Janeth Esquivel Ramírez

Expediente 618/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
618/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Janeth Esquivel Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del comunicado 10984/2019, al que se adjuntó la demanda de amparo promovida por Janeth Esquivel Ramírez, que dio origen al expediente en que se actúa, virtud a la incompetencia planteada por este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JANETH ESQUIVEL RAMÍREZ. Vista la demanda de amparo promovida por Janeth Esquivel Ramírez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número II-618/2019, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito dentro del término de veinticuatro horas deberá resolver si la admite o desecha. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? El auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el que se decretó la caducidad de la instancia y se ordenó el archivo definitivo del juicio sumario civil 267/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. Por tanto, este juzgado estima respetuosamente que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por razón de la instancia o vía intentada por la parte quejosa, virtud a que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley; (.)". De la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto) de estos preceptos se obtiene que la competencia para conocer de una demanda de amparo se determina por varias circunstancias; a saber: 1. La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. 2. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b), de la citada ley. 3. El territorio, regulado por el artículo 34, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. II/92 , cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". Derivado de lo anterior, esta potestad federal considera respetuosamente que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo porque se reclama el auto en el que se decreta la caducidad de la instancia en el juicio sumario civil 267/2017 y que da por concluido el expediente, remitiéndolo al archivo. De esta forma, conforme al contexto del problema jurídico planteado por la parte quejosa, la determinación reclamada es una resolución que, sin decidirlo en lo principal, da por concluido al juicio sumario civil aludido, cuya impugnación podría reclamarse en la vía del amparo directo, establecida en los dispositivos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Se considera que en el presente caso podría resultar aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, se sirva determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Con copia las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal y autorizando únicamente para tales efectos a Guadalupe Ortiz Murillo y Rosalinda Albarado Corona, sin las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez no que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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