Javier Gutiérrez Rosales
Expediente 366/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2017
Partes del expediente
- Javier Gutiérrez Rosales
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Intégrese la razón de notificación a través de la cual el actuario judicial adscrito, comunica la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso **** la determinación de diez de los corrientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, realícese la notificación de la aludida determinación, la relativa a este proveído, así como los subsecuentes, aun las de carácter personal al impetrante por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Estado de México). ATENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE LOS CURSANTES AL QUEJOSO: RADICACIÓN Visto el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual comunica que el proveído de siete del mes y año en curso, declinó competencia del juicio de amparo 178/2017-III de su índice, y adjunta las siguientes constancias: Amparo indirecto 178/2017-III, en un tomo, constante de veintiséis fojas útiles. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo, regístrese bajo el número 366/2017-V-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El solicitante del amparo reclama: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CALIDAD DE ORDENADORAS C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRlMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO Y EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES; EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. RECLAMO LA OMISIÓN. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista el numeral 61, fracción X, de la ley de la materia que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". Del precepto legal en estudio, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo se sustenta en la institución de litispendencia, pues parte del supuesto de que existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso, autoridades responsables y de actos reclamados, lo cual impide que prospere el asunto promovido con posterioridad y refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto; voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Se dice que hay litispendencia, conforme a la doctrina, cuando un juicio es promovido ante un órgano jurisdiccional y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria; es el litigio pendiente de resolución por el Juzgador. Cuando un litigio está pendiente de solución no puede ser objeto de conocimiento en otro proceso por el mismo o diverso juzgador, porque, como ya se dijo, se podrían dictar sentencias contradictorias, pues dicha circunstancia atentará contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, por identidad de razones, se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Ahora bien, en el caso, conviene recordar que la parte quejosa promovió demanda de amparo, contra los actos reclamados consistentes en: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CALIDAD DE ORDENADORAS C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRlMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO Y EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES; EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. RECLAMO LA OMISIÓN Asimismo, del índice de este órgano jurisdiccional se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 322/2017-III-B, el cual resulta hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. De las constancias que integran el referido juicio constitucional, se advierte lo siguiente: El quejoso es Javier Gutiérrez Rosales. Las autoridades y actos precisados en el escrito de demanda son: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CALIDAD DE ORDENADORAS C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRlMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO Y EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES; EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. RECLAMO LA OMISIÓN. Asimismo, cabe precisar que dicha demanda fue remitida a éste órgano jurisdiccional con motivo de la separación de autos ordenada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 157/2017 de su índice, donde precisó que después de analizar el informe justificado rendido por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, se podía advertir que los actos reclamados por el quejoso se hacían consistir en: La orden de búsqueda, localización y aprehensión en la causa penal 135/2008; orden de reaprehensión en la causa penal 56/2010; y, La orden de reaprehensión en la causa penal 75/2010. De ahí que dicho homólogo haya estableció que únicamente conocería de la demanda respecto del acto consistente en la orden de búsqueda, localización y aprehensión en la causa penal 135/2008; orden de reaprehensión en la causa penal 56/2010. Así las cosas, por auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, éste órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo únicamente respecto del acto consistente en la orden de reaprehensión en la causa penal 75/2010; mismo que se encuentras en trámite, pues se han señalado las once horas con diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que tenga verificativo la audiencia constitucional, circunstancia que inclusive es corroborada mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resulta claro que en el citado juicio de amparo número 322/2017-III-B del índice de este órgano jurisdiccional existe identidad en cuanto al quejoso (Javier Gutiérrez Rosales), autoridades responsables y acto reclamado. En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Javier Gutiérrez Rosales, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. En el entendido que el quejoso sigue teniendo vigente su derecho de defensa respecto de los actos aquí reclamados, pues precisamente al haber sido controvertidos también en el diverso sumario 322/2017-III-B del propio índice, es evidente que el suscrito analizará la constitucionalidad de los actos que dice le causa perjuicio a sus prerrogativas. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En ese tenor, es evidente que la anterior determinación no transgrede el derecho fundamental del quejoso a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata el acto de autoridad del que se duele, toda vez que el diverso juicio de amparo 322/2017-II-B del índice de este Juzgado, sigue vigente, por lo que será ahí donde, en su caso, se determine de manera definitiva al dictarse la resolución correspondiente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. COPIA CERTIFICADA DEL JUICIO 322/2017-III-B A fin de dar certeza a lo anterior, glósese copia certificada de la demanda del referido juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
