Jaime Arturo Hinojos Rubio y Otros.
Expediente 656/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jaime Arturo Hinojos Rubio
- Jaime Arturo Hinojos Rubio y Otros.
- Natalia Castañeda Rosell y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de abril de dos mil diecinueve. Visto el oficio signado por la Secretaria adscrita a Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 656/2017-II, así como copia certificada de la resolución pronunciada por la Superioridad, en el amparo en revisión penal 919/2017, con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* y *******, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el ocho de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal *******, por el Juez de Garantía *******. Por tanto, con transcripción del presente proveído, acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones relativas en los libros de gobierno y electrónicos, asimismo, en su oportunidad archívese el presente expediente. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por ende, debe permanecer ligado al juicio de amparo. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos, xxxx, mediante el cual interponen recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo vigente, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios de los recurrentes y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y personalmente al tercero interesado, entregándoles copia de los escritos de agravios formulados por los recurrentes. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado xxxx. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 656/2017-II, promovido por (1) ***** y (2) *****. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día, (1)**** y (2) ***** solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, que hicieron consistir en el auto de vinculación a proceso dictado el ocho de julio del dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 899/2016, instruida contra los impetrantes del amparo. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 fracciones V, VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 656/2017-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete y se ordenó citar a los terceros, el Agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen y la víctima, persona jurídica colectiva cuya denominación es ******. En el mismo auto de radicación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida y, finalmente, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que el acto que reclama la parte quejosa lo constituyen: El auto de vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en contra de (1) ***** y (2)*****, dentro de la causa penal 899/2016, por su probable participación en los hechos constitutivos del delito de fraude procesal con penalidad agravada, en términos del artículo 306, en sus tres párrafos, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos aceptó haber emitido contra la parte quejosa, el auto de vinculación a proceso de ocho de julio del dos mil diecisiete, emitido dentro de la causa penal 899/2016, de su índice. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió transcripción certificada del auto de vinculación a proceso que se emitió en la causa penal 899/2016, así como registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de las audiencias de formulación de imputación, desahogo de elementos de prueba dentro del término constitucional y vinculación a proceso, llevadas a cabo en la causa penal de referencia, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada, en términos del numeral 61 de la Ley de Amparo y su interpretación, ni este juzgador advierte que se actualicen, por lo que se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta; además, con ello no se le deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se estiman INFUNDADOS, sin que se advierta que exista materia sobre la cual suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, debe precisarse que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua, el Juez responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar tanto el hecho delictuoso como la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limitará al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones rendidas ante él en la audiencia de ley. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe estudiarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que conforme al numeral 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, la Juez de Control no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, este Juzgador realizará un análisis del acto reclamado en torno a la determinación que se adoptó respecto a la acreditación de los hechos que la ley considera como constitutivos del delito de fraude procesal y la posibilidad de que los quejosos hayan intervenido en la comisión de aquéllos y, enseguida, se emprenderá el examen de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. De esta manera, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es necesario acotar que solamente mediante el cumplimiento de tales requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Ahora, cabe adelantar que los primeros dos requisitos indicados se cumplen con la simple mención a ellos dentro de la resolución de vinculación a proceso, en cualquier parte de su texto, pues la norma constitucional no impone formalidad alguna. Luego, estos dos requisitos se aprecian cumplidos de una simple lectura de la transcripción del acto reclamado, por lo que no resulta necesario mayor estudio. En cuanto al tercer de los requisitos indicados por el numeral 19, párrafo 1º de nuestra Carta Magna citado, tenemos que coincide con uno de los previstos en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por lo tanto se resulta ocioso realizar un doble análisis por separado. Por su parte, el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua -que constituye la legislación aplicable en el presente caso-, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que: III.1. Se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; III.2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, de julio de 2012, página 1940, materia penal, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, con el propósito de determinar si se encuentran o no cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso -señalados con antelación-, se expone lo siguiente: I. Formulación de la imputación. De las constancias de autos se advierte que en audiencia de tres de julio de dos mil diecisiete, con fundamento en los 276, 277 y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra de los hoy accionantes del amparo, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, por el delito de fraude procesal con penalidad agravada, en términos del artículo 306, en sus tres párrafos, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en agravio de la persona jurídica colectiva *******, hoy tercera interesada; por ende, este requisito para la emisión del auto de vinculación a proceso se encuentra satisfecho. II. Rendición de la declaración de los imputados ante el Juez de Control o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia respectiva, celebrada el siete de julio de dos mil diecisiete, ambos quejosos, ***** y *****, ejercieron su derecho de rendir declaración respecto de los hechos que se les imputaron, ante la presencia del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; por ende, también se encuentra colmado el segundo requisito establecido para la legal emisión del acto reclamado. