J. Juan Vázquez Salazar

Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1197/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • J. Juan Vázquez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través de su Presidente, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "1. Conteste de manera congruente, coherente y completa, la solicitud de pensión formulada mediante el formato con número de folio 2.197.590-42102, con acuse de recibo de la Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan, de doce de agosto de dos mil veintidós; y, 2. Haga del conocimiento de la impetrante la respuesta acordada, en el domicilio que hubiera señalado para ello. Lo que deberá acreditar ante este juzgado de distrito, con las copias certificadas que remita para tal efecto. Sin que ello implique que la respuesta deba ser en determinado sentido, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes; sirve de apoyo, la tesis dictada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito6 , que establece: "PETICION, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO. Las garantías consagradas en el artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el numeral 193, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo. En el entendido que si necesitan alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentren en vías de cumplimiento, lo deberán solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requieren prórroga alguna; incluso se les requiere para que en el mismo término, señalen, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informan, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1238), o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx) confirmando en la extensión 1231. Se hace del conocimiento de la autoridad que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". En la inteligencia de que no basta con que hagan manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que deben acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberán remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de las autoridades que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentran compelidas a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Pues, para que éste se logre se requiere de una serie de requisitos formales y materiales, situación que no puede ser susceptible de constituir un obstáculo para que se satisfagan a cabalidad los lineamientos de la ejecutoria referida y las autoridades responsables puedan inobservar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, más aún que existe criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conlleva a que, de no dar cumplimiento a lo ordenado sólo propicia la actitud de desacato por parte de las autoridades responsables involucradas, con el uso de tácticas dilatorias; además de que si continúan con tal omisión, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de las autoridades responsables y a su consignación ante el juez penal. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1197/2023-VII-PRAL; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el doce de septiembre de dos mil veintitrés por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, J. Juan Vázquez Salazar, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Admisión y trámite. El diecinueve de septiembre de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama: La omisión de dar contestación a su solicitud de pensión mediante el formato con número de folio 2.197.590-42102, con acuse de recibo de la Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan, de doce de agosto de dos mil veintidós. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues al rendir su informe negó que el Director de dicho Instituto como representante, tenga facultades o atribuciones para llevar a cabo trámites de las solicitudes de pensión (promoción 15600); sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. Aunado a que de conformidad con el artículo 54 del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que establece la estructura orgánica de aquel ente, se advierte que respecto a la Dirección General, la clave 207C04010000000, de la que se aprecia que carece de facultades para tramitar o emitir una respuesta con relación a una solicitud de pensión. Cabe mencionar que, tratándose de actos omisivos o de abstención, para que se actualice su existencia debe verificarse previamente la obligación correlativa de la autoridad responsable conforme lo dispuesto por las normas legales aplicables; de ahí que, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y las manifestaciones de la autoridad, dicho acto será cierto o inexistente en función de las obligaciones y facultades legales que ineludiblemente dicha autoridad está constreñida a realizar y que el impetrante de amparo haya acreditado fehacientemente que cuenta con el derecho subjetivo que le permite exigir de la autoridad esa conducta positiva de hacer. Por ello, si conforme a la normatividad legal aplicable (Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios), es atribución de una autoridad diversa al 1. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de su Director General resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones de los derechohabientes, es evidente que la referida responsable no está obligada a actuar en el sentido pretendido por el gobernado. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo únicamente respecto al acto atribuido a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables: Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, en representación del 2. Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues al rendir su informe con justificación por conducto del representante legal, aceptaron su existencia (promoción 15600). Incluso, de los numerales 2, fracción I, 3, 11, fracción I, del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se desprende que dicho Comité (como ente), tiene por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes de dicho Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentos correspondientes; teniendo por tanto, las funciones y atribuciones para analizar y dictaminar las solicitudes de pensión; pues si bien el numeral 12, fracción I, inciso B de dicho manual establece la representación del Presidente de dicho Comité, con ello no pueden soslayarse las facultades del actuar propio del Comité. Además, es importante establecer que la naturaleza del acto reprochado en el presente juicio de amparo es de carácter negativo, porque implica un no actuar de la autoridad; por ende, tratándose de este tipo de actos, le corresponde a la autoridad