Jaime Zarco Díaz

Expediente 766/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
766/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • Jaime Zarco Díaz y Otros.
  • Jaime Zarco Díaz
  • Liliana Martínez Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de febrero de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON ESTADO DE AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa contra la sentencia de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a Jaime Zarco Díaz y Liliana Martínez Zaragoza; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, a fin de estar en condiciones de proveer lo correspondiente al archivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II-766/2018, promovido por JORGE ANTONIO LEYVA GUTIÉRREZ, en cuanto apoderado de JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en el buzón judicial del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, recibido el diecisiete de agosto siguiente por la Tercera Sala Civil de dicho Tribunal, JORGE ANTONIO LEYVA GUTIÉRREZ, en cuanto apoderado de JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se mencionan: Del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reclama la resolución de fecha doce de julio del año en curso, dictada dentro del toca de apelación I-195/2018, que revocó la sentencia interlocutoria del ocho de mayo del dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, dentro del incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio ordinario civil número 966/2016, que sobre rescisión de contrato de promesa de compraventa promovieron JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA, por conducto de su apoderado jurídico, frente MARÍA TINOCO CÁZARES, quien en vía de reconvención demando la rescisión de dicho pacto volitivo a JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO.- La referida demanda fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, y turnada el diez del mismo mes y año al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en esta ciudad, cuyo Pleno, el trece de septiembre del año en cita, se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma, por no encontrarse dentro de alguno de los supuestos previstos por los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal de la República, y el 170, fracción I, de la Ley de Amparo, motivo por el cual ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Morelia, Michoacán. TERCERO.- RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Y AVOCAMIENTO POR ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Tercero de Distrito, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, turno a este órgano jurisdiccional, el aludido libelo constitucional y sus anexos, en razón de lo cual, en auto de diecinueve siguiente, se tuvieron por recibidos los mismos, se avocó al conocimiento del juicio de amparo, registrando el expediente respectivo con el número II-766/2018; sin que se estimara necesario solicitar el informe justificado por ya obrar en autos, ni emplazar a la tercero interesada MARÍA TINÓCO CÁZARES, por ya obrar el mismo, por lo que sólo se ordenó notificar a las partes el avocamiento del presente asunto por este Juzgado de Distrito; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que se encuentra dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: La sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación I-195/2018, por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada y reconventora en el juicio de origen, hoy tercero interesada MARÍA TINÓCO CÁZARES, contra la sentencia interlocutoria del ocho de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, al resolver el incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio ordinario civil número 966/2016 que sobre rescisión de contrato de promesa de compraventa promovieron JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA por conducto de su apoderado, frente a MARÍA TINÓCO CÁZAREZ, quien en vía de reconvención, demandó la rescisión de dicho pacto volitivo a JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativa al toca de apelación I-195/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.- En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- En escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, JORGE ANTONIO LEYVA GUTIÉRREZ, en cuanto apoderado de JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA, promovió en la vía ordinaria civil demanda sobre rescisión de contrato de promesa de compraventa de inmueble y el pago de las cantidades erogadas a la fecha de cancelación o incumplimiento del contrato, a MARÍA TINOCO CÁZAREZ, respecto del inmueble ubicado en la calle Capitán Miguel Carrillo, número 149, de la colonia y/o fraccionamiento Jardines de Guadalupe, de esta ciudad de Morelia. 2.