Javier Garcia Zavala
Expediente 528/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Javier Garcia Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JAVIER GARCIA ZAVALA, EL AUTO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el escrito firmado por Javier García Zavala mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Vista la demanda de amparo, promovida por Javier García Zavala, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de las constancias en el expediente; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ? Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ? Actuario Judicial Adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS ".LA ILEGALIDAD DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 02 DE SEPTIEMBRE 2019 EL CUAL FUE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA SI BIEN ES CIERTO LA MISMA REFIERE QUE CON DICHO AUTO PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUEZ SEXTO DISTRITO DEL ESTADO DE LO CUAL REFIERE QUE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 387/2017-2B, EN EL QUE POR RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA E FECHA 29 DE JUNIO 2017 DICHO JUEZ DE DISTRITO CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA AL QUEJOSO RAFAEL MEZTA ÁLVAREZ LO CUAL SUCEDIÓ EN, LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: (RESULTA PROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA PARA EFECTOS DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE GUARDAN Y NO SE DESPOSEA AL QUEJOSO DEL BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN UNA FINCA URBANA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL COUNTRY DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO 29 DE LA MANZANA 235 CON UNA SUPERFICIE DE 465.18 METROS CUADRADOS CON CLAVE CATASTRAL NÚMERO MS-06-235-029 QUE DESCRIBE EN SU DEMANDA DE AMPARO, CON MOTIVO DE LAS ÓRDENES DICTADAS EN EL JUICIO LABORAL J.E. NO.2-12-560/1994, QUE SE ADJUDICÓ DICHO INMUEBLE A FAVOR DE JAVIER GARCÍA ZAVALA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA SENTENCIA EJECUTORIADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL QUE SE DERIVA ESTE INCIDENTE).". Asimismo en vía de ampliación reclama: ".LA OMISIÓN DE AVOCARSE AL ESTUDIO PROFUNDO Y CONSISTENTE Y CONFORME A DERECHO DE MI ESCRITO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019, EL CUAL CONSISTIÓ EN UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DESCRITA EN DICHO ESCRITO.". ".LA OMISION EXAMINAR Y VALORAR CONFORME A DERCHO EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL TOCA NÚMERO 278/2000 EL CUAL OBRA EN AUTOS DEL JUICIO LABORAL 560/1994, QUE EL 19 DE OCTUBRE SE AGREGARON OFICIOS DERIVADOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 426/99/3. Por lo que hace a los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó: "El caso que nos ocupa se deriva del juicio laboral número 560/1994, seguido y concluido en la H. laboral de la local 02 de conciliación y arbitraje de esta ciudad delos Mochis, del cual se advierte que con fecha 10 de OCTUBRE de 1999 el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, remitió EL TOCA 278/2000 al PRESIDENTE DE LA JUNTA LABORAL NO.02 de la local de conciliación y arbitraje, de esta ciudad de los MOCHIS SINALOA, y en dicho expediente laboral se advierte a través de dicha RESOLUCIÓN DEL CITADO TOCA, que el Quejoso es el único PROPIETARIO del inmueble cuya clave catastral le correspondió la NO.M506233001. Y que posteriormente en dicho JUICIO LABORAL se aclaró conforme a DERECHO que dicha clave catastral paso hacer la NO.MS06233017, precisando que dicho inmueble está ubicado en esta ciudad de los MOCHIS EN LA COLONIA JARDINES DEL COUNTRY POR LA CALLE TERCERA NO1665; Y es el caso el Día 12 de AGOSTO DEL 2019 el licenciado ROSARIO DOROTEO RUIZ RAMIREZ en su carácter de actuario de la junta laboral de referencia se apersono en el domicilio antes descrito para efectos de dar posesión física y material del inmueble en mención consistente en una finca urbana terreno y construcción con una superficie de 374.50mts. Con las siguientes medidas y colindancia. Al norte 14 metros con calle y sin nombre al sur 14 metros con lote 7 al oriente 26.75 metros con lote 18 al poniente 26.75 metros con lote 16 misma manzana propiedad de MANUEL ENRIQUE VELDERRAIN AYALA inscrita bajo la INSCRIPCION NO.40 libro 218 sección, consistente en posesión física y materia del bien inmueble en mención al cesionario el C. JAVIER GARCIA ZAVALA del bien inmueble embargado y rematado por dicha autoridad laboral y mencionado con antelación de las escritura pública que ampara de dicha propiedad del NO.16963, volumen XLVI, LIBRO IV PASADA DE LA FE PUBLICA DEL NOTARIO PUBLICO NO.106, con ejercicio y residencia en este MUNICIPIO, para lo cual se autorizó por dicha junta laboral el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, para efecto de desalojar el inmueble en cuestión a cualquier persona que se encontrara dentro del mismo y que quisiera impedir el mandamiento que por LEY LE CORRESPONDE esto de dar cumplimiento