Jaime Arturo Hinojos Rubio
Expediente 369/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jaime Arturo Hinojos Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otro lado, visto el estado de autos de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuestos por la Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua; mismo que fue interpuesto en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo; los escritos originales de expresión de agravios y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal Colegiado. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Súmense a los autos el escrito que remite la Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por este juzgado el veintiuno de septiembre del presente año. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número ********************, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 396/2023-III, promovido por ********************. Resultando. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de abril de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, ********************, promovió demanda de amparo en contra de la Jueza Laboral de Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra de quienes reclamó lo siguiente: "V.- ACTO RECLAMADO.- La aplicación de una multa equivalente a 100 veces la Unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 pesos, lo anterior sin medir causa Legal alguna que lo amerité, en sentencia emitida en el juicio laboral número ********************, de fecha 03 de abril del 2023, de la cual me impuse de su contenido en la misma fecha y anualidad." Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como vulnerados, los previstos en el artículo 1, 14, 16 y 21 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: I. De la Jueza Laboral de Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: La aplicación de una multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 pesos, en laudo emitido en el juicio laboral de origen, bajo número de expediente ********************, de su índice Tercero. Inexistencia del acto.- La Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuyó. Lo anterior ya que si bien, mediante oficio ********************, remitido a su vez por el secretario Instructor del Tribunal Laboral de Poder Judicial del Estado de Chihuahua, se le hizo llegar la resolución mediante la cual dicho tribunal laboral impuso la multa hoy reclamada, la secretaría de hacienda responsable no ha dictado determinación, ni llevado a cabo diligencia alguna con el fin de ejecutar la multa de referencia. Así, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tal negativa, y al demostrarse la inexistencia el acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y por lo tanto, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que hace a la autoridad y acto señalado en el presente considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por la quejosa, toda vez que la Jueza Laboral de Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, así lo corroboró. Ello es así, pues de las constancias con que acompañó a su informe con justificación, se desprende que el tres de abril de dos mil veintitrés, la Junta responsable dicto laudo definitivo dentro del juicio laboral seguido bajo expediente E********************, de su índice, en el cual en el párrafo señalado con el número 66, resolvió imponer al hoy quejoso, representante legal de la parte actora en aquel juicio de origen, la multa reclamada en el presente juicio de amparo. Así, la juez responsable ordenó la notificación de esa resolución de manera personal, al cual fue notificada al hoy quejoso el tres de abril del año en curso, esto es en la fecha de la audiencia en la cual se impuso. Las constancias remitidas por la autoridad responsable, adjuntas a su informe con justificación, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues consisten en los originales del expediente de origen. Quinto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Séptimo. Estricto derecho. En primer lugar, es necesario precisar que la demanda que dio origen al presente juicio fue promovida por ******************** por propio derecho, por lo que aun y cuando el acto reclamado proviene de un laudo dictado en el juicio laboral de origen, en el cual dicho profesionista actuó como representante legal de la parte trabajadora; el acto materia de este juicio lo impugna por propio derecho, dado que combate la parte del laudo en la que se le impuso la multa reclamada, circunstancia que se no encuentra se prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo; por tanto, el presente asunto se analizara a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Octavo. Examen constitucional del acto reclamado. El concepto de violación, en torno a la vulneración a los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, es fundado y suficiente para conceder a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, porque esencialmente el acto reclamado vulnera en su perjuicio los citados artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un primer momento, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, que dispone que la autoridad de amparo deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; se indica que los numerales que la Carta Magna, respecto de los cuales la parte quejosa se duele son el 14 párrafo segundo, que tutela el derecho fundamental de debido proceso y, 16 párrafo primero, que establece el derecho fundamental de legalidad. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con el registro digital 2020281, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO PUEDE DEFINIR CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE EN CADA ASUNTO SE ESTIME VIOLADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE AMPARO. Si conforme al artículo citado, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y puede examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, es inconcuso que, en concordancia con lo anterior, también puede definir cuál es el derecho humano que, en su caso, se estime violado en cada asunto." Sentado lo anterior, el artículo 14 Constitucional, en su parte conducente establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Numeral que, en su segundo párrafo, prevé el derecho fundamental de debido proceso, que constituye el conjunto de etapas secuenciales realizadas dentro de un proceso por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la ley con el objetivo que los derechos subjetivos del denunciado no corran el riesgo de ser desconocidos y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. Por otra parte, en lo concerniente al derecho fundamental de legalidad, mismo que se encuentra inmerso en el debido proceso, se indica que éste se encuentra previsto en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El derecho fundamental de la legalidad, consiste, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, en la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquier orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos; es decir, la garantía de legalidad requiere sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente a la ley, en sus procedimientos y en sus decisiones. Por su parte, la seguridad jurídica, es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. En general, las garantías de seguridad jurídica son limitaciones de procedimiento a la autoridad para afectar a un gobernado. Atento a lo anterior, tenemos que los artículos 14 y 16 Constitucionales se encuentran íntimamente relacionados, pues para que un acto de autoridad cumpla con el debido proceso, que contempla el primero de los mencionados, debe contener, entre otros requisitos, los previstos por el numeral 16 párrafo segundo, consistente en la legalidad, esto es, el acto debe ser emitido por autoridad competente, dictarlo por escrito y estar debidamente fundado y motivado. Por tal virtud, en el caso es conveniente traer a colación los elementos de la garantía de legalidad, a saber: 1. Mandamiento escrito; 2. Autoridad competente; 3. Fundamentación; y, 4. Motivación. En el entendido que se entiende por fundamentación como la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, motivación, la expresión de las razones o causas que se hubieren tenido en consideración para el pronunciamiento del acto combatido; además, debe existir congruencia entre los motivos expuestos y los preceptos aplicados. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia bajo registro 1011558; de la Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional, Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación; Materia(s): Común; Tesis: 266; Página: 1239, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por tanto, deben adicionarse a los requisitos, presupuestos y formalidades del artículo 14, todos y cada uno de los previstos en el diverso 16 Constitucional. En conclusión, para que un acto de autoridad, cumpla con lo dispuesto por la ley fundamental y se respete el debido proceso, debe emitirse, cumpliendo con los siguientes requisitos: 1. Tribunal previamente establecido; 2. Tribunal competente; 3. Juez Imparcial; 4. Legalidad en la resolución; a. Mandamiento escrito. b. Fundamentación; y, c. Motivación. 5. Exacta aplicación de la ley. Atento a lo anterior, tenemos que los artículos 14 y 16 Constitucionales se encuentran íntimamente relacionados, pues para que un acto de autoridad cumpla con el debido proceso, que contempla el primero de los mencionados, debe contener, entre otros requisitos, los previstos por el numeral 16 párrafo segundo, consistente en la legalidad, esto es, el acto debe ser emitido por autoridad competente, dictarlo por escrito y estar debidamente fundado y motivado. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 25 que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá´ sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." De lo anteriormente transcrito se advierte que incluso en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, en la cual el Estado México es parte, la que se debe de tomar en consideración acorde estipulado en el numeral 1ro, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es parte del bloque constitucional, establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales previstos por la propia Ley Suprema. Corrobora a lo anterior la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 8 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, de la Décima Época, con el registro digital 2001873, de rubro siguientes: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS EN EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO INDIRECTO. ES VIABLE AUNQUE AQUÉLLAS NO HAYAN SIDO RECLAMADAS DE MANERA DESTACADA O SEA IMPROCEDENTE EL JUICIO EN SU CONTRA." Así, tal y como se apuntó en párrafos anteriores, por fundamentación debe entenderse que, en el mandamiento de autoridad, se cite el precepto legal aplicable que prevé la figura que se dice actualizada y se atribuye a determinado sujeto. Y por motivación, la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, con base en las constancias existentes en el juicio de origen, de las cuales se justifique plenamente la actualización de la figura atribuida a determinado sujeto. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la autoridad cumple con la garantía de legalidad establecida en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, si en ellas se cita el precepto legal que le sirvió de apoyo y se expresan los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata, se adecua a los presupuestos de la norma que invoca. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia Séptima Época; bajo registro 1011558; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación; Materia(s): Común; Tesis: 266; Página: 1239, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, la autoridad responsable Jueza del Tribunal Laboral del Estado de Chihuahua, en el punto sesenta y seis del laudo emitido el tres de abril de dos mil veintitrés, plasmó lo siguiente: "66. Asimismo, este Tribunal advierte que los apoderados de la parte actora actuaron en el presente juicio sin la debida diligencia, realizando planteamientos contrarios a los intereses y derechos de su cliente, tal, como se desprende de la omisión de solicitar que se dictara Providencia Cautelar prevista por el numeral 857 ya citado de la Ley, poniendo en riesgo la salud de la parte actora y del producto de su embarazo; no obstante que de autos se desprende que esta autoridad decreto la providencia cautelar de oficio con los elementos con los que contaba en el expediente. Asimismo, de su conducta procesal, específicamente en su escrito de Réplica presentado con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós visible a fojas 91 a 94 de autos, se desprende que objeta el escrito de renuncia exhibido por la parte demandada, en firma y huella dactilar; no obstante de la videograbación (minuto 10:38) de la audiencia llevada a cabo el día dieciséis de febrero de dos mil veintitrés se advierte que la parte actora al momento en que se le puso a la vista el documento manifiesta que sí reconoce la firma y la huella. Lo que pone en evidencia la intención del apoderado de la parte actora LIC. [********************] quien es el que suscribe el escrito inicial de demanda y el escrito de réplica que nos ocupa, de dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del presente juicio, al realizar objeciones que no van acordes a lo que se advierte de la actuación de la parte actora en lo personal, es por lo que ESTE TRIBUNAL CONSIDERA PROCEDENTE APLICAR UNA MULTA DE 100 VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL LIC. [********************), EQUIVALENTE. A $10,374.00 PESOS (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO QUINTO DE LA LEY. Por lo que GIRESE ATENTO OFICIO a la SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ATENCIÓN A LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE RENTAS EN ESTA CIUDAD con domicilio conocido, a fin de que proceda a hacer efectiva la multa impuesta en la presente sentencia, debiendo proporcionarle el domicilio procesal señalado en el presente juicio, así como solicitarle información y seguimiento correspondiente." Del análisis a la determinación transcrita en su parte conducente, se observa, carece íntegramente de la debida fundamentación y motivación que prevén los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Carta Magna, porque su actuación, a juicio de quien resuelve, no tiene sustento legal que respalde los motivos de que la parte quejosa haya incurrido en responsabilidad por haber sido omisa en solicitar, en la demanda laboral de origen, las medidas cautelares a que hace referencia la responsable, las cuales en el auto de radicación concedió de manera oficiosa. Lo anterior toda vez que, en el párrafo antes transcrito del laudo emitido por la responsable, precisó que de manera oficiosa otorgó la medida cautelar consistente en el aseguramiento del servicio médico a la parte actora en aquel juicio laboral de origen, esto de conformidad con el artículo 857, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que establece lo siguiente: "Artículo 857.