- Dicha demanda fue admitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, registrando el expediente con el número 966/2016, se ordenó realizar el emplazamiento respectivo, por lo que el once de enero de dos mil diecisiete MARÍA TINOCO CÁZARES, dio contestación a la demanda interpuesta en su contra, opuso excepciones y defensas y reconvino a la parte actora, la rescisión por incumplimiento del contrato de promesa de compraventa; así, una vez substanciado el procedimiento de origen, el seis de octubre de dos mil diecisiete dictó sentencia, la cual es necesario destacar que en el considerando segundo el juez de origen determinó en lo que nos interesa, lo siguiente: ". Determinado lo anterior, es necesario establecer si los contratantes en el contrato de data 04 cuatro de febrero del 2016, dos mil dieciséis, acertadamente le dieron al acto jurídico ahí celebrado, la denominación de promesa de compraventa, o bien, si de su clausulado se desprende que su intención fue la de concertar un contrato de compraventa; y al respecto cabe señalar que el artículo 1018 del Código Civil del Estado, establece que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas; y que si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. Ahora, del clausulado del contrato con el que se acciona se desprende con meridiana claridad que no se está en presencia de un contrato de promesa de compraventa, pues de la legal interpretación de ese consenso de voluntades, se evidencia que lo que las partes concertaron propiamente fue un contrato de compraventa; puesto que la compraventa es el acto jurídico mediante el cual, uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1414 del cuerpo de leyes citado, por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho. Siendo que en el caso como ya se dijo con antelación, la voluntad de los contratantes en el acto jurídico de mérito, lejos de tener la intención de celebrar un contrato de promesa de compraventa, más bien tiende a la concertación de un contrato de compraventa, toda vez que el sentido de las cláusulas primera y segunda así lo ponen de relieve, en las que se establece el objeto de dicho contrato, el precio y la forma de pago del mismo respectivamente". De igual forma, se advierte que dicha sentencia de primera instancia concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Quedó surtida la competencia de este juzgado para conocer y resolver en forma definitiva este juicio. SEGUNDO. Por las razones legales expuestas en el considerando segundo de este fallo judicial, se declara improcedente la acción de rescisión de contrato de compraventa celebrado entre ambas partes contendientes, el 4 cuatro de febrero de 2016 dos mil dieciséis, respecto del bien inmueble descrito en dicho considerando, ejercitada en la vía ordinaria civil, por Jaime Zarco Díaz y Liliana Martínez Zaragoza, a través de su apoderado jurídico, frente a María Tinoco Cázares, a quien se absuelve de las prestaciones reclamadas al respeto, para todos los efectos de ley., TERCERO. Se declara procedente la acción de rescisión del contrato de compraventa del inmueble accionado, que en vía de reconvención ejercitó la demandada en el principal María Tinoco Cázares, en contra de los actores Jaime Zarco Díaz y Liliana Martínez Zaragoza. Sin que en el caso proceda condenar a las partes (vendedora y compradores) a restituirse las prestaciones que se hubieren hecho, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. CUARTO. Por los motivos precisados en el considerando tercero de esta sentencia, se condena a los actores reconvenidos, a pagar a la demandada reconventora, únicamente la cantidad de $8,250.00 (Ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N), por concepto de la pena convencional del 1% uno por ciento sobre el precio de la compraventa, pactada en la cláusula sexta del contrato de compraventa accionado. QUINTO. Se condena a los actores en el principal, a pagar los gastos y costas que la demandada reconventora hubiere erogado con motivo de la tramitación del juicio, previa su regulación y aprobación legal. ."(Lo subrayado y con negritas es de este órgano jurisdiccional) 3.- Una vez que dicha sentencia causó ejecutoria, a través de escrito presentado el cinco de abril de dos mil dieciocho, los apoderados de MARÍA TINOCO CÁZARES, vencedora dentro del juicio de origen, hoy tercero interesada promovió incidente de liquidación de gastos y costas judiciales. 4.- En auto de diez de abril de dos mil dieciocho se tuvo a dicha incidentista, ahora tercero interesada, formulando incidente de liquidación de sentencia. 5.- En auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, se tuvo al apoderado jurídico de la parte actora, hoy amparista, dando contestación al incidente de liquidación de sentencia 6.