Javier Gutiérrez Rosales
Expediente 1852/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1852/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/02/2019
Partes del expediente
- Javier Gutiérrez Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y depurable el original del incidente, pues se concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, los dos tomos originales de la causa 56/2010 de su índice, solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese el oficio del Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1", con sede en México, por medio del cual solicita diversos datos acerca del quejoso, a fin de dar cumplimiento a la multa impuesta en proveído de treinta y uno de enero del año en curso. En atención a lo anterior, remítase copia simple de la credencial para votar del impetrante de amparo, que obra en la causa 56/2010 que adjuntó el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, como complemento a su informe justificado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso reclama de los Jueces Primero y Segundo en Materia Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, del Fiscal General de Justicia Estado de México y del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: - La orden de reaprehensión emitida en la causa penal 56/2010, seguida en contra del quejoso *****, por el delito de Abuso de Confianza, cometido en agravio de Sergio Tapia Mejía, ilícito previsto y sancionado por los artículos 303, fracción I, 304, fracción IV, en relación con los diversos 6, 7, 8, fracciones I y III, 11 fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el momento de suceder los hechos. La ejecución del indicado mandato privativo de libertad. Sin que fuera óbice a lo anterior, el hecho de que el solicitante de amparo hubiera señalado como acto reclamado una orden de aprehensión girada en su contra, porque del informe justificado rendido por el juez responsable, se desprende que la orden de reaprehensión girada en contra del solicitando del amparo y que se encuentra vigente es la de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, lo que es suficiente para considerar que el acto reclamado existe, pues aun cuando la orden de aprehensión, detención y la de reaprehensión, son diferentes, dichos actos restringen la libertad de las personas, y por tanto, debe considerarse como un error en su denominación; en consecuencia, en el presente asunto se deberá tener como acto reclamado la orden de reaprehensión librada contra el quejoso. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 287 del tomo XIV, julio de 2001, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN." Al respecto se destaca que en auto de catorce de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el Juzgado Primero y Segundo ambos Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, se fusionaron el veintiuno de junio de dos mil diez, por lo que su denominación correcta es Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. Ahora bien, de un análisis de autos, quien resuelve advierte que se actualizan las causas de improcedencia establecidas en las fracciones X y XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior resulta necesario citar de manera breve los antecedentes derivados de las constancias remitidas por la responsable, consistentes en el original de la causa penal 56/2010, en dos tomos, que obran por separado, documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a decir: 1. El dieciocho de octubre de dos mil cinco, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, en cumplimiento al amparo 1169/2005-IV, del índice del entonces Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, giró orden de aprehensión en contra de ****, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza en agravio de Sergio Tapia Mejía, dentro de la causa penal 148/2005 (fojas 112 a 120 ahora causa penal 56/2010). 2. El veintinueve de septiembre de dos mil seis compareció al local del referido juzgado, Javier Gutiérrez Rosales levantándose comparecencia voluntaria y en esa misma fecha rindió su declaración preparatoria señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones para el proceso los estrados del juzgado (fojas 164 a la 168 de la causa penal 56/2010). En la misma fecha, al tratarse de un delito que no es considerado grave, se hizo saber que tenía derecho a su libertad provisional mediante exhibición del pago de las cantidades estipuladas. 3. Por auto de veintidós de mayo de dos mil ocho el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, tuvo por exhibido a favor del procesado dos pólizas por concepto de reparación de daño, a efecto de que pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución, haciéndole del conocimiento lo establecido por el artículo 333 y 334 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento de suceder los hechos, a decir, las obligaciones contraídas con dicho órgano jurisdiccional, así como las causas de revocación de su libertad (fojas 858 y 859 de la causa penal 56/2010). 