Javier Gutiérrez Rosales

Expediente 93/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
93/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Javier Gutiérrez Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo en el presente juicio, además carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues, se concedió y negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase al juez responsable el anexo que remitió en autos, solicitando el acuse de recibo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 31/2019-III-d, de este índice, enviado para emplazar a los terceros interesados *****************************. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. Atento a lo anterior, no se emite mayor pronunciamiento al respecto, pues por auto de treinta y uno de enero del año en curso, el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil diecinueve. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD Intégrese la razón actuarial de cuenta, mediante la cual la funcionaria judicial adscrita comunica la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso la determinación de treinta y uno de enero anterior. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, realícese la notificación de la aludida determinación, la relativa al presente acuerdo, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal al promovente de amparo por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Estado de México). EN ATENCION AL ACUERDO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO ULTIMO A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso reclama de los Jueces Primero y Segundo en Materia Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, del Fiscal General de Justicia Estado de México y del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: - La orden de reaprehensión emitida el veintiuno de mayo de dos mil nueve, en la causa penal **** seguida en contra del quejoso Javier Gutiérrez Rosales, por el delito de Fraude especifico, cometido en agravio de **** ilícito previsto y sancionado por los artículos 306, fracción II, 307, fracción IV, en relación con los diversos 6, 7 párrafo primero, 8 fracción I y 11 fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el momento de suceder los hechos. - La ejecución del indicado mandato privativo de libertad. Sin que fuera óbice a lo anterior, el hecho de que el solicitante de amparo hubiera señalado como acto reclamado una orden de aprehensión girada en su contra, porque del informe justificado rendido por el juez responsable, se desprende que la orden de reaprehensión girada en contra del solicitando del amparo y que se encuentra vigente es la de veintiuno e mayo de dos mil nueve, lo que es suficiente para considerar que el acto reclamado existe, pues aun cuando la orden de aprehensión, detención y la de reaprehensión, son diferentes, dichos actos restringen la libertad de las personas, y por tanto, debe considerarse como un error en su denominación; en consecuencia, en el presente asunto se deberá tener como acto reclamado la orden de reaprehensión librada contra el quejoso. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 287 del tomo XIV, julio de 2001, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN." Al respecto se destaca que en auto de catorce de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el Juzgado Primero y Segundo ambos Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, se fusionaron el veintiuno de junio de dos mil diez, por lo que su denominación correcta es Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. Ahora bien, de un análisis de autos, quien resuelve advierte que se actualizan las causas de improcedencia establecidas en las fracciones X y XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior resulta necesario citar de manera breve los antecedentes derivados de las constancias remitidas por la responsable, consistentes en el original de la causa penal 75/2010, en dos tomos, que obran por separado, documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a decir: 1. El treinta y uno de agosto de dos mil seis, con motivo de la consignación de la averiguación previa respectiva, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tenango del Valle, México, obsequió orden de aprehensión contra el hoy quejoso, al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de fraude específico, cometido en agravio de *****; una vez cumplimentada dicha orden de aprehensión, en comparecencia de veintinueve de septiembre de dos mil seis, se hizo saber al indiciado su derecho para obtener el beneficio de su libertad provisional bajo caución y el monto de la garantía correspondiente. 2. Rendida que fue la declaración preparatoria del indiciado y desahogados los medios probatorios ofertados por éste en el plazo constitucional para resolver su situación jurídica, el cinco de octubre de dos mil seis se emitió en su contra auto de formal prisión, al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de fraude específico, en agravio de los citados denunciantes. 3. El veintitrés de octubre de dos mil seis, el procesado exhibió el monto fijado como garantía para el disfrute del beneficio de su libertad provisional bajo caución, comunicándosele al momento de s liberación, las obligaciones que contraía por tal motivo, así como las consecuencias de su incumplimiento. 