Jairo Graña Lorenzo

Expediente 1020/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1020/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2019

Partes del expediente

  • Jairo Graña Lorenzo
  • César Iván Virrueta Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6144/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    TREINTA Y UNO DE DOS MIL DIECINUEVE... Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-1020/2019, promovido por Judith Georgina Bucio Albarrán y Marian Abigail Samaniego Valenzuela en favor de Jairo Graña Lorenzo y César Iván Virrueta Ramírez, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado y del Fiscal Regional de Morelia. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que en este asunto obra la documental que la autoridad responsable remitió mediante oficio presentado el catorce de octubre del año en curso, en atención al requerimiento formulado en auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación con número único de caso 1004201934269, misma que origino la causa penal 133/2019, en contra de los hoy quejosos directos. JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, a través del pedimento 476/2019. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo II-1020/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante acta de comparecencia levantada por este órgano jurisdiccional por razón de guardia, el once de septiembre de dos mil diecinueve, Judith Georgina Bucio Albarrán y Marian Abigail Samaniego Valenzuela solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de Jairo Graña Lorenzo y César Iván Virrueta Ramírez, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por auto de once de septiembre del año en curso, se tuvo por presentada la demanda de amparo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a los quejosos directos y se comisionó a los actuarios adscritos para que se constituyeran en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a efecto de que en caso de localizarlos, solicitaran su presencia y dieran fe de las condiciones físicas en que se encuentran, así como los requiriera a efecto de que manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo promovida en su nombre, por lo que, el doce de septiembre de dos mil diecinueve, los quejosos directos Jairo Graña Lorenzo y César Iván Virrueta Ramírez, ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por Judith Georgina Bucio Albarrán y Marian Abigail Samaniego Valenzuela. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Con base en la ratificación de la demanda de amparo por parte de los quejosos, por auto de doce de septiembre del año en curso, se admitió la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consisten en: La orden de privación de la libertad de los quejosos directos. Actos de incomunicación que las promoventes refieren sufrieron los quejosos directos durante la privación de la libertad, así como cualquiera de los actos considerados prohibitivos por el artículo 22 constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis de los informes justificados que rindió el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado y del Fiscal Regional de Morelia, en relación con el acto reclamado consistente en la incomunicación de los quejosos o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, se obtiene que negaron la existencia de dichos actos, y únicamente respecto del Fiscal Regional de Morelia, negó el acto consistente en la orden de privación de la libertad en contra de los quejosos directos. Pese a lo manifestado por el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado y del Fiscal Regional de Morelia, la parte quejosa no aportó prueba alguna que lograra desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Aunado a lo anterior de los informes rendidos por las autoridades responsables, y constancias que anexan a los mismos, se advierte, que los hoy quejosos fueron detenidos el ocho de septiembre a las ocho horas por elementos policiacos, por lo que se decretó la detención por el término de 48 horas, atendiendo a lo establecido por el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los indiciados en ese momento no se sustrajeran de la acción de la justicia hasta en tanto se resolviera su situación sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, del acuerdo de calificación de detención (foja 88 a 90), se advierte que fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Publico a las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de septiembre pasado, término que feneció a las nueve horas con cincuenta minutos del diez de septiembre de dos mil diecinueve, luego, se observa que fueron presentados y procedieron a nombrarles un defensor de oficio a las doce horas con diez minutos del ocho de septiembre del año en curso, por lo que ante todas esas circunstancias, no se advierte que los amparistas hubieren estado incomunicados, dado que con lo ya reseñado se pone de manifiesto hasta este momento, que la detención y puesta a disposición de los ahora peticionarios del amparo, se hizo conforme a lo establecido por los ordenamientos legales que rigen la materia. De igual manera, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en las actas de ratificación de demanda de doce de septiembre pasado, el actuario de la adscripción asentó que el propio Jairo Graña Lorenzo adujo: ". que aproximadamente a las cinco horas de haber ingresado al lugar en que se actuó, recibió la visita de su esposa...", mientras que Cesar Iván Virrueta Ramírez le dijo al referido actuario que: ". que el día once de los actuales pasó a visitarme a este lugar mi papá solamente.", con lo anterior, resulta aun más patente la inexistencia de la incomunicación reclamada. De igual forma, aunque en ambas actas de ratificación de demanda, los Actuarios adscritos a este juzgado, asentaron que en la humanidad de cada uno de los quejosos observaron las lesiones ahí descritas, lo cierto es que dichos amparistas no ofrecieron medio de convicción alguno, con el cual acreditaran que las mismas les hubieren sido provocadas por los elementos policiacos que los detuvieron. Sin que dicha determinación ocasione perjuicio alguno a los quejosos, toda vez que de autos también se advierte que este juzgado de Distrito, en auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a la agente del Ministerio Publico Federal de la adscripción, a fin de que investigara ese probable ilícito respecto de los actos de tortura que pudieron sufrir los accionantes de este medio de defensa, y en oficio 18/2019, exhibido ante este órgano jurisdiccional el mismo mes y año en cita, informo que remitió copias certificadas de las principales constancias que integran el presente juicio de amparo al Fiscal de Procesos del Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto, a fin de que la vista judicial fuese turnada al área competente por tratarse de posibles actos de tortura. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, en relación con el acto reclamado consistente en la incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional reclamados por los quejosos directos y únicamente por cuanto hace al Fiscal Regional de Morelia, el acto consistente en la orden de privación de la libertad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los referidos actos; sin embargo, no se satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, en relación con el acto reclamado consistente en la orden de privación de la libertad de los quejosos directos, el Fiscal General del Estado manifestó que es cierto, lo cual hizo en los siguientes términos: "No obstante, la negación categórica, hago de su conocimiento que con fecha doce de septiembre del año en curso se dio cumplimiento a una orden e aprehensión emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, dentro de la causa penal 133/2019, dentro del numero único de caso 1004201934269, por la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO DE MOTOR TERRESTRE, cometido en agravio de SILVIA EDITH COLIN LÓPEZ, por lo que, los quejosos directos fueron puestos a disposición del citado Juez de Control, en el interior del Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", ubicada en la ciudad de Uruapan, Michoacán." Además, la autoridad responsable mediante oficio presentado el catorce de octubre del año en curso, en atención al requerimiento formulado en auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, remitió diversas documentales, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación con número único de caso 1004201934269, misma que originó la causa penal 133/2019, en contra de los hoy quejosos directos, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que han cesado los efectos del acto que los quejosos directos reclamaron al Fiscal General del Estado, por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Ahora bien, en el presente asunto el inconforme reclama la orden de privación de la libertad atribuida al Fiscal General del Estado. Atento a lo anterior, través del oficio registrado con el número 15988, la autoridad responsable, remitió copia certificada de la carpeta de investigación con número único de caso 1004201934269, misma que originó la causa penal 133/2019, en contra de los hoy quejosos directos, constancias de las que se advierte que el diez de septiembre del año en curso dictó orden de aprehensión en contra de Jairo Graña Lorenzo y César Iván Virrueta Ramírez, dentro de la causa penal 133/2019, por su probable intervención en el hecho que la Ley señala como delito de robo de vehículo de motor terrestre, previsto y sancionado por los artículos 199, 205 bis, párrafos primero y segundo, fracciones I y V, y 206, en relación con los numerales 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III del Código Penal del Estado, en agravio de Silvia Edith Colín López. De igual forma, comunicó que el doce de septiembre de dos mil diecinueve (foja 146), los agentes del Ministerio Publico encargados de la carpeta con número único de caso 1004201934269, informaron que cumplimentó la orden de aprehensión que se decretó en contra de los hoy quejosos directos, dejaron a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán, a Jairo Graña Lorenzo y César Iván Virrueta Ramírez, en el interior del Centro de Reinserción Social "LIC. EDUARDO RUIZ". Del precepto transcrito se desprende que el cambio de situación jurídica se origina cuando el actuar combatido por el gobernado es legal y procesalmente sustituido por otro diverso, tornándose imposible su análisis sin afectarse la nueva situación que se generó en el procedimiento. Por tanto, si en el caso particular, como ha quedado apuntado, el acto reclamado consiste en la orden de privación de la libertad ordenada por el Fiscal General del Estado; y dicha responsable informó y acreditó que el diez de septiembre del año en curso, el Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán dictó orden de aprehensión en contra de los quejosos directos; deviene incontrovertible que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la aludida fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Razón por la cual no pueden analizarse las posibles violaciones cometidas al emitir el acto reclamado (orden de privación de la libertdad), sin afectarse el nuevo estadío procesal que se generó con motivo del dictado del dictado de la orden de aprehensión, por lo que aquéllas se consideran consumadas irreparablemente. Es aplicable al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: Época: Novena Época Registro: 199808 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Diciembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Página: 219 CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de noviembre de 1996. Cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Neófito López Ramos. Así como la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Época: Novena Época Registro: 169410 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Junio de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Página: 270 SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Contradicción de tesis 129/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 30 de enero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. Tesis de jurisprudencia 17/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil ocho. Nota: Las tesis 2a./J. 10/2003 y P./J. 15/2003, citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVII, marzo de 2003, página 386 y XVIII, julio de 2003, página 12, respectivamente. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Judith Georgina Bucio Albarrán y Marian Abigail Samaniego Valenzuela en favor de Jairo Graña Lorenzo y César Iván Virrueta Ramírez, en contra de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado, en términos de los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.eavg

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD REMITE DOCUMENTALES. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de siete de los actuales, y para tal efecto remite las documentales que acreditan su dicho. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable anexa a su oficio de cuenta. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan de su contenido; se difiere la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos de este día y, en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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