Javier Cejas Barajas y Otros.

Expediente 748/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
748/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Javier Cejas Barajas y Otros.
  • José Graciano Flores
  • Erika Flores González
  • Juez de control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Mich
  • Miguel Ramos Fermín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo V-748/2023, promovido por Javier Ceja Barajas, Graciano Flores Barajas, Erika Flores González, Miguel Ángel Ramos Fermín, Óscar González Luciano y Marisol Flores González, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; y... Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Ceja Barajas, Graciano Flores Barajas, Erika Flores González, Miguel Ángel Ramos Fermín, Óscar González Luciano y Marisol Flores González, contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

  2. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo V-748/2023, promovido por Javier Ceja Barajas, Graciano Flores Barajas, Erika Flores González, Miguel Ángel Ramos Fermín, Óscar González Luciano y Marisol Flores González, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al día siguiente hábil, Javier Ceja Barajas, Graciano Flores Barajas, Erika Flores González, Miguel Ángel Ramos Fermín, Óscar González Luciano y Marisol Flores González solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación de dicho ocurso, por auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Javier Ceja Barajas, Graciano Flores Barajas, Erika Flores González, Miguel Ángel Ramos Fermín, Óscar González Luciano y Marisol Flores González, registrada bajo el número V-748/2023; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad en materia penal, residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: El auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el proceso penal 608/2023, que se sigue en contra de los imputados Javier Ceja Barajas, Graciano Flores Barajas, Erika Flores González, Miguel Ángel Ramos Fermín, Óscar González Luciano y Marisol Flores González, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia del delito de lesiones. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como su complemento la autoridad jurisdiccional, consistentes en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia respectiva, así como de la versión escrita respectivamente. Los cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad. Ello de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos. En cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. De modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la investigación (antes averiguación previa). Dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado. De manera que para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Elementos que, se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la investigación y fortalecer la relevancia del proceso penal y, particularmente, el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable responsabilidad -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al dictar el auto de vinculación a proceso el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 608/2023, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de lesiones en agravio de Taylor Antonio Cortés Custodio. Ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba; es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar las pruebas o datos de prueba para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a alguna de las partes, ni existe, por regla general, suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o, en su caso, tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten. Superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho con los elementos que le suministraron los contendientes y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Ahora bien, en su único concepto de violación la parte quejosa esencialmente, señala: * Que los datos de prueba no fueron valorados correctamente toda vez que no tomó en consideración los alegatos vertidos por la defensa en relación con el informe médico de lesiones, ni la idoneidad de las entrevistas, por lo que estima que no existen datos o indicios razonables que permitan suponer la comisión de un delito y menos aún la probable participación de los quejosos. Dicho argumento resulta esencialmente fundado para conceder la protección constitucional solicitada; aunque para declararlo así, deba ser suplido en su deficiencia, en términos del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por principio, esta autoridad judicial considera necesario precisar que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, ello solamente el Agente del Ministerio Público, el imputado y la defensa, así como el ofendido y su asesor jurídico. De esta manera, el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso deberá estudiarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que la responsable, por regla general, no puede revisar su contenido, debiendo resolver conforme a lo que expongan la representación social y la defensa. Dicho ello, para una mejor comprensión del asunto, se hace una relación de los elementos que se desprenden del registro de audio y video relativo a la audiencia respectiva, circunstancias entre las que destacan las siguientes: Una vez abierta la audiencia e identificadas los intervinientes, con auxilio de un traductor, la fiscalía precisó los hechos materia de la imputación; asimismo, señaló que la acusación encontraba sustento en los siguientes datos de prueba: Denuncia formulada por el ofendido el ocho de junio de dos mil veintiuno, a la que se allegaron dos constancias médicas, una