- El ocho de mayo de dos mil dieciocho, el juez de primer grado ya mencionado, dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de mérito, la cual concluyó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Quedo surtida la competencia de este Juzgado para conocer y resolver la actual incidencia. SEGUNDO. Se declara parcialmente procedente el incidente de liquidación de sentencia, promovido por el apoderado jurídico de la parte demandada en el principal y actora en vía de reconvención; en consecuencia, TERCERO. Se condena a la parte actora en el principal y demandada en vía de reconvención, a pagar en favor de la parte demandada en el principal y actora en vía de reconvención, la cantidad de $660.00 seiscientos sesenta pesos 00/100 m.n., por concepto de honorarios profesionales, desglosados en los términos precisados en el único considerando de esta resolución" . 7.- En cuatro de junio de dos mil dieciocho, se tuvo al apoderado de MARÍA TINOCO CÁZAREZ, incidentista, parte demandada en el principal y actora en vía de reconvención, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria emitida el ocho de mayo de dos mil dieciocho. 8.- El doce de julio del año antes mencionado, el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolvió el aludido medio de impugnación, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Quedó surtida la competencia de esta sala para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los motivos de agravio expuestos por el licenciado José Miguel Jiménez Martínez, en cuanto apoderado jurídico de la demandada y reconventora María Tinoco Cázares, resultaron fundados; en consecuencia, TERCERO. Se revoca la sentencia interlocutoria recurrida, para ahora regirse bajo los puntos resolutivos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria. CUARTO. No se hace condena al pago de costas procesales de segunda instancia. ." Es esta última determinación la que en la especie constituye el acto reclamado. SEXTO.- ESTUDIO DEL FONDO RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación son inoperantes, sin que en el caso se advierta suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto la responsable en la sentencia reclamada, declaró fundados los agravios planteados por la apelante (incidentista, demandada y reconventora en el juicio principal), bajo la consideración toral de que de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los honorarios se regularan en los términos que establece el artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogados del Estado, conforme al cual se establecían las bases a fin de determinar el monto de los honorarios a cobrar en los procesos jurisdiccionales que fueran de cuantía determinada o determinable, en base a los porcentajes que el mismo señala sobre el valor del negocio de que se trate, el cual debía entenderse como el producto, ganancia, utilidad obtenida o lo recuperado en el juicio por la parte que hubiere sido favorecida por la condena al pago de costas, en apoyo a dicha consideración el Magistrado responsable cito la tesis aislada con el número de registro 2006501 del rubro: "HONORARIOS NO CONVENIDOS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "VALOR DEL NEGOCIO" A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 35 DEL ARANCEL DE ABOGADOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ"; en base a ello, obtuvo el mencionado Magistrado que contrario a lo señalado por el juez de primer grado y como lo manifestaba la parte apelante (hoy tercero interesada), el valor del bien inmueble materia del contrato de compraventa rescindido, sí forma parte del valor del negocio que debe de servir de base para cuantificar los honorarios a que tiene derecho la parte que obtuvo en su favor la condenación al pago de costas, en virtud de haberse auxiliado en la tramitación del juicio de un licenciado en derecho. De igual forma, consideró el Magistrado responsable que debía atenderse a la sentencia definitiva del juicio principal dictada el seis de octubre de dos mil diecisiete, en la cual decretó la rescisión del contrato de compraventa celebrado entre las partes el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, condenándose a los reconvenidos JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA al pago de la cantidad de $8,250.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), en concepto de pena convencional, que por ello se debía entender que se trataba de un juicio de cuantía determinable, por lo que veía a la rescisión del contrato de compraventa, así como de cuantía determinada respecto de la cantidad condenada en concepto de pena convencional. También determinó que virtud a que la rescisión del contrato de compraventa incidía favorablemente en el patrimonio de la apelante, porque al celebrarse el referido pacto de voluntades conforme al artículo 1413 del Código Civil para el Estado de Michoacán, el bien inmueble objeto del mismo salió del patrimonio del vendedor y al rescindirse dicho contrato, las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de su celebración; es decir, que quedó sin efectos la compraventa y se reintegró la propiedad del bien al patrimonio del vendedor (ahora quejosa); que aun cuando con motivo de la rescisión