Jaime Boone Leal

Expediente 258/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
258/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Jaime Boone Leal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de mayo de dos mil diecinueve.Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio 3771/2019, signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, informa que en esa misma data, se celebró la audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de *******. Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El dos de abril de dos mil diecinueve, *******, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnada en la propia fecha a este Juzgado, contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en: [.] 4.- ACTOS RECLAMADOS: La violación de derechos humanos de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, defensa técnica, seguridad jurídica y convencionalidad, al: I. NEGAR acordar de conformidad mi solicitud de señalar fecha y hora para la audiencia de control judicial prevista en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. II. NEGARSE en perjuicio del suscrito, a aplicar la jurisprudencia cuyo rubro es: Época: Décima Época. Registro: 2019292. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: Viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h. Materia (s): (Constitucional, Penal). Tesis: PC.I.P. J/53 P (10a). ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA. [.] Asimismo, narró bajo protesta de decir: [.] I).- En fecha 31 de Enero del 2019 a las 12:30 horas, mi autorizado Lic. ******* presentó en las Instalaciones del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos un escrito solicitando una audiencia de control judicial "para efectos de que se ordene por dicho Juez de Control, se proveyera al promovente y mi defensor de copias de la carpeta de investigación *******, toda vez que en acuerdo de fecha 24 de Enero de esta anualidad, la Representación Social se negó a proporcionar dichas copias a pesar que ya se han realizado actos de molestia en mi contra como lo son entre otros, solicitar a la Comisión Nacional Bancaria información y estados de cuenta de mi persona, información que de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito tiene carácter de confidencial en protección a los derechos de privacidad de clientes bancarios, de tal forma que su solicitud por parte del Órgano Investigador y que obren en la referida carpeta de investigación, efectivamente constituyen actos de molestia contra el imputado". II).- En fecha 20 de febrero de 2019, se me notificó vía correo electrónico a través de mi defensor nombrado Lic. *******, sobre la resolución recaída a mi solicitud descrita en el párrafo inmediato anterior. De tal forma que la responsable C. Juez de Control me informó que "no es posible acordar su petición, ya que haciendo una revisión a nuestro sistema interno se desprende que no se ha judicializado esta causa, y en cuanto a su petición de copias de la carpeta de investigación, esta juzgadora no tiene acceso a la misma, ya que las constancias pertenecen a la investigación del Ministerio Público, por lo que deberá elevar su petición ante la autoridad correspondiente. [.] 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de tres de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 258/2019-III; se solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. La Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, rindió informe justificado al que anexó diversas constancias en copia certificada que obran en la causa penal *******, instruida en contra de ******* y otro; asimismo, manifestó que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, determinó no acordar de conformidad la solicitud del licenciado ******* respecto a citar a una audiencia de control judicial, entre otras razones, porque no se ha judicializado la causa y en cuanto a su petición de copias de la carpeta de investigación, la juez no tiene acceso a la misma, ya que las constancias pertenecen a la investigación del Ministerio Público. Que contra dicha determinación el licenciado ******* interpuso recurso de revocación, el cual resolvió el once de marzo de dos mil diecinueve (resolución que aquí constituye el acto reclamado), en el sentido de no acordar la solicitud de audiencia de control judicial, en atención a que la causa invocada no se encuentra judicializada y tomando en cuenta la secrecía a la que se encuentra obligado dicho órgano jurisdiccional, se encuentra imposibilitado para dar información respecto a lo que no está sometido a su consideración atento a lo dispuesto en el artículo 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, por las razones que ahí se exponen, se requirió al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, para que remitiera a este juzgado copia de certificada de las constancias relativas a la citación del aquí quejoso ******* a la audiencia de formulación de imputación y en su caso de la celebración de dicha audiencia, relativas a la causa penal ******* de su índice. 6. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de este año, se tuvo a la Juez responsable dando cumplimiento al proveído de veinte de este mismo mes y año, pues remitió copia certificada de las constancias relativas a la citación para la audiencia de formulación de imputación al hoy quejoso ******* en la causa penal *******, a las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de este año, por lo que en ese proveído se requirió una vez más a la autoridad responsable para que informara si se celebró la audiencia de formulación de imputación y en su caso remitiera constancia con las que lo acredite. 