JAVIER ARELLANO GARCÍA y Otros.

Expediente 762/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
762/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • JAVIER ARELLANO GARCÍA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos del juicio de amparo número VI-1062/2022, promovido por María Luisa Zamora Aguilar, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió el juicio de amparo 1035/2022 del índice de su juzgado, formado con motivo de la demanda de amparo presentada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, promovida por María Luisa Zamora Aguilar, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades, por considerar que carecía de legal competencia por razón de turno para conocer de dicho juicio de amparo. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito aceptó la competencia por razón de turno planteada y previno a la parte quejosa a fin de que aclarara su demanda registrándola bajo el número VI-1062/2022; una vez desahogada la prevención formulada, por auto de seis de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías en cuestión, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; se ordenó dar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde; se emplazó a la parte tercero interesada. Cabe destacar que mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías por lo que ve a los acuerdos de tres de marzo y veinticinco de abril, ambos de este año, emitidos por el representante social, ello en atención a que en el primero se le requirió para que de manera voluntaria entregara el vehículo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se impondrían medios de apremio. En el segundo, ante la falta de entrega voluntaria del vehículo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se adoptaron diversas medidas, entre las que destaca que se boletinó y se ordenó detener y asegurar el vehículo a fin de que fuera puesto a disposición del representante social. No obstante, la quejosa no desahogó dicho requerimiento, por lo que en audiencia de trece de junio de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento decretado por este Juzgado de Distrito, por lo que el presente juicio de amparo se resolverá tomando en consideración únicamente como acto reclamado el señalado por la quejosa en su demanda de garantías. Por último, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello en razón de que la parte quejosa reclama un acto de una autoridad con sede en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir: Del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán: La orden de desposesión del vehículo tipo sedán, marca Mazda, año 2018, color rojo, con número de serie JM1BN1V32J1167281 y con placas de circulación K97ATB de esta ciudad, a fin de ser devuelto al aquí tercero interesado por haber acreditado su propiedad. Cabe destacar que la quejosa señaló que dicha determinación fue emitida en la audiencia de impugnación de actos del Ministerio Público (devolución de objetos). Y del Fiscal General del Estado de Michoacán, así como de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Carpetas de Investigación, Uriel Patiño López y Yulicia Verduzco Almanza; y del Coordinador General de la Policía de Investigación, todos con residencia en esta ciudad: La ejecución de dicha determinación. La cual refiere la quejosa fue materializada el siete de septiembre de dos mil veintitrés. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; Director de Amparos, en representación del Fiscal General del Estado y el Coordinador General de la Policía de Investigación, todos con residencia en esta ciudad, se advierte que niegan la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar dicha negativa. Por el contrario, la manifestación del juez responsable, así como de las citadas autoridades ejecutoras se encuentra acreditada con las constancias que obran en autos, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Ello es así ya que si bien dicho juez presidió la audiencia de impugnación de actos del ministerio público relativa a la devolución de objetos, de su contenido no se advierte que haya sido dicha autoridad quien emitió el acto que se le atribuye. De las constancias que obran agregadas en autos se advierten los siguientes antecedentes: Ante el representante social se integra la carpeta de investigación 1003202146719 y su acumulada 1003202147051, por los hechos que la ley señala como delito de abuso de confianza y fraude, respectivamente. Una vez que se realizaron diversos actos de investigación, por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se autorizó la devolución del vehículo en comento a la aquí quejosa, por haber acreditado la propiedad de dicho bien con el contrato de compraventa exhibido ante el representante social (foja 75 a 76 del tomo de pruebas). No obstante, el aquí tercero interesado también solicitó la devolución del vehículo, a cuyo efecto exhibió copia cotejada de la factura respectiva endosada a su nombre; sin embargo, mediante auto de siete de febrero de dos mil veintidós, el representante social determinó que no había lugar a proveer de conformidad. Inconforme con dicha determinación, solicitó audiencia de control de actos de investigación del Ministerio Público, siendo así que el uno de marzo de dos mil veintidós, el Juez de Control responsable determinó que la negativa del ministerio público carecía de fundamentación y motivación, por lo que ordenó que se dejara sin efectos aquella negativa y que en su lugar se dictara otra debidamente fundada y motivada, al estimar que no se señaló el motivo por el cual no era factible la devolución solicitada. En cumplimiento a dicha determinación, el Ministerio Público dictó el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, en el que analizó nuevamente la petición de devolución del aquí tercero interesado y determinó que este había acreditado fehacientemente la propiedad del vehículo con la copia cotejada de la factura otorgada a su favor, por lo que ordenó su devolución (foja 399 a 400 