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni el acreditamiento de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Consecuentemente, en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo analizará si el Juez de Control realizó un examen sobre el grado de racionabilidad, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Julio de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS y SUBJETIVOS) y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. El Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de fraude procesal con penalidad agravada, -cometido en agravio de la persona jurídica colectiva ******- previsto y sancionado en los artículos 306, en sus tres párrafos, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para arribar a tal conclusión, el Juzgador consideró los siguientes antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, así como las declaraciones rendidas en la audiencia de ley, que a continuación se destacan: 1. La denuncia presentada por ***** ante el Ministerio Publico el día diecisiete de julio de dos mil quince, por hechos que consideró constitutivos del delito de fraude procesal cometido en perjuicio de su representada, *****(audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 2. La documental pública consistente en instrumento público número 1840, pasado ante la Fe del Notario Público número 11 de este Distrito Judicial Bravos Chihuahua mediante el cual ***** acreditó ser apoderado legal de *****. 3. La declaración del testigo *****, vertida ante el Ministerio Público el dieciocho de agosto de dos mil quince (audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 4. La declaración del testigo ******, rendida ante el Ministerio Público el dieciocho de agosto de dos mil quince (audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 5. La declaración del testigo ******, que se vertió ante el Ministerio Público el veinte de agosto de dos mil quince (audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 6. La documental pública consistente en copia certificada del expediente del juicio laboral 4/12/0938 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua. 7. La declaración del testigo ******, que se emitió ante el Ministerio Público el veinte de agosto de dos mil quince (audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 8. La declaración del testigo *****, que fue vertida ante el Ministerio Público el veintiuno de agosto de dos mil quince (audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 9. La declaración del coimputado ******, que éste rindió ante el Ministerio Público el veinticinco de enero de dos mil dieciséis (audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 10. La declaración del testigo *****, rendida ante el Ministerio Público el tres de febrero de dos mil dieciséis (audiencia de ocho de julio de dos mil diecisiete). 11. La declaración de la testigo ****, que fue expuesta ante el Ministerio Público el treinta de enero de dos mil diecisiete (audiencia de ocho de julio de dos mil diecisiete). 12. La documental pública consistente en Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, concretamente del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación Juárez Número Dos signado por el Licenciado *****, Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en relación a la petición formulada mediante oficio por parte del Ministerio Público el día once de febrero del año dos mil dieciséis, en la cual solicitó información sobre el coimputado ***** (audiencia de ocho de julio de dos mil diecisiete). 13. La documental pública consistente en oficio emitido por la Jefa del Departamento Estatal de Profesiones del Estado de Chihuahua en el que informa que los quejosos (1) ***** y (2) *****, cuentan con cédula profesional como licenciados en derecho. 14. La documental pública consistente en oficio emitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se informó el monto final a que fue condenada la persona jurídica colectiva víctima (audiencia de ocho de julio de dos mil diecisiete). 15. La declaración en audiencia del diverso testigo, licenciado ***** (el siete de julio de dos mil diecisiete), quien asesoró legalmente a la víctima durante parte del proceso laboral comentado. 16. La declaración en audiencia del ***** (siete de julio de dos mil diecisiete). 17. La declaración en audiencia de la imputada (2) ***** (siete de julio de dos mil diecisiete). 18. La declaración en audiencia del imputado (1) *****(siete de julio de dos mil diecisiete). 19. La declaración en audiencia del coimputado ******, (siete de julio de dos mil diecisiete). A partir de esos datos, el Juez de Control estimó que actualizaban los hechos descritos en la figura descriptiva contemplada en el artículo 306, en sus tres párrafos, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que estatuye: Fraude procesal 306. Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el salario a quien con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido o mayor del que le corresponde, con independencia de la obtención del resultado, simule actos jurídicos o altere elementos de prueba. De verificarse el perjuicio o los beneficios a que se refiere el primer párrafo, las penas se incrementarán hasta en dos tercios. Cuando en la comisión de este delito intervenga de forma directa o indirecta un licenciado en Derecho o litigante legalmente autorizado, además se le suspenderá en el ejercicio profesional o en la actividad indicada, por un término igual al de la prisión impuesta, haciéndose lo anterior del conocimiento de la autoridad que corresponda para la vigilancia de la pena impuesta. Conforme a dicho precepto, comete el delito de fraude procesal la persona que simule actos jurídicos o altere elementos de prueba, con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive: (1) un perjuicio de alguien o (2) un beneficio indebido o mayor del que le corresponde, con independencia de la obtención del resultado. Además, las penas se incrementan hasta en dos tercios, cuando se verifique el referido perjuicio o se obtengan los citados beneficios. Asimismo, el legislador estableció que sí en la comisión de este delito intervenga de forma directa o indirecta un licenciado en derecho o litigante legalmente autorizado, también se le suspenderá en el ejercicio profesional o en la actividad indicada, por un término igual al de la prisión impuesta. Ahora, para tener por establecido el hecho que la ley señala como delito, la autoridad responsable determinó que el delito de fraude procesal puede ser clasificado como de formulación alternativa, porque contiene diversas conductas a través de las cuales puede producirse el resultado típico, en la medida que la intención del Legislador Estatal fue la de proteger el buen desarrollo de la administración de justicia, por lo que consideró que las actuaciones derivadas del procedimiento judicial o que sean materialmente judicial, se encuentren apegadas a las leyes y se resuelvan en favor de quien legalmente tiene la razón. Enseguida, consideró que no se encontraba posibilitado legalmente para realizar una crítica a la resolución que fue dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sino que únicamente analizaría qué fue lo que sucedió en los actos jurídicos que se realizaron y en las pruebas que se desahogaron ante dicha autoridad para poder establecer si la conclusión a que llegó la Junta Local, se encuentra ajustada a una realidad. A partir de lo anterior, consideró que para tener por acreditado el delito no era necesario que existiera alguna sentencia que resolviera el fondo, sino que bastaría que el sujeto activo obtuviera el beneficio indebido, mediante cualquier acuerdo emitido dentro del proceso, porque el hecho de "interponer ante los tribunales un juicio simulado apoyado en pruebas engañosas, artificiosas o falsas para, mediante dicha maquinación, sugerir el error judicial y, obtener un injusto provecho", resultaría suficiente para lesionar el bien jurídicamente tutelado, verbigracia, la administración de justicia. - Con relación a la simulación de actos jurídicos, el Juzgador