Jarin Amilcar Cardona López

Expediente 1142/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1142/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y Otros.
  • Jarin Amilcar Cardona López
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto:Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el ocho de enero de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a JARIN AMILCAR CARDONA LÓPEZ, para el efecto de que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en el punto I., en el que señaló el día cinco de abril de dos mil dieciocho, para el desahogo de la prueba de inspección ocular; y, En su lugar dicte otro en el que señale fecha próxima para su desahogo." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, dado que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. En virtud a lo anterior, mediante oficio presentado el ocho de febrero de este año, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, allegó copia autógrafa del proveído de siete de ese mismo mes y año, dictado en el juicio laboral número 1B-3469/2015, a través del cual, dejó insubsistente el acuerdo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en el punto marcado con el número I, donde señaló fecha para el desahogo de la prueba de inspección ocular; y siguiendo el lineamiento marcado en el ejecutoria, señaló las diez horas del veinte de febrero del año en curso, para el desahogo de la prueba de inspección ocular, ofrecida por la parte actora. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en el punto I., en el que había señalado el día cinco de abril de dos mil dieciocho, para el desahogo de la prueba de inspección ocular, dentro del juicio laboral número 1B-3469/2015; y, en su lugar dictado otro, el siete de febrero del actual, en el que señaló fecha próxima para su desahogo, con lo que se le restituyó en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, allega copia autógrafa del acuerdo de siete de febrero de este año, dictado en el juicio laboral número 1B-3469/2015, donde, para cumplir con la sentencia de amparo, se dejó insubsistente el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el punto número I, y señaló día y hora próxima para el desahogo de la prueba de inspección ocular. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificadas del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de ocho de enero del año que transcurre, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a JARIN AMILCAR CARDONA LÓPEZ. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el libro de gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: "La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en el punto I., en el que señaló el día cinco de abril de dos mil dieciocho, para el desahogo de la prueba de Inspección ocular; y, En su lugar dicte otro en el que señale fecha próxima para su desahogo". NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo en vigor, puesto que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de esta ciudad, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 1142/2017, promovido por Jarin Amilcar Cardona López, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Jarin Amilcar Cardona López, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente 1142/2017; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La dilación en la administración de justicia dentro en el juicio laboral número 1B-3469/2015, al haberse señalado fecha lejana para el desahogo de la prueba de inspección ocular. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la junta responsable, se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto la autoridad responsable manifestó que era cierto el acto que se le reclama en esta instancia constitucional; asimismo, remitió copias certificadas del controvertido de origen. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de Amparo, así como atendiendo a la causa de pedir expresada en él. Lo antes dicho con sustento en lo señalado en la jurisprudencia 68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.". Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Se dice lo anterior, pues efectivamente, quien esto resuelve estima que la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en su actuar se ha apartado, en perjuicio de la parte quejosa, de la garantía tutelada por el artículo 17 Constitucional, ante la existencia de un retraso en la impartición de justicia prevista en dicho precepto. El artículo constitucional en comento, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial. De esta forma, se tiene que la normativa laboral dispone la forma en que habrá de substanciarse el procedimiento así como los plazos y en relación al desahogo de la prueba de inspección ocular señala: Artículo 829. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes: I. El actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado por la Junta; II. El actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse; III. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos". Ahora bien, una de las característica esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, terminología empleada por la ley para referirse a la contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo, lo que aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no deja lugar a dudas de la expedites en la tramitación y resolución de los juicios laborales, siendo así que de las reglas previstas en el artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende la mayor prontitud en el desahogo de la prueba pericial. Así, se tiene que hay trasgresión a las garantías constitucionales cuando existe dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral, así como cuando, durante la sustanciación de dicho juicio, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta el laudo respectivo en los tiempos fijados por la ley. En efecto, nuestro Máximo Tribunal de Amparo sostuvo que el juicio laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada para obtener el dictado de un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que el retraso u omisión de actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio, lo que trae como consecuencia la vulneración a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, debido a que la administración de justicia por el tribunal laboral no se realizará en los plazos y términos que fija la ley. Acotado lo anterior, en la especie se tiene, que la parte quejosa reclama en esencia de la autoridad responsable la violación en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Tal argumento, como se dijo de inicio, es fundado, toda vez que no es razonable que para el desahogo de la prueba de inspección ocular se señalen (las diez horas del cinco de abril del año en curso), que distan más de cuatro meses con veinte días del acuerdo respectivo (dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete), y que por su lejanía sí representa una abierta dilación en el procedimiento, lo que ha generado una violación en perjuicio del gobernado, al actualizarse el retraso en la impartición de justicia acorde al artículo 17 Constitucional. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Jarin Almicar Cardona López, para el efecto de que: La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en el punto I., en el que señaló el día cinco de abril de dos mil dieciocho, para el desahogo de la prueba de Inspección ocular; y, En su lugar dicte otro en el que señale fecha próxima para su desahogo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CV/2013 (10ª.) de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). ". No pasa inadvertido para el suscrito juzgador el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sin embargo el suscrito juzgador estima que no se actualiza la causal de improcedencia en comento, toda vez que en el particular se actualiza el caso de excepción previsto en dicho criterio jurisprudencial, ya que se evidencia una abierta dilación en el desahogo de las pruebas sin que exista causa justificada de parte de la autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jarin Amilcar Cardona López, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones autorizadas al titular mediante oficio CCJ/ST/6674/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorización que fue notificada mediante oficio número CR./CJD./011/6411/2017, signado por el Secretario de la Comisión de Receso, ante la licenciada y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistida de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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