Janneth Palmero Mendoza
Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Janneth Palmero Mendoza
Actuaciones
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. En virtud de que no fue impugnado el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
CUMPLE PREVENCIÓN Intégrese a los autos, el escrito por medio del cual la parte quejosa, desahoga la prevención realizada en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno. ANALISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al pronunciamiento respecto a la admisión o no de la demanda presentada por la parte quejosa, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece la obligación de examinar la demanda de amparo integralmente, para el caso que de encontrar motivo indudable de improcedencia y en tal caso debe desecharse de plano. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las manifestaciones vertidas por la impetrante de amparo en el desahogo de las prevenciones mencionadas anteriormente se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: La aplicación de una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 m.n) dictada en acta de audiencia de fecha once de junio del año en curso, derivado del cuadernillo de antecedentes número 00003/2021, NUC. NO. 1003-2020-2674, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia DESECHAMIENTO En ese tenor, éste órgano jurisdiccional advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - (.) - - - XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; - - - (.).". Sobre el particular, es necesario referir que de la fracción en comento, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen dicho consentimiento. Al respecto, es de tenerse en cuenta el criterio de la Séptima Época, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el Semanario Judicial de la Federación, volumen veintitrés, séptima parte, página 14, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto, y, por ende, define que se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria.". Ahora bien, el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, debe vincularse con tres proposiciones: Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria (actualmente artículo 17) Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial VI.3º.C. J/60 con número de registro 176608 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 2365 ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. Pues bien, en el caso se estima que se dan los supuestos de la causal de improcedencia en comento, y para demostrar lo anterior, se advierte que de los antecedentes narrados en su escrito de demanda, la parte quejosa aduce lo siguiente: I El catorce de junio del año en curso, fue notificada de la resolución dictada -el once de junio de dos mil veintiuno- en audiencia pública de derecho, a cargo del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, cuyo origen lo constituye la carpeta de investigación con número único de caso 1003-2020-26746, en la que se le impuso como medio de apremio, una multa por la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional), debido a su inasistencia. II. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, la promovente solicitó al juez responsable dejara sin efectos la aludida sanción económica, argumentando que no fue debidamente notificada de la data para la celebración de la audiencia en comento. III. Petición a la que recayó el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual el primigenio determinó improcedentes las manifestaciones hechas valer por la quejosa, bajo el argumento de que no justificaban su inasistencia. IV. Inconforme con el aludido auto, por escrito de dieciséis de junio del año en curso, la promovente interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el veintidós siguiente, en el que se confirmó la determinación impugnada. Ahora bien, de todo lo informado por la impetrante de garantías, este Juzgado estimó mediante auto de seis de julio pasado, la existencia de dos actos que le causan perjuicio a la quejosa, a saber: 1. La imposición de la sanción económica contenida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, misma que le fue notificada el catorce siguiente; y, 2. El auto de veintidós del mes y año en cita, en que se confirmaron las determinaciones contenidas en el acuerdo de quince de junio del mismo año, que determinó improcedentes sus manifestaciones, en virtud de que no justificaban su inasistencia a la audiencia programada el once de junio pasado, en la carpeta de investigación con número único de caso 1003-2020-26746 y ratificó la imposición de la multa a la quejosa por la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). Aunado a lo anterior, en dicha determinación se tuvo por incompleta la narración de sus hechos, dado que de lo aducido no era posible determinar si contra el auto de once de junio de dos mil veintiuno, mismo donde que se le impuso la multa que reclama, promovió recurso de revocación, ya que refiere que presentó dicho medio ordinario de defensa contra el auto de quince del mismo mes y año, en atención a la negativa de proveer de conformidad la solicitud que presentó en esa misma data. En ese orden de ideas en fecha seis de julio anterior, se ordenó prevenir a la quejosa para efecto de que Primero. Aclare si los actos reclamados en esta instancia constitucional son los que este juzgado interpretó o bien aclare cuál acto en concreto impugna en esta instancia constitucional. Segundo. Aclare si interpuso recurso de revocación contra el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, en que se le impuso la aludida sanción económica o, si únicamente lo hizo contra el diverso de quince del mismo mes y año. Situación que aconteció, mediante escrito presentado en esta data, en donde la multicitada parte procesal manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: / De todo lo expuesto se advierte que el catorce de junio de la presente anualidad se hizo de conocimiento a la quejosa la determinación de once de del mismo mes y año, misma donde se ordenó imponer la multa a dicha quejosa por la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional), sin que ésta haya interpuesto medio de defensa ordinario como método de inconformidad ante tal circunstancia. No obstante de que ésta haya presentado una simple manifestación de inconformidad, pues tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. Corolario a lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Janneth Palmeño Mendoza, por ser notoriamente improcedente. CORREO En términos de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales) el correo electrónico descrito en el escrito.