nota de dos de junio de dos mil veintiuno en la que se hace constar la lesión consistente en fractura de nariz y que el paciente requiere cirugía y una receta de veintiocho de mayo de ese mismo año. Informe médico de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en el que el perito médico de la fiscalía tuvo a la vista al ofendido, realizó su inspección física e interrogatorio; asimismo, el perito hizo constar la nota médica presentada por el ofendido de dos de junio de dos mil veintiuno, descrita con antelación. Cabe destacar que en dicho acto el juez cuestionó a la fiscal si el informe médico de lesiones solo refería a las constancias. A lo que la fiscal respondió que no, que además el ofendido presentaba la fractura que señala la nota médica, además de una tumefacción de 3.4 X 1.2 centímetros de diámetro localizada en el dorso de la nariz, esto es, en la unión con la línea media. Entrevista de Rudy Uriel Bautista Zinzun, realizada por el asesor victimal, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, quien en esencia refirió ser miembro de la ronda comunitaria, que es una especie de policía comunitaria, que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, vio al ofendido en la fiesta patronal de la comunidad; posteriormente, observaron que un grupo de personas de la comunidad estaban golpeando al ofendido, que incluso uno de los agresores usó una botella de vidrio para causarle daño al ofendido, por lo que acudieron en su ayuda, momento en el que los agresores huyeron; posteriormente, trasladaron al ofendido a su casa donde posteriormente recibió atención médica en un hospital. Entrevista a Seica González Medina, realizada por el asesor victimal, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, quien en esencia refirió que el día de los hechos acudió a la fiesta patronal del Barrio de San Sebastián, cuando fue agredida por varias personas, por lo que su primo, ahora ofendido, acudió en su ayuda, momento en el que los agresores se le dejaron ir a golpes y que al intervenir la ronda comunitaria los agresores se dieron a la fuga. Entrevista a Maritza Custodio Medina, madre del ofendido, realizada por el asesor victimal, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, quien en esencia refirió que el día de los hechos su hijo acudió a la fiesta patronal, que aproximadamente a las 00:20 horas, observó que varias personas de la comunidad empezaron a golpear a su hijo porque defendió a su sobrina, causándole diversas lesiones, entre ellas una fractura en la nariz que le fue operada; asimismo, señaló que uno de los agresores utilizó una botella de vidrio para causarle daño a su hijo. En uso de la palabra, la defensa solicitó a la fiscalía precisara las lesiones, por lo que la fiscalía hizo alusión al informe médico, en el que el perito de la fiscalía hace alusión a la nota médica presentada por el ofendido y reitera que en un párrafo al final del informe se precisan las lesiones. Por lo que la defensa cuestionó a la fiscalía si el perito se había limitado a certificar las lesiones señaladas por el médico particular; a lo que la fiscalía respondió que el perito había hecho alusión a la nota médica apoyándose en ella. Posteriormente, los imputados fueron asistidos por el traductor sin que se precisara la necesidad de decretar un receso. Acto seguido, el juez determinó que los imputados ya conocían los hechos y datos de prueba, preguntó a los imputados si era su deseo declarar a lo que señalaron que no. En uso de la palabra la fiscalía solicitó la vinculación a proceso a cuyo efecto hizo una relación de los hechos y de la probable participación de los imputados. Nuevamente se dio oportunidad al traductor para tener comunicación con los imputados. El juez los cuestionó sobre en qué momento era su deseo que se resolviera sobre la solicitud de la fiscalía, a lo que después de consultar con su defensa decidieron que se resolviera en ese acto. Asimismo, la defensa solicitó se dictara auto de no vinculación a proceso, a cuyo efecto realizó diversas alegaciones, entre las que destacan las siguientes: Las lesiones no están acreditadas ya que solicitó a la fiscal señalara dónde estaban determinadas sin que lo hubiera hecho. Que el certificado médico del perito fue realizado cuatro meses después de los supuestos hechos; asimismo, que en la exploración física no se encontró alteración en la salud del ofendido que le consten al perito, y que en un segundo párrafo hace mención a la nota del médico particular de dos de junio de dos mil veintiuno, remitiéndose textualmente a ella e incluso transcribiéndola. Todo ello sin que se cuente con constancia fiable y creíble de que se hayan provocado las lesiones referidas por la fiscalía en la fecha y circunstancias que refiere, toda vez que el perito se basó en una nota médica transcribiéndola sin aportar mayores datos relacionados con las lesiones que podría haber encontrado en la corporiedad del ofendido para determinar que tenía esas lesiones y que hubieran sido ocasionadas por varias personas. Máxime que la nota médica no proporciona mayor información, además de que ésa también fue elaborada una semana después de los hechos y en ella no se hizo constar que el ofendido haya presentado inflamación, escoriación o edema; y, por lo tanto, el perito tampoco lo precisó ya que su informe fue elaborado meses después. Aunado a ello, destacó que no se aportaron mayores elementos como radiografías o estudios médicos de otra índole. Asimismo, destacó, que ningún dato de prueba refiere que el golpe con la botella haya sido en la nariz. También refirió que el denunciante no precisó cómo participaron los demás imputados. No existe un