Janeira Gómez Rodríguez

Expediente 625/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
625/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Janeira Gómez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento relativo al incidente de suspensión, pues este no fue tramitado. 4. Devolución de documentos y requerimiento. Devuélvanse al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, las constancias que remitió con su informe justificado, con las que se ordenó formar dos tomos de prueba y requiérasele para que acuse el recibo correspondiente dentro del plazo de tres días, contado a partir de la fecha en que los reciba, en el entendido que de no hacerlo, se tendrán por recibidas sin ulterior acuerdo. 5. NOTIFICACIÓN A LA RESPONSABLE. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo de la interposición del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas, no obstante ello, remítasele copia de la sentencia a fin de que se encuentren debidamente enteradas de su contenido. 6. Devolución de documentos. Al resultar innecesaria la retención de los documentos que se acompañaron al escrito inicial, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del citado Acuerdo General, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, computado legalmente, comparezca a efecto de que se le devuelvan, previa acta que al efecto se levante. Apercibida que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con los autos de este juicio dentro del plazo legal previsto para tal efecto. En el entendido que, para el efecto anotado, la parte actora deberá concertar cita con el personal de este órgano al teléfono oficial 443 322.69.60 extensión 1161, de lunes a viernes en un horario de las trece a las dieciocho horas, para coordinar el día y hora hábil, para la entrega de los documentos referidos.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento relativo al incidente de suspensión, pues este no fue tramitado. 4. Devolución de documentos y requerimiento. Devuélvanse al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, las constancias que remitió con su informe justificado, con las que se ordenó formar dos tomos de prueba y requiérasele para que acuse el recibo correspondiente dentro del plazo de tres días, contado a partir de la fecha en que los reciba, en el entendido que de no hacerlo, se tendrán por recibidas sin ulterior acuerdo. 5. NOTIFICACIÓN A LA RESPONSABLE. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo de la interposición del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas, no obstante ello, remítasele copia de la sentencia a fin de que se encuentren debidamente enteradas de su contenido. 6. Devolución de documentos. Al resultar innecesaria la retención de los documentos que se acompañaron al escrito inicial, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del citado Acuerdo General, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, computado legalmente, comparezca a efecto de que se le devuelvan, previa acta que al efecto se levante. Apercibida que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con los autos de este juicio dentro del plazo legal previsto para tal efecto. En el entendido que, para el efecto anotado, la parte actora deberá concertar cita con el personal de este órgano al teléfono oficial 443 322.69.60 extensión 1161, de lunes a viernes en un horario de las trece a las dieciocho horas, para coordinar el día y hora hábil, para la entrega de los documentos referidos.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia Michoacán a las catorce horas con veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno1 hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo VII-625/2020 promovido por Janeira Gómez Rodríguez por sí y en cuanto representante legal del menor Octavio Zepeda Gómez contra actos del: ? Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial con residencia en Zitácuaro Michoacán De quien reclama el acto consistente en: ? La negativa de diez de septiembre de dos mil veinte del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro Michoacán de requerir judicialmente el pago de alimentos provisionales decretados en resolución de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve modificada el veintiséis de febrero de dos mil veinte a favor del menor Octavio Zepeda Gómez en el expediente número 789/2019 relativo al divorcio sin expresión de causa que la quejosa tramitó frente al ahora tercero interesado ante el citado juzgado (sic) El licenciado Reynaldo Piñón Rangel Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia asistido del licenciado Marco Antonio Arroyo Rodríguez secretario que autoriza las actuaciones y da fe encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente sin la asistencia de las partes en términos de la circular SECNO/12/2020 -respuesta a pregunta catorce- emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal Enseguida el secretario procede a efectuar la relación de constancias que obran en autos entre las que destacan:  Escrito inicial de demanda  Auto admisorio de cinco de octubre de dos mil veinte Por otra parte en cuanto al informe justificado que obra en autos el secretario hace relación de él mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Sentido (Auto) 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán Cierto (12-11-2020) El acuerdo en que se tuvo por recibido y las documentales que el Juez responsable adjuntó a su informe justificado con las cuales se ordenó formar dos tomos de prueba -proveído de doce de noviembre de dos mil veinte- así como las que allegó a su oficio número 242 (recibidas en auto de veintiséis de abril del año en curso) De igual forma el emplazamiento practicado al tercero interesado Octavio Zepeda Zanatta (se notificó personalmente -por medio de exhorto- el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno) Asimismo el secretario hace constar: Que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló alegatos Por otra parte en este acto se da cuenta al Juez con el oficio del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán registrado con el número de folio 6844; en atención a su contenido agréguese únicamente como constancia legal toda vez que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno se acordó sobre su contenido Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obran las documentales que el Juez responsable adjuntó a su informe justificado con las cuales se ordenó formar dos tomos de prueba así como las que allegó a su oficio número 242 (recibidas en auto de veintiséis de abril del año en curso); de igual forma las documentales que el tercero interesado Octavio Zepeda Zanatta ofreció -se tuvieron por recibidas en proveído de veintinueve de marzo y siete de abril del año en curso- A lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa Acto continuo con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo se declara abierto el período de alegatos en el que el Juez hace constar: Que únicamente el tercero interesado Octavio Zepeda Zanatta los ofreció; a lo que el Juez acuerda: Téngasele por perdido el derecho a las demás partes de hacerlo por lo que se cierra esta fase Acto seguido procede dictar la siguiente resolución VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo VII-625/2020; y RESULTANDO PRIMERO Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad y recibido ese día en este juzgado Janeira Gómez Rodríguez por sí y en cuanto representante legal del menor Octavio Zepeda Gómez por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad siguiente: N° Autoridad Sentido (Auto) 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán Cierto (12-11-2020) Acto que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1 4 8 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SEGUNDO El cinco de octubre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y finalmente se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que previo diferimiento se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO Competencia Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los ordinales 103 y 107 fracciones I VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48 55 fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito porque el acto que se reclama en esta vía se atribuye a un órgano jurisdiccional que reside dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal SEGUNDO Precisión de los actos reclamados Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos en términos de lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo y con base en la integridad de la demanda a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y de que éste no vea obstaculizado el acceso a la justicia así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P /J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 32 tomo XI abril de 2000 Novena época materia común Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo Así como la tesis VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la 255 tomo XIX abril de 2004 Novena época materia común Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO El artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad Sin embargo en algunos casos ello resulta insuficiente por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar además los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión Esto es el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por la autoridad responsable se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional consiste en: ? La negativa de diez de septiembre de dos mil veinte del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro Michoacán de requerir judicialmente el pago de alimentos provisionales decretados en resolución de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve modificada el veintiséis de febrero de dos mil veinte a favor del menor Octavio Zepeda Gómez en el expediente número 789/2019 relativo al divorcio sin expresión de causa que la quejosa tramitó frente al ahora tercero interesado ante el citado juzgado (sic) TERCERO Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado ya que Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán al rendir el informe justificado expresamente lo reconoció lo que además se corrobora con el contenido de las constancias que acompañó a su informe consistente en las principales constancias del juicio ordinario familiar oral sobre divorcio sin expresión de causa número 789/2019 las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 102 y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo CUARTO Improcedencia Establecida la existencia del acto reclamado como se precisó en el considerando que precede se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo En tal virtud de oficio resulta pertinente analizar la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo que se advierte de las constancias que el Juez responsable remitió a su oficio número 242 recibido en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno Precepto legal que establece: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" Ahora a efecto de justificar la actualización de la causal invocada es pertinente fijar el alcance para lo cual conviene tener presente que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en alguna medida en la esfera jurídica de la quejosa y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales por estimar que el acto es violatorio de los derechos fundamentales o sus garantías En tal virtud siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías Así lo explica la tesis 2a XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época tomo VII abril de 1998 página 241 cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario mientras que la actualización de la segunda aunque parte de la subsistencia del acto reclamado necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad " Ahora como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la quejosa reclama en esencia: La negativa contenida en el proveído de diez de septiembre de dos mil veinte emitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán de requerir al tercero interesado el pago de alimentos provisionales en el expediente número 789/2019 relativo al divorcio sin expresión de causa que la quejosa tramitó frente a Octavio Zepeda Zanatta; alimentos que ascienden a la suma de $5 000 00 (cinco mil pesos moneda nacional mensuales) que se dejaron de cubrir a partir del mes de mayo de dos mil veinte Lo que se corrobora con las constancias que remitió la responsable como apoyo a su informe con justificación de las que se desprende que la resolución reclamada deriva de la negativa de requerir al tercero interesado del citado pago de alimentos provisionales en favor de su menor hijo en el juicio subyacente De igual forma obran en el presente juicio las constancias exhibidas por el tercero interesado y que fueron recibidas en auto de siete de abril del año en curso consistente en: ? La copia del escrito dirigido al expediente 789/2019 del índice de la autoridad responsable esto es al juicio subyacente en el cual el apoderado jurídico del tercero perjudicado manifiesta que su representado realizó el depósito por la suma de $60 000 00 (sesenta mil pesos moneda nacional) a la cuenta 6161 de la institución bancaria denominada Banamex por concepto de alimentos debidos por alimentos desde el mes de mayo de dos mil veinte al mes de abril del año en curso mismo que cuenta con el sello de recibido por parte de la ahora responsable Y las documentales que remitió la responsable en su oficio 242 recibidas en este juzgado el veintiséis de abril del año en curso consistentes en; ? Las copias certificadas del escrito referido en el inciso que antecede así como del comprobante de deposito hecho en la institución Bancaria denominada