Jacinto Hernández Rodríguez
Expediente 727/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jacinto Hernández Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual en atención a lo solicitado en autos de trece y veintidós, ambos de junio de dos mil veintitrés, informa que conforme a la papeleta enviada por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, el juicio de amparo 458/2023-0 de su índice, fue turnado a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo, con motivo de la incompetencia planteada por el citado homólogo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de Jacinto Hernández Rodríguez, por derecho propio; mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas en proveídos de trece y veintidós, ambos del presente mes y año. Ahora bien, dada la mención expresa de desistimiento de la autoridad Secretaría del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México (promoción 9216), se tienen únicamente como autoridades responsables al 1. Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno las Américas Ecatepec de Morelos, 2. "Coordinación de Servicios Periciales, Departamento de Tránsito Terrestre", así como a la 3. Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos. ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. La omisión del Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno las Américas, Ecatepec de Morelos, de permitir oponer defensas y excepciones dentro del expediente administrativo OCA/1/610/2022. 2. La oposición al indebido cobro y requerimiento de pago excesivo de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), conforme al dictamen pericial de veintiuno de abril de dos mil veintidós, realizado por el perito Víctor Ortega Lizama, perteneciente a la "Coordinación de Servicios Periciales, Departamento de Tránsito Terrestre", dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos y, como consecuencia de ello, la omisión de liberar el vehículo camión marca Dina, modelo 1976, con placas de circulación 193DF7, número de serie 4202182A6. DESECHAMIENTO Una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como los escritos aclaratorios, respecto a los actos reclamados, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV, en relación con el diverso numeral 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo , por haberse consentido tácitamente. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la siguiente forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE VERIFIQUE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS EN ELLA CONTENIDOS y se presente en el plazo de quince días siguientes. De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptar postura en contrario, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, de los antecedentes que obran en este sumario constitucional, se advierte que en el escrito de desahogo que se provee (promoción 9592), el impetrante señaló: ."que el día 20 de octubre del año 2022, solicité las copias certificadas del expediente OCA/1/610/2022, mismas que me fueron entregadas en el mes de diciembre del año 2022. Siendo esta fecha, por la cual conocí la cantidad que tengo que pagar conforme al dictamen pericial de fecha 21 de abril del año 2022." ."que en el mes de diciembre del año 2022, me enteré de la cantidad que tengo que pagar conforme al dictamen pericial de fecha 21 de abril del año 2022. No hubo notificación alguna, ya que me enteré de esta determinación en cuanto leí las copias certificadas que me fueron entregadas en el mes de diciembre del año 2022." -En el diverso escrito aclaratorio (promoción 9216), refiere en su apartado número 3, inciso d) "...nunca me notificaron de algún ACTO DE LOS RECLAMADOS en la presente demanda de garantías, ya que el suscrito se dio cuenta de los actos que ahora se reclaman en esta demanda de Amparo Indirecto, hasta que solicité copias del expediente administrativo OCA/1/610/2022.". -Asimismo, se tiene como hecho notorio el diverso juicio de amparo 810/2023-I, del que se advierte: que en el escrito inicial -PRESENTADO CON ANTELACIÓN A LA DEMANDA AL RUBRO CITADO-, promovido desde el veinte de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por el mismo quejoso contra idénticos actos y autoridades responsables, manifestó bajo protesta de decir verdad los mismos hechos, de los que se destaca que expresó que tuvo conocimiento de aquellos -actos reclamados- desde el seis de abril de dos mil veintidós. Ahora bien, de lo anterior se desprende en esencia que en los escritos de desahogo el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad el mes y la anualidad en que tuvo conocimiento del procedimiento de origen, el cobro que se le requiere en relación con el dictamen pericial de veintiuno de abril de dos mil veintidós y, por ende, todo lo ateniente a la liberación del vehículo incluyendo el pago que califica como excesivo; aseveraciones que se traducen en una confesión expresa, en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio. Por tanto, se desprende que fue al menos desde el mes de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, una vez que le fueron entregadas las aludidas copias certificadas que solicitó. En mérito de lo anterior, si las copias certificadas del expediente OCA/1/610/2022, le fueron entregadas en el mes de diciembre de dos mil veintidós, en ese momento conoció los actos que aquí reclama, por lo que resulta evidente que el término de quince días que prevé la Ley de Amparo para presentar su demanda, transcurrió en exceso, puesto que tuvo conocimiento de ellos, se insiste, al menos desde el mes de diciembre de dos mil veintidós, debido a que al haber recepcionado las copias que solicitó, se estima que con ello tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado al conocer en su integridad el contenido de éste. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, registro 186084, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 5, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Ante tal situación, es evidente que si la parte quejosa asumió una actitud pasiva y dejó transcurrir el tiempo sin ejercer la acción constitucional, con su actuar consintió tácitamente los citados actos reclamados; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que incluso el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto para que pueda solicitar la protección de la justicia federal, si ya tuvo conocimiento en su integridad de su existencia por otros medios, estimar lo contrario, implicaría limitar al promovente el acceso a los tribunales para poder impugnarlo en la vía de amparo. Se invoca al efecto, la jurisprudencia P./J. 115/2010, registro 163172, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Es preciso destacar que los actos aquí combatidos no están comprendidos en ninguna de las hipótesis de excepción del término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo a que hace alusión el artículo 17 de la normatividad de la materia, pues no se impugnan normas generales autoaplicativas ni el procedimiento de extradición, tampoco es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas del país o alguno prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como tampoco se está en el caso de una sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, ni deriva de la materia agraria. Máxime que aun cuando en el escrito inicial refirió que no se le ha permitido el acceso al expediente "oportunamente", con tal expresión, no puede ostentarse en calidad de tercero extraño al procedimiento seguido en forma de juicio, dado que conoció de la instauración de dicho procedimiento desde su inicio, pues incluso, afirma que acudió ante el oficial conciliador responsable desde el momento que sucedieron los acontecimientos que lo originaron con motivo de los hechos de tránsito. Ahora bien, es necesario precisar que conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para los efectos del juicio constitucional, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha configurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, claro está, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Pues doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación: -La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. -En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación, es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior. Lo anterior, permite aseverar que no le es ajeno el actuar del procedimiento de origen, dado que tuvo la intervención correspondiente desde su inicio, lo que corrobora con las manifestaciones que el quejoso realizó bajo protesta de decir verdad tanto en su escrito inicial como en los aclaratorios; máxime que se insiste, a partir de que le fueron entregadas las copias del expediente del que emanan los actos reclamados estuvo en aptitud de ejercer sus derechos de defensa a través de los medios legales que estime pertinentes. No se inadvierte la omisión de liberar el vehículo automotor que reclama como consecuencia de la propia oposición que tiene respecto al cobro y requerimiento de pago aludido; empero, tal actuar que atribuye a la responsable no puede quedar desligada de los restantes actos ni estudiarse de manera autónoma, pues de la lectura íntegra de la demanda y escritos aclaratorios, se desprende que la retención del vehículo que defiende la hace depender de no sufragar el pago de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), derivado del dictamen pericial de veintiuno de abril de dos mil veintidós, el cual se reitera, conoció plenamente desde diciembre de dos mil veintidós. Tampoco se soslaya que el quejoso reclama que la autoridad responsable no le permitió oponer excepciones y defensas en el procedimiento de origen, ni le fueron recibidas diversas promociones; sin embargo, es evidente que a partir de la recepción de las copias que solicitó, al tener conocimiento íntegro de tales actuaciones, de las que emanan los actos reclamados, se encontró en aptitud de interponer los recursos ordinarios respectivos o, incluso, de estar en el supuesto de procedencia, cuestionarlos a través del juicio de amparo, pero dentro de la temporalidad establecida por la Ley de Amparo para tal efecto. Se afirma lo anterior, toda vez que aceptar una postura en contrario, implicaría dejar al arbitrio de los justiciables elegir el momento en que quisieran promover un juicio constitucional sin cumplir el requisito de temporalidad establecido para ello, lo que sería opuesto a la finalidad del proceso constitucional. Por lo anterior, se concluye que al haberse determinado que el presente juicio de amparo es improcedente, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso Jacinto Hernández ..., por medio del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en auto de trece de junio del año en curso, al tenor de la prevención formulada en el presente juicio de amparo. Sin embargo, del escrito de cuenta se aprecia que el quejoso incorporó nuevos actos a los inicialmente reclamados y, por ende, antecedentes novedosos; por tanto, a efecto de mayor proveer se procede a formular la siguiente: PREVENCIÓN Del análisis integral del escrito aclaratorio, se advierte que se desprenden antecedentes y actos novedosos que incorporó con motivo de la prevención formulada. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, desahogue el siguiente requerimiento: 1. Sin incorporar nuevos actos, a) aclare de manera precisa y concreta los actos que reclama a las autoridades responsables; toda vez que del escrito inicial y, ahora en el aclaratorio, se desprende que al Oficial Mediador, Conciliador, y Calificador adscrito al Primer Turno las Américas Ecatepec, atribuye: ".la oposición al indebido cobro relativo al dictamen emitido por autoridad diversa." ". la omisión en que ha incurrido la responsable al permitir del quejoso oponer defensas y excepciones dentro del expediente administrativo número OCA/610/2022." Y continúa mencionándolo, b) sin precisar si lo que denominó como "oposición", se refiere a la oposición que existe por parte del aquí quejoso al dictamen de pago al que hace mención en su escrito inicial, o más bien, que las autoridades se oponen a la cotización que refiere que él obtuvo. Aunado que en el ocurso de cuenta, agregó que reclama: ".Y por ende reclamo la liberación de mi vehículo camino marca Dina, modelo 1976, con placas de circulación 193DF7, número de serie 4202182A6."; sin mencionar a qué autoridad en concreto se lo atribuye, por lo que es necesario que c) haga tal precisión en torno a qué autoridad se lo atribuye. Esto, para un mejor proveer y, a efecto de no dejarle en estado de indefensión; por lo que, en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto, estaría realizando suplencia en tal señalamiento, mediante la interpretación de lo esgrimido en el escrito, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la Litis constitucional en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en el artículo 108 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." 2. Como le había sido requerido con antelación, deberá abundar de manera concreta, respecto a los antecedentes del acto citado que incorporó, así como de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación y posterioridad y, que por su estrecha relación resulten relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, es decir, para que bajo protesta de decir verdad: a) Informe cuándo le fueron entregadas las copias que aduce solicitó ante la autoridad responsable Oficial Mediador, Conciliador, y Calificador adscrito al Primer Turno las Américas Ecatepec. b) Señale, la fecha de la determinación por la que se le hizo del conocimiento la cantidad que refiere (al ponerle a la vista el dictamen pericial de veintiuno de abril de dos mil veintidós); resolución que en su caso, se desprende de las copias que aduce le fueron entregadas y, por ende, de obrar alguna constancia de notificación de ésta practicada al aquí quejoso, c) tendrá que mencionar de qué fecha es tanto la determinación como su notificación. Lo anterior, toda vez que al pretender desahogar la prevención de mérito, en torno al punto 3, inciso d), se limitó a referir ".nunca me notificaron de algún ACTO DE LOS RECLAMADOS en la presente demanda de garantías, ya que el suscrito se dio cuenta de los actos que ahora se reclaman en esta demanda de Amparo Indirecto, hasta que solicité copias del expediente administrativo OCA/610/2022."; sin que al efecto mencione bajo protesta de decir verdad, d) cuándo le entregaron dichas copias, a fin de establecer la data en que tuvo conocimiento de los actos que reclama. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir en sus términos la prevención formulada en el punto 1, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se admitirá la demanda únicamente respecto de los actos señalados en el escrito inicial de demanda; y por cuanto hace al diverso requerimiento, se tendrá por no presentada. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la demanda de amparo pueda mandarse aclarar una sola vez; sin embargo, tomando en consideración el señalamiento de un nuevo acto reclamado, así como la incorporación de antecedentes novedosos en el escrito aclaratorio, aún es necesaria establecer esta segunda prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro 216701, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, materia Común, visible en la página 290, que establece: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO, SALVO CASOS DE EXCEPCION. Una adecuada interpretación del artículo 146 de la Ley de Amparo, permite concluir que la facultad otorgada al juez de Distrito para prevenir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad, omisión o requisito del escrito de demanda, deberá agotarse en un solo auto y no paulatinamente en diversos proveídos, pues esta última hipótesis sólo se actualiza, cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, mismos que no pudieron tenerse presentes en dicha ocasión." SOLICITUD AL HOMÓLOGO Ahora bien, al efectuar una consulta en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, lo cual constituye un hecho notorio, así como de la consulta de la vinculación del expediente 458/2023 del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, se advierte que atento a la solicitud de este juzgado de distrito el trece de junio del año en curso, dictó el acuerdo de diecinueve de los actuales, en el que si bien no ha sido notificado a este juzgado, no se aprecia que haya informado lo peticionado, en torno a qué órgano jurisdiccional le correspondió conocer de la incompetencia que de dicho sumario constitucional declinó en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, así como tampoco se desprende el acuse de recibo del oficio que hubiere expedido para la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Naucalpan de Juárez. En consecuencia, se solicita atentamente al referido homólogo federal, que de no existir inconveniente legal alguno, para que comunique en su caso, a qué órgano jurisdiccional le correspondió conocer de la incompetencia que de dicho sumario constitucional declinó en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."
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