Janette Carolina Cervantes López

Expediente 806/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
806/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Janette Carolina Cervantes López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informa cumplimiento a la sentencia de amparo. Visto lo de cuenta téngase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. 2. Vista a la parte quejosa. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que la parte quejosa no impugnó en término legal la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: ". Por tanto, al ser violatoria de derechos la omisión reclamada, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la junta responsable, se pronuncien ya sea en sentido positivo o negativo, con relación a la solicitud de la parte actora a través de la cual peticionó se señale fecha y hora para que el actuario judicial asociado del actor requieran al demandado el cumplimiento del laudo.". 1.2. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa, de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. 2. Se esté a lo acordado. Agréguese el escrito de la apoderada jurídica de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden, en los que se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con dieciséis minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del secretario Javier Ivan Contreras Osorio, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 806/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. El Secretario relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio,e informe justificado de la autoridad responsable. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridad responsable; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución. SENTENCIA VISTOS para resolver el juicio de amparo 806/2021, promovido por Janette Carolina Cervantes López por conducto de sus apoderados Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Y CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. La quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: La omisión de acordar la promoción que presentó el dos de junio de dos mil veintiuno; Omisión de señalar fecha para que el actuario en compañía del quejoso acudan a llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago o embargo, así como designar un fedatario para tal fin y, Girar oficio solicitando la intervención de la fuera pública en la diligencia de ejecución, actos derivados del expediente ordinario laboral 3D-1820/2019. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 61, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado respecto de los actos señalados como 1 y 3, negó la existencia de los mismos. Lo que queda acreditado dado que de las constancias que adjuntó la responsable a su informe de ley, a las cuales se les otorga valor probatorio conforme lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se desprende: Que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se dio cuenta con el escrito de dos anterior, presentado por el licenciado Mariano Barojas Rodríguez; Petición a la que se le dijo que se actualizaba el monto generado por concepto del interés; despachó auto de ejecución, requerimiento de pago y en su caso, de embargo, contra la fuente de empleo demandada; comisionó al actuario para que asociado con el trabajador actor se despachara el auto de ejecución. También se le dijo que a la fecha de emisión del aludido acuerdo, no había lugar a autorizar el uso de cerrajero, en virtud que del expediente no se advertía por parte de la demandada oposición para realizar la diligencia de requerimiento de pago o en su caso, embargo. Sin que la parte quejosa haya aportado al juicio medios de prueba tendentes a desvirtuar dichas negativas; por tanto, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades mencionadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Norma, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, indicó que era parcialmente el acto reclamado señalado en el punto 2), porque virtud a que la fecha y hora para lo diligencia ordenada, era a petición de parte, misma que debía de ser solicitada a esa autoridad, por tanto se tiene por cierto el acto reclamado. Aunado a que de la constancia que adjuntó, se advierte su certeza; a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la solicitante del amparo. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en los dispositivos 1, 8, 13, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, la quejosa afirma que se violan sus derechos humanos porque la Junta responsable viola lo dispuesto por los citados normativos constitucionales que consagran las garantías, audiencia, legalidad y seguridad jurídica al omitir acordar la petición en el sentido de señalar fecha para que la quejosa en compañía del Actuario adscrito a la Junta responsable acudan a llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago en el juicio laboral 3D-1820/2019; por ello, a fin de analizar la fijación de la fecha para la verificación de la diligencia señalada es necesario contar con un parámetro legal que así lo permita. Al efecto, cabe señalar que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 17. .---Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El aludido precepto constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de que se le administre justicia pronta y expedita, salvaguardando la garantía de seguridad jurídica cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten. Ahora bien, se tiene que los artículos 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente, refieren: "Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Conforme a estos numerales, se advierte que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, principio que rige su actividad, y que en el caso particular no se ha respetado. En efecto, los numerales transcritos de la mencionada ley laboral, disponen que las Juntas dictarán sus resoluciones en el mismo acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que reciba promociones por escrito. Así, los preceptos constitucionales y legales antes mencionados, relativos todos a procurar la garantía de seguridad jurídica, ponen de manifiesto el hecho de que las autoridades laborales, en el caso particular, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, a través de la función jurisdiccional que le corresponde llevar a cabo mediante la realización de actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del acuerdo respectivo, no puede contravenir lo dispuesto en los preceptos legales a que se ha hecho referencia, en atención a que su conducta omisiva traería como consecuencia un retraso injustificado en la secuela del conflicto sometido a su consideración con grave perjuicio en la administración de justicia, y menoscabo de la garantía que salvaguarda el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en favor del ahora quejoso violentando su derecho de que se le administre justicia pronta y expedita. Se afirma lo anterior, dado que de las constancias en estudio, se advierte que en el juicio laboral ya se emitió auto de ejecución y que la parte actora por escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno, solicitó se le fije hora y día para que asociada del Actuario se lleve a cabo la diligencia respectiva. Sin que la Junta haya acreditado ante este Juzgado que haya emitido el acuerdo respectivo a la petición de la parte quejosa, pues incluso de la impresión del auto de veintiuno de junio pasado, no se desprende que la responsable se hubiera pronunciado al respecto: Además, sin que sea inadvertido para este juzgador que la junta responsable, indique que la diligencia de requerimiento de pago y embargo, debe peticionarse ante su potestad y, si del acuerdo recaído al escrito de dos de junio de dos mil veintiuno, notificado a la parte quejosa el veintitrés de agosto siguiente, se advierte que se formuló dicha petición, incluso, el siete de octubre se solicitó cita para ello, sin que la responsable haya dado respuesta, se ponen de manifestó la omisión reclamada. Por tanto, al ser violatoria de derechos la omisión reclamada, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la junta responsable, se pronuncien ya sea en sentido positivo o negativo, con relación a la solicitud de la parte actora a través de la cual peticionó se señale fecha y hora para que el actuario judicial asociado del actor requieran al demandado el cumplimiento del laudo. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Janette Carolina Cervantes López contra las omisiones que atribuyó a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de este fallo, acorde con los motivos especificados en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Janette Carolina Cervantes López, respecto de la omisión reclamada de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Desahoga vista. Visto el escrito de Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, apoderada de la quejosa Janette Carolina Cervantes López, en atención a su contenido, se le tiene haciendo manifestaciones en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como adjuntando como prueba de su parte, la constancia de un correo electrónico remitido al titular de la junta responsable a fin de que se le proporcione cita y se le dé fecha para la diligencia de requerimiento de pago o embargo; documental que se tiene por admitida y desahogada dada su especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Respecto de sus manifestaciones, se tienen como alegatos en términos del artículo 124 de la ley en cita, sin perjuicio de tomarlos en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. En relación a que se requiera a la responsable a fin de que acredite haber dado respuesta al correo electrónico mediante el cual solicita cita para una diligencia, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, dado que ello no es materia del juicio de amparo en que se actúa.

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