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Intégrese a los autos el escrito que suscriben las terceras interesadas María Margarita y Gloria, ambas de apellidos Chávez Esquivel así como Anita Loeza Chávez, a través del cual realizan manifestaciones, exhiben diversas fotografías, con el propósito de invalidar la prueba testimonial de veintiocho de junio pasado, misma que será valorada en su momento procesal oportuno. Por otra parte, agréguese el escrito signado por el autorizado de las mencionadas terceras afectadas, en el que solicita se requieran los sumarios 415/2020 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, de esta ciudad y 155/1996, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de este Distrito Judicial, en virtud de que en ellos obran las firmas originales de José Chávez Esquivel. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Atento a lo anterior, toda vez que las documentales a que alude son necesarias para llevar a cabo el correcto desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia ofertada en este sumario en relación con el incidente de objeción de documentos planteado, requiérase a las autoridades, para que dentro del termino de tres días, contado a partir de su legal notificación, remitan las constancias originales de esos sumarios. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA Agréguese la demanda que promueve Janneth Palmeño Mendoza, Agente del Ministerio Público Investigadora, adscrita a la Fiscalía General del Estado, quien promueve en cuanto persona física; regístrese bajo el número 634/2021-IV-D. ANALISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al pronunciamiento respecto a la admisión o no de la demanda presentada por la parte quejosa, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, el cual establece la obligación de examinar la demanda de amparo integralmente, para el caso que de encontrar irregularidad o defecto de esta, ordenar a la parte quejosa para que subsane dichas irregularidades y/o defectos. CUESTIONES PRELIMINARES Del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa reclama al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia y al Notificador de su adscripción, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades Ordenadoras, le reclamo la aplicación en mi contra de una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 m.n). De las autoridades Ejecutoras.- La notificación de fecha 24 veinticuatro de junio del año en curso, para hacer efectiva una multa efectuada en mi contra por la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 m.n)" (sic). ANTECEDENTES Ahora, en el apartado de antecedentes de su escrito de demanda, la parte quejosa manifestó literalmente y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: El catorce de junio del año en curso, fue notificada de la resolución dictada -el once de junio de dos mil veintiuno- en audiencia pública de derecho, a cargo del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, cuyo origen lo constituye la carpeta de investigación con número único de caso 1003-2020-26746, en la que se le impuso como medio de apremio, una multa por la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional), debido a su inasistencia. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, la promovente solicitó al juez responsable dejara sin efectos la aludida sanción económica, argumentando que no fue debidamente notificada de la data para la celebración de la audiencia en comento. Petición a la que recayó el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual el primigenio determinó improcedentes las manifestaciones hechas valer por la quejosa, bajo el argumento de que no justificaban su inasistencia. Inconforme con el aludido auto, por escrito de dieciséis de junio del año en curso, la promovente interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el veintidós siguiente, en el que se confirmó la determinación impugnada. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Luego, bajo el esquema presentado por la quejosa, este órgano jurisdiccional podría interpretar que le causan afectación las determinaciones siguientes: 1. La imposición de la sanción económica contenida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, misma que le fue notificada el catorce siguiente; y, 2. El auto de veintidós del mes y año en cita, en que se confirmaron las determinaciones contenidas en el acuerdo de quince de junio del mismo año, que determinó improcedentes sus manifestaciones, en virtud de que no justificaban su inasistencia a la audiencia programada el once de junio pasado, en la carpeta de investigación con número único de caso 1003-2020-26746 y ratificó la imposición de la multa a la quejosa por la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). Empero, dicha particularidad le corresponde aclarar a la peticionaria del amparo, al ser una carga procesal mínima que le impone la Ley de Amparo para satisfacer las exigencias a que se refiere el artículo 108, fracción IV, esto es, señalar con claridad y precisión el acto reclamado. Por otra parte, la narración de antecedentes expuesta por la accionante, bajo protesta de decir verdad, resulta incompleta, pues de su contenido no es posible determinar si contra el auto de once de junio de dos mil veintiuno, en que se le impuso la multa que reclama, promovió recurso de revocación, ya que refiere que presentó dicho medio ordinario de defensa contra el auto de quince del mismo mes y año, en atención a la negativa de proveer de conformidad la solicitud que presentó en esa misma data, lo que es confuso. Requisito que también corresponde precisar a la quejosa, al ser una obligación que se le atribuye conforme a lo expuesto en la fracción V, del precepto legal 108 de la Ley de la Materia. Por tanto, al advertir tales irregularidades, resulta procedente imponer la siguiente: PREVENCIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, subsane su demanda de amparo en los términos siguientes: Primero. Aclare si los actos reclamados en esta instancia constitucional son los que este juzgado interpretó, a saber: 1. La imposición de la sanción económica contenida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, misma que le fue notificada el catorce siguiente; y, 2. El auto de veintidós del mes y año en cita, en que se confirmaron las determinaciones contenidas en el acuerdo de quince de junio del mismo año, que determinó improcedentes sus manifestaciones, en virtud de que no justificaban su inasistencia a la audiencia programada el once de junio pasado, en la carpeta de investigación con número único de caso 1003-2020-26746 y ratificó la imposición de la multa a la quejosa por la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). O bien aclare cuál acto en concreto impugna en esta instancia constitucional. Segundo. Aclare si interpuso recurso de revocación contra el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, en que se le impuso la aludida sanción económica o, si únicamente lo hizo contra el diverso de quince del mismo mes y año. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con la primera prevención, se tendrán como actos reclamados los que este juzgado de distrito interpretó y, en caso de incumplir con la segunda, se entenderá que el recurso de revocación únicamente lo interpuso contra el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias -desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso-; sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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