certificado médico del momento en que supuestamente acontecieron los hechos pese a que Rudy Uriel Bautista Zinzun señaló que trasladaron al ofendido a su casa, donde posteriormente recibió atención médica en un hospital, siendo que las notas presentadas una es de nueve días después, a más de que la receta médica presentada también data de cinco días después de los hechos, por lo que aduce que no existen datos de prueba suficientes para acreditar las lesiones. Asimismo, señaló discrepancias entre lo señalado en las entrevistas, tales como que Seica González Medina no señaló el modo de participación de cada uno de los imputados, tampoco hizo referencia a que la ronda comunitaria haya acompañado a su primo a su domicilio y que lo hubieran llevado a un hospital para ser atendido; que la mamá del ofendido no dijo que la ronda comunitaria hubiera intervenido y menos aún que hubiera acompañado a su hijo a su domicilio y que lo hubieran llevado al hospital para ser atendido por el golpe con la botella. Por lo cual, señaló que tales declaraciones habían sido elaboradas y redactadas por los abogados, ya que fue el asesor victimal quien las recabó, señalarndo señalando la reserva de los datos personales y apercibiendo a los declarantes sobre la falsedad en declaraciones, las cuales llevan el mismo orden, por lo que parece que fueron copiadas y pegadas, ya que fueron redactadas en similares condiciones y, por lo tanto, reiteró que se les debía restar valor probatorio. Para, finalmente, concluir que no se describió el grado de participación de los imputados, que las lesiones fueron aparentemente certificadas en fecha posterior y que no existen indicios razonables. Después de las manifestaciones de la defensa reseñadas, el juez procedió a fundar su competencia. Señaló que se cumplían las exigencias del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado del auto de vinculación a proceso y, en el minuto 59 del registro de audio y video. Luego precisó que sí había una alteración en la salud del ofendido, que si bien el perito lo revisó cuatro meses después y verificó las notas médicas que en ese acto le presentó el ofendido, sí percibió las lesiones en la nariz, toda vez que toda lesión deja una huella o vestigio. Que la lesión deriva de una conducta externa imputable a la naturaleza humana, pues existe el dicho de tres testigos. Que tanto el ofendido como su prima y Rudy Uriel Bautista Zinzún, fueron coincidentes en señalar como responsables a un grupo de personas a quienes identifican por ser de la misma población y que son quienes produjeron una acción que son los golpes generando como resultado las lesiones. Determinando con ello que existe una relación de causalidad entre la conducta y el resultado. Que los indicios son suficientes para presumir razonablemente que aconteció el hecho con apariencia del delito de lesiones, ya que estas produjeron una alteración derivada de una conducta humana. Asimismo, que la probabilidad de la responsabilidad de los imputados se acredita con el testimonio de la víctima y de los testigos que presenciaron el momento en que se cometió la agresión. Luego señaló que no se acredita alguna causa excluyente. En cuanto a los alegatos de la defensa se pronunció señalando que se estaba en presencia de una unidad de conducta, ya que dada la confrontación es imposible determinar la participación de cada uno de los imputados, ya que todos actuaron en conjunto para producir un resultado y como consecuencia todos son responsables del resultado, ya que todos tenían un mismo propósito al margen de quién produjo el golpe o lesión. Posteriormente, señaló las agravantes que estimó actualizadas. Finalmente, determinó que no había lugar a decretar alguna medida cautelar en atención a que no habían datos que revelaran algún tipo de peligro. Como se adelantó, el concepto de violación vertido por la parte quejosa resulta fundado. En efecto, la resolución reclamada resulta violatoria de los artículos 14 y 16, incluso 17, de la Constitución Federal, ya que, en tal decisión, la autoridad responsable omitió analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por la defensa, en concreto los precisados con los numerales 1), 3) 5) y 6). Dichos preceptos constitucionales a la letra establecen: "ARTÍCULO 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "ARTÍCULO 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De esas disposiciones constitucionales se advierte la existencia de dos principios fundamentales que deben observarse en el dictado de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero (congruencia), en esencia, consiste en que todas las resoluciones de esa naturaleza deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis; de ahí que deba existir, por una parte, congruencia interna, entendida como aquella característica de que la resolución no tenga afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro lado, de congruencia externa, la cual atañe a la concordancia que debe haber con lo solicitado por las partes, esto es, que no se distorsione o altere lo pedido o alegado en defensa, sino que el fallo sólo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir alguna que no se reclamara. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 195706 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.1o.A. J/9 Página: 764 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. También se cita la diversa tesis de rubro y texto: Época: Novena Época Registro: 198165 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Agosto de 1997 Materia(s): Común Tesis: XXI.2o.12 K Página: 813 SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia. Así, el principio de exhaustividad está vinculado con el examen que debe efectuar la autoridad en relación con todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en consideración todas las pretensiones hechas valer por las partes. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ciertamente consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que radica en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. En ese orden, asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que el juez de control responsable omitió pronunciarse respecto de las cuestiones expuestas por la defensa en la audiencia respectiva. Ello en razón que del análisis de la resolución reclamada se advierte que en efecto, el juez responsable se centró en determinar que se cumplían las exigencias del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso. De ahí que la autoridad responsable omitió el estudio de los planteamientos formulados por la defensa precisados en los numerales 1), 3), 5) y 6). Omisiones con las cuales el juez responsable infringió la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal y los principios de congruencia, exhaustividad y contradicción previstos en los numerales 16, 17 y 20, párrafo primero, Constitucionales, pues se encontraba obligado a realizar el análisis y el pronunciamiento o calificación respecto de cada uno de los argumentos o motivos de inconformidad expuestos por la defensa, máxime que ellos eran parte del debate. Es así, porque con independencia de que le asista o no la razón a la parte quejosa, es necesario que exista un pronunciamiento al respecto, pues de hacer el estudio de esos argumentos en este juicio de amparo, el que suscribe se sustituiría a las facultades que en exclusiva corresponden al juez de control, pues se insiste, del registro de audio y video de la audiencia respectiva se advierte que la autoridad responsable omitió el estudio de los planteamientos formulados por la defensa y destacados en la presente sentencia. En esa medida, ello provoca que tal resolución carezca de exhaustividad y congruencia externa. Por ende, lo anterior constituye una violación formal en la resolución reclamada, que deja a los promoventes del amparo en estado de indefensión, ya que tal circunstancia torna imposible el estudio sobre el fondo de la decisión adoptada en tal resolución, al estar imposibilitados para combatir todas las consideraciones que se sostienen en ella, aunado a que dicha circunstancia también impide a este órgano federal examinar jurídicamente, en cuanto el fondo, tal determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro 176546, que dice: Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. De tal modo que al resultar fundado el concepto de violación vertido por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez de Control responsable, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución dictada en la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; Cite nuevamente a las partes para la celebración de la audiencia únicamente en lo que corresponde al dictado de su determinación; y, En su lugar, dicte una nueva determinación, en la que siguiendo los lineamientos fijados en esta sentencia, subsane la omisión destacada, para lo cual, con libertad de jurisdicción, deberá abordar el estudio de todos los argumentos expuestos por la defensa en la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; en concreto deberá pronunciarse también de los argumentos precisados en los numerales 1), 3), 5) y 6), en este fallo. Dado el sentido de la presente sentencia resulta innecesario el análisis de fondo del auto de vinculación a proceso, pues tal consideración podrá no ser reiterada al cumplir el presente fallo. Tampoco es menester abordar los alegatos formulados por el Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en atención a que no forman parte de la Litis, ni hacen valer una causa de improcedencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Ceja Barajas, Graciano Flores Barajas, Erika Flores González, Miguel Ángel Ramos Fermín, Óscar González Luciano y Marisol Flores González, contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 748/2023 promovido por Javier Cejas Barajas y otros contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Taylor Antonio Cortés Custodio, quien se encuentra debidamente emplazado, como se obtiene de autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe de ley el disco óptico que contiene las constancias digitalizadas del acto reclamado. Documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que tener por desahogadas, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, a través del pedimento 508/2023, presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de julio del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; y al no existir más alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. SE RECIBE DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 671/2023-428.D, del índice de este juzgado, que se le remitiera a efecto de emplazar al presente juicio al tercero interesado********************, lo que se corrobora de las constancias que al efecto acompaña. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido al referido tercero interesado, en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, a la fecha ha fenecido, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificar por lista al tercero interesado********************, las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Atento a lo anterior, se ordena dar de baja la comunicación oficial aludida, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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