responsable encontró configurada sobre la base de los siguientes elementos: [.] Bien, el Ministerio Público -en ese contexto de circunstancias de desarrollo de la declaración del señor *****- le preguntó si trabajó para la *****., y respondió: No, yo no sabía el nombre de la empresa para la que estuve trabajando; se le preguntó si conoce el domicilio de ******, contestó que no; se le preguntó si conoce las instalaciones de la empresa *****, contestó que no; se le preguntó si conoce al señor ***** y es precisamente la persona que tenía a cargo una de las actividades laborales que se realizaban, contestó: No señorita; se le preguntó quién le dijo que demandara a la ******. y/o el señor ***** y contestó: Supuestamente la Licenciada ***** no recuerdo su apellido (nombre y persona que coincide con el de la imputada aquí presente ******); se le preguntó por qué dijo ella que demandara a la empresa Bienes y Servicios del Bravo y contestó: Porque supuestamente estaba ligado al Ingeniero ******. [.] Si analizamos el contexto en que se desarrolló ese interrogatorio por parte de la Agente del Ministerio Público, confrontadas con la declaración que rindió ante el Ministerio Público el señor ***** el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis, puede concluir este Resolutor que la veracidad de los hechos, tomando en cuenta la inmediatez temporal en que estos se desarrollaron y el ejercicio que se realizó para extraer información correctamente, se puede decir que ***** ha manifestado en instancia Ministerial que, efectivamente, en ningún momento supo dar el nombre correcto de la empresa ******; contrario a como lo refirieron ***** y *****. Segundo, tan es así y es tan creíble la versión que vertió ante el Ministerio Publico el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis, que ***** que en esta audiencia refirió que no conoce dónde se encuentra localizada la empresa. De ahí que a juicio de este Resolutor surja un dato más que nos indique que sí existieron simulación de actos jurídicos en el Juicio laboral Número 4/12/938 promovido por parte de ****** y *****, como apoderados de ***** ante la Junta Local Número Cuatro de Conciliación y Arbitraje en el Juicio 4/12/938 que concluyó con un laudo condenatorio que fue liquidado por la empresa. [.] Otro dato también, que es extraíble de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público respecto a la forma en cómo se desarrollaron los hechos que generaron esta audiencia, es de tomarse en cuenta circunstancias, como la declaración de ****** ante este Tribunal de Garantía [.] Bien, esa serie de respuestas que dio al Ministerio Publico, a este Juzgador en base al principio de contradicción y dentro de principio de inmediación nos permiten concluir válidamente que en ningún momento el señor ****** tuvo, al menos se advierte hasta este momento, la intención de demandar a ******, sino que alguien más tuvo su opción. [.] Tomando en cuenta. la historia en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social como obligación de los patrones con respecto a sus empleados, se advierte que: primero -por un lado- en ningún lugar aparece ******; segundo: quien sí aparece es ******; si esto lo vinculamos con la declaración que rindió ante el Ministerio Publico el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis ******, de lo anterior se advierte que a la única persona moral que él pretendía o tenía conocimiento de que tenía posibilidad legal de demandar *****, era ******, y/o al señor *****; y si esas circunstancias, el contexto en que se manifestó al momento de entrevistarse con **** y/o *****, indica que en ningún momento el señor ***** se consideró como empleado de *****; y repito, si bien es cierto en esta audiencia viene a dar otra versión respecto a que sí se consideraba como empleado, del mismo ejercicio de interrogatorio-contrainterrogatorio que realizó diversa Agente del Ministerio Público se puede advertir que, tan no existió esa relación laboral entre ***** y ******, que éste mismo refiere ni siquiera conocer el lugar donde se encuentran las instalaciones, ni siquiera proporcionar características. [.] De ahí que se pueda decir que si existió una manipulación de la información, esta es, simulación de hechos jurídicos para poder demandar a *****. Por ende considera este Resolutor que con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Publico se advierte: PRIMERO: ******, ni ha sido patrona de ******; SEGUNDO: teniendo conocimiento de esas circunstancias, intervinieron como abogados de la parte trabajadora en el expediente 4/12/938 mediante demanda del día veintiséis de marzo de dos mil doce de la Junta Especial Local Número de Conciliación y Arbitraje esta ciudad los licenciados en Derecho ***** y ***** teniendo conocimiento de esa circunstancia; TERCERO: que derivado de lo anterior, se causó un perjuicio patrimonial en agravio de ******, pues se dictó un laudo definitivo que tiene el carácter de cosa juzgada en el expediente 4/12/938 de la Junta Especial Local Número Cuatro de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad con motivo de la demanda entablada por ****** y ****** como apoderados de ****** como trabajador en perjuicio de ********, y esto arrojó una afectación en el patrimonio de ******, pero también se ejercieron manipulaciones respecto a los testimonios que se vertieron en ese juicio laboral pues como lo refirieron los testigos **** y ***** al declarar bajo protesta de decir verdad ante el Ministerio Publico ante una autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que hace a ****** y en relación a lo que emitieron en ese Juicio Civil manifestó lo siguiente: "...y ella nos dio un formato para estudiarlo escrito por ella, de lo que teníamos que decir, que nos lo teníamos que grabar bien ... que yo tenía que decir que trabajaba para ******...". y en relación a la retractación o haberse desistido de la demanda refirió que, por conciencia en relación a que tenía conocimiento que ***** no laboraba para esa empresa, se desistieron de la misma; ******, también nos proporciona un parámetro de estos hechos refiriendo que si existió aleccionamiento por parte de los abogados de la parte trabajadora en ese juicio laboral ***** y ****** para el desahogo y los testigos. Por ende de los testimonios aportados precisamente por ellos a través de la demanda correspondiente en la audiencia oportunamente, solicitada y acordada favorablemente por la Junta Especial Local Número de la Local Conciliación y Arbitraje en esta ciudad; esto es, como los datos de prueba expuestos en esta audiencia y las actuaciones judiciales se tiene por demostrado el hecho que la Ley señala como delito de fraude procesal previsto y sancionado por el artículo 306, agravado en términos del segundo párrafo de la misma del Código Penal Estatal, cometido en perjuicio de ****** en hechos sucedidos a partir del día veintiséis de marzo de dos mil doce en la Junta Especial Local No. 4 de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. - La existencia de la resolución jurisdiccional, el Juez la consideró acreditada con aquella que emitió la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se trata de una resolución materialmente jurisdiccional, según la documental pública consistente en la copia certificada del expediente laboral multicitado, que recabó el agente del Ministerio Público. - El perjuicio verificado (párrafo segundo, del numeral 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua), la sustentó en la documental pública consistente en el oficio emitido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en que se indicó el monto al que, finalmente, fue condenada la persona jurídica colectiva *******. - La calidad especifica de licenciados en derecho de los imputados (párrafo tercero, del numeral 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua), encontró sustento en la documental pública consistente en el oficio emitido por la Jefa del ***** en el que se informó que los quejosos (1) ****** y (2) ******, contaban con cédula profesional como peritos en derecho. Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, al dictar el acto reclamado, el Juez responsable analizó correctamente la verificación de un hecho que Ley señala como delito (y sus agravantes), cuenta habida que en el estándar probatorio que se requiere en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, sólo implica que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que para ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del reformado artículo 20 constitucional, sea necesario que en la etapa de investigación tales datos constituyan prueba fehaciente para la legalidad de la emisión del auto de vinculación a proceso, pues para los efectos de este sistema judicial sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. Conforme a lo anterior, desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de fraude procesal con penalidad agravada, en perjuicio de la víctima *****, previsto y sancionado en el artículo 306 del citado ordenamiento, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la conclusión a la que arribó el responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado, porque de los datos que fueron en conocimiento del Juzgador se deducía la existencia de un hecho que la ley reputa como delito, consistente en que el veintidós de marzo de dos mil doce, los imputados ******* y ****** en su carácter de abogados y en representación del coimputado -*****- presentaron una demanda laboral en contra de ******, radicada bajo el expediente 4/12/938 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua, que concluyó con un laudo condenatorio a favor de su representado, *****, por la cantidad de $979,898.00 (novecientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho 00/100 pesos moneda nacional), que fue pagada por la empresa referida; aun cuando, acorde con los datos de prueba allegados al Juez, el coimputado ***** no laboró para la referida persona moral y a sabiendas de ello, procedió en conjunto con sus abogados representantes ***** y ***** en todas y cada una de las etapas del proceso en la referida demanda laboral, con lo cual se obtuvo un beneficio que se consideró indebido, en perjuicio patrimonial de la víctima. En esta tesitura, en cuanto a la configuración del delito atribuido a la parte quejosa, este Juzgador no advierte lesión a los derechos de los imputados; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. Sustenta la anterior conclusión, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, de Noviembre de 2013, Tomo 1, materia penal, página 757, del siguiente rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS y SUBJETIVOS) y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos Con relación a la probabilidad de que los imputados participaron en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularla a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación de los imputados en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar lo siguiente: [.] QUINTO. De los mismos antecedentes de investigación, datos de prueba que expuso el Ministerio Público, las actuaciones judiciales que se realizaron en esta audiencia, a juicio de este Resolutor se tiene por demostrada la probable coautoría de **** y **** en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de fraude procesal previsto y sancionado por el artículo 306 en sus tres párrafos del Código Penal del Estado en agravio de ***** como persona moral de Derecho Privado y el GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA como persona moral de derecho Público. Para concluir en esto debemos tomar en cuenta lo siguiente: Repito, no obstante tener conocimiento **** y ***** de que en el ejercicio de su derecho a contestar los hechos materia de la formulación de imputación, rendir su declaración preparatoria, existía el riesgo de que lo que dijeran pudiera ser utilizado en su contra, remitiéndome a las declaraciones que rindieron el día siete de julio del año dos mil diecisiete ambos, imputados se ubican en las circunstancias de tiempo, lugar, modo y oportunidad que les atribuye el Ministerio Público [.] Este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, ya que con los datos de prueba que le narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que efectivamente existe la probabilidad de que los hoy quejosos, participaron en los hechos configurativos del delito de fraude procesal con penalidad agravada, por sí mismos. Esto se centra en que todos los testigos de cargo que fueron clientes de los imputados, hoy quejosos, los ubican como quienes les prestaron el servicio jurídico, llevaron la estrategia y, en general, dirigieron el proceso laboral, incluso, sobre este punto resulta relevante que, incluso el coimputado *******, los identificó durante la audiencia como las personas que lo asesoraron jurídicamente en el juicio laboral en el que se realizaron los hechos que dieron origen a la investigación realizada por al Agente del ministerio Público; de ahí que no exista duda en cuenta a la intervención de los impetrantes en la ejecución de los hechos que se les atribuyeron. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. V. Término constitucional. En cuanto al plazo para resolver la situación jurídica de los imputados, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un término de setenta y dos horas. En el mismo sentido el numeral 282 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua indica que: 282. Plazos para resolver sobre la vinculación a proceso. El juez de Garantía, cuestionará al imputado respecto a si renuncia al plazo de setenta y dos horas para que se resuelva sobre su vinculación a proceso, o si solicita la duplicación de dicho plazo. En caso de que el imputado renuncie al plazo de setenta y dos horas, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la investigación con los que considera se acreditan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez resolverá lo conducente después de escuchar al imputado. Si el imputado no renuncia al plazo de las setenta y dos horas para que se resuelva sobre su vinculación o no a proceso, o solicita la duplicación de dicho plazo, el Juez citará a una audiencia en la que resolverá lo conducente. Dicha audiencia deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitarlo al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. Ahora bien, en el caso a estudio se realizó la formulación de imputación el tres de julio del año dos mil diecisiete a las diez horas con dieciséis minutos, la parte quejosa solicitó la duplicidad del término constitucional equivalente a seis días contados de momento a momento. Posteriormente, la responsable emitió el auto de vinculación a proceso el ocho de julio del año dos mil diecisiete, resolviendo a las dieciséis horas con cuarenta minutos. A mayor abundamiento, podemos precisar que el plazo transcurrido fue como sigue: 03 de julio de 2017 se formuló imputación (10:16 horas), 04 de julio de 2017 día 1, 05 de julio de 2017 día 2, 06 de julio de 2017 día 3, 07 de julio de 2017 día 4, 08 de julio de 2017 día 5, vinculación a proceso 09 de julio del año 2017 día 6 (fenecía el término) En conclusión, de un simple cálculo aritmético y revisión del calendario de esa fecha, se deduce que el auto de vinculación a proceso fue emitido dentro del término constitucional. A partir del anterior análisis, devienen infundados la totalidad de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, a los que se dará contestación en las líneas siguientes, aunque en orden diverso al señalado en la demanda de amparo. En el décimo concepto de violación