Jaime Boone Leal

Expediente 352/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
352/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Jaime Boone Leal

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor, contra el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******; contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 352/2019-III. Para estar en condiciones de proveer respecto a la presentación de la demanda de amparo, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo estatuye que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone la obligación de examinar el escrito de demanda para que, en caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, aquél se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión explica, esencialmente, que para desechar de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la demanda, se advierte que el peticionario del amparo reclama lo siguiente: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos: 1. La determinación de programar audiencia de formulación de imputación en su contra en la causa penal 150/2019 de su índice. 2. La negativa de escucharlo en audiencia de control. Del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Norte Especializada en Investigación y Persecución del Delito, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua: I. La solicitud al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos de la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta de investigación *******. Atento a lo anterior, en relación con el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en la determinación de programar audiencia de formulación de imputación en su contra en la causa penal ******* de su índice, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] Para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que al momento de proveer sobre la procedencia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se toman en consideración los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda de cuenta, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, de los capítulos de autoridades responsables y actos reclamados se advierte que el quejoso señala como responsable al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos a quien reclama, entre otros actos, la determinación de programar audiencia de formulación de imputación en su contra en la causa penal ******* de su índice, en otras palabras el señalamiento de la fecha de la audiencia inicial y la correspondiente citación al quejoso. Ahora, de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto en que se señala fecha para la formulación de imputación y que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes siete de diciembre del año en curso, materias común y penal, del siguiente tenor: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, sin que esa calidad pueda quedar desvirtuada con cualquier elemento que pudiera aportarse al juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia respecto de la determinación de programar audiencia de formulación de imputación en su contra que se atribuye al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. En otro orden de ideas, por lo que respecta al acto reclamado al Juez de Control consistente en la negativa de escucharlo en audiencia de control, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.] De la disposición legal transcrita, se observa que una demanda de amparo es improcedente cuando se cumplen los siguientes requisitos: a) Que se impugnen normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución; y, b) Que ese otro juicio de amparo sea promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Asimismo, se establece una excepción para que se actualice esa causa de improcedencia cuando se reclamen normas generales con motivo de actos de aplicación distintos, pues en tal supuesto, se establece que solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. En ese tenor, el suscrito, estima que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que el presente juicio de amparo y el ******* del índice de este juzgado son coincidentes. Lo anterior, toda vez que ambos fueron promovidos por Jaime Boone Leal, contra el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, atribuyéndole como acto reclamado destacado la negativa de escucharlo en audiencia de control judicial, ya que no le señaló fecha y hora para la audiencia de control judicial prevista en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta forma, resulta notorio y manifiesto que el juicio en que se actúa se promueve contra el acto que es materia del diverso juicio de amparo *******, el cual aún no está concluido. Por ende, la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo es notoria e indudable, ya que el objeto de dicha causal es evitar entrar al estudio y análisis de la misma litis de un asunto que será examinado en diverso juicio amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia P./J.24/2014(10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2'006,145, del siguiente rubro y texto: LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. Asimismo, por las razones que contiene, la jurisprudencia 276, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 298, tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con número de registro 1´002,341, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en relación al acto precisado se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, con fundamento en los artículos 61, fracción X y 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, por lo que hace al acto reclamado al Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Norte Especializada en Investigación y Persecución del Delito, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, consistente en la solicitud al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos de la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta de investigación *******, a consideración de este juzgador, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, de la Ley de Amparo y 21 de la Constitución Federal, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley (.). 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiado de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiado de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. En efecto, es improcedente el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado al Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Norte Especializada en Investigación y Persecución del Delito, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, consistente en la solicitud al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos de la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta de investigación *******, toda vez que esa actuación se constituye para la integración de una indagatoria y, por ende no irroga ningún perjuicio al quejoso, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables; máxime que dicho perjuicio se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar, en su caso, una orden de aprehensión, o bien, se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, pues estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular en este caso, al quejoso, al de la sociedad. En otras palabras, el acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en la solicitud al Juez de Control de la audiencia de formulación de imputación, lo que traerá como consecuencia la judialización de la carpeta de investigación *******, no implica un perjuicio, aun cuando refiere el quejoso que existen pruebas pendientes de desahogarse por él ofrecidas, porque aún se encuentra en fase de integración la carpeta de investigación, lo que significa que, al menos en este momento, no existe afectación alguna contra el demandante del amparo, habida cuenta que la transgresión a los derechos de éste quedará condicionada, en su caso, a la determinación de la autoridad judicial cuando valore los datos de prueba que se expongan ante él derivados de la carpeta de investigación y determine lo que considere procedente y que como consecuencia de ello alguna autoridad judicial dicte auto de vinculación a proceso, o en su caso, libre algún mandato de captura contra del quejoso. De ahí que, en esta fase procedimental de la carpeta de investigación los actos reclamados deben considerarse como un acto para su integración, lo que revela la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la tesis 1ª.CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". De igual manera es aplicable la tesis número VI.3°.8 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 264, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales. En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Jaime Boone Leal, contra actos del agente del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Norte Especializada en Investigación y Persecución del Delito, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, consistente en la solicitud al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos de la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta de investigación *******. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se le tiene autorizando en términos amplios a los licenciados ******* y *******, dado que se encontraron en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 12 de la ley de la materia y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona mencionada en la demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 24 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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