Javier Gutiérrez Osorio y Otros.
Expediente 724/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2016
Partes del expediente
- Javier Gutiérrez Osorio y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha logrado la primera notificación del presente asunto al tercero interesado Héctor de la Torre Rivera; asimismo, en proveído de ocho de marzo del año en curso, se ordenó remitir oficios a diversas dependencias, a fin de agotar los medios de localización establecidos por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; de la información obtenida no se advierte ningún domicilio en donde realizar dicha diligencia y a la data no se cuenta con la totalidad de los informes requeridos a esas instituciones. En consecuencia, con el afán de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase nuevamente a las dependencias que no han atendido la solicitud referida; por tanto, envíese oficio a la Gerencia de la Empresa Teléfonos de México, Zona Distrito Federal, al Administrador Local de Recaudación del Distrito Federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal y al Instituto Nacional Electora, Delegación Distrito Federal, a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, proporcionen a este Juzgado, el domicilio que tengan registrado en sus archivos del tercero interesado Héctor de la Torre Rivera; apercibidas que de ser omisas, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 244 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional prevista para este día; por lo que se difiere y se señalan las diez horas del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio y anexos de cuenta, signado por el Director General Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de México, mediante el cual comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señalando que el Director de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México, informó a ese órgano jurisdiccional la resolución dictada dentro de la queja 056/2010, así como su resolución, y para aseverar su dicho remite copias certificadas de los acuses de recibo de trece y dieciocho de mayo del año en curso de las constancias de notificación de la resolución de doce de mayo del presente año; asimismo, anexa certificada y simple de su nombramiento con fecha de dieciocho de febrero de dos mil quince. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días exprese lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no desahogarse la vista en el término concedido, este Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente. Sobre el particular, es aplicable la Tesis 2ª./J.26/2000, visible a página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por tanto, téngase por cumplidos los requerimientos formulados en autos de cuatro de abril, dieciséis y diecisiete de mayo del año en curso y déjese sin efectos los apercibimientos ahí decretados, respecto de la autoridad de referencia. Finalmente, a lo concerniente de la solicitud previa, devuélvase el documento mediante cotejo y compulsa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE AGREGAN CONSTANCIS DE NOTIFICACIÓN; QUEDAN SUBSITENTES APERCIBIMIENTOS; SE RESERVA A ACORDAR DESISTIMIENTO
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo que promueven Juan Casas Rodríguez, Javier Gutiérrez Osorio, Mateo Gabriel Domínguez Bolva o Mateo Gabriel Domínguez Bouly, Oscar Arturo López Pastel, Uribe Alberto Guevara o Alberto Uribe Guevara, Abad Friced Gómez, Miguel Ángel Cedillo González, Joel Rodríguez Marrera, José Efraín Zarco Cárdenas, Damián Isaías Rosales Baez, Carlos Alberto Alvares Díaz, todos por propio derecho, contra actos del Titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"; por considerarlos violatorios de los artículos 1, 3, 4, 5, 15, 76, 79, 114, 116, 125, 128, 149, 150, 151, 152 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente bajo el número que le corresponda. PREVENCIÓN. A efecto de estar en aptitud de proveer lo que corresponda, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, requiérase a los quejosos para que dentro del precitado plazo de cinco días y bajo protesta de decir verdad, satisfagan los requisitos que establece el numeral 108 de la legislación de la materia, es decir, indiquen los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados señalando de forma cronológica y sucinta cada una de ellas, entre los cuales deberán especificar las circunstancias, En el mismo tenor, se previene a los solicitantes de amparo para que: Narren, en lo individual, los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados; Asimismo, deberán especificar cada uno de los quejosos los malestares que se aquejan: Indiquen la fecha exacta de su última consulta o revisión médica, en atención a que aducen que no se les ha otorgado; De igual forma, deberán indicar si realizaron las solicitudes de otorgar atención médica en forma escrita, previa y directamente a las autoridades penitenciarias correspondientes, como lo ordena el artículo 77 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, que indica: Artículo 77. Todo interno podrá formular quejas y solicitudes individuales a través del representante de la Coordinación General integrante del Consejo, quien deberá recabarlas, transmitirlas y darles seguimiento ante el Coordinador General. Y para el caso, de que esto así sea, refieran las fechas en que realizaron dichas solicitudes y ante qué autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", dirigieron las mismas. Por otra parte, con fundamento en los artículos 108 fracciones II y III, 112 y 114 fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que al momento de la notificación del presente auto o en el plazo de cinco días, manifiesten si es su deseo señalar como autoridad responsable al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"; en virtud de que de los actos que reclaman, de ser ciertos, se estarían llevando en el lugar que se encuentra recluidos, es decir, en el referido centro, por lo que se colige su probable participación y fue omiso en señalarla como tal en el capítulo respectivo. Se apercibe a los quejosos, que de no desahogar el requerimiento anterior, no se tendrá como responsable a dicha autoridad, probablemente en su perjuicio y se tramitara el juicio únicamente respecto a la señalada en la demanda. Lo anterior en razón de que como está planteada la demanda pueden tener al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada, con el fin de conocer provisionalmente los actos que se tildan de inconstitucionales. Se apercibe a los quejosos, que para el caso de no desahogar los requerimientos formulados, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Así también, hágase del conocimiento de los impetrantes de amparo de LAS PENAS A QUE SE HACEN ACREEDORES LOS QUE AFIRMAN HECHOS FALSOS ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se les apercibe que para el caso de DESAHOGAR LOS REQUERIMIENTOS DE MÉRITO O EN SU CASO, DENTRO DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, haya manifestado hechos falsos u omita los que le consten, EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO SE DARÁ VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE ALGÚN DELITO. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Julio de 2006; Pág. 348) Suspensión de plano Ahora, atendiendo a las manifestaciones de los quejosos el sentido de que las responsables omite autorizar la atención médica en la especialidad de gastroenterología; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se suspende de plano por cuanto hace al acto reclamado especificado con antelación, a efecto de que la autoridad responsable, dentro de sus atribuciones conferidas, de inmediato les brinde la atención médica general, básica y necesaria al alcance y posibilidades del centro preventivo en el que se encuentren privados de su libertad; atendiendo las particularidades que cada caso requiera, las autoridades responsables deberán realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para procurar la estabilidad y bienestar físico de los quejosos. Se previene a la autoridad señalada como responsable, para que informen de inmediato acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas. En consecuencia, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, así como del Director del aludido centro de reclusión, que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.] Por tanto, se les apercibe que de no cumplir lo encomendado, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal, por el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, asimismo, se hará acreedora a la sanción que establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Denominación incorrecta de autoridad. Se apercibe a los promoventes que en caso de que las autoridades que designaron en la demanda que se provee, hayan sido denominadas incorrectamente, las mismas se tendrán por inexistentes y se dejará de tener comunicación con ellas. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009) Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993) DOMICILIO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los promoventes el centro de reclusión en el que se encuentran privados de su libertad, por así haberlo solicitado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular, ello de conformidad con lo que establece el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a lo cual, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste a efecto de realizar las correspondientes solicitudes, en términos del numeral citado. Hecho lo cual se acordará lo conducente. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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