los impetrantes aducen que, respecto del hecho por el cual se emitió el auto de vinculación a proceso ha operado (1) la caducidad y (2) la prescripción de los delitos de querella. Para tal efecto, indican que la demanda laboral que dio lugar al expediente del juicio laboral 4/12/0938, citado en la formulación de imputación, se radicó el veintiséis de marzo de dos mil doce. No asiste la razón a la parte quejosa, como a continuación se pone de relieve: 1. Caducidad. La parte quejosa afirma, erróneamente, que el delito de Fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua, es un delito de querella necesaria. El numeral 219 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua prevé los delitos perseguibles por querella necesaria: 219. Delito perseguible por querella. Es necesaria la querella y sin ella no podrá procederse contra los responsables, cuando se trate de delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria previsto en el artículo 188 del Código Penal, salvo cuando se trate de personas menores de edad, incapaces y adultos mayores, lesiones que tarden en sanar menos de quince días, lesiones que tarden más de quince días y menos de sesenta, peligro de contagio, amenazas, allanamiento de vivienda, despacho, oficina o establecimiento mercantil, revelación de secretos, estupro, abusos sexuales, excepto los contemplados en los artículos 174 y 175 del Código Penal, hostigamiento sexual, procreación asistida e inseminación artificial, en los términos del artículo 151 del Código Penal, privación de la libertad con fines sexuales, abuso de confianza, fraude, daños, con excepción de los contemplados en el artículo 237 del Código Penal, despojo y administración fraudulenta. Asimismo, se requerirá querella en los delitos de robo, robo de ganado y encubrimiento por receptación de éstos, cuando los mismos sean cometidos por el ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado. Igualmente, se requerirá querella para la persecución de terceros que hubiesen incurrido en la ejecución del delito con los sujetos que se mencionan con antelación. De esta transcripción se aprecia que el delito específico de fraude procesal no es de querella necesaria. No es inadvertido para este Juzgado Federal que en ese catálogo de delitos se encuentra el diverso de fraude; sin embargo, ambos ilícitos no pueden confundirse pues el fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 306 del código penal del Estado de Chihuahua, es un delito contra la administración de justicia, según se aprecia del título vigésimo del Código Penal del Estado de Chihuahua denominado, precisamente, "delitos cometidos por particulares ante el Ministerio Público, autoridad judicial o administrativa". Por otro lado, el fraude, previsto y sancionado en el artículo 223 del mismo código punitivo estatal, es un delito patrimonial. Por tanto, no existe posibilidad de confusión y el delito de fraude procesal -por el que se formuló imputación a los quejosos- resulte perseguible por denuncia, es decir, es un delito que se investiga oficiosamente. Además, esta diferencia resulta como consecuencia lógica de la clase de bien jurídico tutelado en cada delito: el Fraude procesal protege, principalmente, la correcta administración de justicia y el fraude el patrimonio de las personas, el cual es un bien jurídico disponible para la víctima. Finalmente, con relación a la figura jurídica de la caducidad, conviene explicar que únicamente resulta aplicable para los delitos de querella, según se prevé en el Código Penal del Estado de Chihuahua: 110. Caducidad en los delitos de querella El derecho a querellarse por un delito que solo pueda investigarse a petición de la víctima u ofendido caducara en un año [.] Por tanto, el plazo de un año para que opere la caducidad no aplica al delito en estudio, que como se analizó, es perseguible oficiosamente, sin que requiera querella de parte ofendida. 2. Prescripción. La parte quejosa afirma, que ha operado la prescripción de la acción penal a su favor. Para verificarlo vale citar los artículos 108, 111 y 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua: 108. Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: [.] III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado; 111. Prescripción según el tipo de pena La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. 306. Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el salario a quien con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido o mayor del que le corresponde, con independencia de la obtención del resultado, simule actos jurídicos o altere elementos de prueba. De verificarse el perjuicio o los beneficios a que se refiere el primer párrafo, las penas se incrementarán hasta en dos tercios. Sobre la base de los preceptos transcritos, se colige que el plazo para que opere la prescripción en el delito por el que se formuló imputación a los quejosos (término medio aritmético de la pena privativa de libertad ya agravada) es de cinco años y cinco meses. Por otro lado, incluso si se parte de la fecha de radicación de la demanda laboral, como propone la parte quejosa, tal fecha es el veintiséis de marzo de dos mil doce; por tanto, la prescripción de la acción alegada acaecería el veintiséis de agosto de dos mil diecisiete; luego, si el auto de vinculación a proceso fue emitido el ocho de julio de dos mil diecisiete, es obvio que aún en ese supuesto no se actualizaría la figura procesal de la prescripción. A mayor abundamiento, aun después de la fecha de presentación de la demanda laboral se realizaron actos posteriores de ejecución, tales como el ofrecimiento y desahogo de pruebas, promoción del juicio de amparo directo y el cobro del monto a que fue condenada la persona jurídica colectiva víctima, hoy tercero interesada; por ende, la prescripción de la acción que se alega, tampoco podría computarse a partir de la fecha de presentación de la demanda. En mérito de lo anterior, el décimo concepto de violación también resulta infundado. De la misma manera y sobre la base de los anteriores argumentos, resulta infundado lo alegado por el quejoso en el sentido de que la denunciante carecía de legitimación para interponer la querella, dado que el delito de fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua es perseguible de oficio y no por querella necesaria y, por tanto, cualquier persona puede presentar dicha denuncia sin que se requiera legitimación para presentar, precisamente, una denuncia. En relación al concepto relacionado con la credibilidad de los testigos *****, *******, *****, ***** y ******, la parte quejosa argumentó que, en realidad los cinco testigos sí fueron trabajadores de la persona jurídica colectiva víctima, contrario a la teoría del caso sostenida por la Representación Social del Estado de Chihuahua, y que si dichos testigos se desistieron de las demandas laborales y declararon como lo hicieron, fue debido a que ".la parte demandada a través de sus nuevos abogados patronos, tuvieron acercamiento con los actores, les ofrecieron una cantidad." (foja 13 de su escrito). Lo alegado por la parte quejosa es infundado. En efecto, las circunstancias expresadas tienen su fundamento en meras apreciaciones de carácter personal, que no encuentran asidero en ningún dato de los expuestos a la autoridad responsable durante la audiencia. Por el contrario, en sus declaraciones, expuestas por el Agente del Ministerio Público, los testigos explicaron cómo desde un inicio su pretensión no era demandar a la persona jurídica colectiva, hoy tercero interesada, sino a quien ubicaban como su auténtico patrón, es decir, *****. A manera de ejemplo, se indica que el testigo de nombre ***** refirió que trabajaba con *******, en la persona jurídica colectiva ***** y que después ellos, es decir, los hoy quejosos, "se encargaron