de poner en posesión física y material de dicho inmueble a su propietario el C. JAVIER GARCIA ZAVALA y es el caso que dicho ACTUARIO atreves de la diligencia de fecha 12 AGOSTO 2019. EN LA FORMA ANTES DESCRITA Y CON EL AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA procedió conforme a DERECHO dando cabal cumplimiento a lo ordenado por dicha autoridad laboral atreves del AUTO DE FECHA 15 DE JULIO 2019 primera y para efecto de llevar acabo lo ordenado en el auto de fecha 15 DE JULIO DEL 2019, y es el caso en el lugar de los hechos y atreves de dicha diligencia judicial. Se puso en posesión de física y material al QUEJOSO de aproximadamente la mitad de la residencia y/o casa habitación ahí localizada; de lo cual se advierte que del inmueble ante descrito la residencia ahí ubicada se traslapo en 8 METROS DE FRENTE,por lo tanto al QUEJOSO la autoridad laboral ante descrita lo puso en posesión física y material de esa parte de dicha residencia y/o casa habitación, hasta completar por el frente 6 metros de frente por 26.75 de fondo correspondiente a un lote baldío colindante con dicha casa hacia el poniente, complicando así 14 metros de frente por 26.75 metros de fondo, completando la posesión física y material de referencia en favor del QUEJOSO; lo anterior lo vengo acreditando con la copia simple de la diligencia de fecha 12 de AGOSTO 2019, atreves de la cual la autoridad laboral da referencia puso en posesión física y material de dicho inmueble Y CONFORME a DERECHO al QUEJOSO; por lo cual vengo presentado a la presente demanda de AMPARO en el capítulo de prueba de la misma una copia simple de dicha diligencia judicial, para los efectos legales a los que haya lugar vengo anexando a la presente demanda laboral en el capítulo de prueba de las mismas una copia simple con sello original de recibido de dicha AUTORIDAD laboral, mediante la cual el QUEJOSO le solicito a esta una copia certificada de dicha diligencia judicial por lo cual el QUEJOSO se reserva el DERECHO de presentar ante este H. JUZGADO DE DISTRITO una copia certificada de dicha diligencia judicial en el momento en que la obtenga d dicha autoridad laboral. En ese sentido, se obtiene que la parte quejosa se duele primordialmente del auto de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad en el juicio laboral número J. E. No. 2-12-560/1994; cuyo contenido se transcribe: "LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos los autos que integran el expediente J.E.No.2-02-12-560/1994, de los cuales se advierte que, el quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez, promovió demanda de amparo indirecto número 387/2017-2B, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el que, por resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se concedió la suspensión definitiva solicitada. En efecto, en la interlocutoria relativa al incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva en los términos siguientes: "Resulta procedente conceder la suspensión definitiva solicitada para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se desposea al quejoso del bien inmueble consistente en una finca urbana ubicada en fraccionamiento Jardines del Country de esta ciudad identificado como lote número 29, de la manzana 235, con una superficie de 465.18 metros cuadrados, con clave catastral MS-"6-235-029 que describe en su demanda de amparo, con motivo de las órdenes dictadas en el juicio laboral J.E.No. 2-12-560/94 de índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que se adjudicó dicho inmueble a favor de Javier García Zavala, parte actora y/o cesionaria en el juicio laboral en cita; hasta en tanto se-dicte la sentencia ejecutoriada en el expediente principal del que deriva este incidente.". Sin que obste a la anterior determinación que, se haya declinado la competencia al Juzgado Quintad Distrito en el Estado de Sinaloa, respecto al juicio constitucional, mismo que lo radicó bajo el número 299/2018-9 y que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, haya sobreseído el juicio de amparo el amparo; ya que, la quejosa interpuso recurso de revisión número 64/2018, del índice del Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mismo que, hasta la data actual, se encuentra sub júdice. Luego entonces, al encontrase pendiente de resolución judicial en el recurso de revisión 64/2018, promovido ante el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, implica que, aún se encuentra surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida a la quejosa mediante interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil diecisiete y lo resuelto en ella, no puede ser inobservado debido a que no se ha emitido ejecutoria. Cabe destacar que, este órgano jurisdiccional, mediante auto de quince de julio de dos mil diecinueve, comisionó al actuario adscrito para efectos de que, acompañado por el actor se constituyeran en el domicilio donde se encuentra el bien inmueble embargado, para ponerlo en posesión de los accionantes; lo cual, trasguee los lineamientos de la