Javier Dominguez Baldera
Expediente 688/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Javier Dominguez Baldera
- 1 Al 6. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal Y de Ejecución de Todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla.
- Comisario de la Guardia Nacional Ernesto Garcia Sanchez En Su Carácter de Coordinador Estatal de la Guardia Nacional En Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, de la que se advierte que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, en donde se indicó que, por lo que toca al original del incidente de suspensión, en donde se había concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, se calificó como susceptible de depuración, después de haber trascurrido tres años; sin embargo, atento que tanto el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de 25 de marzo de 2020, como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, son considerados normativa oficial, en virtud de que ambos fueron aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como se puede constatar en la página 8 del citado Manual, se provee lo siguiente: Si bien, en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General de 25 de marzo de 2020, ya citado, se señala que será depurable el incidente de suspensión cuando la medida cautelar se haya concedido, ya sea la provisional, definitiva o ambas; debemos tomar en cuenta que la suspensión provisional es aquélla que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, cuya procedencia apriorística nace de una urgencia y de otorgarse, tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan, sin que se haga un estudio de fondo de la materia controvertida en el proceso principal; lo que sí ocurre cuando se concede la suspensión definitiva. Es por ello, que en el Capítulo 7, en particular en el apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, se acota esta particularidad, precisando que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. En consecuencia, en cuanto a los autos ORIGINALES del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y SE NEGÓ LA DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de 25 de Marzo de 2020, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, al haberse concedido la suspensión provisional, pero negado la definitiva, es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Y, por lo que respecta al DUPLICADO del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes incidentales, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a las demás partes; y, cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de doce de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 688/2022-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Javier Domínguez Balderas, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y turnada ese mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Javier Domínguez Balderas, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORAS ABOGADO ISAÍ RIVAS LÓPEZ, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO (.). JUEZ DE DISTRITO ADMINISTRADOR ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA (.). JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, ABOG. GERARDO GUTIÉRREZ GAYOSSO. . JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, ABOG. ABELARDO GIL MARTÍNEZ. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, LIC. DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, ABG. GABRIEL PÉREZ ROCHA PÉREZ. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TECAMACHALCO, ABOG. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CASTILLO (.). COMO EJECUTORAS: DELEGADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL ESTADO DE PUEBLA MAESTRA EN DERECHO ELIZABETH IBARRA SARLAT. DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA (.). DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA. DIRECTOR GENERAL DE APOYO JURÍDICO Y CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. CIUDADANO FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. CIUDADANO FISCAL DE INVESTIGACION METROPOLITANA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. MAESTRO RUBÉN ALEJANDRO TELLO HERNÁNDEZ, FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, FISCALES Y RELACIONADOS. LIC. JESSICA ESMERALDA GARISTA GORDIANO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DEL DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR ADSCRITO A LA FISCALÍA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, SEDE TECAMACHALCO, PUEBLA. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE TECAMACHALCO, PUEBLA, LIC. ERIKA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA. LIC. ALEJANDRO MENDOZA LÓPEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA (.). TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. COMISARIO DE LA GUARDIA NACIONAL ERNESTO GARCÍA SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN PUEBLA. (.). IV.-ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades Ordenadoras se reclaman los inminentes actos de molestia y abusos de autoridad consistentes en la posible orden de Aprehensión y Detención que pudiera existir en mí contra girados dentro de una Carpeta de Investigación, Número Único de Atención Temprana (NUAT) o Causa Penal. Dichos actos de molestia son reclamados debido a que elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ministeriales e incluso personas vestidas de civil están amedrentando a mil familia para que les den información de donde poder localizar al suscrito, así como tomando fotografías de mi domicilio, manifestando tener un oficio para poder detenerme; y cuando les piden que les muestren dicho oficio estos supuestos Agentes Policiacos 'Se niegan mostrar dicha orden judicial que sustente su pretensión, dictada por autoridad competente que permita u ordene que puedan privarme de mi libertad'. De las Autoridades Ejecutoras se reclaman los inminentes actos de molestia y abusos de autoridad consistentes en la posible ejecución de alguna Orden Aprehensión y Detención, que pudiera existir en mi contra girados dentro de alguna Carpeta de Investigación, Número Único de Atención Temprana (NUAT) o causa penal. Dichos actos de molestia son reclamados debido a que elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ministeriales e incluso personas vestidas de civil andan merodeando por mi domicilio y preguntan a vecinos y familiares dónde pueden localizar al suscrito, ya que cuentan con una orden de aprehensión en mi contra, por lo que tengo el temor fundado de que se me pretenda involucrar en algún acto delictivo, que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no he cometido o participado; y sin embargo con el pretexto de buscar supuestos delincuentes, dichas autoridades abusando de sus facultades, amedrentan al suscrito, sin mostrar orden judicial que lo permita, ni mencionan que supuesta autoridad competente ha ordenado dichas investigaciones, lo cual originan actos violatorios al suscrito, por no cumplir con sus facultades conferidas por la ley, es decir, informar y sustentar su actuar a la ciudadanía sin originar perjuicios o actos lesivos que afecten la esfera jurídica de los gobernados; incluidos sus derechos y posesiones. (.)". La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Radicación de la demanda, admisión y trámite. Mediante auto de primero de julio de dos mil veintidós (fojas 11 a 19), se radicó la demanda con el juicio de amparo indirecto número 688/2022-B. En el mismo proveído se admitió a trámite por los actos reclamados consistentes las órdenes de aprehensión y detención giradas en contra de la parte quejosa; así como su ejecución, formándose por separado y duplicado incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 51). Tercero. Cita para audiencia. En auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós (foja 112), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades en materia penal con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: - Las órdenes de aprehensión y detención giradas en contra de la parte quejosa; así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 a 6 1. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, por sí y en representación de los informes requeridos a los Jueces de Control 2. Gerardo Gutiérrez Gayosso, 3. Abelardo Gil Martínez, 4. David Rodríguez González, 5. Gabriel Pérez Rocha Pérez -Región Judicial Sur Oriente, sede en Tehuacán, Puebla-, 6. Francisco Javier Martínez Castillo -Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla-. Niega Foja101 7 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Samuel Jiménez Morato. Niega Foja 33 8 Delegada de la Fiscalía General de la República en Puebla, por su representación. Niega Foja 35 9 Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Niega Foja 54 10 Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla. Niega Foja 74 11 Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada. Niega Fojas 106 y 107 12 Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, por su representación. Niega Fojas 104 y 105 13 Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación. Niega Foja 63 14 Fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por su representación. Niega Foja 55 15 Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por su representación. Niega Foja 56 16 Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 57 17 Fiscal Especializado en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por su Representación - Niega Foja 68 18 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 70 19 Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público adscrita Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, sede Tecamachalco, Puebla. Niega Foja 73 20 Agente del Ministerio Público Investigador de Tecamachalco, Puebla, Alicia Pérez Durán. Niega Foja 93 21 Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 111 22 Agente Investigador adscrito a la Unidad de Apoyo Policial Tecamachalco, Puebla, de la Fiscalía de Investigación Regional. Niega Foja 71 23 Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla (Jefe de Grupo Ministerial Néstor Hernández Silva). Niega Foja 78 24 Comisario de la Guardia Nacional, en su carácter de Coordinador Estatal en Puebla, Ernesto García Sánchez. Niega Foja 64 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI. 2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Javier Domínguez Balderas, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables 11. Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y 12. Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, por su representación¸ sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que el veintiséis de julio pasado se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades oficiantes y se acordó lo procedente, por lo que, agréguense para que obren únicamente como corresponda. Cúmplase.
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