justificar su dicho, esto es, tiene la carga de la prueba de acreditar que no incurrió en omisión o abstención, ya que, el precepto 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Igualmente, la certeza de que se habla se corrobora con el formato de solicitud de pensión con número de folio 2.197.590-42102, con acuse de recibo de la Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan, de doce de agosto de dos mil veintidós -que el impetrante adjuntó a su escrito de demanda-, al cual debe otorgarse valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 197 y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que al ser adminiculado con las manifestaciones vertidas por la citada responsable en su informe justificado, genera la presunción fundada de la presentación ante su potestad del formato mencionado. Se invoca al efecto por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO." Quinto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Así, al rendir su informe justificado las autoridades responsables señalan que el presente juicio de amparo es improcedente conforme a las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II; así como la diversa contenida en la fracción XX del numeral enunciado en primer término, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Es infundada la causa de improcedencia que invocan en la que afirman que previo a promover el presente juicio de amparo, la parte quejosa debió de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. El citado principio descansa en la carga procesal del impetrante de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación, así como las excepciones a la obligación de agotar los recursos ordinarios. Ese principio encuentra justificación en la naturaleza del juicio constitucional, el cual se erige como un medio extraordinario de defensa procedente contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En atención a lo anterior, y considerando que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la petición que le formuló mediante escrito recibido el doce de agosto de dos mil veintidós, en contravención a lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se mencionó la causa de improcedencia es infundada. Es decir, la parte quejosa controvierte a través del presente juicio de amparo, una violación directa a lo establecido en el artículo 8° Constitucional, por lo que se encuentra en el caso de excepción establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, lo cual en el presente asunto se actualiza y hace procedente el juicio constitucional. Por otra parte, con respecto a la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable en el sentido de que no le recae tal carácter, también es infundada. Sobre el particular, debe indicarse que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa combate de manera destacada la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de dar respuesta a la petición que le formuló para que se le otorgue una pensión. En relación con el tema de que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, estableció que existen dos supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador, los cuales son: 1. Cuando se busque obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados, aduciendo la inconstitucionalidad de la norma aplicada; como sucede, por ejemplo, en tratándose de la negativa de una pensión con base en un artículo de la Ley del Seguro Social cuya constitucionalidad se cuestiona. 2. Cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la violación al derecho de petición tutelado en el artículo 8° constitucional, para el único efecto de que de que el funcionario o empleado público emita una respuesta; en la inteligencia de que ésta no podrá ser materia de ampliación de la demanda de amparo, sino que, en el evento de controvertirse, debe hacerse en la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, se está en el supuesto excepcional de procedencia del juicio de amparo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haberse planteado a través del presente juicio de amparo la falta de contestación a la petición que le formuló mediante el formato presentado el doce de agosto de dos mil veintidós. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR." No resulta inadvertido que la tesis transcrita se refiera al Instituto Mexicano del Seguro Social y no a la autoridad designada como responsable Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues en el caso concreto ambas instituciones comparten las mismas características y funciones de ente asegurador, precisamente porque a través de ellos se otorgan a los particulares diversas prestaciones de seguridad social, como son las pensiones. Consecuentemente, al no advertirse causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que sea necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido. Sexto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizarlo; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, registro 164618, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Séptimo. Estudio de fondo. Medularmente el impetrante alega que se violó en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que el Comité responsable ha sido omiso en dar contestación a su solicitud de pensión y emitir el dictamen de pensión correspondiente, lo que se estima fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. Para corroborar tal aserto, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 8° Constitucional, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La porción normativa transcrita contiene el derecho de petición, frente al cual están obligados a respetar todos y cada uno de los funcionarios y empleados públicos, siempre y cuando ésta se haya formulado de manera pacífica y respetuosa; de lo que se sigue que a toda petición que se realice bajo esos lineamientos deberá necesariamente recaerle un acuerdo por escrito de la autoridad ante la cual se haya dirigido en breve término. En ese orden de ideas, con el propósito de exigir el derecho consagrado en el numeral indicado, es necesaria la presentación de un escrito en el que se contemple la petición, debiendo hacerse de manera pacífica y respetuosa, tal como en el caso aconteció, pues de la documental que exhibió el impetrante, consistente en el formato de solicitud de pensión con número de folio 2.197.590-42102, con acuse de recibo de la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, de doce de agosto de dos mil veintidós, se demuestra que la parte impetrante colmó correctamente los requisitos previstos en el referido dispositivo constitucional a