Jamel Solis García

Expediente 129/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
129/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Jamel Solis García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por Jamel Solís García y otro; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente del juicio de amparo 129/2020, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 129/2020 promovido por Jamel Solis García contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y de Género y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual forma se certifica que el término para que desahogara la vista que se le ordenó dar en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, inició el diecisiete de noviembre y concluyó el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, sin que lo haya hecho; lo que se asienta para los efectos legales procedentes a que haya lugar. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede, por lo que respecta a la certificación que antecede de la que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables: "Comandante de la región Morelia de la Policía, Michoacán" y "Coordinador de la Región Morelia de la Policía Michoacán", ambos con residencia en esta ciudad, a la fecha ha fenecido, sin que hubiese hecho manifestación alguna. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y se ordena tener como inexistentes a las autoridades señaladas de mérito, y por ende, se ordena suspender toda comunicación con las mismas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: d) Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. e) Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad. f) Director de la Policía de Investigación Región Morelia de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. ??????????????? Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales que la autoridad señalada como responsable remitió al rendir su informe justificado, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación FVG/VGT/00/MPI/842/KIK5Q/19/12, TOL/FVG/VGT/107/340982/19/12, asimismo obra en autos la diversa documental remitida mediante oficio 48/2021, pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por ofrecidas y admitidas dada su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, a través del pedimento 140/2020, presentado ante el oficial de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de marzo de dos mil veinte. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 129/2020, promovido por Jamel Solís García, por propio derecho y en cuanto representante legal del menor de iniciales I.C.S., contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y de Género, y otras autoridades: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día, Jamel Solís García, por propio derecho y en cuanto representante legal del menor de iniciales I.C.S., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y de Género, consistente en: "IV. ACTOS DE AUTORIDAD RECLAMADOS: .El dictado de una posible orden de localización, presentación, detención, actos de tortura, incomunicación y emisión de citatorio emitida por la autoridad ordenadora." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien previa aclaración, por auto de trece de febrero de dos mil veinte, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 129/2020; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. ??????????????? C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: 2. La orden de localización, presentación, detención, actos de tortura, incomunicación y emisión de citatorio en contra de la quejosa y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado y Director de la Policía de Investigación Región Morelia, ambos con sede en esta ciudad, se advierte que niegan la existencia de los actos reclamados. A su vez la Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y de Género, en esta MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 45 ??????????????? ciudad, negó los actos reclamados que se hacen consistir en la orden de localización, presentación, detención, actos de tortura, incomunicación y su ejecución. Negativa de actos que no fue desvirtuada por la aquí quejosa, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y de Género, en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, en lo relativo a la existencia del citatorio emitido a fin de que la quejosa se presente ante esa institución, y haga presente al menor de iniciales I.C.S. lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como complemento la citada autoridad responsable. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser de orden público y estudio preferente, se analizará de oficio la causa de improcedencia que, en el caso concreto se estima actualizada, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, a saber, la prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; así, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 Ahora, si bien es cierto que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece la figura del "interés legítimo" en el juicio de amparo, a la par del "interés jurídico", cuyos contenidos y alcances son diversos, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina, no menos lo es también que la norma Constitucional refiere de manera expresa y clara que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, esto es, deberá acreditar su interés jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para acreditar el interés jurídico, el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior, según lo establecido en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Mientras que el interés legítimo no necesariamente ha de dar lugar a un derecho subjetivo, ya que para que éste se actualice es suficiente una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, pues no requiere necesariamente la titularidad del derecho subjetivo como ocurre con el interés jurídico. El perjuicio entendido como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos y/o objetivos, en forma tal que la afectación originada no puede ser reparada por un acto jurídico posterior. Entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción Constitucional, es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. Ahora bien, precisado el concepto de interés jurídico desde la perspectiva del juicio de amparo, resulta trascendente precisar que de las constancias que integran la carpeta de investigación FVG/VGT/OO/MPI/842/KIK5Q/19/12 TOL/FVG/VGT/107/340982/19/12, que remitió el agente responsable se advierte que el cuatro de febrero de dos mil veinte, se citó a la aquí quejosa, a fin de que se presentara ante esa autoridad en compañía del menor de iniciales I.C.S., en su calidad de probable responsable por el ilícito de violencia familiar, en compañía de su abogado defensor, a efecto de recabar una entrevista en relación a los hechos denunciados; asimismo, para recabar una ????????????? entrevista en relación a los hechos denunciados, y realizar al menor periciales en materia de medicina y psicología forense. Ahora bien, cabe señalar que en el caso concreto, el acto reclamado analizado en el presente considerando consistente en la emisión de dicho citatorio no transgrede los derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior es así, virtud a que, la etapa de investigación inicial, es decir, la integración de la carpeta de investigación en el juicio penal acusatorio oral, por regla general, está exenta de control Constitucional, debido a que no afecta el interés jurídico del gobernado. En efecto, en el nuevo sistema procesal penal adversarial, se tiene que la investigación realizada por el agente del Ministerio Público está desformalizada, pues, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Representación Social únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los cuales se generan datos de prueba, para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y, la existencia de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral. "Artículo 217. Registro de los actos de investigación. El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados." "Artículo 260. Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba." Lo anterior, se prevé, además, en los artículos 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del contenido siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e (.)" "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados." "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación ??????????????? En la investigación inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. El imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado, y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para no afectar el derecho de defensa del imputado. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales." "Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista a testigos, y XI. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el presente Código." De la transcripción anterior se colige que, en la etapa de investigación, como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está las de recibir querellas y/o denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los caos autorizados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces por regla general, su integración no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica del aquí solicitante de la protección de la justicia federal. Máxime que, hasta cuando el agente del Ministerio Público se presenta ante el Juez de control, y expone los datos de prueba que se allegó, y solicita la conducción del imputado ante el Juez de control, es en que se formaliza la investigación, antes no. Ahora bien, en el presente asunto, se advierte que el acto reclamado se ubica dentro de la etapa de investigación de una carpeta de investigación, cuestión que no evidencia alguna violación a derechos sustantivos y, por tanto, se ubica en la regla general, conforme a la cual, contra actos relativos a la integración de una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo, virtud a que no se transgreden derechos sustantivos de la parte quejosa y, en consecuencia, se inobjetiva el elemento atinente a su interés jurídico. En efecto, como se estableció previamente, en el presente sumario Constitucional se reclaman actos emitidos por la autoridad que participa en la integración de la carpeta mencionada, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del citado ordenamiento legal, relativa a la falta de interés jurídico del quejoso, pues no le causa una afectación real, actual y directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Se afirma de esa manera, toda vez que los actos dirigidos a la aquí quejosa, derivados de dicha carpeta de investigación, no constituyen actos privativos, ni restrictivos de libertad, ya que se trata únicamente de sendas citaciones, con el objeto de que en su carácter de imputada en el ilícito de violencia familiar, se recabe entrevista, así como al menor de iniciales I.C.S., a quien además se le deberán practicar diversas periciales con asistencia de asesor jurídico. De ahí que, tales actos por sí solos, no constituyen actos que afecten derecho sustantivo alguno de la quejosa, por tratarse de simples citaciones, es decir, dicho acto no es privativo, ni restrictivo de ningún derecho, pues se emitieron por el Representante Social para lograr las entrevistas y periciales, a fin de integrar debidamente la carpeta de investigación, es decir, están dictados en la etapa de investigación inicial del sistema penal acusatorio, la cual tiene la característica de no ser formalizada, pues es cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en la cual iniciará y dirigirá la investigación penal desformalizada. De ahí que se estime que las citaciones por parte de la Agente del Ministerio Público responsable, no son actos que afecten algún derecho sustantivo de la quejosa, por tratarse de una simple comunicación que no incide en la esfera jurídica de la citada. Apoya lo anterior la tesis número (X Región)2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2012423, que a la letra dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO ??????????????? NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En efecto, de las constancias derivadas de la carpeta de investigación no se advierte que los actos reclamados transgredan algún derecho fundamental del quejoso, o que se intente la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que en todo caso, sería la excepción a la regla general prevista por la tesis en cita. Por tanto, atento a las razones expuestas, es dable concluir que la citación formulada no genera afectación a algún derecho sustantivo del quejoso. Apoya lo anterior la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015368, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Del mismo modo, apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el ??????????? desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Lo subrayado y resaltado es propio). No es obstáculo a lo anterior, que en el citatorio reclamado también se hubiere ordenado a la quejosa que presentara al menor I.C.S., puesto que del citatorio se advierte que la responsable no la apercibió con la aplicación de algún medio de apremio para el caso de que no se presentara ella o el menor, y aun en el caso de que lo hubiere hecho, ello sería un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la persona citada no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. De ahí que, al no haber demostrado la quejosa que el acto reclamado afecte algún derecho sustantivo de su esfera jurídica; entonces, es evidente que carece del interés jurídico necesario para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada respecto del acto reclamado por la quejosa, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jamel Solís García, por propio derecho y en cuanto representante legal del menor de iniciales I.C.S., contra los actos reclamados a las autoridades responsables que precisadas quedaron, en términos de los considerandos tercero y último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe..- L. LÓPEZ P.- M. JUAREZ G. "DOS FIRMAS ILEGIBLES"

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevar a cabo la misma, virtud a la ausencia temporal del titular de este órgano jurisdiccional, además de que en términos del párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario Encargado del Despacho, sólo se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, supuestos en los que no encuadra el presente asunto. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para este día, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia de carácter oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio SEPLE/CJD/002/2309/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fesvm

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