de todo". En consecuencia, fue correcto que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos concediera valor convictivo su dicho al no estar acreditado que sus declaraciones se encontraran influenciadas por algún motivo que mereciera restarles eficacia demostrativa; de ahí lo infundado del reseñado argumento. Como un segundo concepto de violación, la parte quejosa aduce que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos emitió una resolución incongruente, pues primero señaló que no estaba en su potestad darle valor a la información y después sí valoró los antecedentes y las pruebas y, sobre esa base, resolvió el auto de vinculación a proceso. El concepto de violación es infundado. Con el propósito de evidenciar lo anterior, es necesario precisar que los numerales 35 y 236 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua estatuyen: 35. Resolución de peticiones o planteamientos de las partes. Todas las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas, requieran producción de prueba o cuando así lo disponga la ley expresamente, se resolverán en audiencia. Cuando así lo disponga la ley, se resolverán por escrito en un plazo máximo de tres días. Cuando alguna de las partes desee producir prueba en la audiencia, deberá ofrecerla en el escrito en el que solicite la celebración de la misma. Si la contraparte del solicitante es quien desea producir prueba en la audiencia, deberá ofrecerla por escrito antes de la celebración de la misma. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. Los medios de prueba que se desahoguen en una audiencia previa a la de juicio oral, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por la ley. 236. Valor de las actuaciones. Las actuaciones practicadas durante la investigación carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, salvo aquellas realizadas de conformidad con las reglas previstas en este Código para el anticipo de prueba, o bien, aquellas que este Código autoriza a incorporar por lectura o reproducción durante la Audiencia de Debate de Juicio Oral. Sí podrán ser invocadas como elementos para fundar cualquier resolución previa a la sentencia o para fundar ésta, en caso de procedimiento abreviado. De los dispositivos transcritos se deduce que el punto expresado por la parte quejosa se refiere la valoración de los antecedentes de investigación, los cuales son válidamente utilizados por el Juez de Control en el sistema penal acusatorio para fundar una resolución previa a la sentencia, en este caso, la resolución de vinculación a proceso; en esa medida, adversamente a lo señalado por los quejosos, el acto reclamado no es incongruente, pues el Juez no valoró directamente los antecedentes que se encuentran contenidos en la carpeta de investigación de forma directa, sino que a la luz de los datos de prueba narrados por el Representante social determinó el alcance jurídico de su contenido que, en unión con las declaraciones rendidas ante él, en la audiencia de Ley, resolvió el auto de vinculación a proceso tildado de inconstitucional. Como tercer concepto de violación, la parte quejosa adujo que no se valoró correctamente el dicho del testigo licenciado ******, quien dijo: [.] con excepción de ******, en el resto de los trabajadores existía evidencia para acreditar legalmente una relación laboral para con ******* Así como también el reconocimiento del apoderado legal de la persona jurídica colectiva víctima y su esposa, en el sentido de que: [.] por lo que respecta al también denunciado *****, que este último jamás laboró de la empresa (sic) propiedad de su consorte, y que nunca estuvo dado de alta en el Seguro, no así por lo que respecta a los demás, y trato de justificar dando una explicación que su esposo dio de alta a todos los testigos de cargo hermanos ***** en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en favor de un amigo [.] El concepto de violación es infundado, al tenor de lo establecido en el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua que estatuye: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. Con este concepto, fundado en la aseveración del testigo, la parte quejosa pretende que, al estar acreditada la relación laboral de los testigos ******, ******, ******, ***** y ****** con la persona jurídica colectiva víctima, queda desvirtuada la teoría del caso de la Representación Social del Estado de Chihuahua; sin embargo, este planteamiento de la parte quejosa resulta errado, pues se centra en la situación jurídica de los juicios laborales de estos cinco testigos y no en la situación del juicio promovido por los imputados (1) ****** y (2) ***** en representación del imputado *******, el cual sí es parte medular de los hechos materia de la formulación de imputación sobre la que descansa el auto de vinculación a proceso reclamado. Por tanto, resulta irrelevante al caso determinar la situación que prevalece en los diversos juicios laborales aun cuando los impetrantes tuvieran razón en el fondo de su planteamiento, el cual, acertadamente, no es abordado por la autoridad responsable por estar fuera de los hechos materia de la formulación de imputación. Aunado a ello, según la declaración del testigo *******, en el sentido de determinar si existía registro como empleados de los testigos ******, ******, ******* y ******; ello fue correctamente descartado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos al ser un tema ajeno a la materia de la litis natural. De la misma manera, es infundado lo que se argumenta en el sentido de que el Ministerio Público pretendió engañar a la autoridad responsable con los antecedentes de investigación consistentes en los diversos juicios laborales promovidos por algunos de los que declararon como testigos de cargo, dado que ese argumento fue desechado en términos similares al anterior. Igualmente, carece de sustento lo que se aduce en torno a que el agente Ministerio Público pretendía dejar sin efecto el laudo firme emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, contra lo que afirman los quejosos, la materia de análisis en este juicio de amparo es el contenido del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control, no la conducta del representante social, quien en esa etapa del juicio es la misma que la de un particular y no la de autoridad para los efectos del juicio de amparo; máxime que la función desplegada en el controvertido penal no consiste en revocar la determinación firme, sino en juzgar la conducta posiblemente indebida con la que se obtuvo dicha resolución, situación que sí es factible examinar y precisamente, esa es la función del delito en cuestión. Lo mismo sucede respecto de lo alegado en torno a que la teoría del caso del Ministerio Público lleva al absurdo de que el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito resultara partícipe del ilícito, el cual se trata de un argumento infundado, porque en este juicio de amparo no se analiza la actuación del representante social, sino la constitucionalidad del auto de vinculación dictado contra los quejosos; máxime que la teoría del caso que planteó el Ministerio Público fue que tanto el citado Tribunal Colegiado como la Junta laboral fueron engañados (y no partícipes dolosos) en relación a la conducta de los imputados; de ahí lo infundado de lo que se alega en este aspecto. Como un cuarto concepto de violación, la parte quejosa vierte el argumento consistente en que la Representación Social del Estado de Chihuahua fue omisa en exponer como antecedente de investigación, en beneficio del imputado, las copias certificadas consistentes en los diversos juicios laborales quebrantando así su deber de objetividad y además que estos datos no fueron abordados por la autoridad responsable (foja 9 de su escrito inicial de demanda). Este cuarto concepto deviene infundado. En