fin de obtener de la autoridad responsable una respuesta en breve término, por escrito, dirigida a ésta y que se hiciera de su conocimiento. Consecuentemente, resulta indudable que el Comité de Pensiones del Instituto responsable, debe demostrar que ciertamente cumplió con lo ordenado en el artículo 8° constitucional, es decir, que no ha sido omisa y que ha emitido en breve término una contestación congruente con la petición formulada por el amparista, así como que tal contestación fue hecha de su conocimiento a través de la notificación respectiva, o en su caso, informar todos y cada uno de los acuerdos dictados con el objeto de llevar a cabo la contestación a su escrito petitorio. Sin embargo, dicho Comité no acreditó durante la secuela procesal del presente juicio constitucional haber atendido lo que le solicitó la parte quejosa el doce de agosto de dos mil veintidós, o bien, efectuar cualquier trámite en atención el ejercicio del derecho de petición; sino que por el contrario, del referido informe justificado se desprende que tiene conocimiento que a la fecha en que se rindió, no se había emitido respuesta a la solicitante, bajo el argumento de que ".en el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden de tramitación del procedimiento administrativo." Por ende, se estima que en el caso, la referida autoridad tampoco acató los numerales 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Médico y Municipios, en el sentido de resolver o dar contestación a la solicitud de pensión del amparista, en el plazo de treinta días hábiles posteriores a su presentación. En ese contexto, se está en presencia de una abstención absoluta, porque como ya se vio, omitió dar respuesta a la pretensión que se le formuló, con lo cual se vulneró la garantía consagrada en el artículo 8° de la Carta Magna en perjuicio de la peticionaria del amparo, precisamente porque han transcurrido en exceso los treinta días que tenía el Comité responsable para atender la petición de la parte quejosa, debido a que no atendió la solicitud del gobernado y, consecuentemente, haber emitido contestación a la petición elevada ante su potestad. En las relatadas condiciones, con arreglo en el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo solicitado a la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. Octavo. Efectos. En tales condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dentro del plazo de tres días siguientes, el Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través de su Presidente, realice lo siguiente: 1. Conteste de manera congruente, coherente y completa, la solicitud de pensión formulada mediante el formato con número de folio 2.197.590-42102, con acuse de recibo de la Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan, de doce de agosto de dos mil veintidós; y, 2. Haga del conocimiento de la impetrante la respuesta acordada, en el domicilio que hubiera señalado para ello. Lo que deberá acreditar ante este juzgado de distrito, con las copias certificadas que remita para tal efecto. Sin que ello implique que la respuesta deba ser en determinado sentido, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes; sirve de apoyo, la tesis dictada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "PETICION, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO. Las garantías consagradas en el artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, en los términos señalados en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso J. Juan Vázquez Salazar, por derecho propio, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso séptimo de esta resolución y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se celebra toda vez que transcurre el término de quince días para que las autoridades responsables 1. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el 2. Presidente del Comité de Pensiones de dicho instituto, rindan su informe justificado, toda vez que fueron notificadas para tal efecto el veintidós de septiembre del año en curso. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés para su verificativo. Ahora bien, tomando en consideración que está por fenecer el término de referencia, gírese oficio recordatorio a las citadas autoridades responsables, para que remitan su informe de ley a la brevedad, con el fin de no retrasar la oportuna integración y resolución de este asunto. En el entendido que les subsiste el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de septiembre del presente año. Notifíquese.

  4. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por********************, por derecho propio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; fórmese el expediente relativo con el número 1197/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda y anexo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta minutos del once de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con apoyo en los artículos 61, 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables lo siguiente: 1) Rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Expresen si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismo actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberán proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. ****************************************Con el apercibimiento que de ser omisas, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las consistentes en: - Copia simple de la solicitud de trámite de pensión con número de folio asignado ******************** presentada el doce de agosto de dos mil veintidós, ante la Unidad de atención al derechohabiente Naucalpan de Juárez, Estado de México del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; - Copia simple de aviso de movimiento para la afiliación y vigencia de derechos a nombre del quejoso********; - Copia simple de la credencial de elector de********************; La instrumental de actuaciones; y, La presuncional en si doble aspecto legal y humana. Sin que haya lugar a tener como prueba todas aquellas actuaciones que integran el expediente y se deriven de la solicitud con número de folio asignado ********************, solicitada el doce de agosto de dos mil veintidós, atendiendo a que no lo adjuntó; sin embargo, una vez que las responsables rindan su informe con justificación y envíen las constancias relativas al acto reclamado se acordará lo conducente. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario ******************** y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" n términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

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