no hubo condena en relación al valor del bien materia de la compraventa rescindida, ésta sí afectaba la propiedad del inmueble, por lo que su valor debía constituir el valor del negocio; asimismo destacó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que un pleito es de cuantía determinable aun cuando no se reclame cantidad líquida como materia de la litis, si atendiendo a las características de lo reclamado se podía cuantificar o valuar su cuantía en cantidad líquida, sino también aquellos que eran susceptibles de valuarse pecuniariamente en virtud de incidir en el patrimonio de los litigantes y que para determinar las costas de un proceso se debía atender a la naturaleza del asunto, de lo reclamado y de sus propias características, por lo que en razón de ello, cuando la litis tiene por objeto la propiedad de un bien inmueble, se debía tomar en cuenta su valor. Así, al determinar lo anterior, el Magistrado responsable reconoció el derecho que le asiste a la parte incidentista para reclamar el pago de honorarios profesionales partiendo de que el mismo le fue reconocido a MARÍA TINOCO CÁZARES en la sentencia definitiva, así como al haberse demostrado que JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ, tiene el título de licenciado en derecho, con la copia certificada ante notario de la cédula profesional de abogado, a la cual le otorgó valor probatorio con apoyo en los numerales 424, 426, 530 y 536 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, además de que de constancias advirtió que dicho profesionista intervino en el asunto de origen en cuanto apoderado de la demandada y reconventora MARÍA TINOCO CÁZARES, lo cual también consideró el resolutor Ad quem, lo legitimaba para efectuar el cobro de los honorarios profesionales, conforme al artículo 135 del ordenamiento legal citado en último término, por haber resultado vencedora en el juicio la parte a quien representó (ahora tercero interesada) y hubo condenación en costas. De igual forma consideró la responsable que debía ser aprobada la suma de $66,000.00 SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N., que por concepto de honorarios profesionales se reclamaba, resultante de obtener el 8% ocho por ciento del total a que ascendió la cuantía del juicio de origen, conforme a lo previsto en el artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogados del Estado, esto es, la cantidad de $825,000.00 OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N., relativa al precio del inmueble materia del contrato de compraventa cuya rescisión se demandó en vía de reconvención por la apelante, hoy tercero interesada. Por otra parte, las excepciones y defensas opuestas por los incidentados, hoy quejosos JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA, el Magistrado responsable las consideró infundadas, pues en relación con la consistente en la falta de legitimación, afirmó que la legitimación de la parte incidentista para promover el incidente de liquidación de sentencia surgía de la condena realizada en la ejecutoria del juicio natural a los actores y reconvenidos, hoy amparistas, a pagar gastos y costas reclamados por la reconventora, aquí tercero interesada; contemplándose dentro de las costas, los honorarios profesionales; motivos por los cuales también se consideró infundada la excepción de improcedencia de la acción. Asimismo, por lo que ve a la excepción opuesta consistente en que no procedía la reclamación de cobrar monto alguno por no acreditar con medio de prueba idóneo haber celebrado previamente un pacto con su mandante, la responsable también la consideró infundada, pues al efecto estimó que del análisis sistemático de los artículos 135 al 144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, se obtenía que la condena en costas cuando se actualizaba alguno de los supuestos a que se referían los numerales 137 y 138 del aludido cuerpo normativo, era a favor de las partes en el juicio y no de sus abogados, porque del invocado numeral 135, en su parte inicial se leía que "Cada parte será inmediata responsable de los gastos que originen las diligencias que promueva. La parte condenada al pago de las costas, indemnizará a las otras de todos los gastos que hubiere hecho en el juicio."; mientras que el artículo 143 del ordenamiento legal en cita, preveía que las costas serían reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado; que por tanto, era la parte que obtuvo sentencia favorable quien tenía derecho a percibir costas del juicio y no su abogado patrono, porque de lo contrario se estaría imponiendo la condena en costas a favor de un tercero extraño al proceso, que tan era así que el apoderado JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ, al promover el incidente de liquidación, lo hizo con la personería que tenía acreditada y reconocida en dicho contradictorio, es decir en cuanto apoderado de MARÍA TINOCO CÁZARES. Por lo que