del tomo de pruebas), por lo que el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se formuló requerimiento a la quejosa para que se presentara ante la representante social a fin de hacer entrega del vehículo a Ángel Aquino Flores, bajo apercibimiento que de no hacerlo se aplicarían los medios de apremio previstos en el artículo 104, fracción I, apartado C, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinación que fue notificada a la quejosa el siete de marzo de dos mil veintidós (foja 112 del presente juicio). Ante la renuencia de la quejosa para hacer la entrega del vehículo, el tercero interesado solicitó se decretaran diversos actos para lograr la entrega (foja 421 a 422 del tomo de pruebas); no obstante, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se dijo que no había lugar a proveer de conformidad con dichas peticiones (foja 423 a 424 del tomo de pruebas). Inconforme con ello, el tercero interesado nuevamente solicitó audiencia de impugnación ante el Juez de control, la cual tuvo verificativo el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que determinó que el representante social había inobservado el debido proceso y el acceso a la justicia, al haber negado la solicitud del tercero interesado con base en información no corroborada, por lo que estimó que dicha determinación no estaba debidamente fundada y motivada, por lo que ordenó a la fiscalía dejara sin efectos el acuerdo impugnado y, en su lugar, emitiera uno nuevo debidamente fundado y motivado, dando contestación a cada uno de los puntos solicitados por el tercero interesado. En mérito de ello, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la aquí quejosa, por lo que se boletinó la la unidad automotriz, a fin de que fuera localizada, detenida y una vez asegurada se pusiera a disposición del ministerio público a fin de ser devuelto al tercero interesado (foja 435 a 436 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, el tercero interesado solicitó al representante social que se giraran diversos oficios y se realizaran actos pertinentes e idóneos para obtener y retener el vehículo (foja 523 a 525 del tomo de pruebas), lo que fue negado por el agente investigador mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós, al señalar que la carpeta de investigación había sido remitida al Departamento de Litigación a fin de verificar si era factible su judicialización (foja 526 del tomo de pruebas). Inconforme con ello, nuevamente se celebró audiencia de impugnación ante el Juez de Control en la que se declaró improcedente lo solicitado por el tercero interesado en atención a que el representante social ya le había dado respuesta en diverso acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós (foja 527 del tomo de pruebas), en el que se ordenó girar diversos oficios a fin de que el vehículo fuera retenido y puesto a disposición del Ministerio Público para su devolución al tercero interesado. Siendo así que el siete de septiembre de dos mil veintidós, se localizó el vehículo afecto y se procedió a su aseguramiento (foja 622 del tomo de pruebas); asimismo, el Agente del Ministerio Público de Zamora, Michoacán, ordenó su aseguramiento, para luego ponerlo a disposición del fiscal de esta ciudad (foja 624 del tomo de pruebas). Una vez recibido el vehículo en la Fiscalía de esta ciudad, el quince de septiembre de dos mil veintidós, se decretó su aseguramiento (foja 627 del tomo de pruebas). Siendo así que el tercero interesado compareció ante el representante social a solicitar su entrega, por lo que en auto de diecinueve de septiembre pasado, se autorizó dicha devolución (foja 630 a 631 del tomo de pruebas). De la anterior narración de hechos se evidencia que los actos y órdenes dirigidas a desposeer a la aquí quejosa del vehículo en comento, fueron emitidos por el Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación, no así por el Juez de Control, pues si bien es cierto que estos se emitieron después de que este último dejara sin efectos acuerdos anteriores y ordenara al representante social se proveyera lo conducente de manera fundada y motivada, en ningún momento conminó al fiscal para que acordara favorablemente las peticiones del tercero interesado, sino que simplemente le precisó que emitiera un nuevo acuerdo que estuviera fundado y motivado, esto es, le otorgó plenitud para decidir el sentido. De ahí que quien suscribe estimó que los actos encaminados a desposeer a la quejosa lo eran el requerimiento de cuatro de marzo y el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitidos precisamente por el Ministerio Público, por lo que en el presente juicio se previno a la quejosa para que manifestara si era su deseo reclamar dichos acuerdos. Sin embargo, al no realizar manifestación alguna dentro del término de quince días que para tal efecto se le concedió, en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento decretado y por tal motivo en la presente sentencia únicamente se analiza como acto reclamado el que se atribuye al Juez de Control, el cual como ya se dijo es inexistente, ya que quedó evidenciado que él no ordenó la desposesión de que se duele la quejosa. Y, al no haber ampliado su demanda la quejosa, pese a que se le requirió oportunamente para tal efecto, este órgano de control constitucional está legalmente impedido para analizar su constitucionalidad pese a que el representante social responsable haya aceptado su existencia al momento de rendir su respectivo informe justificado. Por lo tanto, tomando en consideración que el Juez de Control no emitió los actos reclamados, lo que procede es sobreseer en el mismo, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados a las restantes autoridades responsables, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por María Luisa Zamora Aguilar, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región, Morelia, Michoacán, y otras autoridades, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

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