- El secretario instructor del Tribunal, a petición de parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares: [.] IV. En los casos que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por embarazo, u orientación sexual, o por identidad de género, así como en los casos de trabajo, infantil, el tribunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio laboral, o bien decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten. Para tal efecto, los demandantes deben acreditar la existencia de indicios que generen al Tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de los actos de discriminación que hagan valer." Sin embargo, no se advierte que haya establecido el ordenamiento legal que obligue al abogado a realizar la solicitud de referencia en el escrito inicial de demanda, ni aquel que contemple las consecuencias ante dicha omisión, ni se advierten los razonamientos por los cuales la responsable haya tenido por actualizada esa omisión reprochada al representante legal de la actora en aquel juico laboral de origen. Por otra parte, por lo que respecta a la conducta procesal por parte del hoy quejoso, en su carácter de representante legal de la actora en el juicio de origen, en específico en el escrito de réplica presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, con lo cual la jueza responsable consideró que se actualiza la finalidad de retardo contenida en el artículo 48, párrafo quinto de la Ley Federal del Trabajo, artículo que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 48. (.) Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización." Sin embargo, en la determinación hoy analizada, en ningún momento se advierte que la responsable haya exteriorizado los razonamientos que le hayan llevado a la conclusión de que en el asunto particular se adecúe la actividad procesal llevada a cabo por el quejoso, con la objeto contenida en la norma, esto es, que dicha conducta tenga la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio laboral. Resulta concluyente establecer, que, por atentarse los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por la norma Suprema anotada, habiendo sido hallado que el acto reclamado es inconstitucional en la parte que se cuestiona, en su aspecto formal, pues no está integralmente fundado y motivado. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable realice lo siguiente: 1).- Conforme al texto de la ley Federal del Trabajo, deje insubsistente, únicamente en su parte conducente, el laudo de tres de abril de dos mil veintitrés y, 2).- Con plenitud de jurisdicción, dicte otro acuerdo, pero, fundado y motivado, en que, en su caso, se establezcan los motivos y fundamentos para la imposición de la multa decretada contra la parte quejosa. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por la autoridad responsable y los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, en contra de la autoridad señalada en el considerando cuarto, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a las autoridades responsable y personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEITNIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 396/2023-III, promovido por ********************. Resultando. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de abril de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, ********************, promovió demanda de amparo en contra de la Jueza Laboral de Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra de quienes reclamó lo siguiente: "V.- ACTO RECLAMADO.- La aplicación de una multa equivalente a 100 veces la Unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 pesos, lo anterior sin medir causa Legal alguna que lo amerité, en sentencia emitida en el juicio laboral número ********************, de fecha 03 de abril del 2023, de la cual me impuse de su contenido en la misma fecha y anualidad." Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como vulnerados, los previstos en el artículo 1, 14, 16 y 21 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: I. De la Jueza Laboral de Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: La aplicación de una multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 pesos, en laudo emitido en el juicio laboral de origen, bajo número de expediente ********************, de su índice Tercero. Inexistencia del acto.- La Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuyó. Lo anterior ya que si bien, mediante oficio ********************, remitido a su vez por el secretario Instructor del Tribunal Laboral de Poder Judicial del Estado de Chihuahua, se le hizo llegar la resolución mediante la cual dicho tribunal laboral impuso la multa hoy reclamada, la secretaría de hacienda responsable no ha dictado determinación, ni llevado a cabo diligencia alguna con el fin de ejecutar la multa de referencia. Así, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tal negativa, y al demostrarse la inexistencia el acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y por lo tanto, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que hace a la autoridad y acto señalado en el presente considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por la quejosa, toda vez que la Jueza Laboral de Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, así lo corroboró. Ello es así, pues de las constancias con que acompañó a su informe con justificación, se desprende que el tres de abril de dos mil veintitrés, la Junta responsable dicto laudo definitivo dentro del juicio laboral seguido bajo expediente