Janet Esperanza Maciel Ruacho
Expediente 242/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Janet Esperanza Maciel Ruacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Visto el escrito de cuenta que suscribe el autorizado de la quejosa y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos exhibidos en el presente juicio, previa identificación y constancia de recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por Janet Esperanza Maciel Ruacho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Ario de Rosales, Michoacán y otras autoridades, sin que se hubiese recurrido. En consecuencia, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO Por otro lado, tomando en consideración que no existe actuación pendiente por desahogar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil diecinueve. SOLICITA EXPEDICIÓN COPIAS. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, mediante el cual el autorizado de la parte quejosa solicita se le expidan copias certificadas de las constancias que indica en su ocurso; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de siete de marzo pasado, mediante el cual se autorizó a las partes la expedición de copias en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza.- Doy fe.Rcl
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. POR CUMPLIDA LA PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual la quejosa indica el estado procesal que guarda el incidente innominado jurídico-constitucional para ejecutar parcialmente la sentencia ejecutoriada se encuentra pendiente de resolver y exhibe copias con las que robustece su dicho, así como de su ocurso para correr traslado a las partes; en tal virtud se tienen colmadas las prevenciones formuladas en proveído de dos de abril de dos mil diecinueve. En mérito de lo anterior, se tienen por exhibidas las documentales proporcionadas por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, a través de su oficio 350/2019 presentado el once de abril pasado, así como por exhibidas las adjuntas al ocurso de cuenta. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA Establecido lo anterior, procede realizar el análisis de procedencia o improcedencia de la demanda de amparo generadora de este juicio, para lo cual es necesario establecer en principio el acto reclamado. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS De la demanda y escritos aclaratorios de mérito, se obtiene que la quejosa Janet Esperanza Maciel Ruacho, reclama en la presente vía de amparo de las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia y Director de Seguridad Pública y/o titular del área de Seguridad Pública, ambos con sede en Ario de Rosales, Michoacán: El auto cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, en el juicio ordinario civil 124/2015, promovido por Esperanza Martínez Aceves, en contra de la ahora quejosa, mediante el cual se señala fecha y hora a efecto de que el personal del juzgado se constituya en el inmueble denominado "PUENTE DE TIERRA", ubicado en el rancho de mismo nombre, municipio de Ario de Rosales, Michoacán, a efecto de poner en posesión material de la actora el aludido inmueble y de ser necesario con uso de la fuerza pública, lo que refiere incluso, podría conllevar una orden de cateo, para lograr el lanzamiento. La ejecución material tanto del auto de cuatro de marzo pasado anteriormente indicado, como de la referida orden de cateo. Los artículos 61, fracción XXIII, 62,107, fracción IV y 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". (Énfasis en vía de subrayado) "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio y, que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el órgano jurisdiccional debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento además, en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 161/93. José Rojas Martínez. 12 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 1281/97. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 9 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Francisco José Alvarado Díaz. Queja 621/97. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 3641/97. Eduardo Ramírez Martínez. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 31/98. Ecoambiental Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 12 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López.". También se obtiene que, por regla general, el juicio de control constitucional, no procede contra actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia, sino únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; entendiéndose por tal aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia del rubro y texto que sigue. "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 32/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.". El ordenamiento en consulta no prevé ninguna excepción a esta regla genérica, pues no establece la posibilidad de que se puedan reclamar a través de este medio de control constitucional las resoluciones intermedias pronunciadas durante el periodo de ejecución tendientes a hacer efectiva la sentencia, cuestión que se justifica por el hecho de que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse; no obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar la condena del juicio natural que no pudo determinarse en sentencia, y no así la ejecución de la misma, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar a la ejecución de la sentencia; también cabe mencionar la orden de arresto dictada como medida de apremio, ya que la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución, tiene autonomía y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En relación al contenido de la fracción IV del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla, como por ejemplo, un incidente de falta de personalidad o personería, que no obstante ser una violación procesal de carácter relevante, su resolución no sería impugnable a través del juicio de amparo indirecto desde luego, sino hasta que se dicte la resolución final que declara cumplida o la imposibilidad de cumplir con la sentencia. Asimismo, que por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características: afectar directamente algún derecho sustantivo, y también deberá estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior conforme la jurisprudencia número 108/2010, del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. El Tribunal Pleno, el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 108/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de dos mil diez. Ahora, conforme a la obligación de un estudio oficioso y del análisis de la demanda, así como de las constancias que el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, remitió con su oficio presentado el once de abril en curso, las cuales adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador estima que la demanda en estudio resulta improcedente, pues en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Para evidenciar la actualización de la invocada causa de improcedencia, es necesario establecer los antecedentes de los actos reclamados, mismos que se obtienen de la demanda de amparo y escritos aclaratorios en estudio y de las documentales remitidas por la autoridad señalada como responsable y, que a continuación se describen. Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, se tramita el juicio ordinario civil 124/2015, promovido por Esperanza Martínez Aceves en contra de Janet Esperanza Maciel Ruacho, mismo que substanciado en sus etapas procesales el doce de junio de dos mi diecisiete, fue resuelto dejando a salvo los derechos de la actora para hacerlos valer como estimara conveniente. Inconforme con esa determinación, la actora interpuso recurso de apelación, del que conoció la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el número de toca I-221/2017 y por resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, revocó el fallo recurrido para determinar procedente la acción de nulidad de contrato de compraventa intentada por la actora, ordenando realizar los trámites de cancelación correspondientes y condenado a la demandada a la entrega material del inmueble que constituye la litis en ese controvertido. Posteriormente, en cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el juez de origen emitió acuerdo en el que fija fecha y hora a fin de poner en posesión material de la actora del aludido inmueble acto este reclamado en la presente vía y como consecuencia, podría implicar una orden de cateo. Finalmente, la demandada ahora quejosa promovió incidente innominado jurídico-constitucional para ejecutar parcialmente la sentencia ejecutoriada, mismo que fue admitido por auto de doce de marzo pasado y al respecto se tuvo a su contraparte dando contestación en proveído de veintidós de ese mismo mes y año, encontrándose dicha incidencia pendiente de resolver. De los antecedentes antes vertidos, obtenidos tanto de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad como de las documentales que obran en el sumario, se desprende que la aquí quejosa, es parte formal dentro del juicio ordinario civil 124/2015 y que los actos reclamados tanto el auto de cuatro de marzo pasado, que fija fecha y hora para la entrega material del inmueble materia de la litis en el juicio de origen, así como la orden de cateo, emitidos a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el controvertido civil de referencia, en su fase de ejecución, por cuanto a que a través de dichos actos se pretende cumplir la sentencia definitiva y por tanto, constituyen actos que guardan relación directa con el procedimiento de ejecución que se sigue para lograr su cumplimiento. Empero, no constituyen el acto definitivo al que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es la resolución que pone fin a esa etapa, ya que dichos actos se encuentran dirigidos a dar cumplimiento con el fallo definitivo y el acto que ponga fin a esta etapa será aquél que determine que se ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de origen, acto que hará procedente el juicio de amparo. Lo anterior se considera de esa forma, para evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de sentencia, la cual, por razón de interés público, no pueden entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Se invoca la jurisprudencia número 235, del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 204367 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/27 Página: 435 EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 218/91. Adolfo Esteban Leyva Bathory. 5 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 155/93. Mercedes Martínez Rivera. 27 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 23/95. Bernardo Téllez Meneses y otro. 25 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 227/95. Bernardo Castillo Aguayo. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 382/95. Carmen Cahuantzi Vázquez y otro. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.". Patentiza la anterior consideración, el hecho mismo que la propia quejosa haya promovido en el juicio de origen, un incidente innominado jurídico-constitucional para ejecutar parcialmente la sentencia ejecutoriada, pues aún falta la emisión de su fallo, que este sea o no recurrido por la parte inconforme y que también ese medio de impugnación se substancie y se resuelva; además, en el caso de resultar favorable a los intereses de la ahora amparista, la resolución interlocutoria del aludido incidente, de resultar procedente, podrá tener injerencia en la ejecución de los actos reclamados, es decir, podrían ser modificados, anulados o revocados. A mayor abundamiento, cabe precisar que tampoco se trata de un procedimiento de remate, puesto que el acto reclamado deriva de un ordinario civil sobre nulidad o inexistencia de escritura y otras prestaciones, en cuya sentencia ejecutoriada se condenó a la demandada ahora quejosa, a la entrega real y material del bien inmueble objeto del contrato de compraventa cuya nulidad se declaró a favor de la parte actora; de ahí que no se actualiza la diversa hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo, puesto que no habrá de tener lugar remate alguno. De tal forma, que los actos aquí reclamados no constituyen la última determinación que habrá de emitirse en el juicio de origen para dar cumplimiento a la sentencia definitiva correspondiente. Cabe hacer mención que, al encontrarse pendiente de resolver un medio de impugnación contra los actos encaminados a la ejecución de la sentencia, ello también hace improcedente el juicio de amparo como se expone a continuación. En efecto, el artículo 61, fracciones XIX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]". De la porción normativa antes transcrita del citado artículo de la ley de la materia, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando en contra del acto o actos reclamados se encuentra tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa por el cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, o bien, cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. En la especie, tanto la autoridad responsable como la quejosa, han manifestado y acreditado que en el juicio ordinario civil 124/2015, del que derivan los actos reclamados, la aquí amparista promovió incidente innominado jurídico-constitucional para ejecutar parcialmente la sentencia ejecutoriada, mismo que fue admitido en auto de doce de marzo del año en curso, se dio vista a su contraria para que manifestará lo que a sus intereses conviniera, lo que así hizo y en acuerdo de veintidós de ese mismo mes, se le tuvo por desahogando la vista, quedando pendiente de resolver esa incidencia. Con lo cual se actualiza además, la diversa causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo y por tanto procede desechar la demanda generadora del expediente en que se ctúa. Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 190665 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 144/2000 Página: 15 IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Contradicción de tesis 31/96. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 144/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil. No escapa a la consideración del suscrito la manifestación que realiza la quejosa en su escrito aclaratorio en el sentido de que, el incidente innominado jurídico-constitucional para ejecutar parcialmente la sentencia ejecutoriada, fue interpuesto con posterioridad a la presentación de la demanda, lo cierto es que, dicho medio de impugnación tiene como finalidad evitar la ejecución de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen en la que se encuentran inmersos los actos aquí reclamados; además, la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es enfática en establecer que el medio de defensa pendiente de resolver, deba ser interpuesto antes o después de ocurrir en demanda amparo; por tanto, es factible atender a la finalidad que, como ya se dijo, no es otra que impedir que se materialicen los actos de ejecución entre los cuales se encuentran los también aquí reclamados. Por lo anteriormente considerado y fundado, POR NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Janet Esperanza Maciel Ruacho, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán y otra autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Jairo Ramiro González Diaz961/2022
- Jairo Ramiro González Díaz1254/2022
- Jamel Solis García129/2020
- Jammie Bedolla Ortiz657/2021
- Jandery Paulin Perrusquia1080/2021
- Janeira Gómez Rodríguez y Otros.192/2022
- Janet Esperanza Maciel Ruacho613/2019
- Janet Fuentes Bonilla135/2017
- Janeth Esquivel Ramírez508/2018
- Janett López Baza292/2022
- Januario González García1282/2019
- Jaquelin Cisneros Reyes642/2023