ve a la excepción de obscuridad en el escrito incidental, el Ad quem precisó que si bien con motivo de la procedencia de la aludida acción de rescisión, no hubo condena respecto al valor del bien inmueble materia de la compraventa rescindida, lo cierto era que afectó a la propiedad de dicho bien y que por tanto el precio pactado por la compraventa constituía la cuantía del negocio, por lo que adverso a lo señalado por los incidentados, en el hecho cuarto del escrito incidental se señaló que los honorarios profesionales se reclamaban conforme al artículo 6° de la Le de Arancel de Abogados del Estado, es decir, la cantidad que se obtuviera del ocho por ciento de la suma asignada como precio del inmueble objeto del contrato de compraventa base de la acción, es decir, que sí se precisó la base sobre la cual se realizaba el reclamo por la cantidad de $66,000.00 SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. De igual forma, por lo que ve a la defensa de "doli mali", consistente en la afirmación que hacen los incidentados en cuanto a que la actora reconventora se condujo con temeridad y mala fe, también la consideró infundada, pues afirmó no se desprendía que la parte incidentista se hubiere conducido de esa forma, tan era así que había resultado procedente la acción incidental formulada. Así aprobó el incidente de liquidación de sentencia en los términos y por la suma reclamada y ordenó revocar la resolución recurrida de ocho de mayo de dos mil dieciocho. En los conceptos de violación los quejosos aducen en esencia que la autoridad responsable en el considerando tercero de la resolución reclamada, viola en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por inexacta aplicación de los numerales 1408, 1409, 1410, 1411, 1412 del Código Civil del Estado de Michoacán, así como los artículos 137, 138 y 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues refieren era un hecho irrefutable que el contrato base de la acción, del juicio de origen, lo era un contrato privado de PROMESA de compraventa, que nunca perdió ese carácter, que tampoco se transformó en otra figura jurídica, que la PROMESA no era mas que un contrato preparatorio mediante el cual se asumía contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. También se aduce que, era evidente que mediante el contrato preparatorio no se podía consumar una compraventa, ni podía considerar que dicha promesa podía surtir los efectos jurídicos que conllevarían a una compraventa; que en el caso, nunca se hizo una transacción monetaria entre las partes, ni el promitente comprador entregó cantidad alguna, ni el promitente vendedor entregó la posesión del inmueble al primero; que la promesa de venta estaba condicionada a que se cumpliera el primer factor que era la obtención de un crédito hipotecario por parte de los promitentes compradores y que en esa virtud la promitente vendedora nunca otorgó la posesión del inmueble a sus mandantes, ni legal ni materialmente, que lo único que hizo fue prestarles las llaves con el objeto de que si alguna de las instituciones de crédito requería realizar avalúos o trámites adicionales los realizaran. En el mismo sentido se arguye que de la sentencia combatida y de autos se podía advertir que tanto el Magistrado aquí responsable, como el juez de origen interpretaban de manera errónea que el documento base de la acción lo conformaba un contrato de compraventa de bien inmueble cuando no debía ser considerado como tal; que el artículo 1413 del Código Civil del Estado de Michoacán, invocado como fundamento por la autoridad responsable, resultaba inaplicable, porque en todo momento se refería a un acto reconocido como compraventa y el juicio de origen fue con motivo de la rescisión de un contrato de promesa de compraventa. Asimismo, los quejosos refieren que en el caso, la promitente vendedora, hoy tercero interesada permitió el acceso a los promitentes compradores, ahora quejosos, con el objeto de que hicieran algunas adecuaciones al inmueble, pero que nunca les entregó la posesión del mismo, porque dicha condición, nunca estuvo pactada en el volitivo de promesa; que en ninguna de las acciones (principal y reconvencional) se demandó el cumplimiento del contrato, ni el pago del monto pactado, ni la entrega del bien inmueble, porque nunca se hizo entrega del mismo con el objeto de perfeccionar el contrato. Alega el quejoso que al no tratarse de una compraventa, sino de un contrato de promesa se puede apreciar con claridad que el negocio se restringe a la cantidad a la que su mandante fue condenado, esto es a $8,250.00 OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., y que esa era la ganancia o beneficio que según el quejoso, obtuvo a su favor la apelante, hoy tercero interesada, mas no al cumplimiento del contrato preparatorio demandado; que de la tesis citada por el Magistrado responsable en la resolución reclamada se desprendía que por valor de