Javier Garcia Zavala

Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
26/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Javier Garcia Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Javier García Zavala; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el escrito firmado por Javier García Zavala que exhibió para dar cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de once de febrero de dos mil veintiuno. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Vista la demanda de amparo, promovida por Javier García Zavala, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de las constancias en el expediente; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Ejecutora Rosa Angélica Maritza Hernández, Actuaria Adscrita a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS Del análisis de la demanda se advierte, que el reclamo del promovente lo hace consistir en dos actos a saber: La admisión del incidente de nulidad de actuaciones de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, pues refiere que se interpuso después de los tres días hábiles que otorga la ley para impugnarlos. La sentencia interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de actuaciones de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, en el juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, actos que le atribuye a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. De lo anterior se concluye que el quejoso reclama de manera destacada la admisión del incidente de nulidad de actuaciones en fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, pues refiere que dicho incidente de nulidad se interpuso después de los tres días hábiles que otorga la ley para impugnarlos, de lo cual se deriva que dicha junta laboral de forma ilegal e improcedente, admitió dicho incidente de nulidad, al haber precluido el derecho de impugnar dichos autos. Por lo que hace a los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó: ".20.-QUE CON FECHA 17 DE DICIEMBRE EL QUEJOSO ANTE ESTE H. JUZGADO INTERPUSE MI ESCRITO DE AMPLIACION DE AMPARO, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 280/2020, LO CUAL SE ACREDITA CON LA COPIA SIMPLE CON SELLÓ ORIGINAL DE RECIBIDO DE DICHO ESCRITO, EL CUAL SE ANEXA EN EL CAPITULO DE PRUEBÁS DE LA PRESENTE DEMANDA, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 21.- Y ES EL CASO QUE USTED H. JUEZ EN DICHO JUICIO DE AMPARO 280/2020 ,EMITIO EL AUTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2021, EN DONDE ORDENA QUE DICHA AMPLIACION DE AMPARO DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020, CON SELLO ORIGINAL DE RECIBIDO 07 DE DICIEMBRE DEL 2020, SE DESLINDE DEL JUICIO PRINCIPAL NUMERO 280/ 2020 Y POR LO TANTO DIO LUGAR AL NACIMIENTO DEL NUEVO AMPARO NUMERO 26/2021, Y EN DICHO AUTO USTED SEÑALO ALGUNAS INCONSISTENCIAS POR SUBSANAR DE PARTE DEL QUEJOSO, LAS CUALES SE VIENEN CUMPLIMENTANDO A TRAVES DE LA PRESENTE DEMANDA-DE AMPARO. Luego, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la admisión del incidente de nulidad de actuaciones de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, pues refiere que se interpuso después de los tres días hábiles que otorga la ley para impugnarlos, este órgano de control constitucional advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, ya que los actos reclamados por el solicitante de amparo se encuentran consentidos tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", la que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Primera Edición, página 465, significa "exclusión, alternativa o contraposición", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Ahora bien, del escrito aclaratorio de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno se advierte que el quejoso manifestó lo siguiente: ".EL INCISO D.- VENGO ACLARANDO QUE LA RESPONSABLE SI ME NOTIFICO EL AUTO DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2021, EL CUAL ME LO NOTIFICO LA RESPONSABLE EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2020, LO CUAL SE ACREDITA CON LA COPIA SIMPLE DE DICHA NOTIFICACION, LA CUAL LA VENGO ANEXANDO AL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES AQUE HAYA LUGAR.". En ese sentido, es dable considerar que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el peticionario de amparo le fue notificado de manera personal en las instalaciones del Tribunal de origen, el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, lo que se acredita con la cédula de notificación de esa propia fecha, del acto que ahora reclama; que hace consistir en la admisión del incidente de nulidad de actuaciones de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, pues refiere que se interpuso después de los tres días hábiles que otorga la ley para impugnarlos, lo cual evidencia que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el segundo supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Entonces, si el promovente de amparo conoció de tal acto desde el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse el veinte de febrero de dos mil veinte y feneció el once de marzo de ese mismo año, previo descuento de los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar la admisión del incidente de nulidad de actuaciones de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. No.2-12-560/1994, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Se adopta tal postura, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir los actos reclamados precisados con anterioridad transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo como se dijo en párrafos precedentes tuvo conocimiento de tal acto el diecinueve de febrero de dos mil veinte, fecha en que le fue notificado de manera personal. En esas condiciones, si la demanda de amparo de cuenta fue presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, vía ampliación de demanda, en el diverso juicio de amparo 280/2020, del índice de este órgano constitucional, y en proveído de once de febrero de dos mil veinte, por tratarse de actos no relacionados en dicho juicio, dando nacimiento al nuevo amparo en que se actúa, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto de los referidos actos reclamados; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que dicho término como se dijo transcurrió del veinte de febrero de dos mil veinte al once de marzo de dos mil veinte. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". No pasa inadvertido para este resolutor que los actos que se duele la parte quejosa y que lo hace consistir en la admisión del incidente de nulidad de actuaciones de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, procede el incidente de nulidad de actuaciones; sin embargo, dicho incidente promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, resultando improcedente el juicio de amparo indirecto, pues a dichos actos les reviste el carácter intraprocesales en esa fase ejecutiva. Por otra parte, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador el hecho de que el promovente como consecuencia del acto analizado con anterioridad, también se duele de la sentencia interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de actuaciones de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, en el juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; de ahí que en relación a ello, se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Del último precepto invocado, se colige la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual se distinguen los siguientes supuestos: Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y, Actos específicos, a saber: Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y bien la entrega de los bienes rematados, donde también podrá combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Ello es así, en virtud de que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la sentencia interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de actuaciones de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, en el juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, actos que le atribuye a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en la que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994. De lo anterior, se colige que el juicio de origen está en etapa de ejecución, en virtud que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la concesión protectora, para efectos de que se le respetara el derecho de audiencia a Jorge Rafael Mezta Álvarez, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en el recurso de revisión 64/2018, relativo al juicio de amparo 299/2018, de nuestro índice, dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, en la que se resolvió el remate y adjudicación del bien inmueble en conflicto en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, cuestión que se invoca como hecho notorio. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 10, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época de registro: 2017123, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". Aunado a lo anterior, la resolución dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, en el juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, en la que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, no es una resolución autónoma sino que guarda estrecha relación con la ejecución del laudo, ordenado en atención a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 299/2018, del índice propio, en la que se concedió el amparo para reponer el procedimiento de remate y otorgarle el derecho fundamental de audiencias al tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, por lo que la sentencia del incidente de nulidad, tuvo como objeto declarar la nulidad de la notificación mal realizada por el Actuario adscrito a la Junta Laboral y ordenar que se realizara nuevamente conforme a derecho y se cumpliera así con la ejecutoria de amparo; por ende, tal determinación aún no es impugnable en la vía constitucional, pues, aún no se aprueba o reconoce el cumplimiento total del laudo o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o se ordena el archivo definitivo del expediente. En este sentido y conforme a lo expuesto, se estima que el acto reclamado en el presente juicio de amparo no es la última resolución dictada en la etapa de ejecución como lo señala el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, en el presente caso (laudo), como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total del laudo o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal como se aprecia de la parte conducente del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Ampro, que textualmente dispone: ".Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..". Ahora bien, de lo dispuesto en el precepto en estudio, se deduce que para que proceda el juicio de amparo se deben dar los siguientes actos: a) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y, b) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. La distinción entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y la diversa "en ejecución de la misma", consiste en que la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, se trata de una actuación en la etapa de ejecución de laudo, lo que hace por ahora improcedente esta instancia constitucional. De ahí que, los autos intermedios dictados dentro de la etapa de ejecución, como al efecto lo constituye la resolución reclamada, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; por tanto, si fue emitida en la etapa de ejecución de laudo, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, lo cierto es que todavía conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo condenado en