4. Seguida la secuela procesal, por auto de veinticuatro de julio de dos mil nueve, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, señaló nueva fecha siendo las trece horas con treinta minutos del día treinta y uno de julio de dos mil nueve, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas con asistencia de las partes (fojas 1000 y 1001 de la causa penal 56/2010). En ese mismo auto se proveyó respecto de la concesión del plazo de tres días para señalar domicilio otorgado al procesado ***, sin que lo haya realizado, motivo por el cual se le hizo efectivo el apercibimiento y se le tuvo como domicilio para realizarle las notificaciones personales, citaciones o requerimientos, los estrados de ese juzgado, haciéndole del conocimiento a dicho procesado por conducto de su defensor de oficio lo antes señalado, de igual manera, la notificadora adscrita al mencionado juzgado fijó la cédula correspondiente en los estrados del referido juzgado. 5. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil nueve, se certificó que el procesado Javier Gutiérrez Rosales, no compareció a la audiencia de desahogo de pruebas, por lo que se le concedió el término de diez días para que justificara su inasistencia previniéndolo de que de no hacerlo se le revocaría su libertad y se ordenaría de inmediato su reaprehensión; lo cual se le notificó mediante cédula que se fijó en los estrados del ya mencionado juzgado (fojas 1003 de la causa penal 56/2010). 6. Una vez trascurrido el plazo de los diez días que le fueron concedidos al procesado ***sales, sin que hubiese justificado su inasistencia, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, el entonces Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México ahora Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, ordenó la reaprehensión por denotar rebeldía por parte del ahora quejoso, suspendiendo el procedimiento (fojas 1004 vuelta de la causa penal 56/2010). 7. Por auto de veintiuno de junio de dos mil diez, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, con motivo de la fusión del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México con el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, le asignó nuevo número a la causa penal 148/2005, registrándola bajo el número 56/2010 (fojas 1007 vuelta de la causa penal 56/2010). 8. El siete de julio de dos mil diez, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, ordenó girar oficio recordatorio al entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, para el efecto de que diera cumplimiento a la orden de reaprehensión girada en contra de Javier Gutiérrez Rosales de treinta y uno de agosto de dos mil nueve (foja 1008 de la causa penal 56/2010, tomo II). 9. En contra de la orden privativa de libertad, el quejoso interpuso juicio de amparo, que correspondió conocer al otrora Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, quien lo registró con el número 856/2011-VI, y mediante sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de octubre de dos mil once, por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, sobreseyó y negó el amparo solicitado, la cual causó ejecutoria el dieciséis de noviembre del mismo año (fojas 1056 y 1069 de la causa penal 56/2010, tomo II). 10. El seis de enero de dos mil doce, veinte de octubre de dos mil catorce y veinte de abril de dos mil quince, se ordenó girar oficio recordatorio al entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, para el efecto de que diera cumplimiento a la orden de reaprehensión girada en contra de Javier ***de treinta y uno de agosto de dos mil nueve (fojas 1063, 1065 y 1065 vuelta, de la causa penal 56/2010, tomo II). 11. En contra de la orden privativa de libertad, el quejoso interpuso nuevo juicio de amparo, que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, con el número 1376/2015, y mediante sentencia terminada de engrosar el nueve de junio de dos mil dieciséis, se determinó sobreseer el amparo solicitado (fojas 1094 a 1097 de la causa penal 56/2010, tomo II). Al causar ejecutoria la resolución citada con anterioridad, el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó girar oficio al otrora Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que diera cumplimiento a la orden de reaprehensión librada el treinta y uno de agosto de dos mil nueve, en contra del quejoso (fojas 1098 y 1101 de la causa penal 56/2010, tomo II). 12. De nueva cuenta, Javier Gutiérrez Rosales promovió amparo en contra de la multicitada orden de restricción de libertad, registrado con el número 317/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, y por sentencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete sobreseyó el amparo solicitado, causando ejecutoria el diecinueve de mayo siguiente (fojas 1105 a 1106,| 1164 a 1167 y 1168 de la causa penal 56/2010, tomo II). 13. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, al proveer lo conducente respecto de la ejecutoria del juicio de amparo 317/2017, del índice de este juzgado, se ordenó girar oficio al Fiscal General de Justicia del Estado de México, para que diera cumplimiento a la orden de reaprehensión girada en contra del quejoso por auto de treinta y uno de agosto de dos mil nueve (foja 1177 de la causa penal 56/2010, tomo II). 