negocio debe entenderse el producto, ganancia, o utilidad, con motivo de los servicios prestados y que por tanto reiteraba que la ganancia obtenida por su contraparte era por la suma señalada en último término y no los $825,000.00 OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N, que refería la responsable. También alega, que al no existir una compraventa, el único beneficio que obtuvo la reconventora, se tradujo al pago de la suma de $8,250.00 OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOSF 00/100 M.N., y que por tanto, le resulta ilógico que la responsable no respete la voluntad de ambas partes, al pretender en la resolución reclamada cuantificar los honorarios profesionales, justificándose que se trata de un juicio de cuantía determinable por la cantidad ya señalada al inicio de este párrafo. Por ultimo en el segundo concepto de violación refiere que el Magistrado responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque determinó que al abogado de la reconventora le asistía el derecho de cobrar la suma de $66,000.00 SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N., pero que ello era infundado porque pretendía favorecer al apoderado de la reconventora vulnerando los artículos 137, 138 y 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; que a diferencia de lo considerado por la responsable, no debía existir la condena en costas y que en todo caso las mismas debían ser reguladas con base en los beneficios obtenidos por la parte vencedora que se traducían en la suma de $8,250.00 OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., y que al aplicarle a esta el porcentaje que legalmente le correspondiera, arrojaba la suma de $660.00 (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. Los citados motivos de inconformidad resultan como ya se dijo al inicio de este considerando inoperantes. Lo anterior es así, pues como se puede apreciar de un análisis comparativo entre los razonamientos esenciales expuestos por el Magistrado responsable, y lo aducido por la parte quejosa en sus concepto de violación, se advierte que la parte amparista no controvirtió los razonamientos esenciales expuestos por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para revocar la sentencia recurrida en apelación consistentes en que: El valor del inmueble materia del contrato de compraventa rescindido ($825,000.00 OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N), sí formaba parte del valor del negocio y que esa suma debía servir de base para cuantificar los honorarios a que tenía derecho la parte que obtuvo a favor la condenación al pago de costas, dentro de los cuales se encontraban los honorarios profesionales. Que si en la sentencia ejecutoria dictada dentro del juicio de origen, se condenó a los reconvenidos, hoy quejosos JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA, al pago de $8,250.00 OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., por concepto de pena convencional, se debía entender que se trabaja de un juicio de cuantía determinable, por lo que veía a la rescisión del contrato de compraventa; y de cuantía determinada, en atención a la cantidad a que se condenó por concepto de pena convencional. Que al celebrarse el referido contrato de compraventa en términos del artículo 1413 del Código Civil del Estado de Michoacán, el bien inmueble objeto del mismo salió del patrimonio del vendedor, por lo que al rescindirse dicho contrato las cosas volvieron a como se encontraban antes de su celebración, es decir que quedó sin efectos la compraventa y se reintegró la propiedad del bien al patrimonio del vendedor (hoy parte quejosa), por lo cual el valor de dicho inmueble constituía el valor del negocio. Que cuando la litis tiene como objeto la propiedad de un bien inmueble, se debía tomar en cuenta su valor. Que le asistía en derecho a la parte incidentista a reclamar el pago de honorarios profesionales, partiendo de que los mismos le fueron reconocidos en la sentencia ejecutoria del juicio natural que se ejecuta a favor de MARÍA TINOCO CÁZARES, así como de que se acreditó que el apoderado de ésta en ese contradictorio JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ, tiene el título de licenciado en derecho, con la copia certificada ante notario de su cédula profesional, además de advertirse que dicho profesionista intervino en el contradictorio de origen, como apoderado de MARÍA TINOCO CÁZARES, lo que la legitima a esta última para efectuar el cobro de los aludidos honorarios conforme a lo previsto en el artículo 135 del ordenamiento legal en cita. Que la suma de $66,000.00 SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N., reclamada por concepto de honorarios profesionales resultante del ocho por ciento del total del valor del negocio, conforme al artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogados del Estado, la aprobaba tomando en cuenta la cuantía del valor del asunto de