RADICACIÓN Visto el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual comunica que el proveído de siete del mes y año en curso, declinó competencia del juicio de amparo 178/2017-III de su índice, y adjunta las siguientes constancias: Amparo indirecto 178/2017-III, en un tomo, constante de veintiséis fojas útiles. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo, regístrese bajo el número 366/2017-V-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El solicitante del amparo reclama: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CALIDAD DE ORDENADORAS C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRlMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO Y EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES; EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. RECLAMO LA OMISIÓN. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista el numeral 61, fracción X, de la ley de la materia que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". Del precepto legal en estudio, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo se sustenta en la institución de litispendencia, pues parte del supuesto de que existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso, autoridades responsables y de actos reclamados, lo cual impide que prospere el asunto promovido con posterioridad y refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto; voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Se dice que hay litispendencia, conforme a la doctrina, cuando un juicio es promovido ante un órgano jurisdiccional y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria; es el litigio pendiente de resolución por el Juzgador. Cuando un litigio está pendiente de solución no puede ser objeto de conocimiento en otro proceso por el mismo o diverso juzgador, porque, como ya se dijo, se podrían dictar sentencias contradictorias, pues dicha circunstancia atentará contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, por identidad de razones, se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Ahora bien, en el caso, conviene recordar que la parte quejosa promovió demanda de amparo, contra los actos reclamados consistentes en: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CALIDAD DE ORDENADORAS C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRlMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO Y EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES; EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. RECLAMO LA OMISIÓN Asimismo, del índice de este órgano jurisdiccional se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 322/2017-III-B, el cual resulta hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. De las constancias que integran el referido juicio constitucional, se advierte lo siguiente: El quejoso es Javier Gutiérrez Rosales. Las autoridades y actos precisados en el escrito de demanda son: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CALIDAD DE ORDENADORAS C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRlMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE, MÉXICO Y EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES; EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; C. JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE Y C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. COMISARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO C. FISCAL DE APREHENSIONES DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. RECLAMO LA OMISIÓN. Asimismo, cabe precisar que dicha demanda fue remitida a éste órgano jurisdiccional con motivo de la separación de autos ordenada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 157/2017 de su índice, donde precisó que después de analizar el informe justificado rendido por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, se podía advertir que los actos reclamados por el quejoso se hacían consistir en: La orden de búsqueda, localización y aprehensión en la causa penal 135/2008; orden de reaprehensión en la causa penal 56/2010; y, La orden de reaprehensión en la causa penal 75/2010. De ahí que dicho homólogo haya estableció que únicamente conocería de la demanda respecto del acto consistente en la orden de búsqueda, localización y aprehensión en la causa penal 135/2008; orden de reaprehensión en la causa penal 56/2010. Así las cosas, por auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, éste órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo únicamente respecto del acto consistente en la orden de reaprehensión en la causa penal 75/2010; mismo que se encuentras en trámite, pues se han señalado las once horas con diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que tenga verificativo la audiencia constitucional, circunstancia que inclusive es corroborada mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resulta claro que en el citado juicio de amparo número 322/2017-III-B del índice de este órgano jurisdiccional existe identidad en cuanto al quejoso (Javier Gutiérrez Rosales), autoridades responsables y acto reclamado. En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Javier Gutiérrez Rosales, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. En el entendido que el quejoso sigue teniendo vigente su derecho de defensa respecto de los actos aquí reclamados, pues precisamente al haber sido controvertidos también en el diverso sumario 322/2017-III-B del propio índice, es evidente que el suscrito analizará la constitucionalidad de los actos que dice le causa perjuicio a sus prerrogativas. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En ese tenor, es evidente que la anterior determinación no transgrede el derecho fundamental del quejoso a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata el acto de autoridad del que se duele, toda vez que el diverso juicio de amparo 322/2017-II-B del índice de este Juzgado, sigue vigente, por lo que será ahí donde, en su caso, se determine de manera definitiva al dictarse la resolución correspondiente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. COPIA CERTIFICADA DEL JUICIO 322/2017-III-B A fin de dar certeza a lo anterior, glósese copia certificada de la demanda del referido juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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