4. Continuada la secuela procesal por sus cauces legales, en auto de trece de abril de dos mil nueve, se tuvo al procesado justificando su inasistencia a la audiencia de desahogo de pruebas de catorce de octubre de dos mil ocho, y se señalaron las doce horas del veinticuatro de abril de dos mil nueve para su celebración, ordenándose su notificación personal, lo cual se realizó el catorce de abril de dos mil nueve. 5. Llegado el día y hora señalados para la audiencia referida, la Secretaria de Acuerdos certificó la inasistencia del procesado y de su defensor particular, concediendo el juzgador responsable a aquél un plazo de diez días para justificar su inasistencia, a partir de la notificación de esa diligencia, apercibido que de no hacerlo, se ordenaría de inmediato su reaprehensión, en términos del artículo 189 del Código Adjetivo Penal aplicable, previniéndolo asimismo para que no continuara entorpeciendo la secuela procesal, pues en reiteradas ocasiones había faltado a las audiencias de desahogo de pruebas, ordenando notificar dicho proveído de manera personal al procesado en el domicilio que señaló para tal efecto, lo cual se realizó el mismo día. 6. El seis de mayo de dos mil nueve, la Secretaria de Acuerdos del juzgado del conocimiento, certificó que el plazo concedido al procesado para justificar su inasistencia a la audiencia de desahogo de pruebas de veinticuatro de abril anterior, comenzaría a partir del siete de mayo de dos mil nueve y fenecería el día veinte siguiente. 7. Finalmente, en proveído de veintiuno de mayo de dos mil nueve, en virtud de que el procesado no justificó su inasistencia a la audiencia de desahogo de pruebas del veinticuatro de abril anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 334 y 387 del Código de Procedimientos Penales aplicable, el juez responsable suspendió el procedimiento de origen y ordeno girar oficio al Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que designara elementos para que procedieran a la búsqueda, localización y reaprehensión del procesado hoy quejoso. Acuerdo que constituye otro de los actos reclamados en el presente sumario. Ante ese panorama, y virtud al hecho notorio , constituido por la resolución emitida en el expediente relativo al juicio de amparo indirecto número 856/2011, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad (determinación de la cual se ordena imprimir y certificar a fin de ser agregada en autos, para que obre como corresponda), promovido por el aquí quejoso, al encontrarse su registro electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones X y XI, del precepto 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la fracción anterior; [.] El precepto legal que ha quedado transcrito, exige para que opere la causa de improcedencia en él contenida, la presencia de los requisitos siguientes: 1. Que la ley o acto que se reclamen haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; y, 2. Que los juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, el acto reclamado en el presente sumario se hace consistir en: - La orden de reaprehensión emitida el veintiuno de mayo de dos mil nueve, en la causa penal *** seguida en contra del quejoso Javier Gutiérrez Rosales, por el delito de Fraude especifico, cometido en agravio de Antonio Martínez Martínez y Roberto Estrada Reyes, ilícito previsto y sancionado por los artículos 306, fracción II, 307, fracción IV, en relación con los diversos 6, 7 párrafo primero, 8 fracción I y 11 fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el momento de suceder los hechos. - La ejecución del indicado mandato privativo de libertad. En ese sentido, de las constancias allegadas al presente juicio constitucional, así como del hecho notorio ya invocado en párrafos que antecede respecto al juicio de amparo indirecto *** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad promovido por el aquí quejoso, por la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil once, se determinó sobreseer y negar la protección constitucional solicitada, la cual causó ejecutoria el dieciséis de noviembre del mismo año; se advierte que el impetrante de garantías Javier Gutiérrez Rosales, señaló como acto reclamado, entre otro, el consistente en: - La orden de reaprehensión emitida el veintiuno de mayo de dos mil nueve, en la causa penal 75/2010, seguida en contra del quejoso Javier Gutiérrez Rosales, por el delito de Fraude especifico, cometido en agravio de Antonio Martínez Martínez y Roberto Estrada Reyes, ilícito previsto y sancionado por los artículos 306, fracción II, 307, fracción IV, en relación con los diversos 6, 7 párrafo primero, 8 fracción I y 11 fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el momento de suceder los hechos. - La ejecución del indicado mandato privativo de libertad. Luego entonces, se advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia invocada, lo que justifica que sea procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Tiene sustento lo anterior, porque del hecho notorio ya invocado en párrafos que antecede respecto al juicio de amparo indirecto 856/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad promovido por el aquí quejoso, se advierte que en la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil once, -en la que se determinó sobreseer y negar la protección constitucional solicitada, al no haber sido recurrida