Javier Arturo Pérez Díaz

Expediente 297/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
297/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
23/07/2019

Partes del expediente

  • Javier Arturo Pérez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que obra en la caja de seguridad de este juzgado billete de depósito N669470, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el presente juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. DESTINO A INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación; lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTE Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO Ahora bien, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N 669470, valioso por la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., que fue exhibido por el quejoso a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo tanto, únicamente hágase saber a la parte quejosa, que se encuentra transcurriendo el término de seis meses contado a partir del proveído de fecha veintidós de mayo del año en curso, para recoger dicha cédula bancaria, en el entendido que de no hacerlo durante los dos años posteriores a esos seis meses, con fundamento en el artículo 50, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, prescribirá ese billete de depósito a favor del erario federal y se realizará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy Fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que obra en la caja de seguridad de este juzgado billete de depósito N669470, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el presente juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. DESTINO A INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación; lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTE Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO Ahora bien, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N 669470, valioso por la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., que fue exhibido por el quejoso a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo tanto, únicamente hágase saber a la parte quejosa, que se encuentra transcurriendo el término de seis meses contado a partir del proveído de fecha veintidós de mayo del año en curso, para recoger dicha cédula bancaria, en el entendido que de no hacerlo durante los dos años posteriores a esos seis meses, con fundamento en el artículo 50, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, prescribirá ese billete de depósito a favor del erario federal y se realizará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy Fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de dos de mayo dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Javier Arturo Pérez Díaz; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS DE PRUEBAS. Por otra parte, devuélvanse al Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, las documentales que remitió como sustento de su informe justificado, que obran en tomo de pruebas por separado consistentes en el duplicado, tomo II, de la causa penal 34/2017 y su acumulado 31/2016, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-669470, valioso por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N) expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., y el cual fue exhibido en su momento por la parte quejosa, a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida en autos; en tal virtud, hágasele saber que una vez transcurridos los seis meses, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución de dichos certificados de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá en favor del Fisco Federal como lo establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a dicha Tesorería. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo IX-297/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo IX-297/2019, promovido por Javier Arturo Pérez Díaz, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de terceros interesados al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, así como a Jorge Alejandro García Ochoa y Fernando García Paniagua, quienes fueron debidamente emplazados. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Vistas las diligencias de emplazamiento de los terceros interesados Jorge Alejandro García Ochoa y Fernando García Paniagua, de las que se obtiene que señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Gertrudis Bocanegra, número 1328, de la colonia Ventura Puente, esquina con lago de Camecuaro, en esta ciudad y autorizaron para tal efecto a Rosa María Ochoa Ruiz; por tanto, se tiene a los terceros interesados de referencia, señalando domicilio para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que indicaron. Secretario, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto obran las documentales que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda; así como la que el juez responsable remitió en apoyo de su informe justificado consistente en el duplicado, tomo II, de la causa penal 34/2017 y su acumulado 31/2016, lo cual obra en cuaderno de pruebas por separado; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron admitidas y desahogada en atención su propia y especial naturaleza en proveídos de veinte y veintisiete de marzo del año en curso, respectivamente. JUEZ: Se tienen por desahogadas dichas probanzas, y al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de la partes hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo IX-297/2019, promovido por Javier Arturo Pérez Díaz, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, del que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Javier Arturo Pérez Díaz, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que señaló en su escrito de demanda y los actos que precisó en el mismo. Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veinte de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, por los actos reclamados al Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial; se le solicitó su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos cuya ejecución podría tener verificativo en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado al Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, consiste en: El proveído de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 34/2017, y su acumulado 31/2016 del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, a través del cual se apercibe al quejoso Javier Arturo Pérez Díaz, para que en el caso de que no comparezca ante el juzgado de la causa el día y hora programados para llevar a cabo las ratificaciones de dictámenes periciales, se le decretará arresto por el término de diez horas. Acto que, en el decir del quejoso, es violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4, 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye en la presente instancia constitucional. Además, tales manifestaciones se corroboran con las constancias que remitió junto con su informe justificado; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser documentos expedidos por autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Ahora, en la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo , cuyo contenido es del tenor siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, en el presente asunto el quejoso reclamó el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 34/2017, y su acumulado 31/2016 del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, a través del cual se apercibe al quejoso Javier Arturo Pérez Díaz, para que en el caso de que no comparezca ante el juzgado de la causa el día y hora programados para llevar a cabo las ratificaciones de dictámenes periciales, se le decretará arresto por el término de diez horas. Cabe señalar que dicho auto fue dictado por el juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo IX-1033/2018. Sin embargo, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que en el referido juicio de amparo, al momento de analizar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante acuerdo de ocho de abril del año en curso, se determinó lo siguiente: ".Precisado lo anterior, queda de manifiesto que el Juez responsable nuevamente incumple con el lineamiento marcado con el número dos de la sentencia de amparo, por las siguientes razones: A.- Si bien, al emitir el auto de once de marzo del año en curso, en el que señaló que el quejoso ha sido omiso en presentarse ante dicha autoridad al desahogo de la ratificación de dictámenes, señalando como condiciones particulares del aquí quejoso, que es médico de profesión, por lo que cuenta con la capacidad de entender y querer el hecho, asumiendo por ende, las consecuencias de su inasistencia, como lo son el alargar el procedimiento, generar incertidumbre entre las partes y retrasar las consecuencias jurídicas de su actuar, razones por las que lo apercibió que en caso de no comparecer nuevamente, le decretaría un arresto por el término de diez horas; lo cierto es que omitió exponer las circunstancias tomadas en cuenta para determinar la cantidad de horas de arresto a que sería sometido en caso de su incumplimiento y señalar el precepto legal en que fundamenta dicha medida de apremio. Lo anterior, pone de manifiesto que el Juez responsable no observó que la ejecutoria de amparo, le marca fundar y motivar su determinación en caso de insistir en el apercibimiento relativo al arresto del aquí quejoso; es decir, justificar dicha medida de apremio y la finalidad que se persigue con el requerimiento hecho al sancionado. Se requiere a la autoridad responsable En consecuencia, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, atendiendo a los lineamientos marcados en la ejecutoria de amparo y con las observaciones que le han sido precisadas, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el auto de once de marzo de dos mil diecinueve. 2. Dicte uno diverso en el que reitere las consideraciones que no fueron materia de observación en este proveído, pero cumpliendo con el lineamiento marcado con el número dos de la ejecutoria de amparo, esto es, con las observaciones que le fueron apuntadas en este auto (punto A); y, 3. Remita las constancias con las que acredite el debido cumplimiento." En acatamiento a lo anterior, el juez responsable dictó un acuerdo el doce de abril de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio. De ahí, que resulte factible afirmar que cesaron los efectos del auto combatido, precisamente por haberse declarado insubsistente; por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en los autos del presente juicio. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Javier Arturo Pérez Díaz, por propio derecho, en contra del acto que reclamó del Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.

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