el laudo, por lo que dichas actuaciones no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo; al no ser de aquellas que prevé la hipótesis legal que nos ocupa, no puede ser combatida a través del juicio constitucional en este momento, toda vez que debe evitarse la obstaculización del cumplimiento del laudo. Es aplicable, la tesis VII.2º C.23 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página 1947, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, de registro 175683 de del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia. Lo anterior, se reitera, debido a que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, se exige que para la impugnación de los actos dictados en ejecución de sentencia o laudo en amparo indirecto, la resolución debe ser la última, ya que éstas tienen como base la existencia de una sentencia o laudo con carácter de cosa juzgada, y cuya ejecución no debe obstaculizarse; esto es, la finalidad es que las sentencias firmes sean cumplidas sin que se obstruya dicho cumplimiento con la promoción de múltiples juicios constitucionales." De modo que, con el contenido del segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, del cual se obtiene que la última resolución que se realiza en los actos de ejecución de sentencia, contra la cual procede el juicio de amparo, es aquella que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ordena el archivo definitivo del expediente. Entonces, en los actos de ejecución se otorga la calidad de última resolución emitida en este proceso, a diversas determinaciones que tienen el efecto de poner de relieve el cumplimiento total de la sentencia en el caso, lo es el (laudo) o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias o por el reconocimiento tácito derivado de la orden de archivar en forma definitiva el expediente. Luego, substancialmente resulta incontrovertible que lo reclamado en esta vía es un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el correspondiente procedimiento de ejecución, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante esta etapa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 230, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, de registro196894, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". De lo expuesto, se advierte que el juicio de amparo biinstancial únicamente puede promoverse contra la última resolución dictada en la etapa de ejecución, lo que significa que, por exclusión, todas las determinaciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio de amparo, como en el presente asunto acontece, toda vez que la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de actuaciones de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los proveídos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994; pues contra dicho acto de autoridad no procede el juicio de amparo indirecto, sino sólo contra la resolución final que declare que el laudo ha sido cumplido o, bien, que existe una imposibilidad material para su cumplimiento, pues se insiste, no debe evitarse el cumplimiento de la cosa juzgada. Se cita en concordancia a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 75, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, de registro 181144, que versa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." . Por ello, se reitera, es manifiesto e indudable que se está en la regla genérica para actos de ejecución de sentencia. De considerar lo contrario, implicaría un abuso en la promoción del juicio de amparo, lo que además traería como consecuencia el retardo en la ejecución del laudo, lo que sin duda generaría perjuicio a las partes. Luego, al no reclamarse la "última resolución" de ese periodo, el juicio de amparo es improcedente, ya que el acto reclamado debe considerarse como un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución del laudo, y no como una determinación que le revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal de ejecución, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV de la Ley de Amparo, en virtud de no ser aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total del laudo o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190035, cuyo rubro y texto se citan. "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia I.6o.T. J/89, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1482, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2008, Novena Época, Materia Laboral, con número de registro 170134, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: 'AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.', determinó que por 'última resolución' dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto.". De igual forma, se sostiene lo anterior con el contenido de la jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.), que emitió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1941, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con el Registro 2011342, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución.". Asimismo, se advierte que respecto a la sentencia interlocutoria de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el apoderado legal del tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los proveídos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera notoria e indudable la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Por tanto, como se desprende de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, el acto reclamado lo es la sentencia interlocutoria de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los proveídos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994. Sin embargo, opera el cambio de situación jurídica, tomando en consideración que tal y como se advierte de las constancias que obran en el juicio de amparo número 299/2018, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por el tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, no obstante que constituye un hecho notorio para este juzgado de Distrito, se ordena agregar copias certificadas, con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, llevó a cabo la audiencia de conciliación en el juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, sin la comparecencia de las partes, como consecuencia de haberse declarado nulas las notificaciones practicadas con fechas dos de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de enero de dos mil veinte, relativas a los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, señalada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte. Consecuentemente, es de señalarse que en el juicio del cual emana el acto reclamado, ha operado un cambio de situación jurídica, ya que si bien es cierto en el presente juicio de amparo se reclama la sentencia interlocutoria de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los proveídos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, en la que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, cuyos puntos resolutivos son: ".PRIMERO. Se declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Jorge Rafael Mezta Álvarez, respecto de las notificaciones practicadas con fechas dos de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de enero de dos mil veinte, relativas a los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, declarándose nulas dichas notificaciones. SEGUNDO. Se deja sin efectos la audiencia de conciliación celebrada a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, de igual forma los apercibimientos a que se hizo acreedor Jorge Rafael Mezta Álvarez, tal y como lo indican los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. TERCERO. Motivo por el cual se señalan las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, para que tenga lugar la audiencia de conciliación, la cual se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa esta Junta, debiendo comparecer las partes de forma personal, apercibiéndoseles que en caso de no hacerlo en la data antes indicada se les tendrá por inconformes con todo arreglo conciliatorio y se continuará con el procedimiento en la etapa de ejecución, corriéndoseles traslado de la presente resolución y de autos de veintidós de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil diecinueve.". De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable declaró nulas las notificaciones practicadas con fechas dos de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de enero de dos mil veinte, relativas a los autos de veintidós de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, y señaló las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, para que tenga lugar la audiencia de conciliación, la cual se llevó a cabo en la fecha indicada en los siguientes términos: ."CUENTA J.E. NO.2-12-560/1994, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte, día y hora señalado para que tenga lugar la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, estando debidamente integrada esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por la Licenciada Epitacia Elizabeth Bueno López, Representante de Gobierno, Licenciada Fabiola Robles Ruiz Representante del Capital, y María de Los Ángeles Ahumada Rodríguez Representante de los Trabajadores, la Licenciada Mariel Melissa Cruz Núñez, Secretaria de Acuerdos, da cuenta al pleno de esta Junta de la incomparecencia de las partes en el presente juicio.- Iniciada la audiencia por la secretaria de acuerdo se les concedió a las partes un Termino de diez Minutos de espera, no habiendo comparecido la parte actora, así corno la demandada a la presente audiencia no obstante de estar debidamente notificadas y apercibidas en los términos de ley y que se les voceo por tres veces consecutivas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.- CONST E.- DOY FE.- De conformidad con las fracciones I y II del artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo no es posible exhortar a las partes, esto en virtud de la incomparecencia de las mismas a la presente audiencia, no obstante que de los presentes autos se desprende que fueron debidamente notificados y apercibidos en los términos de ley, por lo que se les tiene por inconformes con todo arreglo conciliatorio, por concluida la presente etapa, tal como lo dispone la fracción V del precepto legal antes invocado. Teniéndosele a la parte actora por reproducido su escrito inicial de demanda mientras que a la parte demandada se les tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo salvo prueba en contrario como consecuencia de su falta de asistencia a la presente audiencia con fundamento en los artículos 873 y 879 de la Ley de la Materia. Decretándose la notificación por estrados a las partes. Así lo proveyeron y firman los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, ante el Secretario de Acuerdos, quienes legalmente actúan y dan fe.