resolución de suspensión apuntada. En ese contexto, en estricto apego en lo dispuesto por el numeral 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme lo preceptuado por el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, se corrige el procedimiento laboral; por lo que, se deja sin efectos el auto de quince de julio de dos mil diecinueve, asimismo la diligencia actuarial de doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual, se puso en posesión material de los actores el bien inmueble, consistente en finca urbana terrero y construcción con una superficie de 374.50 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 14.00 metros con calle sin nombre, al sur 14.00 metros con lote 7, al oriente 26.75 metros con lote 18; misma manzana, propiedad de Manuel Enrique Velderrain Ayala, inscrita bajo la inscripción número 40, libro 218, sección primera. En consecuencia, se requiere al actor Javier García Zavala, para que de manera inmediata, haga entrega del bien inmueble descrito en líneas precedentes. Lo anterior en cabal cumplimiento a la suspensión definitiva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, de veintinueve de junio de dos mil diecisiete; por lo que, en caso de negativa a obedecer lo mandatado, se faculta al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que, con auxilio de la fuerza pública proceda al rompimiento de las cerraduras y haga la entrega de manera inmediata al quejoso Jorge Rafael Mezta Álvarez el bien inmueble en discordia, debiendo levantar acta circunstanciada de lo actuado, girándose el oficio respectivo a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahorne, Sinaloa para efecto de que proporcione al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional los elementos necesarios para llevar a cabo la diligencia encomendada. De igual forma, notifíquese de forma personal al Licenciado Antonio Oscar Ojeda Benítez, Notario Público Número 106, con ejercicio y residencia en esta Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, con domicilio en calle Marcial Ordoñez número 157 poniente, Colonia Bienestar, código postal 81280, para efecto de que lleve a cabo la cancelación de la escritura pública número 16,963, libro IV, volumen XLVI, mediante la cual protocolizó la adjudicación de la finca urbana, terrero y construcción ubicada en avenida tres, del fraccionamiento Jardines del County, Sección A de esta ciudad, con una superficie de 374.50 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 14.00 metros con calle sin nombre, al sur 14.00 metros con lote 7, al oriente 26.75 metros con lote 18; misma manzana, propiedad de Manuel Enrique Velderrain Ayala, inscrita bajo la inscripción número 40, libro 218, sección primera, con clave catastral MS/300/006/235/017/001. Así también, se gira atento oficio a la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del comercio en esta Ciudad para efectos de que lleve a cabo la cancelación de la escritura número 16,963, libro IV, volumen XLVI, mediante la cual protocolizó la adjudicación de la finca urbana, terrero y construcción ubicada en avenida tres, del fraccionamiento Jardines del Country, Sección A de esta Ciudad, con una superficie de 374.50 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: al Norte. 14:00 metros con calle sin nombre, al sur 14.00 metros con lote 7, al oriente 26.75 metros con lote 18; misma manzana, propiedad de Manuel Enrique Velderrain Ayala, inscrita bajó la inscripción número 40, libro 218, sección primera, con clave catastral MS/300/006/235/017/001. Asimismo, gírese atento oficio al Juez Quinto de Distrito del Estado de Sinaloa, con copia certificada del presente acuerdo, solicitando tenga a bien considerar que, en la especie, este órgano jurisdiccional, no ha trasgredido los lineamientos de la interlocutoria de suspensión. Decretándose la notificación a la parte actora y demandada de manera personal en el domicilio que obra en autos, así como al Licenciado Antonio Oscar Ojeda Benítez, Notario Público Número 106, con ejercicio y residencia en esta Ciudad de Los Mochis Ahome, Sinaloa, en calle Marcial Ordoñez número 157 poniente, Colonia Bienestar, código postal 81280. Así lo proveyó y firma la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local De Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa ante el Secretario de Acuerdos que da fe.". Sentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que respecto al acto reclamado consistente en el auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario que hace consistir en el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, en autos del juicio J.E. No. 2-12-560/1994, y su ejecución, quedaron insubsistentes; en razón de que la citada responsable emitió nuevo acuerdo en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el diverso juicio 299/2018, dejando insubsistente todo lo actuado a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, en la que se resolvió el remate y adjudicación del bien inmueble en conflicto en el mencionado juicio laboral, cuestión que se invoca como hecho notorio. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 10, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época de registro: 2017123, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". Ahora bien, el artículo 61 fracción XXI, de la ley de amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación literal del enunciado normativo tenemos que según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra cesar significa: suspenderse o acabarse. Así las cosas se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando se suspenden o acaban los efectos del acto reclamado. Los efectos del acto reclamado pueden suspenderse o acabarse por: a) revocación y b) sustitución. La cesación por revocación se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ahora bien, en ambos supuestos, es necesario que la cesación de efectos sea de manera incondicional o inmediata, de tal suerte que restablezca de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la ley de amparo. Así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, tenemos que el acto reclamado del quejoso Javier García Zavala, consistió en: "AUTO DE 02 DE SEPTIEMBRE 2019 EL CUAL FUE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA SI BIEN ES CIERTO LA MISMA REFIERE QUE CON DICHO AUTO PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUEZ SEXTO DISTRITO DEL ESTADO DE LO CUAL REFIERE QUE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 387/2017-2B, EN EL QUE POR RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA E FECHA 29 DE JUNIO 2017 DICHO JUEZ DE DISTRITO CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA AL QUEJOSO RAFAEL MEZTA ÁLVAREZ LO CUAL SUCEDIÓ EN, LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: (RESULTA PROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA PARA EFECTOS DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE GUARDAN Y NO SE DESPOSEA AL QUEJOSO DEL BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN UNA FINCA URBANA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL COUNTRY DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO 29 DE LA MANZANA 235 CON UNA SUPERFICIE DE 465.18 METROS CUADRADOS CON CLAVE CATASTRAL NÚMERO MS-06-235-029 QUE DESCRIBE EN SU DEMANDA DE AMPARO, CON MOTIVO DE LAS ÓRDENES DICTADAS EN EL JUICIO LABORAL J.E. NO.2-12-560/1994, QUE SE ADJUDICÓ DICHO INMUEBLE A FAVOR DE JAVIER GARCÍA ZAVALA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA SENTENCIA EJECUTORIADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL QUE SE DERIVA ESTE INCIDENTE).". ".LA OMISIÓN DE AVOCARSE AL ESTUDIO PROFUNDO Y CONSISTENTE Y CONFORME A DERECHO DE MI ESCRITO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019, EL CUAL CONSISTIÓ EN UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DESCRITA EN DICHO ESCRITO.". ".LA OMISION EXAMINAR Y VALORAR CONFORME A DERCHO EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL TOCA NÚMERO 278/2000 EL CUAL OBRA EN AUTOS DEL JUICIO LABORAL 560/1994, QUE EL 19 DE OCTUBRE SE AGREGARON OFICIOS DERIVADOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 426/99/3. Sin embargo, es un hecho notorio para este órgano judicial el envió a este Juzgado de Distrito, del oficio número 2545, de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, signado por la presidenta de la Junta Especial número dos de la local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió diversas constancias del juicio laboral número J.E. No. 2-12-560/1994, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 299/2018, promovido por Jorge Rafael Mezta Álvarez, del índice de este órgano jurisdiccional, entre las que se encuentra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de contenido siguiente: "Expediente de Amparo Numero J.E.No2-0/30-06-136/2018. Expediente Laboral Número J.E.No. 2-12-560/1994 Recurso de amparo 299/2018-5A. Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio número 2345/5A, que el Juez quinto de distrito en el Estado de Sinaloa, deducido del Recurso de amparo número 299/2018-5A, promovido por Jorge Rafael Mezta Álvarez, en contra de actos de esta Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje el Estado, por medio del cual anexa el testimonio de la resolución dictada en el recurso de amparo de referencia. Visto: Y analizadas las constancias que se reciben se advierte que el tribunal colegiado resuelve: "SEGUNDO.