origen que lo era la suma de $825,000.00 OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N). Que la excepción de falta de legitimación era infundada, porque en sentencia ejecutoria del seis de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada en el juicio natural, se declaró procedente la acción reconventora de rescisión de contrato de compraventa de inmueble ejercida por MARÍA TINOCO CÁZAREZ, frente a JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA, pues a éstos dos últimos se les condenó a pagar gastos y costas a favor de la reconventora, hoy tercero interesada, surgiendo así la legitimación de la parte incidentista. Que la excepción de improcedencia de la acción también era infundada, porque el pago de los honorarios profesionales, tenía su fundamento en la sentencia definitiva ejecutoria del contradictorio natural ya mencionada. Que también era infundada la excepción consistente en que no existía prueba de haber celebrado previamente un pacto la reconventora, incidentista, con su mandante, y la declaró infundada porque resolvió que de un análisis sistemático de los artículos 135 al 144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se obtenía que la condena en costas cuando se actualizaba alguno de los supuestos a que se referían los numerales 137 y 138 de dicho cuerpo normativo, era a favor de las partes en el juicio y no de sus abogados, por lo que era la parte que obtuvo sentencia favorable, en el caso MARÍA TINOCO CÁZARES, quien tenía derecho a percibir costas del juicio y no su abogado, que tan era así, que dicho apoderado promovió el incidente de liquidación con la personería y representación reconocidas en el juicio natural. Que la excepción de obscuridad del escrito incidental, también era infundada, porque contrario a lo alegado, sí se precisó la base sobre la cual se hizo el reclamo por la cantidad de $66,000.00 SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N., por concepto de honorarios profesionales. Que también era infundada la defensa de "doli mali", porque no se desprendía que la parte incidentista se hubiere conducido con temerida o mala fe, tan era así que había resultado procedente la acción incidental que formuló. Las consideraciones torales antes precisadas, como ya se dijo no las combate la parte quejosa, pues los conceptos de violación, tienen como premisa o sustento en esencia el argumento relativo a que el Magistrado responsable interpretó de manera errónea el contrato base de la acción principal, al decir que se trata de un contrato de compraventa, cuando según los quejosos, y en base a las aseveraciones que exponen, dicho pacto fue de promesa de venta del inmueble ya descrito en los antecedentes de esta resolución y no de compraventa como lo refiere la responsable; que por tanto, la incidentada, ahora quejosa, fue condenada sólo al pago de la pena convencional de $8,250.00 OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., y no a la suma de $825,000.00 OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N), que a consideración de la responsable asciende el valor del negocio, justificándose que se trata de un juicio de cuantía determinable por la suma citada en primer término y que pretende favorecer al apoderado legal de la reconventora-incidentista otorgándole el derecho a cobrar la suma reclamada en su respectiva planilla de liquidación de honorarios profesionales, tomando como base la suma determinada como valor del negocio y que lo es la cantidad por la cual se celebró en contrato de compraventa rescindido en el contradictorio natural. Sin embargo, por una parte es evidente que dichas manifestaciones, como se dijo no combaten cada una de las consideraciones esenciales de la responsable conforme a las cuales revocó la sentencia interlocutoria recurrida, de ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 213941 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 72, Diciembre de 1993 Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C. J/13 Página: 75 CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 922/92. J. Inés Velázquez Navarro. 12 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga. Amparo directo 138/93. Juan Manuel Torres Castro. 24 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Juan Luis González Macías. Amparo directo 185/93. Antonio Gándara Mota. 29 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga. Amparo directo 405/93. Bertha Alicia Mendoza Pizano y otros. 24 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Juan Luis González Macías. Amparo directo 480/93. Roberto de Jesús Martínez Ramírez. 