14. En contra de la referida determinación, Javier Gutiérrez Rosales promovió diverso juicio de amparo registrado con el número 1082/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, resuelto el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, causando ejecutoria el cinco de septiembre del mismo año (fojas 1180 a 1189, 1215 a 1218 y 1219 de la causa penal 56/2010, tomo II). 15. No obstante lo anterior, Javier Gutiérrez Rosales promovió otro juico de amparo, registrado con el número 958/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, sobreseído fuera de audiencia el trece de abril de dos mil dieciocho, y declarado firme el (fojas 1223 a 1232, 1263 y 1266 de la causa penal 56/2010, tomo II). 17. Finalmente, por auto de seis de junio de dos mil dieciocho, tomando en consideración que había causado firmeza el auto por el que sobreseyó el diverso juicio de amparo 958/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, se ordenó girar oficio al Fiscal General de Justicia del Estado de México, a fin de cumplimentar a la orden de reaprehensión girada en contra del quejoso por auto de treinta y uno de agosto de dos mil nueve (foja 1269 de la causa penal 56/2010, tomo II). Estadio procesal de la causa penal 56/2010. Ante ese panorama, y virtud al hecho notorio, constituido por la resolución emitida en el expediente relativo al juicio de amparo indirecto número 856/2011, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad (determinación de la cual se ordena imprimir y certificar a fin de ser agregada en autos, para que obre como corresponda), promovido por el aquí quejoso, al encontrarse su registro electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones X y XI, del precepto 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la fracción anterior; [.] El precepto legal que ha quedado transcrito, exige para que opere la causa de improcedencia en él contenida, la presencia de los requisitos siguientes: 1. Que la ley o acto que se reclamen haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; y, 2. Que los juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, el acto reclamado en el presente sumario se hace consistir en: - La orden de reaprehensión emitida en la causa penal 56/2010, seguida en contra del quejoso **, por el delito de Abuso de Confianza, cometido en agravio de Sergio Tapia Mejía, ilícito previsto y sancionado por los artículos 303, fracción I, 304, fracción IV, en relación con los diversos 6, 7, 8, fracciones I y III, 11 fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el momento de suceder los hechos. - La ejecución del indicado mandato privativo de libertad. En ese sentido, de las constancias allegadas al presente juicio constitucional, así como del hecho notorio ya invocado en párrafos que antecede respecto al juicio de amparo indirecto 856/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad promovido por el aquí quejoso, por la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil once, se determinó sobreseer y negar la protección constitucional solicitada, la cual causó ejecutoria el dieciséis de noviembre del mismo año (fojas 1056 y 1069 de la causa penal 56/2010, tomo II); se advierte que el impetrante de garantías ***, señaló como acto reclamado, entre otro, el consistente en: - La orden de reaprehensión de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, dictada en los autos del proceso penal 56/2010, del índice del actual Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México. - Su ejecución. Luego entonces, se advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia invocada, lo que justifica que sea procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Tiene sustento lo anterior, porque del hecho notorio ya invocado en párrafos que antecede respecto al juicio de amparo indirecto 856/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad promovido por el aquí quejoso, se advierte que en la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil once, -en la que se determinó sobreseer y negar la protección constitucional solicitada, al no haber sido recurrida la citada determinación, se declaró firme-, se pone de manifiesto que los actos que ahora se reclaman fueron motivo de estudio de fondo en dicho juicio, pues el quejoso **sales promovió diversa demanda de garantías ante aquel órgano de control constitucional, contra los mismos actos reclamados en el presente juicio. En efecto, mediante acuerdo de veintidós de julio de dos mil once, se admitió a trámite la demanda de garantías, en contra de los actos reclamados consistente en la orden de reaprehensión ya invocada, formándose el referido juicio de amparo 856/2011, y el veinticuatro de octubre de dos mil once se resolvió en definitiva y se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, fallo que al no ser recurrido, quedó firme el diecisiete