- La justicia de la unión ampara y protege a Jorge Rafael Mezta Álvarez contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis; para los siguientes efectos: 1) Deje insubsistente las actuaciones del juicio laboral J.E.No. 2-12-560/1994 promovido por Jorge Luis Lugo Montéis y otros contra Manuel Enrique Velderrain Ayala, a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, en la que resolvió el remate y adjudicación del inmueble con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte; 14:00 metros con calle sin nombre; Al Sur: 14:00 metros con lote7; Al Oriente: 26.75 metros con lote 18; Al Poniente: 26.75 metros con lote 16, misma manzana; para el efecto de que se respete a Jorge Rafael Mezta Álvarez, su derecho de audiencia..." Al efecto se provee: Esta Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Los Mochis, Sinaloa, acuerda: 1) Queda insubsistente las actuaciones del juicio laboral J.E.No. 2-12-560/1994 promovido por Jorge Luis Lugo Montes y otros contra Manuel Enrique Velderrain Ayala, a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno, en la que se resolvió el remate y adjudicación del bien inmueble con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte; 14:00 metros con calle sin nombre; Al Sur: 14:00 metros con lote 7; Al Oriente: 26.75 metros con lote 18; Al Poniente: 26.75 metros' con lote 16, misma manzana. Túrnese el Expediente Laboral J.E.No. 2-12-560/1994 a la secretaría de ejecución para que se atiendan y se cumplan en estricto derecho los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Notifíquese por estrados a las partes. Así lo proveen y firman para constancia, los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Licenciada Epitacia Elizabeth Bueno López, Presidente, Licenciada María de los Ángeles Ahumada Rodríguez, Representante de los Trabajadores y Fabiola Robles Ruiz, Representante del Capital, ante el suscrito Licenciado Jesús Enrique Becerra Elizalde, quienes legalmente actúan y dan fe.- DOY FE.". Luego, si con el dictado del acuerdo transcrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por la autoridad responsable integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad en el juicio laboral número J. E. No. 2-12-560/1994; mediante el cual quredó insubsistente todo lo actuado con posterioridad a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno en la que se resolvió el remate y adjudicación del bien inmueble con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 14.00 metros con calle sin nombre, al sur 14.00 metros con lote 7, al oriente 26.75 metros con lote 18; al poniente 26.75 metros con lote 16, misma manzana; constancia remitida por la autoridad responsable a las que se le confiere valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, y por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior, porque de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se tiene que para que se surta la causal de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto de autoridad no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que el motivo que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que se actualiza en la especie, porque quedó demostrado que el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente todo lo actuado con posterioridad a partir de la audiencia de trece de diciembre de dos mil uno en la que se resolvió el remate y adjudicación del bien inmueble con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 14.00 metros con calle sin nombre, al sur 14.00 metros con lote 7, al oriente 26.75 metros con lote 18; al poniente 26.75 metros con lote 16, misma manzana, en el juicio laboral J. E. No. 2-12-560/1994; por tanto, dejó de surtir sus efectos los actos reclamados que hizo consistir en el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, y las omisiones de avocarse al estudio del escrito de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el cual consistió en una solicitud de ampliación de embargo y de examinar y valorar conforme a derecho el contenido y alcance legal del toca número 278/2000 el cual obra en autos del juicio laboral 560/1994, que el diecinueve de octubre se agregaron oficios derivados del juicio de amparo número 426/99/3; de modo que los actos reclamados por la parte quejosa, a la autoridad responsable, cesaron sus efectos legales y por ende, deviene improcedente el juicio constitucional, siendo ocioso admitir a cabo un trámite un juicio que al examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo. Es aplicable la Jurisprudencia P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1997, Novena Época, que textualmente dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". También, es pertinente al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 38, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se dijo, respecto al acto reclamado consistente en el auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Ahora bien, en relación con el acto reclamado consistente en: "LA OMISIÓN DE DARLE RESPUESTA OPORTUNA Y CONFORME A LO SOLICITADO AL ESCRITO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019, EL CUAL CONSISTIÓ EN UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DESCRITA EN DICHO ESCRITO"; también se debe desechar la presente demanda, toda vez que de las constancias agregadas a los autos en copia certificada, en relación con los hechos notorios para este órgano judicial, se advierte que en proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Integrantes de La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; proveyeron al respecto en los siguientes términos: ".Por otra parte, en cuanto a la petición del promovente para llevar a cabo la ampliación de embargo