7. En cumplimiento al proveído de veinticuatro de los actuales, la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el oficio de cuenta informó que el veinticuatro de mayo del año en curso, se celebró audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de *******. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del peticionario del amparo, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos el acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, no acordó de conformidad la solicitud del abogado del quejoso respecto a señalar fecha y hora para una audiencia de control, a fin de solicitar al Juez responsable ordenara al Agente del Ministerio Público le proveyera copias de la carpeta de investigación *******, porque en acuerdo de veinticuatro de enero de este año, se negó a proporcionárselas. Asimismo, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, así como del disco versátil digital, se advierte que el veinticuatro de mayo del año en curso, se celebró audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de fraude, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado aquí quejoso y su defensor al ser convocados a la audiencia inicial, ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación *******, pues tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. El oficio remitido por la responsable y la copia del audio y video de la audiencia inicial, alcanzan eficacia demostrativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la Ley y tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004362, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Bajo esas premisas, en virtud de que la autoridad responsable convocó a la audiencia inicial, la cual tuvo verificativo el veinticuatro de mayo de este año, en la que la parte quejosa y su defensa tuvieron acceso a la carpeta de investigación *******, es inconcuso que respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******* . Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada el acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve el cual a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de mayo de dos mil diecinueve.Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio 3771/2019, signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, informa que en esa misma data, se celebró la audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de *******. Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El dos de abril de dos mil diecinueve, *******, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnada en la propia fecha a este Juzgado, contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en: [.] 4.- ACTOS RECLAMADOS: La violación de derechos humanos de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, defensa técnica, seguridad jurídica y convencionalidad, al: I. NEGAR acordar de conformidad mi solicitud de señalar fecha y hora para la audiencia de control judicial prevista en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. II. NEGARSE en perjuicio del suscrito, a aplicar la jurisprudencia cuyo rubro es: Época: Décima Época. Registro: 2019292. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: Viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h. Materia (s): (Constitucional, Penal). Tesis: PC.I.P. J/53 P (10a). ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA. [.] Asimismo, narró bajo protesta de decir: [.] I).- En fecha 31 de Enero del 2019 a las 12:30 horas, mi autorizado Lic. ******* presentó en las Instalaciones del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos un escrito solicitando una audiencia de control judicial "para efectos de que se ordene por dicho Juez de Control, se proveyera al promovente y mi defensor de copias de la carpeta de investigación *******, toda vez que en acuerdo de fecha 24 de Enero de esta anualidad, la Representación Social se negó a proporcionar dichas copias a pesar que ya se han realizado actos de molestia en mi contra como lo son entre otros, solicitar a la Comisión Nacional Bancaria información y estados de cuenta de mi persona, información que de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito tiene carácter de confidencial en protección a los derechos de privacidad de clientes bancarios, de tal forma que su solicitud por parte del Órgano Investigador y que obren en la referida carpeta de investigación, efectivamente constituyen actos de molestia contra el imputado". II).- En fecha 20 de febrero de 2019, se me notificó vía correo electrónico a través de mi defensor nombrado Lic. *******, sobre la resolución recaída a mi solicitud descrita en el párrafo inmediato anterior. De tal forma que la responsable C. Juez de Control me informó que "no es posible acordar su petición, ya que haciendo una revisión a nuestro sistema interno se desprende que no se ha judicializado esta causa, y en cuanto a su petición de copias de la carpeta de investigación, esta juzgadora no tiene acceso a la misma, ya que las constancias pertenecen a la investigación del Ministerio Público, por lo que deberá elevar su petición ante la autoridad correspondiente. [.] 