- doy fe.". Por tanto, con la celebración de la audiencia de conciliación se actualizó la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; atento a las siguientes consideraciones. De conformidad con el precitado artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica se produce, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que posteriormente se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Por tanto, como ha quedado establecido en el presente caso el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el tercero ajeno Jorge Rafael Mezta Álvarez, contra los proveídos de veintidós de noviembre y once de diciembre ambos de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, en la que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, y en fecha nueve de diciembre de dos mil veinte llevó a cabo la audiencia de conciliación en los términos transcritos precedentemente; por tanto se actualiza la causal de improcedencia apuntada y se estima que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, ya que la autoridad responsable Junta Especial número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió al Juicio de amparo 299/2018, del índice de este Juzgado anexó copia certificada de la audiencia de conciliación celebrada el nueve de diciembre de dos mil veinte, juicio laboral J.E. NO.2-12-560/1994, que trae por resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado, que en el caso lo es la resolución interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veinte, sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél, lo que determina la imposibilidad de entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Por lo que de la correcta intelección que se hace a la fracción XVII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, se permite establecer, que existe cambio de la situación jurídica y por ende la demanda en estudio también resulta improcedente por esta causa, motivando su desechamiento. Al respecto, cabe citar lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la Novena Época, Registro: 199808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CXI/96, visible en la página: 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Sobre el tema el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la Octava Época, Registro: 209603, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Penal, Tesis: IV.3o. 116 P, visible en la página: 311, ha señalado: "SITUACION JURIDICA. CAMBIO DE. En términos generales se ha entendido al procedimiento como una situación de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, lo que explica que la ilegalidad de uno de ellos usualmente produzca la insubsistencia de todos los posteriores; sin embargo, este principio, que desde el punto de vista cronológico puede resultar exacto, no implica que siempre la ilegalidad de un acto de procedimiento conduzca a la irregularidad de todos los subsecuentes. Cada acto de procedimiento tiene una esfera de influencia o trascendencia respecto de los actos siguientes, al grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos procesales. Esto obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que, atendiendo a su existencia o a su calidad, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica." Asimismo, apoya a lo anterior la Tesis de la Octava Época, con número de registro 230948, pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Civil, página 91, la cual indica: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACION. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que alude se surte cuando dentro de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica.". En las relatadas condiciones, es incuestionable que en el caso cobran vigencia de manera notoria e indudable las causas de improcedencia contempladas en las fracciones XIV, XVII y XXIII del artículo 61, en concordancia con los diversos ordinales 17, 18 y 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle San Marino número 2131 Fraccionamiento Los Ángeles, en esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adriana Elizabeth Inzunza Flores y Rosario Arturo Osornio Lopez.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por Javier García Zavala, con el que pretende cumplir con la prevención que se le hizo en auto de once de febrero de dos mil veintiuno; pues bien, del contenido del escrito de cuenta se desprende que la parte promovente no cumple con la prevención realizada. En el auto de once de febrero de dos mil veintiuno, se le previno al promovente de amparo para que subsanara los nueve puntos allí detallados, a saber: Que precisara los antecedentes del acto reclamado. Que indicara las partes que integran el juicio de origen J.E.No.2-12-560/1994, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Los Mochis, Sinaloa. Que mencione la etapa procesal en que se encuentra el juicio laboral J.E.No.2-12-560/1994, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Los Mochis, Sinaloa. Que precisara si fue notificado de la admisión del incidente de nulidad de actuaciones, que refiere fue admitido el dieciocho de febrero de dos mil veinte, por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Los Mochis, Sinaloa, y de ser así, indicara la fecha en que se realizó dicha notificación. Que indicara si durante la secuela del procedimiento del incidente de nulidad de actuaciones, hizo valer algún medio ordinario de defensa. Que señalara la fecha de notificación de la resolución interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de actuaciones en el juicio laboral J.E.No.2-12-560/1994, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Que precisara el domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrían por señalados los estrados de este Juzgado de Distrito. Que aclarara si al licenciado Rosario Arturo Osornio López lo autorizaba en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En el citado auto del once de febrero de dos mil veintiuno, se le apercibió al promovente de amparo que de no cumplir con lo antes señalado, se tendría por no presentada la demanda de amparo. El citado proveído se le notificó al autorizado del promovente de amparo, el día diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo anterior, el promovente presentó el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, escrito aclaratorio en donde: Señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Autorizó a los licenciados en Derecho Adriana Elizabeth Inzunza Flores y Rosario Arturo Osornio López, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Expuso los antecedentes del acto reclamado, que consideró prudentes. Adujo que las partes en el juicio laboral J.E.No.2-12-560/1994, son el quejoso en su calidad