E********************, de su índice, en el cual en el párrafo señalado con el número 66, resolvió imponer al hoy quejoso, representante legal de la parte actora en aquel juicio de origen, la multa reclamada en el presente juicio de amparo. Así, la juez responsable ordenó la notificación de esa resolución de manera personal, al cual fue notificada al hoy quejoso el tres de abril del año en curso, esto es en la fecha de la audiencia en la cual se impuso. Las constancias remitidas por la autoridad responsable, adjuntas a su informe con justificación, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues consisten en los originales del expediente de origen. Quinto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Séptimo. Estricto derecho. En primer lugar, es necesario precisar que la demanda que dio origen al presente juicio fue promovida por ******************** por propio derecho, por lo que aun y cuando el acto reclamado proviene de un laudo dictado en el juicio laboral de origen, en el cual dicho profesionista actuó como representante legal de la parte trabajadora; el acto materia de este juicio lo impugna por propio derecho, dado que combate la parte del laudo en la que se le impuso la multa reclamada, circunstancia que se no encuentra se prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo; por tanto, el presente asunto se analizara a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Octavo. Examen constitucional del acto reclamado. El concepto de violación, en torno a la vulneración a los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, es fundado y suficiente para conceder a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, porque esencialmente el acto reclamado vulnera en su perjuicio los citados artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un primer momento, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, que dispone que la autoridad de amparo deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; se indica que los numerales que la Carta Magna, respecto de los cuales la parte quejosa se duele son el 14 párrafo segundo, que tutela el derecho fundamental de debido proceso y, 16 párrafo primero, que establece el derecho fundamental de legalidad. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con el registro digital 2020281, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO PUEDE DEFINIR CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE EN CADA ASUNTO SE ESTIME VIOLADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE AMPARO. Si conforme al artículo citado, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y puede examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, es inconcuso que, en concordancia con lo anterior, también puede definir cuál es el derecho humano que, en su caso, se estime violado en cada asunto." Sentado lo anterior, el artículo 14 Constitucional, en su parte conducente establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Numeral que, en su segundo párrafo, prevé el derecho fundamental de debido proceso, que constituye el conjunto de etapas secuenciales realizadas dentro de un proceso por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la ley con el objetivo que los derechos subjetivos del denunciado no corran el riesgo de ser desconocidos y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. Por otra parte, en lo concerniente al derecho fundamental de legalidad, mismo que se encuentra inmerso en el debido proceso, se indica que éste se encuentra previsto en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El derecho fundamental de la legalidad, consiste, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, en la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquier orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos; es decir, la garantía de legalidad requiere sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente a la ley, en sus procedimientos y en sus decisiones. Por su parte, la seguridad jurídica, es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. En general, las garantías de seguridad jurídica son limitaciones de procedimiento a la autoridad para afectar a un gobernado. Atento a lo anterior, tenemos que los artículos 14 y 16 Constitucionales se encuentran íntimamente relacionados, pues para que un acto de autoridad cumpla con el debido proceso, que contempla el primero de los mencionados, debe contener, entre otros requisitos, los previstos por el numeral 16 párrafo segundo, consistente en la legalidad, esto es, el acto debe ser emitido por autoridad competente, dictarlo por escrito y estar debidamente fundado y motivado. Por tal virtud, en el caso es conveniente traer a colación los elementos de la garantía de legalidad, a saber: 1. Mandamiento escrito; 2. Autoridad competente; 3. Fundamentación; y, 4. Motivación. En el entendido que se entiende por fundamentación como la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, motivación, la expresión de las razones o causas que se hubieren tenido en consideración para el pronunciamiento del acto combatido; además, debe existir congruencia entre los motivos expuestos y los preceptos aplicados. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia bajo registro 1011558; de la Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional, Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación; Materia(s): Común; Tesis: 266; Página: 1239, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por tanto, deben adicionarse a los requisitos, presupuestos y formalidades del artículo 14, todos y cada uno de los previstos en el diverso 16 Constitucional. En conclusión, para que un acto de autoridad, cumpla con lo dispuesto por la ley fundamental y se respete el debido proceso, debe emitirse, cumpliendo con los siguientes requisitos: 1. Tribunal previamente establecido; 2. Tribunal competente; 3. Juez Imparcial; 4. Legalidad en la resolución; a. Mandamiento escrito. b. Fundamentación; y, c. Motivación. 5. Exacta aplicación de la ley. Atento a lo anterior, tenemos que los artículos 14 y 16 Constitucionales se encuentran íntimamente relacionados, pues para que un acto de autoridad cumpla con el debido proceso, que contempla el primero de los mencionados, debe contener, entre otros requisitos, los previstos por el numeral 16 párrafo segundo, consistente en la legalidad, esto es, el acto debe ser emitido por autoridad competente, dictarlo por escrito y estar debidamente fundado y motivado. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 25 que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá´ sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." De lo anteriormente transcrito se advierte que incluso en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, en la cual el Estado México es parte, la que se debe de tomar en consideración acorde estipulado en el numeral 1ro, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es parte del bloque constitucional, establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales previstos por la propia Ley Suprema. Corrobora a lo anterior la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 8 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, de la Décima Época, con el registro digital 2001873, de rubro siguientes: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS EN EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO INDIRECTO. ES VIABLE AUNQUE AQUÉLLAS NO HAYAN SIDO RECLAMADAS DE MANERA DESTACADA O SEA IMPROCEDENTE EL JUICIO EN SU CONTRA." Así, tal y como se apuntó en párrafos anteriores, por fundamentación debe entenderse que, en el mandamiento de autoridad, se cite el precepto legal aplicable que prevé la figura que se dice actualizada y se atribuye a determinado sujeto. Y por motivación, la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, con base en las constancias existentes en el juicio de origen, de las cuales se justifique plenamente la actualización de la figura atribuida a determinado sujeto. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la autoridad cumple con la garantía de legalidad establecida en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, si en ellas se cita el precepto legal que le sirvió de apoyo y se expresan los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata, se adecua a los presupuestos de la norma que invoca. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia Séptima Época; bajo registro 1011558; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación; Materia(s): Común; Tesis: 266; Página: 1239, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, la autoridad responsable Jueza del Tribunal Laboral del Estado de Chihuahua, en el punto sesenta y seis del laudo emitido el tres de abril de dos mil veintitrés, plasmó lo siguiente: "66. Asimismo, este Tribunal advierte que los apoderados de la parte actora actuaron en el presente juicio sin la debida diligencia, realizando planteamientos contrarios a los intereses y derechos de su cliente, tal, como se desprende de la omisión de solicitar que se dictara Providencia Cautelar prevista por el numeral 857 ya citado de la Ley, poniendo en riesgo la salud de la parte actora y del producto de su embarazo; no obstante que de autos se desprende que esta autoridad decreto la providencia cautelar de oficio con los elementos con los que contaba en el expediente. Asimismo, de su conducta procesal, específicamente en su escrito de Réplica presentado con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós visible a fojas 91 a 94 de autos, se desprende que objeta el escrito de renuncia exhibido por la parte demandada, en firma y huella dactilar; no obstante de la videograbación (minuto 10:38) de la audiencia llevada a cabo el día dieciséis de febrero de dos mil veintitrés se advierte que la parte actora al momento en que se le puso a la vista el documento manifiesta que sí reconoce la firma y la huella. Lo que pone en evidencia la intención del apoderado de la parte actora LIC. [********************] quien es el que suscribe el escrito inicial de demanda y el escrito de réplica que nos ocupa, de dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del presente juicio, al realizar objeciones que no van acordes a lo que se advierte de la actuación de la parte actora en lo personal, es por lo que ESTE TRIBUNAL CONSIDERA PROCEDENTE APLICAR UNA MULTA DE 100 VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL LIC. [********************), EQUIVALENTE. A $10,374.00 PESOS (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO QUINTO DE LA LEY. Por lo que GIRESE ATENTO OFICIO a la SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ATENCIÓN A LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE RENTAS EN ESTA CIUDAD con domicilio conocido, a fin de que proceda a hacer efectiva la multa impuesta en la presente sentencia, debiendo proporcionarle el domicilio procesal señalado en el presente juicio, así como solicitarle información y seguimiento correspondiente." Del análisis a la determinación transcrita en su parte conducente, se observa, carece íntegramente de la debida fundamentación y motivación que prevén los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Carta Magna, porque su actuación, a juicio de quien resuelve, no tiene sustento legal que respalde los motivos de que la parte quejosa haya incurrido en responsabilidad por haber sido omisa en solicitar, en la demanda laboral de origen, las medidas cautelares a que hace referencia la responsable, las cuales en el auto de radicación concedió de manera oficiosa. Lo anterior toda vez que, en el párrafo antes transcrito del laudo emitido por la responsable, precisó que de manera oficiosa otorgó la medida cautelar consistente en el aseguramiento del servicio médico a la parte actora en aquel juicio laboral de origen, esto de conformidad con el artículo 857, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que establece lo siguiente: "Artículo 857.- El secretario instructor del Tribunal, a petición de parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares: [.] IV. En los casos que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por embarazo, u orientación sexual, o por identidad de género, así como en los casos de trabajo, infantil, el tribunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio laboral, o bien decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten. Para tal efecto, los demandantes deben acreditar la existencia de indicios que generen al Tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de los actos de discriminación que hagan valer." Sin embargo, no se advierte que haya establecido el ordenamiento legal que obligue al abogado a realizar la solicitud de referencia en el escrito inicial de demanda, ni aquel que contemple las consecuencias ante dicha omisión, ni se advierten los razonamientos por los cuales la responsable haya tenido por actualizada esa omisión reprochada al representante legal de la actora en aquel juico laboral de origen. Por otra parte, por lo que respecta a la conducta procesal por parte del hoy quejoso, en su carácter de representante legal de la actora en el juicio de origen, en específico en el escrito de réplica presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, con lo cual la jueza responsable consideró que se actualiza la finalidad de retardo contenida en el artículo 48, párrafo quinto de la Ley Federal del Trabajo, artículo que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 48. (.) Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización." Sin embargo, en la determinación hoy analizada, en ningún momento se advierte que la responsable haya exteriorizado los razonamientos que le hayan llevado a la conclusión de que en el asunto particular se adecúe la actividad procesal llevada a cabo por el quejoso, con la objeto contenida en la norma, esto es, que dicha conducta tenga la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio laboral. Resulta concluyente establecer, que, por atentarse los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por la norma Suprema anotada, habiendo sido hallado que el acto reclamado es inconstitucional en la parte que se cuestiona, en su aspecto formal, pues no está integralmente fundado y motivado. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable realice lo siguiente: 1).- Conforme al texto de la ley Federal del Trabajo, deje insubsistente, únicamente en su parte conducente, el laudo de tres de abril de dos mil veintitrés y, 2).- Con plenitud de jurisdicción, dicte otro acuerdo, pero, fundado y motivado, en que, en su caso, se establezcan los motivos y fundamentos para la imposición de la multa decretada contra la parte quejosa. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por la autoridad responsable y los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, en contra de la autoridad señalada en el considerando cuarto, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a las autoridades responsable y personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******************. Doy fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Jaime Andrés Campos Yáñez712/2018
- Jaime Andres Campos Yañez823/2014
- Jaime Armando Muñoz Morales198/2013
- Jaime Arturo Chávez González y Otros.604/2018
- Jaime Arturo Gómez Rivera35/2018
- Jaime Arturo Hinojos Rubio y Otros.656/2017
- Jaime Arturo Hinojos Rubio y Otros.378/2016
- Jaime Arturo Hinojos Rubio y Otros.831/2015
- Jaime Arturo Hinojos Rubio y Otros.591/2017
- Jaime Boone Leal258/2019
- Jaime Boone Leal74/2019
- Jaime Boone Leal352/2019