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de tres de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 258/2019-III; se solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. La Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, rindió informe justificado al que anexó diversas constancias en copia certificada que obran en la causa penal *******, instruida en contra de ******* y otro; asimismo, manifestó que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, determinó no acordar de conformidad la solicitud del licenciado ******* respecto a citar a una audiencia de control judicial, entre otras razones, porque no se ha judicializado la causa y en cuanto a su petición de copias de la carpeta de investigación, la juez no tiene acceso a la misma, ya que las constancias pertenecen a la investigación del Ministerio Público. Que contra dicha determinación el licenciado ******* interpuso recurso de revocación, el cual resolvió el once de marzo de dos mil diecinueve (resolución que aquí constituye el acto reclamado), en el sentido de no acordar la solicitud de audiencia de control judicial, en atención a que la causa invocada no se encuentra judicializada y tomando en cuenta la secrecía a la que se encuentra obligado dicho órgano jurisdiccional, se encuentra imposibilitado para dar información respecto a lo que no está sometido a su consideración atento a lo dispuesto en el artículo 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, por las razones que ahí se exponen, se requirió al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, para que remitiera a este juzgado copia de certificada de las constancias relativas a la citación del aquí quejoso ******* a la audiencia de formulación de imputación y en su caso de la celebración de dicha audiencia, relativas a la causa penal ******* de su índice. 6. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de este año, se tuvo a la Juez responsable dando cumplimiento al proveído de veinte de este mismo mes y año, pues remitió copia certificada de las constancias relativas a la citación para la audiencia de formulación de imputación al hoy quejoso ******* en la causa penal *******, a las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de este año, por lo que en ese proveído se requirió una vez más a la autoridad responsable para que informara si se celebró la audiencia de formulación de imputación y en su caso remitiera constancia con las que lo acredite. 7. En cumplimiento al proveído de veinticuatro de los actuales, la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el oficio de cuenta informó que el veinticuatro de mayo del año en curso, se celebró audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de *******. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del peticionario del amparo, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos el acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, no acordó de conformidad la solicitud del abogado del quejoso respecto a señalar fecha y hora para una audiencia de control, a fin de solicitar al Juez responsable ordenara al Agente del Ministerio Público le proveyera copias de la carpeta de investigación *******, porque en acuerdo de veinticuatro de enero de este año, se negó a proporcionárselas. Asimismo, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, así como del disco versátil digital, se advierte que el veinticuatro de mayo del año en curso, se celebró audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de fraude, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado aquí quejoso y su defensor al ser convocados a la audiencia inicial, ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación *******, pues tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. El oficio remitido por la responsable y la copia del audio y video de la audiencia inicial, alcanzan eficacia demostrativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la Ley y tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004362, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Bajo esas premisas, en virtud de que la autoridad responsable convocó a la audiencia inicial, la cual tuvo verificativo el veinticuatro de mayo de este año, en la que la parte quejosa y su defensa tuvieron acceso a la carpeta de investigación *******, es inconcuso que respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******* . Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de mayo de dos mil diecinueve.Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio 3771/2019, signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, informa que en esa misma data, se celebró la audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de *******. Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El dos de abril de dos mil diecinueve, *******, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnada en la propia fecha a este Juzgado, contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en: [.] 4.- ACTOS RECLAMADOS: La violación de derechos humanos de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, defensa técnica, seguridad jurídica y convencionalidad, al: I. NEGAR acordar de conformidad mi solicitud de señalar fecha y hora para la audiencia de control judicial prevista en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. II. NEGARSE en perjuicio del suscrito, a aplicar la jurisprudencia cuyo rubro es: Época: Décima Época. Registro: 2019292. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: Viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h. Materia (s): (Constitucional, Penal). Tesis: PC.I.P. J/53 P (10a). ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA. [.] Asimismo, narró bajo protesta de decir: [.] I).- En fecha 31 de Enero del 2019 a las 12:30 horas, mi autorizado Lic. ******* presentó en las Instalaciones del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos un escrito solicitando una audiencia de control judicial "para efectos de que se ordene por dicho Juez de Control, se proveyera al promovente y mi defensor de copias de la carpeta de investigación *******, toda vez que en acuerdo de fecha 24 de Enero de esta anualidad, la Representación Social se negó a proporcionar dichas copias a pesar que ya se han realizado actos de molestia en mi contra como lo son entre otros, solicitar a la Comisión Nacional Bancaria información y estados de cuenta de mi persona, información que de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito tiene carácter de confidencial en protección a los derechos de privacidad de clientes bancarios, de tal forma que su solicitud por parte del Órgano Investigador y que obren en la referida carpeta de investigación, efectivamente constituyen actos de molestia contra el imputado". II).