de noviembre de dos mil once (fojas 1056 y 1069 de la causa penal 56/2010, tomo II). Luego, como los citados actos de molestia hechos valer en esta vía constitucional (orden de reaprehensión invocada en párrafos que anteceden, reclamada por el quejoso), ya fue motivo de análisis en diverso juicio de garantías, es inconcuso que aquél está revestido de la autoridad de cosa juzgada formal y, por ende, son irrecurribles e inmodificables también la cosa juzgada material, en tanto que lo ya resuelto es indiscutible, de tal manera que ni este Juzgado, ni alguna otra autoridad jurisdiccional puede pronunciarse nuevamente acerca de lo decidido de manera jurisdiccional en definitiva. Ello, en razón del principio non bis in idem (nadie puede ser juzgado o condenado por los mismos hechos en dos juicios), emanado de esa cosa juzgada; por tanto, se concluye que los actos que dieron origen y emane de la orden de reaprehensión de que se trata, fue materia de estudio en ese juicio de garantías, por tanto, no pueden ser objeto de análisis en nuevo juicio de amparo. De ahí que, este juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado legalmente para abordar el estudio de un acto cuya legalidad se analizó con anterioridad y que constituye cosa juzgada. Esto es así, porque no se debe soslayar que la finalidad que se busca en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podrían vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica, lo cual conduce a sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Tiene aplicación la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2734, de epígrafe y sinopsis: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada." Así como la diversa, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, Julio de 1993, página 225, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados; lo anterior es así, porque como fue decretado el sobreseimiento respecto de los actos reclamados al juez responsable, es indiscutible que no puede analizarse la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos de ejecución. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Octava Época, identificada con el número II.1°.J/12, que se puede consultar en la página 41, del Tomo 82, Octubre de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras sino se les atribuyen por vicios propios." En ese orden, se encuentra plenamente demostrada que se actualizan las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que han sido materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, que además ya ha sido materia de ejecutoria; en consecuencia, toda vez que el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a las fracciones citadas con anterioridad; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 1852/2018, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con vente minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones respectivas. De la misma forma, no pasa inadvertido para este Juzgado que en el presente juicio de garantías, no se haya emplazado a juicio al tercero interesado Sergio Tapia Mejía, dado que el sentido de la presente determinación no le causa perjuicio alguno; aunado, que no se le deja en estado de indefensión, conforme a lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis número P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por otra parte, de los antecedentes citados en el presente auto, resulta notoria la conducta procesal del solicitante del amparo, al haber promovido más de seis juicios de amparo contra el mismo acto reclamado -orden de reaprehensión de treinta y uno de agosto de dos mil nueve- emitida en la causa penal 56/2010, seguida en su contra por el delito de Abuso de Confianza, cometido en agravio de Sergio Tapia Mejía, orden que fue motivo de estudio de fondo del juicio de amparo 856/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, tal como fue descrito con anterioridad. En ese sentido, dicha conducta encuadra en el supuesto del artículo 249 de la Ley de Amparo que prevé y que sanciona con la imposición de una multa que puede fijarse entre un mínimo de cincuenta a un máximo de quinientos días de salario -los cuales se traducen a unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafos penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-. El numeral 249 de la Ley de Amparo, dice textualmente: "Artículo 249. En los casos a que se refiere el artículo 49 de esta Ley, si el juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encontraren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al o los infractores multa de cincuenta a quinientos días, salvo que se trate de los casos mencionados en el artículo 15 de esta Ley." Como puede apreciarse, lo que la norma sanciona es el hecho de que se promuevan por un mismo quejoso dos o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado y en el presente asunto ha quedado demostrado que el aquí quejoso interpuso: 1. Juicio de amparo 856/2011-VI, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México. 