Jacob Daniel Pérez Silva

Expediente 192/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
192/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Jacob Daniel Pérez Silva

Actuaciones

  1. Principal

    "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Por otra parte, agréguese sin mayor proveído la comparecencia de...por medio de la cual ratifica su escrito con registro interno 3136 en el que desiste del presente juicio de amparo, lo anterior en atención a que en líneas precedentes causo estado el proveído de veintinueve de enero del año en curso, que desechó la demanda de amparo. Finalmente, con fundamento en el ordinal 13 de le Ley de Amparo se tiene como representante común de los peticionarios de amparo a...sin perjuicio que designen uno diverso a su petición..."

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente en el domicilio señalado en la demanda.

  3. Principal

    con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo vigente, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de dos de febrero de dos mil dieciocho, mismo que establece: "...Agréguese el escrito de...por el que desiste del juicio de amparo 192/2018; por tanto, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días legalmente computados a partir de la notificación de este proveído, acuda al local que guarda este órgano jurisdiccional, con credencial oficial vigente con fotografía en la que conste su firma, a fin de que ratifique el escrito que se provee, con la finalidad de otorgarle eficacia jurídica, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado y continuará el juicio. Sustenta la determinación precedente, por analogía la jurisprudencia 2ª/J119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página doscientos noventa y cinco, tomo XXIV, agosto de dos mil seis, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO..."

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo que promueve Jacob Daniel Pérez Silva, Mónica Almaraz Olivera, Minerva Nepomuceno Arias, Lucio García Flores, Juana Pacheco Ramírez, María Loreto Reyes Avalos, Lucio García Flores, María Félix Cuapio Hernández, Josefa Morales Mendoza, Emma Silvia Fragoso Franco, Froylan Sierra Canseco, J Trinidad Duron Roque, Alejandrina Esmeralda Enríquez Martínez, Amado Hernández Chávez, Ángel García Villafaña, Ana Avila Estrada, Macario Cruz Segundo, Graciela Martínez Ramírez, Margarita Morquecho Sánchez, Canuto Martínez Salazar, Agustín Félix Martínez, Serafín Herrera Puga, Olivia Hernández Romero, José Contreras Arango, Mario León Juárez, Pedro Flores Cervantes, Silvestre Hernández Rosales, Ma. Francisca Pérez Cruz, María de Lourdes Pérez Cruz, Blanca Estela Toto Chapan, Santiago Chávez Martínez, Lilia Vargas Olea y Yolanda García Luna, regístrese bajo el número 192/2018-I-A. DESECHAMIENTO Previo a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que respecto del quejoso Carlos Fierro Morales, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa indican lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De dichos preceptos se desprende uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el juicio de amparo, que es el principio de "iniciativa o instancia de parte agraviada" al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma autógrafa estampada en la demanda de amparo, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. De ahí que, al carecer el escrito de cuenta de firma autógrafa respecto de Carlos Fierro Morales, se pone de manifiesto que no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, en razón de que al carecer de la firma autógrafa, se trata de un simple papel en que no se incorpora la voluntad del directo agraviado, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 214 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 146, Tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así como el criterio, con número de registro 218142, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en la página 315, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 1992, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 6°, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida Carlos Fierro Morales. ACTO RECLAMADO Por otro lado, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El decreto 187, por el que se aprueban las iniciativas de tarifas para los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, diferentes a las contenidas en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Primera del Código Financiero del Estado de México y Municipios, relativas al Municipio de Naucalpan de Juárez, México; para el ejercicio fiscal de 2017, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, por la LIX Legislatura del Estado de México, y entro en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete. DESECHAMIENTO. De igual manera, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo; toda vez que no se promovió dentro del término que se señala en el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo; numerales cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo: I Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que se será de treinta días..." De conformidad con los artículos transcritos, el término para la interposición de la demanda de amparo que nos aplica es de treinta días contado a partir desde el día siguiente, al en que haya entrado en vigor la ley reclamada. Así, de las propias manifestaciones de los quejosos, se advierte que indican que el decreto 187, por el que se aprueban las iniciativas de tarifas para los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, diferentes a las contenidas en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Primera del Código Financiero del Estado de México y Municipios relativas al Municipio de Naucalpan de Juárez, México, para el ejercicio fiscal 2017, fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, por la LIX Legislatura del Estado de México, y entro en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete. En este orden de ideas, se concluye que si el decreto 187, fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, por la LIX Legislatura del Estado de México, y entro en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete, por así desprenderse de las manifestaciones precisadas, además de indicar en el denomino (CAPÍTULO ESPECIAL) que el carácter de la norma en cuanto a su impugnación es autoaplicativo, esto es, a partir de su entrada en vigor; por tanto si el decreto reclamado, por referencia de los quejosos entró en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete, la demanda deviene extemporánea, pues transcurrió en exceso el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo, además en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 2a./J. 95/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, con registro 177265, visible a página 328, cuyo rubro y texto, son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación." Por lo tanto, los quejosos consintieron tácitamente los actos reclamados. Apoya a lo anterior, la tesis visible en la página 200, del Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. Es inexacto que conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, existan dos oportunidades para combatir un mismo acto de autoridad: al conocer su emisión y al conocer que se va a ejecutar; el precepto debe entenderse en el sentido que sólo se tiene un término de quince días, es decir, una oportunidad para reclamar el acto o resolución de la autoridad, pudiéndose solicitar la suspensión de éste para evitar su ejecución, resguardando de este modo la materia del amparo o que el amparo quede sin ella; ya que es cierto que existen dos oportunidades para promover el juicio de garantías, pero no contra actos o resoluciones de autoridad administrativa y en términos del artículo 21 de la ley en comento, sino cuando lo que se reclama es una ley o reglamento, casos en que puede impugnarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de ésta (autoaplicativa) o dentro de los quince días siguientes al en que se tenga conocimiento del primer acto de aplicación (heteroaplicativa), conforme al artículo 22, fracción I y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Apoya lo anterior, la tesis VI.2o. J/21 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del Tomo II, Agosto de 1995, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En tales condiciones, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XIV, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Jacob Daniel Pérez Silva, Mónica Almaraz Olivera, Minerva Nepomuceno Arias, Lucio García Flores, Juana Pacheco Ramírez, María Loreto Reyes Avalos, Lucio García Flores, María Félix Cuapio Hernández, Josefa Morales Mendoza, Emma Silvia Fragoso Franco, Froylan Sierra Canseco, J Trinidad Duron Roque, Alejandrina Esmeralda Enríquez Martínez, Amado Hernández Chávez, Ángel García Villafaña, Ana Avila Estrada, Macario Cruz Segundo, Graciela Martínez Ramírez, Margarita Morquecho Sánchez, Canuto Martínez Salazar, Agustín Félix Martínez, Serafín Herrera Puga, Olivia Hernández Romero, José Contreras Arango, Mario León Juárez, Pedro Flores Cervantes, Silvestre Hernández Rosales, Ma. Francisca Pérez Cruz, María de Lourdes Pérez Cruz, Blanca Estela Toto Chapan, Santiago Chávez Martínez, Lilia Vargas Olea y Yolanda García Luna. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tiene por autorizadas a las personas que refieren en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente Notifíquese personalmente.

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