informes previos, los cuales deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado de distrito establecer el monto de las garantías correspondientes. En la inteligencia de que podrán rendir el informe de referencia por la vía telegráfica, a través del fax de este juzgado al número telefónico 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, en su caso, se impondrá a cada uno de los omisos una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En ese contexto, se señalan las doce horas con treinta minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para el verificativo la audiencia incidental. Pues bien, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el juzgado debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la medida la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere que los actos sean suspendibles y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión. Además, cuando se solicita la medida cautelar provisional debe acreditar un interés legítimo, en acatamiento a lo indicado en el artículo 131, de la Ley de Amparo, que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado, en virtud que no podrían paralizarse las consecuencias y efectos de los actos que presumiblemente causarán un daño inminente e irreparable al agraviado, si tal interés no está demostrado. Pues bien, respecto a la orden de aprehensión y/o detención, y su probable ejecución que se combate, se concede la suspensión provisional a favor de Javier Ignacio López Díaz, con fundamento en lo establecido por los artículos 162, 165 y 166, de la Ley de Amparo, conforme a lo siguiente: Cuando se trate de orden de detención, aprehensión, reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional (delitos graves así calificados en el sistema penal tradicional), la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad en el lugar que señale para su reclusión la autoridad responsable y quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa (delitos no graves así calificados en el sistema penal tradicional), se concede la suspensión para el efecto de que el quejoso no sea detenido, pero se apercibe al justiciable a fin de que en el término de cinco días se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, de lo contrario, se dejará sin efecto la presente suspensión para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; Si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de las imputadas en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I; y En el supuesto de que el acto reclamado afecte la libertad personal del amparista y éste se encuentre a disposición del agente del Ministerio Público por cumplimiento de la orden de detención, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o, en un plazo de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En la inteligencia de que, si el inconforme incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. La suspensión provisional de los actos reclamados concedida surte efectos hasta en tanto se resuelva acerca de la definitiva en la interlocutoria respectiva. De conformidad con lo establecido por los artículos 138, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo y, toda vez que por el momento no se puede determinar a cuánto asciende el daño patrimonial causado por el delito que se imputa al impetrante del amparo, así como su situación económica y la mayor o menor posibilidad de que se sustraiga a la acción de la Justicia, el quejoso deberá cumplir con las siguientes condiciones: Otorgar garantía por la cantidad de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en cualesquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido de que, si decide que la garantía la exhibirá mediante certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), la cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito"; lo anterior con fundamento en los artículos 879 y 883, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estable las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, de 2 de enero de 2015, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. b) Informar por escrito a este Juzgado de Distrito y bajo protesta de decir verdad, su situación económica, el domicilio en el cual puede ser localizado, si acaso se le negare el amparo y la protección de la Justicia Federal, a fin que sea devuelto al Juzgado de la causa, respecto de su libertad personal; o bien, para que se le puedan hacer las citaciones respectivas. Las indicadas condiciones además de tener su fundamento en los preceptos legales antes citados, tienen apoyo en la interpretación que de dichos preceptos hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1ra/J. 16/1997, producto de la contradicción de tesis número 33/96, publicada en la hoja 226 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1997, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.". En la inteligencia de que, de no cumplir el justiciable con lo señalado en los incisos a) y b) del presente acuerdo dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Amparo; se mandará hacer efectiva la garantía que exhiba a favor del fisco federal y se dejarán expeditos los derechos de las responsables para proceder en su contra, de acuerdo con sus facultades legales, en términos de los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo. Esta medida dejará de surtir efectos si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa, en cumplimiento de una orden privativa de la libertad librada en su contra por autoridades distintas a las aquí señaladas o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Lo anterior en el entendido que el artículo 166 de la Ley de Amparo prevé que si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento a las obligaciones del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Como lo solicita el promovente, expídase copia certificada de la presente determinación, previa toma de razón que por su entrega y recibo se deje en autos. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
- Principal
Visto el escrito de demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 125 de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por Javier Ignacio López Díaz, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 776/2019-4A, y tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. En ese contexto, requiérase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables quienes deberán rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, por la vía fax al número 668 815 32 08 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se les impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las diez horas con treinta minutos del veinte de enero de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional. En diverso orden, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio constitucional al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial. Ahora, se reserva proveer respecto al emplazamiento como tercero interesado para los efectos de este asunto, del agente del Ministerio Público del Fuero Común que, en su caso, haya intervenido en el proceso penal de origen, hasta en tanto obren en el presente juicio de amparo las constancias relativas al acto reclamado. En otro panorama, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en calle Niños Héroes número 645 sur, de la colonia Bienestar, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; de igual manera, téngase como sus autorizados legales en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan Carlos Guerrero Castro, Rafael Cervando Ayala Miranda y Wenceslao Vega García. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Por último, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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