Jairo Ramiro González Diaz

Expediente 961/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
961/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Jairo Ramiro González Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto estado de autos; causa estado. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de dos de septiembre pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo físico. Ahora, visto el estado de autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente judicial. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.Dva

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta, signado por Jairo Ramiro González Díaz; regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Se exhorta a las partes Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, transiten con la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. Análisis de procedencia. Los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Además, de su interpretación sistemática se obtiene que este procedimiento parte de la base que el proceder de una entidad de poder público, será sometido al escrutinio constitucional para efectos de establecer si con su actuar ha vulnerado los derechos fundamentales del gobernado. El quejoso Jairo Ramiro González Díaz reclama del Consejo Técnico de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la resolución de veinticuatro de agosto pasado, que declaró improcedente el recurso de impugnación interpuesto por el propio quejoso, en contra del "Concurso de Oposición Abierto para Profesores de Asignatura", de la licenciatura de Artes visuales. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que, para efectos del amparo, la autoridad tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe precisar que la Ley de Amparo contempla la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por particulares, quienes tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos tutelados en la presente legislación y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, del análisis a esta disposición legal, se arriba a la convicción de que para que se actualice esta hipótesis normativa, son tres los requisitos demandados por el legislador, a saber: 1. Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. En relación con el primer tópico, relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, o bien, con motivo de una relación contractual entre particulares, pues en este caso no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. Por otra parte, además del requisito antes analizado, el legislador estableció que para poder otorgarle el carácter de autoridad responsable a un particular, es necesario que las funciones desempeñadas por éste se encuentren determinadas y resulten obligatorias conforme a algún precepto legal. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por el quejoso bajo protesta de decir verdad, lo cual se adminicula con la documental que adjunta, se desprende que el concurso de origen se lanzó en términos de lo dispuesto por los artículos 23 a 46 del Reglamento General del Personal Académico, así como de la legislación universitaria vigente y aplicable; asimismo que en los puntos L y N de la propia convocatoria, se contempla el recurso de inconformidad y la irecurribilidad de su resolución. Luego, es evidente que el acto reclamado no reviste el carácter de acto u omisión de autoridad, toda vez que el Consejo señalado como responsable no se ubica en una posición de supra a subordinación con el quejoso, pues la resolución aquí reclamada es de naturaleza laboral. Por ende, los actos u omisiones de tal Consejo, que tengan un vínculo contractual entre un participante que no resultó ganador de un concurso efectuado para ingresar como académico al servicio de alguna universidad o institución de educación superior que por ley goce de autonomía, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de una relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Lo anterior aunque el accionante no tiene la calidad de empleado precisamente porque no resultó ganador, lo cierto es que a través de la acción precisada pretende iniciar una relación laboral con la institución. Es aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia 2a./J. 102/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Octubre de 2002, página 298, materia laboral, Novena Época, con registro digital 185621, de contenido siguiente: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3o. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente". Asimismo, por las razones que contiene, sirve de sustento la tesis I.4o.T.68 L sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 2835, con registro digital 170423, Novena Época, que dice: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE UN CONCURSO PARA INGRESAR A LABORAR POR PRIMERA VEZ COMO ACADÉMICO, EJERCIDA POR UN PARTICIPANTE QUE NO RESULTÓ GANADOR, ES DE NATURALEZA LABORAL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El hecho de que aún no se haya iniciado un vínculo contractual entre un participante que no resultó ganador de un concurso efectuado para ingresar por primera vez como académico al servicio de alguna universidad o institución de educación superior que por ley goce de autonomía, no obsta para concluir que la acción que aquél ejerza pretendiendo la nulidad del referido certamen porque en su opinión él fue el vencedor, es de naturaleza laboral, por lo que corresponde conocer de tal conflicto a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues aunque el accionante no tiene la calidad de empleado precisamente porque no resultó ganador, lo cierto es que a través de la acción precisada pretende iniciar una relación laboral con la institución de que se trate; por tanto, si de conformidad con el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conoce no sólo de conflictos suscitados entre trabajadores y patrones derivados de las relaciones laborales, sino también de hechos íntimamente relacionados con tales vínculos de trabajo, es incuestionable que la referida autoridad es competente para conocer del juicio respectivo, en tanto que la pretensión referida se encuentra "íntimamente relacionada" con una relación laboral. No se opone a lo anterior la circunstancia de que las instituciones como las aludidas cuenten con autonomía para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, en términos de la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esa "autonomía" no tiene el alcance de hacer inatacable la declaratoria de vencedor del certamen aludido, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 102/2002, de rubro: ´UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.´, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 298". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jairo Ramiro González Díaz, contra actos del Consejo Técnico de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en el ocurso de cuenta; asimismo, dado lo asentado en la certificación de cuenta, se tienen como su autorizado a Rafael León Torres, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Medidas de prevención ante contingencia sanitaria. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Dva

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