2. Juicio de amparo 1376/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. 3. Juicio de amparo 317/2017, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. 4. juicio de amparo 1082/2017, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. 5. Juico de amparo 958/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México. 6. Juicio de amparo 1852/2018, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Sumarios motivados por la orden de restricción de libertad emitida en la causa penal 56/2010, con motivo de la reaprehensión ordenada el treinta y uno de agosto de dos mil nueve- emitida en la causa penal, del índice del índice Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México (juicios con identidad de acto y autoridades responsables). Sin que este órgano de control constitucional encuentre motivo fundado que justifique el comportamiento de la parte quejosa, por el contrario se infiere que la única finalidad del mismo es vulnerar el principio de administración de justicia pronta, completa y expedita, dentro de los plazos legales, que se traduce la mala fe de las partes promoventes. Además de ello, es preciso resaltar que cuando se vulnera el principio mencionado en el párrafo que precede (con conocimiento de causa) el diverso de "cosa juzgada" -que implica inducir al error al tribunal para que examine argumentos que ya fueron materia de estudio en un amparo anterior-, la conducta del promovente no sólo es de mala fe (desleal), sino también dolosa (engañosa o tramposa). Por lo anterior, con fundamento en los numerales 238 y 249 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, párrafos penúltimo y último, de la Constitución General de la República, 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se impone al quejoso ***una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, cuyo valor diario para el año dos mil diecinueve fue determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en $84.49 pesos mexicanos (ochenta y cuatro pesos con cuarenta 49/100 M.N.) y publicado en el Diario Oficial de la Federación del diez de enero de dos mil diecinueve; lo que multiplicado asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.). En consecuencia, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación México "1" con sede en México, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que haga efectiva la multa impuesta al mencionado quejoso, quien puede ser localizado en la ******Estado de México. Lugar que manifestó en sus generales al rendir su declaración preparatoria en la causa penal 56/2010. La multa se impone al quejoso ***, por ser la persona que por propio derecho, ha promovido el presente y los diversos juicios de amparo. Sirve de aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 26 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "MULTA. ANTE LA EVIDENCIA DE QUE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE PROMOVIÓ EN CONTRAVENCIÓN A ALGUNO DE LOS PRINCIPIOS QUE SALVAGUARDA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO TIENE LA FACULTAD, SINO QUE ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICACIÓN. El artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, alberga diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. En relación con la protección de esos principios, se advierte que el artículo 81 de la Ley de Amparo obliga a los órganos del Poder Judicial de la Federación que conocen del juicio de amparo, a imponer al quejoso o a sus representantes, en su caso, al abogado o a ambos, una multa de diez a ciento ochenta días de salario, tomando en cuenta las circunstancias del caso. Por consiguiente, en casos en los que se advierta la infracción de los principios de mérito, resulta imperativo para el juzgador de amparo emitir un pronunciamiento respecto de la aplicación y monto de la sanción pecuniaria antes aludida, en cuyo evento deberá atender también a lo dispuesto en el artículo 3o. bis de la legislación invocada, en cuanto a que la multa sólo se aplicará a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe y que para calcularla, el importe que tendrá como base será el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta reprochable" .
- Principal
Agréguese a los autos la razón suscrita por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad para notificar a la quejosa el proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por lo que ahí menciona. En consecuencia, notifíquese al impetrante de la demanda dicha determinación, así como las subsecuentes que le resulten de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale un domicilio procesal donde se le pueda localizar prontamente y dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada de este Juzgado (municipio de Metepec). Por otro lado, intégrese el escrito signado por el quejoso, por medio del cual ofrece diversos medios de convicción; atento a ello, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas del promovente la documental pública, la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional
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