- En fecha 20 de febrero de 2019, se me notificó vía correo electrónico a través de mi defensor nombrado Lic. *******, sobre la resolución recaída a mi solicitud descrita en el párrafo inmediato anterior. De tal forma que la responsable C. Juez de Control me informó que "no es posible acordar su petición, ya que haciendo una revisión a nuestro sistema interno se desprende que no se ha judicializado esta causa, y en cuanto a su petición de copias de la carpeta de investigación, esta juzgadora no tiene acceso a la misma, ya que las constancias pertenecen a la investigación del Ministerio Público, por lo que deberá elevar su petición ante la autoridad correspondiente. [.] 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de tres de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 258/2019-III; se solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. La Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, rindió informe justificado al que anexó diversas constancias en copia certificada que obran en la causa penal *******, instruida en contra de ******* y otro; asimismo, manifestó que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, determinó no acordar de conformidad la solicitud del licenciado ******* respecto a citar a una audiencia de control judicial, entre otras razones, porque no se ha judicializado la causa y en cuanto a su petición de copias de la carpeta de investigación, la juez no tiene acceso a la misma, ya que las constancias pertenecen a la investigación del Ministerio Público. Que contra dicha determinación el licenciado ******* interpuso recurso de revocación, el cual resolvió el once de marzo de dos mil diecinueve (resolución que aquí constituye el acto reclamado), en el sentido de no acordar la solicitud de audiencia de control judicial, en atención a que la causa invocada no se encuentra judicializada y tomando en cuenta la secrecía a la que se encuentra obligado dicho órgano jurisdiccional, se encuentra imposibilitado para dar información respecto a lo que no está sometido a su consideración atento a lo dispuesto en el artículo 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, por las razones que ahí se exponen, se requirió al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, para que remitiera a este juzgado copia de certificada de las constancias relativas a la citación del aquí quejoso ******* a la audiencia de formulación de imputación y en su caso de la celebración de dicha audiencia, relativas a la causa penal ******* de su índice. 6. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de este año, se tuvo a la Juez responsable dando cumplimiento al proveído de veinte de este mismo mes y año, pues remitió copia certificada de las constancias relativas a la citación para la audiencia de formulación de imputación al hoy quejoso ******* en la causa penal *******, a las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de este año, por lo que en ese proveído se requirió una vez más a la autoridad responsable para que informara si se celebró la audiencia de formulación de imputación y en su caso remitiera constancia con las que lo acredite. 7. En cumplimiento al proveído de veinticuatro de los actuales, la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el oficio de cuenta informó que el veinticuatro de mayo del año en curso, se celebró audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de *******. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del peticionario del amparo, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos el acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, no acordó de conformidad la solicitud del abogado del quejoso respecto a señalar fecha y hora para una audiencia de control, a fin de solicitar al Juez responsable ordenara al Agente del Ministerio Público le proveyera copias de la carpeta de investigación *******, porque en acuerdo de veinticuatro de enero de este año, se negó a proporcionárselas. Asimismo, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, así como del disco versátil digital, se advierte que el veinticuatro de mayo del año en curso, se celebró audiencia inicial en la que la representación social, formuló imputación al aquí quejoso *******, por el delito de fraude, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado aquí quejoso y su defensor al ser convocados a la audiencia inicial, ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación *******, pues tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. El oficio remitido por la responsable y la copia del audio y video de la audiencia inicial, alcanzan eficacia demostrativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la Ley y tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004362, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Bajo esas premisas, en virtud de que la autoridad responsable convocó a la audiencia inicial, la cual tuvo verificativo el veinticuatro de mayo de este año, en la que la parte quejosa y su defensa tuvieron acceso a la carpeta de investigación *******, es inconcuso que respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******* . Doy fe.

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