12 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Salvador Cotero Pérez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, Segunda Parte, tesis 499, página 351.". Además, por otro lado es necesario señalar que la inoperancia de los conceptos de violación, también se genera porque fue desde la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen el seis de octubre de dos mil diecisiete, que se determinó que el contrato materia de dicha controversia debía considerarse un contrato de compraventa propiamente y no de promesa de venta, en base a las consideraciones ahí expuestas, las cuales ya fueron transcritas en el punto número 2 del considerando quinto de esta resolución; sentencia definitiva que causó ejecutoria y por tanto quedó firme por lo que ve a dicha consideración, de modo que la liquidación respectiva, sólo se atendió a tal determinación para resolver lo relativo al valor del negocio en el juicio de origen, para en base a ello cuantificar los honorarios profesionales en la forma anotada. En consecuencia ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente, es NEGAR el amparo solicitado por JAIME ZARCO DÍAZ y LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A JAIME ZARCO DÍAZ NI A LILIANA MARTÍNEZ ZARAGOZA, contra los actos y por las autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el sexto de los mismos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. TERCERO INTERESADO SEÑALA DOMICILIO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el apoderado de la tercero interesada María Tinoco Cazares, atento a su contenido, téngase al ocursante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta; y autorizando para tal efecto a la persona que precisa, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretario Esperanza Fuentes Reyes que autoriza.- Doy fe.mmg

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE DEMANDA POR INCOMPETENCIA Por recibido el oficio 6464, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 747/2018 promovido por Jorge Antonio Leyva Gutiérrez apoderado de los quejosos Jaime Zarco Díaz y Liliana Martínez Zaragoza, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como el tomo de pruebas que anexó como sustento del mismo; la constancia de emplazamiento de la tercero interesada, y las copias de traslado que el quejoso agregó a su escrito de demanda. Ahora, como de la determinación que se inserta al oficio de cuenta, se desprende que mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda de garantías planteada por Jorge Antonio Leyva Gutiérrez apoderado de los quejosos Jaime Zarco Díaz y Liliana Martínez Zaragoza, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de doce de julio de dos mil dieciocho dictada dentro del toca I-195/2017, en la que revocó la sentencia interlocutoria pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el ocho de mayo de dos mil dieciocho dentro del incidente de liquidación de sentencia planteado en el juicio ordinario civil 966/2016 que sobre rescisión de contrato de promesa de compraventa promovieron los quejosos frente a María Tinoco Cázares quien en la vía de reconvención demandó la rescisión de dicho pacto volitivo a los aquí quejosos; por considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al mismo, como lo prevén los artículos 107, fracción V, inciso c, de la Constitución General de la República, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que fu dictada en una cuestión incidental; en tal virtud, estimó que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito, residente en esta ciudad. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, SE AVOCA al conocimiento del juicio de amparo a estudio, mismo que, ahora, quedará registrado con el número II-766/2018; y, en atención a que el Juez de Distrito que inicialmente conoció del asunto, proveyó sobre la admisión del libelo, dio la intervención de la representación social federal; continúese con el trámite, conforme a derecho proceda; en el concepto de que se reiteran las determinaciones tomadas por el tribunal de alzada en el auto de admisión y en lo referente al informe justificado rendido por la responsable. SE ACUSA RECIBO Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. INFORME JUSTIFICADO. Sin que se estime necesario requerir el informe justificado a la autoridad responsable en virtud a que el mismo ya obra dentro de los autos que en este proveído se tienen por recibidos. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con diez minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se tiene a la parte quejosa autorizando sin la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la ley de Amparo a las personas que cita, por así habérselos conferido expresamente. SE ORDENA NOTIFICAR A TERCERO INTERESADO. En consecuencia, como de las constancias que remite la autoridad responsable obra en el emplazamiento de la tercero interesada María Tinoco Cazares; sólo se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifique el presente auto y la requiera para que al momento de la diligencia o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con motivo del presente juicio de amparo; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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