la citada determinación, se declaró firme-, se pone de manifiesto que los actos que ahora se reclaman fueron motivo de estudio de fondo en dicho juicio, pues el quejoso Javier Gutiérrez Rosales promovió diversa demanda de garantías ante aquel órgano de control constitucional, contra los mismos actos reclamados en el presente juicio. En efecto, mediante acuerdo de veintidós de julio de dos mil once, se admitió a trámite la demanda de garantías, en contra de los actos reclamados consistente en la orden de reaprehensión ya invocada, formándose el referido juicio de amparo 856/2011, y el veinticuatro de octubre de dos mil once se resolvió en definitiva y se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, fallo que al no ser recurrido, quedó firme el diecisiete de noviembre de dos mil once. Luego, como los citados actos de molestia hechos valer en esta vía constitucional (orden de reaprehensión invocada en párrafos que anteceden, reclamada por el quejoso), ya fue motivo de análisis en diverso juicio de garantías, es inconcuso que aquél está revestido de la autoridad de cosa juzgada formal y, por ende, son irrecurribles e inmodificables también la cosa juzgada material, en tanto que lo ya resuelto es indiscutible, de tal manera que ni este Juzgado, ni alguna otra autoridad jurisdiccional puede pronunciarse nuevamente acerca de lo decidido de manera jurisdiccional en definitiva. Ello, en razón del principio non bis in idem (nadie puede ser juzgado o condenado por los mismos hechos en dos juicios), emanado de esa cosa juzgada; por tanto, se concluye que los actos que dieron origen y emane de la orden de reaprehensión de que se trata, fue materia de estudio en ese juicio de garantías, por tanto, no pueden ser objeto de análisis en nuevo juicio de amparo. De ahí que, este juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado legalmente para abordar el estudio de un acto cuya legalidad se analizó con anterioridad y que constituye cosa juzgada. Esto es así, porque no se debe soslayar que la finalidad que se busca en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podrían vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica, lo cual conduce a sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Tiene aplicación la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2734, de epígrafe y sinopsis: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada." Así como la diversa, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, Julio de 1993, página 225, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados; lo anterior es así, porque como fue decretado el sobreseimiento respecto de los actos reclamados al juez responsable, es indiscutible que no puede analizarse la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos de ejecución. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Octava Época, identificada con el número II.1°.J/12, que se puede consultar en la página 41, del Tomo 82, Octubre de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras sino se les atribuyen por vicios propios." En ese orden, se encuentra plenamente demostrada que se actualizan las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que han sido materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, que además ya ha sido materia de ejecutoria; en consecuencia, toda vez que el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a las fracciones citadas con anterioridad; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 93/2019-III-d, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones respectivas. De la misma forma, no pasa inadvertido para este Juzgado que en el presente juicio de garantías, no se haya emplazado a juicio a los terceros interesados Antonio Martínez Martínez y Roberto Estrada Reyes, dado que el sentido de la presente determinación no les causa perjuicio alguno; aunado, que no se le deja en estado de indefensión, conforme a lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis número P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por otra parte, de los antecedentes citados en el presente auto, resulta notoria la conducta procesal del solicitante del amparo, al haber promovido más de tres juicios de amparo contra el mismo acto reclamado -orden de reaprehensión de veintiuno de mayo de dos mil nueve, en la causa penal 75/2010, seguida en contra del quejoso Javier Gutiérrez Rosales, por el delito de Fraude especifico, cometido en agravio de Antonio Martínez Martínez y Roberto Estrada Reyes, orden que fue motivo de estudio de fondo del juicio de amparo 856/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, tal como fue descrito con anterioridad. En ese sentido, dicha conducta encuadra en el supuesto del artículo 249 de la Ley de Amparo que prevé y que sanciona con la imposición de una multa que puede fijarse entre un mínimo de cincuenta a un máximo de quinientos días de salario -los cuales se traducen a unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafos penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-. ******

  4. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de la autoridad responsable que lo suscribe, toda vez que en proveído de treinta de los cursantes se acordó lo conducente respecto de dicho informe. Cúmplase.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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