primer término, se precisa que el acto reclamado lo constituye el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; no así la conducta procesal que asumió la Representación Social del Estado de Chihuahua ante la autoridad jurisdiccional; por ende, no se puede analizar la actuación de una de las partes en el juicio, como si se tratara de la autoridad responsable; de ahí que si el Agente del Ministerio Público fue o no omiso en exponer ciertos antecedentes de investigación ante el Juez responsable, ello constituye un aspecto ajeno a la litis constitucional. En segundo lugar, la omisión de exponer dichos juicios por parte de la Representación Social del Estado de Chihuahua no es una conducta atribuible a la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Por el contrario, según lo establecido en el numeral 280, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua citado, es facultad del Ministerio Público la exposición de antecedentes: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. [.] III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. [.] Siendo esta distribución de facultades, precisamente una de las características del sistema penal acusatorio pues, pretender que el Juez de Control decidiera cuáles antecedentes se exponen para sustentar la petición de vinculación a proceso sería tanto como que la autoridad jurisdiccional penal invadiera las facultades de la fiscalía. A mayor abundamiento, se precisa que para este tipo de inconformidades en la actuación de alguna de las partes procesales, la contraparte dispone del control horizontal y la igualdad de defensa para asegurarse de que el Juez de Control reciba la cantidad y calidad de información que su teoría del caso requiera. Sin embargo, dicho control horizontal debe ser ejercido precisamente en el momento de la audiencia (lo que no ocurrió) y, en todo caso, reclamar en amparo la resolución al respecto que emita el Juez de Control. En tercer lugar, conviene establecer que si bien asiste la razón a la parte quejosa en cuanto a que la autoridad responsable no se pronunció sobre el contenido de los diversos juicios laborales; sin embargo, debe prevalecer el hecho de que ello ocurrió debido a que tales antecedentes de investigación no fueron expuestos por ninguno de los intervinientes, lo cual redunda en que fuera materialmente imposible para el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos pronunciarse un contenido que le era jurídicamente desconocido. El quinto concepto de violación, lo hace consistir en que, a juicio de la parte quejosa, la autoridad responsable "dejó de valorar la documental pública consistente en la respuesta del IMSS" (foja 10 de su escrito inicial de demanda). Este concepto deviene infundado. Contra lo afirmado por los impetrantes del amparo, este Juzgado Federal aprecia que la autoridad responsable sí consideró dicho antecedente de investigación en los siguientes el auto de vinculación a proceso, como se advierte de las siguientes transcripciones: [.] Respuesta por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social [.] (Página 12) Se aportó en la carpeta de investigación -objetivamente lo hizo saber el Defensor aquí presente- que existe un documento consistente en una información proporcionada en atención al oficio 668/13 relativo al expediente 4/12/0938 formado en relación a la demanda de ****** en contra de ******, en el sentido de que informe si las morales ***** y/o ******* dieron de alta como su trabajador ante dicha institución que es el Instituto Mexicano del Seguro Social el trabajador ******, en ese oficio se contesta: Que sí [.] (Página 36) Bien, prima facie, pudiera decirse que, la información que se proporcionó por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, según obra a foja 108 de la carpeta de investigación del Ministerio Público que fue emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Chihuahua, por la Subdelegación Juárez 2, Oficina Alterna de Servicios Jurídicos de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece mediante oficio 089106910 100/1287 signada por el Licenciado ******, Encargado de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos dirigida al Licenciado ***** Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de Conciliación y Arbitraje, pudiera dilucidarse que, meridianamente si existiría la noción de que el señor ***** haya sido dado de alta como trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de *******, considera este Resolutor que no le asiste la razón al señor Defensor en base a los siguientes argumentos: - [.] (Página 37) Luego de esta última cita, la autoridad responsable procedió a estudiar este antecedente de investigación en relación con el resto del material aportado, es decir, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos no fue omiso en su estudio como afirmó la parte quejosa en el quinto concepto de violación que se analiza. Además, lo alegado en el sentido de que existía un diverso informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra lo aducido por la parte quejosa, tal argumento fue contestado en el cuerpo del auto de vinculación a proceso, en el sentido de que efectivamente hubo dos informes por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el segundo de los cuales es más reciente, a solicitud de la Representación Social del Estado de Chihuahua y con datos desglosados de cada posible patrón y este último precisó que el coimputado ******, nunca estuvo registrado como empleado de la persona jurídica colectiva víctima; por otro lado, el diverso informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social contesta simplemente que "sí" a una pregunta compuesta con los nombres de diversas personas morales. Por tanto, de esos informes se extrajo, como verdad histórica, que el coimputado *****, nunca estuvo registrado como trabajador de ******; de ahí que el concepto de violación que se analiza deviene infundado. En el sexto concepto de violación la parte quejosa refiere que el coimputado ****** fue presionado al momento de declarar ante la Representación Social del Estado de Chihuahua (foja 10 de su escrito inicial de demanda) y por ese motivo brindó respuestas diferentes a las que otorga en su declaración ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos durante la audiencia de siete de julio de dos mil diecisiete. Lo alegado es infundado. Lo anterior es así, dado que simplemente se trata de una afirmación dogmática (que el imputado fue presionado) sin mayor explicación, que no encuentra sustento con alguna parte de los elementos de convicción desahogados o expuestos en las audiencias correspondientes. Más aún, el propio coimputado ******, al momento de declarar nunca dijo que hubiera sido presionado al momento de declarar. En el séptimo concepto de violación se impugnó el elemento típico que la parte quejosa identifica como que "les dieron aleccionamiento", señalando que: [.] su resolución le faltó objetividad. cualquier abogado que es contratado para prestar sus servicios profesionales ante cualquier fecha de audiencia, es obvio que al testigo o al actor de cualquier demanda, se le haga saber cuál va a ser el mecanismo de la audiencia, y desde luego, es obligación del profesionista, hacerle ver, ya sea testigo o actor, sobre qué versarán las audiencias y las posibles respuestas que debe de dar [.] Este concepto deviene infundado pues la parte quejosa confunde la correcta y diligente función del abogado litigante de "preparar" al testigo (que consiste, como señalan los impetrantes, en explicar la mecánica de la audiencia) con la conducta de "aleccionar" al testigo (que consiste en darles las respuesta que debían de dar en el desahogo de la prueba). Esto último se torna relevante, ya que es de explorado derecho que las únicas respuestas que un declarante debe de expresar