Javier Perez Uriarte

Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
176/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Javier Perez Uriarte

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 176/2022-1B, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Javier Pérez Uriarte; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Javier Pérez Uriarte, y ratificado ante la fe pública del Licenciado Ricardo Sibrian Vega, Notario Público número 217, con ejercicio y residencia en Mochicahui, Municipio de El Fuerte, Sinaloa, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo. En ese sentido, lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". El primero de los numerales en cita prevé uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, es decir, el principio de instancia o iniciativa de parte agraviada, lo que implica que la acción de promover amparo debe ser ejercida por la persona que se vea afectada en su esfera jurídica con motivo de la emisión o ejecución de un acto de autoridad; con la precisión que esa persona puede actuar por sí misma o por medio de persona autorizada, siempre y cuando esté en los supuestos que establece la ley de la materia para promover el juicio de amparo, lo que significa que no puede operar oficiosamente y por lo mismo, para que nazca es indispensable que lo promueva alguien. En tales condiciones, tomando en consideración que si bien es verdad el promovente presentó demanda de amparo, no menos cierto es que del escrito de cuenta se advierte que desistió de la instancia constitucional, de lo que se obtiene que es manifiesta la ausencia de su voluntad para que se sustancie el juicio, por tanto, debe desecharse la demanda de que se trata, más aún si se toma en cuenta que el justiciable puede desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, cuyo rubro establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". En tales circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia mencionada, con fundamento en el numeral 113 de la ley reglamentaria, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido mediante proveído de uno de abril del año en curso, informa que con los datos proporcionados por el quejoso Javier Pérez Uriarte, son insuficientes para localizar algún expediente agrario en relación al conflicto que narra, por lo que se encuentra imposibilitado para permitir al quejoso la consulta de los autos que integren algún juicio a nombre del quejoso.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, uno de abril de dos mil veintidós. Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Javier Pérez Uriarte, por su propio derecho. Formación del expediente y prevención Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 176/2022-1B; y, previo a acordar respecto de la procedencia de la demanda planteada, este órgano jurisdiccional considera necesario hacer las siguientes acotaciones. El artículo 108 de la Ley de Amparo, en sus fracciones de la I a VIII, establece diversos requisitos elementales que debe contener la demanda de amparo al momento de su presentación, como son los que a continuación se enumeran: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y Los conceptos de violación. Asimismo, el diverso ordinal 114 de la ley de la materia, faculta al órgano jurisdiccional que conozca de un escrito de demanda, requerir al promovente de amparo a fin de que aclare el citado ocurso, señalando con precisión, en el proveído que recaiga al respecto, deficiencias, irregularidades u omisiones que deban subsanarse, para ello establece cuando se surten dichos supuestos, como son: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En el entendido que de no subsanar tales deficiencias, irregularidades u omisiones, en el plazo que para tal efecto establece la ley, se tendrá por no presentada la demanda, lo anterior, salvo lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto y, para el efecto de estar en posibilidades de proveer acerca del trámite de la demanda de amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y, con las copias de la demanda y escrito aclaratorio de la misma, cumpla con lo siguiente: Del contenido de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por el quejoso se relaciona en la desposesión de la parcela con número de certificado parcelario 000000210051, Expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional, de fecha veintisiete de junio del año dos mil seis, que ampara la parcela número 66 Z1 P3/12, con una superficie de 10-16-40.40, ubicada en el Ejido Leopoldo Sánchez Celis, municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa; y que actualmente desconoce si hay un juicio o cualquier trámite en su contra. De acuerdo a su narrativa, el veintiocho y veintinueve de marzo del año en curso, aproximadamente a las once horas, se presentaron a la parcela que hoy defiende agentes policiacos sin mostrar credencial alguna que los identificara como tales, manifestándole que traían órdenes superiores para desalojarlo de su parcela de la cual es legítimo titular. De lo que se advierte que el quejoso, desconoce si existe un juicio o cualquier trámite en su contra, por lo que -de acuerdo a lo que expresa- considera que el acto que reclama, consistente en la orden de desalojo del inmueble de su propiedad fuera de juicio o procedimiento en el que sea parte, es decir, sin darle la oportunidad de defenderse, viola en su perjuicio las garantías de audiencia y seguridad jurídica consagradas por el artículo 16 de Nuestra Constitución Política. En esas condiciones, se hace necesario que el promovente precise, bajo protesta de decir verdad, quienes son las partes dentro del Juicio del que emana el reclamo, relacionado con el desalojo en su perjuicio de la citada vivienda, número de expediente, así como el órgano jurisdiccional que conoce del asunto y demás datos que permitan identificarlo. Por otro lado, en consideración a las manifestaciones hechas valer por el impetrante en el escrito de demanda que se atiende, y para efecto que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento al anterior requerimiento, gírese oficio a las autoridades que señala como responsables ordenadoras Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, y Agente del Ministerio Público, Encargado de la Unidad del Ministerio Público de lo Penal especializada en Delitos de Tramitación Común con residencia en el Municipio de Sinaloa, Sinaloa, a efecto de que permitan al quejoso la primera autoridad la consulta de los autos que integren algún Juicio, y el segundo de alguna carpeta de investigación, del que emane la orden de desposesión reclamada en esta instancia constitucional, debiendo informar a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de tres días, la fecha en la que autorizan dicha consulta; apercibidas dichas autoridades que de no hacerlo así, se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio a que alude el artículo 237 de la Ley de Amparo. Puntualizándose que la parte quejosa deberá dar cumplimiento al requerimiento anterior dentro del plazo de cinco días contados a partir de que las autoridades señaladas como responsables le permitan la consulta del expediente o carpeta de investigación del que deriva el acto reclamado, en atención a la solicitud formulada en el presente proveído. En el entendido de que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé la consecuencia de que las partes con el fin de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le constan en relación con el acto reclamado. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesa indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Asimismo, en la inteligencia de que, de no cumplir con la prevención realizada en el plazo y términos precisados o de no exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Autorización de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Domicilio y autorizados De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones ubicado en los estrados de éste tribunal; se tiene como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados José de Jesús Miramontes Orozco y Mario Andrés Calderón. Exhortación a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de medios preparatorios que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.

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