en los autos del expediente que nos ocupa y con la finalidad de dar cumplimiento al laudo dictado en el mismo, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente que nos ocupa, lo anterior para los efectos legales correspondientes."; y toda vez que el impetrante señaló como motivo de su reclamo la omisión de darle respuesta oportuna y conforme a lo solicitado al escrito de fecha veintiocho agosto de dos mil diecinueve, el cual consistió en una solicitud de ampliación de embargo descrita en dicho escrito, dentro de los autos del juicio laboral J. E. No. 2-12-560/1994; del índice de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; por lo que se estima que al momento de la presentación de la demanda de amparo (cuatro de septiembre de dos mil diecinueve), el acto tal y como fue reclamado por el impetrante de mérito, no existía en los autos del juicio laboral J. E. No. 2-12-560/1994, pues resulta evidente que la omisión reclamada era atribuida a la falta de darle respuesta oportuna y conforme a lo solicitado al escrito de fecha veintiocho agosto de dos mil diecinueve, pues ya había sido dictado el acuerdo con antelación a la exhibición del ocurso de amparo, esto es, el día tres de septiembre de dos mil diecinueve, de ahí que se estima que debe de ser coetáneo la existencia del acto que se le atribuye a la autoridad responsable con la presentación de la demanda de amparo, y sí de autos se advierte que no existió ésta, mucho menos se puede considerar la vigencia de la omisión reclamada. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables."
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JAVIER GARCIA ZAVALA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el impedimento 8/2019, en la que se resuelve: "PRIMERO. No se califica de legal la excusa planteada por Juan Enrique Parada Seer, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, para conocer la demanda de amparo presentada por Javier García Zavala, misma que registro con el número de expediente 528/2019-1A"; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales. Acúsese recibo. Ahora bien, vista la demanda de amparo, promovida por Javier García Zavala, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y otra autoridad, a fin de proveer sobre la posible admisión de la demanda. De los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se colige que este órgano jurisdiccional está facultado, para requerir al promovente para que aclare su demanda. Bajo ese contexto, para estar en posibilidad de proveer sobre el trámite de la demanda de amparo, requiérase al solicitante del amparo para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias del escrito aclaratorio: a) Indique si a la fecha ya le fue acordado por la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, su escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; mediante el cual solicito ampliación de embargo dentro del juicio laboral J.E.NO.2-02-12-560/1994. Resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia número 128/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 11 Tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA TENER POR MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE PROMOVERLA, LA FIRMA O FIRMAS PUEDEN ESTAMPARSE EN HOJAS ANEXAS. El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que por suscripción de un documento, se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe; sin embargo, tratándose de la demanda de garantías, la firma correspondiente puede ser plasmada en hojas anexas, pues el hecho de que la misma no se imprima al pie de la última hoja con la que termina el texto de la demanda sino en una o varias anexas, no significa que no existe el propósito de promover tal demanda, ya que al haberse acompañado al escrito relativo forma parte de ella y constituye el signo expreso e inequívoco de su voluntad, máxime si se toma en cuenta que el documento que contiene la demanda constituye un todo integral, salvo prueba en contrario, esto es, mientras no se demuestre que la firma de que se trata no fue puesta del puño y letra del titular de la demanda o de su representante. Además, en el caso de que el Juez o el tribunal del conocimiento tengan dudas respecto a la identidad y voluntad del quejoso para promover la demanda de garantías, podrá prevenirlo para que ratifique o haga la aclaración correspondiente, de acuerdo con los artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo, respectivamente.". Lo anterior a fin de fijar la Litis en el presente juicio y que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe de ley. Apoya jurídicamente lo que precede la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, sustentada por el tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." También es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo.". En la inteligencia que de no cubrir la prevención que nos ocupa, en el plazo y términos precisados, de conformidad con los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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