de cesionario y el demandado de nombre Enrique Velderrain Ayala. Aclaró que el juicio laboral J.E.No.2-12-560/1994, se encuentra en la etapa procesal en donde dicha Junta dejó sin efecto a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, donde se resolvió el remate y adjudicación del bien inmueble correspondiente al lote 17, localizado en la calle Tres número 1665, fraccionamiento Jardines del Country, de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Indicó que la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de notificaciones, fue de su conocimiento el diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Sin embargo, no se cumplieron con los puntos marcados con los incisos d) y e) que fueron detallados anteriormente; por tanto, la prevención subsiste y se le previene al promovente que de subsanar los puntos faltantes, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Conviene señalar, el firmante estructuró su escrito como si se tratara de una demanda de amparo, hecho que puede resultar confuso al momento de analizarlo; ahora, con el fin de facilitar el cumplimiento de lo pedido, a manera de ejemplo se puede señalar que el cumplimiento correspondiente también puede realizarse a través de incisos o párrafos enumerados, correlacionando cada uno de éstos, con los incisos aquí expuesto, para que de esa forma este Juzgado de Distrito pueda calificar y analizar lo dicho por el promovente, de forma más ágil. Atento a lo anterior, se tiene por interrumpido el término que le fue concedido para que cumpla la prevención que se le formuló, ello de conformidad con la jurisprudencia 2a./J.106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO" En consecuencia, se precisa, el auto que previene al promovente se le notificó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y el escrito de cuenta se presentó el veintitrés de febrero, esto es, al tercer día del término de cinco que se le otorgó, por lo que aún tiene un plazo de dos días para cumplir con lo requerido en líneas precedentes.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por Javier García Zavala, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Estado, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 26/2021-1. Ahora, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 110 y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo en vigor, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad y atendiendo los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, cumpla con la prevención siguiente: Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el promovente reclama en vía de ampliación una resolución interlocutoria sin fecha de admisión y un proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ambos emitidos por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, escrito de demanda que no reúne los requisitos elementales que debe contener la demanda de amparo contenidas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, siendo del texto siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Asimismo, el diverso ordinal 114 de la ley de la materia, faculta al órgano jurisdiccional que conozca de un escrito de demanda, requerir al promovente de amparo a fin de que aclare el citado ocurso, señalando con precisión, en el proveído que recaiga al respecto, deficiencias, irregularidades u omisiones que deban subsanarse, para ello establece cuando se surten dichos supuestos, como son: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En ese orden, la parte promovente deberá, formular la demanda con los requisitos y formalidades que toda demanda debe contener y además deberá aclarar lo siguiente: Precisar los antecedentes del acto reclamado. Indicar las partes que integran el juicio de origen J.E.N. 2-12-560-1994, del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Mencionar la etapa procesal se encuentra el juicio laboral J.E.N. 2-12-560-1994, del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Precisar porque le resulta el carácter de tercero ajeno a Jorge Rafael Mezta Álvarez; pues refiere que de forma dolosa le fue notificado el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte. Deberá precisar si le fue notificado la admisión del incidente de nulidad de actuaciones, que refiere fue admitido en fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, por la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; de ser así, deberá indicar la fecha en que se realizó dicha notificación. También deberá indicar si durante la secuela del procedimiento del incidente de nulidad de actuaciones, hizo valer algún medio ordinario de defensa. Asimismo, deberá señalar la fecha de notificación de la resolución interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de actuaciones en el juicio laboral J.E.N. 2-12-560-1994, del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. De igual forma también deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que no hacerlo se le tendrán los estrados de este Juzgado para tales efectos. También deberá aclarar si autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Rosario Arturo Osornio López Apoya jurídicamente lo que precede la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, sustentada por el tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." También es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo. En el entendido de que la parte quejosa deberá acompañar el número de copias necesarias de su escrito aclaratorio para el traslado de las partes, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo concedido se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Autorización de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Asimismo, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones a Rosario Arturo Osornio López.

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