Banamex por la suma de $60 000 00 (sesenta mil pesos moneda nacional) y del auto de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno pronunciado en el juicio subyacente por la ahora responsable en el cual se tuvo por exhibiendo al apoderado jurídico del ahora tercero perjudicado (demandado en el juicio subyacente) el depósito que identifica por concepto de la pensión alimenticia a favor de su menor hijo Documentos de los que se advierte que en efecto se actualiza la referida causal de improcedencia invocada toda vez que la negativa a requerir al tercero perjudicado del pago de los alimentos debidos a su menor hijo aun cuando subsiste dejó de tener objeto con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -dos de octubre de dos mil veinte dado que por una parte la quejosa en el juicio subyacente reclamaba a la tercero interesada el pago de alimentos provisionales para su menor hijo ello desde el mes de mayo de dos mil veinte a razón de $ 5 0000 00 cinco mil pesos moneda nacional mensuales motivo por el cual solicitó a la responsable realizara a la deudora alimentaria el requerimiento de las cantidades debidas por tal concepto a lo que dicha autoridad se negó Pago que el ahora tercero interesado exhibió en dicho juicio de origen mediante depósito realizado a favor de la quejosa por la suma de $60 000 00 sesenta mil pesos moneda nacional a fin de cubrir los alimentos provisionales debidos desde el mes de mayo de dos mil veinte al de abril de dos mil veintiuno; suma que a su vez la responsable tuvo por exhibida y depositada a favor de la actora en el juicio subyacente Luego si por un lado el objeto o materia del acto reclamado consiste en que se requiera al ahora tercero perjudicado el pago de las cantidades debidas por concepto de alimentos de su menor hijo y en consecuencia de ello que aquél cubra las cantidades reclamadas por tal concepto las que ascendían a $5 0000 00 (cinco mil pesos moneda nacional) mensuales ello a partir del mes de mayo de dos mil veinte Por lo que de esa data al mes de abril del presente año han transcurrido doce meses de multiplicación de los meses transcurridos (doce) por el importe mensual de los alimentos reclamados $5 0000 00 (cinco mil pesos moneda nacional) se obtiene el resultado de $60 000 00 (sesenta mil pesos moneda nacional); mismo numerario que el tercero perjudicado depositó a favor de la quejosa la suma de $60 000 00 (sesenta mil pesos moneda nacional) por concepto de la obligación alimentaria que se le reclamaba el cual se tuvo por realizado dentro del juicio de origen por el tercero a favor de la quejosa es inconcuso que la obligación que se pretendía cubrir con el requerimiento que la responsable se negó hacer al tercero perjudicado ya fue pagada Por ende queda de manifiesto que aun cuando subsiste el acto de autoridad reclamado lo cierto es que la posible declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad que respecto que de éste se hiciere no tendría ningún efecto legal o material en la esfera jurídica de la parte quejosa al haber dejado de existir el objeto o materia del acto pues el pago de alimentos provisionales reclamados por la quejosa ya se realizó es por ello que a la presente fecha aunque subsiste el acto reclamado (negativa a requerir al deudor alimentario las cantidades que por ese concepto se han devengado desde el mes de mayo del año pasado) ya no surte efecto alguno Esto es así pues ha dejado de existir el objeto o materia que le dio origen al acto reclamado; pues si bien es cierto que existió la negativa de la responsable a requerir el pago de alimentos provisionales en favor del menor Octavio Zepeda Gómez; igualmente cierto es que éste ya se realizó motivo por el cual el acto reclamado dejo de surtir sus efectos Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a /J 181/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época tomo XXIV diciembre de 2006 página 189 que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido En ese tenor debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVII de la Ley de Amparo conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso ni se concretarán en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad aun cuando éste subsiste se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que por ende el fallo protector cumpla con su finalidad " No pasa inadvertida que la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable requerir al tercero interesado del aludido pago para que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir por su parte lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo pues la propia autoridad responsable ya tuvo por exhibida la suma que ampara el concepto de pago de pensión alimenticia provisional reclamada por la quejosa y que ascendió a la cantidad de $60 000 00 sesenta mil pesos moneda nacional que cubren los meses de mayo de dos mil veinte al mes de abril de dos mil veintiuno a razón de $5 0000 00 (cinco mil pesos moneda nacional) mensuales En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del arábigo 61 de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado atribuido al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán procede sobreseer en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal Atento al sentido del presente fallo no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada razón por la que nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto circunstancia que deriva de una elemental lógica pues ante ella se ha presentado una razón de mayor trascendencia como lo es una causa de improcedencia que resulta preferente para su estudio y al ser fundada operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada; es decir una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio ilógico resultaría analizar su fondo; por ello se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo tampoco se traduce en una negación de justicia Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio Por lo expuesto fundado y con apoyo además en los artículos 74 75 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se: RESUELVE ÚNICO Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Janeira Gómez Rodríguez por sí y en cuanto representante legal del menor Octavio Zepeda Gómez respecto del acto atribuido al Juez responsable conforme a la parte considerativa de esta resolución

  4. Principal

    Visto el comunicado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. En atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de abril del año en curso, al remitir copia certificada del escrito presentado por el tercero interesado Octavio Zepeda Zanatta, el seis de abril de dos mil veintiuno, en el juicio subyacente, así como de los anexos que se adjuntaron al mismo y del acuerdo que le recayó al anotado escrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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