ante la autoridad que lo interroga, son aquellas que resulten apegadas a la verdad, conforme a leal saber y entender. En el caso a estudio, los testigos de cargo, que también eran clientes de los ahora quejosos, fueron claros en informar al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos que: a) la parte quejosa les había dado un documento con las respuestas que debían dar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; y que b) en dicho documento se indicaban datos falsos o, como mínimo, equivocados. Tan es así, que el Agente del Ministerio Público expuso (en la audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete), que el testigo Víctor Uriel Velázquez García manifestó: [.] se acercó ****** fue quien me dijo que yo tenía que jugar mi papel, que por qué había dicho eso y que podía perder el caso [.] un día antes de entrar a esa testimonial me habló el licenciado ***** para darme una hojita y yo me acerque a Conciliación por ella, esa hoja era de tamaño carta, blanca, escrita a máquina, y me dijo qué era lo que yo iba a decir en la testimonial recuerdo que esa hoja decía que yo tenía que decir que conocía al demandado, decía Bienes y Raíces del Bravo [.] Sin que implique un pronunciamiento de fondo de la cuestión debatida en el juicio natural y contrario a lo que aducen los impetrantes, la circunstancia destacada no implica la adecuada preparación de testigos, antes bien, a juicio de quien resuelve, da pauta a establecer -como consideró el Juez de Control- que existe una alteración de los elementos que serán materia del desahogo de la prueba y de la información que recibirá el órgano jurisdiccional, ello si se considera que la función de los testigos en el proceso consiste únicamente en informar sobre los hechos que hayan tenido conocimiento por sí mismos y no por inferencias de terceros; de ahí que este séptimo concepto de violación resulte infundado. En el octavo concepto de violación se aduce que los testigos *****, ******, ******, ***** y ******, variaron su versión de los hechos, porque ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dijeron que sí habían trabajado para la persona jurídica colectiva víctima y después, ante el Ministerio Público lo negaron. Para tal efecto, la parte quejosa señala que: [.] es evidente que desviaron su versión en aras de favorecer en este caso la pretensión del que se dice ofendido, ya que es obvio que hubo un arreglo [.]; y agrega que: [.] por cuestiones personales pretenden perjudicar a los profesionistas que se insiste, deslealmente se desistieron de la demanda inexplicablemente sin pagar los honorarios que por ley correspondían hacer en un 30% del resultado [.]. Lo alegado por los impetrantes deviene infundado, dado que no resulta "evidente" -como afirma la parte quejosa- que hubiera un "arreglo" entre la empresa víctima y los testigos de cargo, pues aunque es una teoría del caso formalmente válida, ésta no encuentra sustento en algún otro elemento de prueba, que permita desacreditar el dicho de los citados testigos de cargo. Al respecto, el único dato de prueba que sustenta esta afirmación es el dicho (de oídas) del coimputado ****** durante la audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete, al que precisamente por ser testigo de oídas no se le puede conceder eficacia demostrativa a lo que narró. Ahora, tal circunstancia no desvirtúa el dicho de los testigos de cargo pues: a) se trata de un dicho aislado, que se contrapone al dicho de cinco testigos de cargo; b) constituye de un dicho de oídas, pues el propio coimputado ******, explica que los testigos son los que le fueron a decir lo sucedido; por tanto, al declarante no le constaba, de primera mano, el supuesto acuerdo ni el pago que mencionaron; c) en sentido contrario, los testigos de cargo en cuestión explicaron que variaron su declaración para apegarse a la verdad y, en el mismo sentido, que se desistieron de sus respectivas demandas laborales, porque se dieron cuenta que se estaba demandado a una empresa que no había sido su patrón; de ahí que el octavo concepto de violación también resulta infundado. En el noveno concepto de violación se aduce la omisión que, a juicio de la parte quejosa, cometió la autoridad responsable de atender la narración sobre la detención ilegal del coimputado *******. Lo alegado por los quejosos es infundado. En efecto, no les asiste razón a los quejosos, en la medida que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos no tenía obligación de pronunciarse sobre absolutamente todo lo que se dijo en la audiencia, sino únicamente sobre los temas y datos pertinentes, es decir, aquellos relacionados con la litis que, en el caso del auto de vinculación a proceso, se reduce al hecho materia de la formulación de imputación y no aspectos ajenos a los hechos que de manera directa configuran el delito que se atribuyó a los quejosos y, en su caso, a aquellos que desvirtúen esa intervención en el proceso. Sostener lo contrario sería tanto como obligar a los jueces a reproducir, dentro de sus resoluciones, todo lo manifestado en las audiencias para calificar todas y cada una de las porciones de información vertidas, tanto las pertinentes como las que no lo fueran, conclusión que claramente resulta contraria al principio de justicia pronta previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mayor abundamiento, aun de subsanar la omisión de pronunciarse sobre la narrativa de la detención sufrida por ******, ello no generaría ningún efecto beneficioso para la parte quejosa porque: No desvirtúa ni modifica ninguno de los puntos de la formulación de imputación (núcleo de la Litis en el caso). No le resta valor convictivo a los demás datos de prueba, en los que se apoyó el auto de vinculación a proceso. No sustenta ninguna causal de exclusión del delito en relación a los imputados (1) ****** ni (2) ******. En resumen, ese hecho resultó ajeno al contenido del acto reclamado y, por tanto, irrelevante para el caso, aun cuando pudiera dar lugar (como aduce la parte quejosa) a una denuncia para iniciar investigación por algún posible diverso delito, pero no puede ser materia de análisis en este juicio de amparo, pues los quejosos son personas diversas de aquél quien se aduce fue detenido ilegalmente; en esa medida, este noveno concepto de violación resulta infundado. Por tanto, al haber realizado el estudio de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de los quejosos y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por los peticionario de amparo, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los numerales 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ****** y ****** contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil diecisiete, pronunciado en la causa penal 899/2016, en los términos analizados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, asistido del Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy treinta de octubre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado así lo permitieron. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el contenido de la constancia levantada por el Actuario de la adscripción, de la cual se advierte que la quejosa, licenciada **, realiza la siguiente manifestación: "No se me corre (sic) el informe justificado que contiene dicha vidiograbación (sic)"; atento a su contenido, dígase a la quejosa que únicamente se le dio vista con el disco versátil digital remitido por el juez responsable como complemento a su informe justificado; sin embargo, de este último se le dio vista en auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, el cual que se le notificó personalmente el dieciséis de agosto del mismo año, por conducto de su autorizado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.rmi
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