Jacinto Hernández Rodríguez
Expediente 810/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jacinto Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese.Así lo proveyó Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Gustavo Vergara Consuelos, que da fe. Edgar
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; treinta de junio de dos mil veintitrés. Glósese el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, así como el anexo que acompaña consistente en el original del juicio de amparo indirecto 458/2023, formado con motivo de la demanda promovida por Jacinto Hernández Rodríguez, en virtud que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia para conocer del asunto, por los motivos que expone. Acúsese recibo. En consecuencia, este órgano acepta la competencia planteada, por tanto, acúsese recibo y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número estadístico 810/2023-I. Ahora bien, visto el escrito de demanda, resulta un hecho notorio para este juzgador la existencia del diverso juicio de amparo ********************, promovido por el mismo quejoso Jacinto Hernández Rodríguez, y radicado ante este Juzgado de Distrito, ello en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, en el aludido juicio biinstancial, se señalaron como actos reclamados los siguientes: 1. La omisión del Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno las Américas, Ecatepec de Morelos, de permitir oponer defensas y excepciones dentro del expediente administrativo ********************. 2. La oposición al indebido cobro y requerimiento de pago excesivo de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), conforme al dictamen pericial de veintiuno de abril de dos mil veintidós, realizado por el perito Víctor Ortega Lizama, perteneciente a la "Coordinación de Servicios Periciales, Departamento de Tránsito Terrestre", dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos y, como consecuencia de ello, la omisión de liberar el vehículo camión marca Dina, modelo 1976, con placas de circulación 193DF7, número de serie 4202182A6. Por otra parte, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama en este sumario: 1. La oposición al indebido cobro y requerimiento de pago excesivo de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), conforme al dictamen pericial de veintiuno de abril de dos mil veintidós, realizado por el perito Víctor Ortega Lizama, perteneciente a la "Coordinación de Servicios Periciales, Departamento de Tránsito Terrestre", dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos. 2. La omisión del Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno las Américas, Ecatepec de Morelos, al no permitir oponer defensas y excepciones dentro del expediente administrativo ********************. DESECHAMIENTO Una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como el diverso juicio de amparo indirecto ********************, del índice de este juzgado, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV, en relación con el diverso numeral 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por haberse consentido tácitamente. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la siguiente forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE VERIFIQUE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS EN ELLA CONTENIDOS y se presente en el plazo de quince días siguientes. De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptar postura en contrario, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, de los antecedentes que obran en el sumario constitucional ********************, se advierte que en el escrito de desahogo (promoción 9592), el impetrante señaló: ."que el día 20 de octubre del año 2022, solicité las copias certificadas del expediente ********************mismas que me fueron entregadas en el mes de diciembre del año 2022. Siendo esta fecha, por la cual conocí la cantidad que tengo que pagar conforme al dictamen pericial de fecha 21 de abril del año 2022." ."que en el mes de diciembre del año 2022, me enteré de la cantidad que tengo que pagar conforme al dictamen pericial de fecha 21 de abril del año 2022. No hubo notificación alguna, ya que me enteré de esta determinación en cuanto leí las copias certificadas que me fueron entregadas en el mes de diciembre del año 2022." -En el diverso escrito aclaratorio (promoción 9216), refiere en su apartado número 3, inciso d) "...nunca me notificaron de algún ACTO DE LOS RECLAMADOS en la presente demanda de garantías, ya que el suscrito se dio cuenta de los actos que ahora se reclaman en esta demanda de Amparo Indirecto, hasta que solicité copias del expediente administrativo ******************** De las precitadas manifestaciones, se desprende en esencia que en los escritos de desahogo citados, el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad el mes y la anualidad en que tuvo conocimiento del procedimiento de origen y del cobro que se le requiere en relación con el dictamen pericial de veintiuno de abril de dos mil veintidós; aseveraciones que se traducen en una confesión expresa, en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio. Por tanto, se desprende que fue al menos desde el mes de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, una vez que le fueron entregadas las copias certificadas que solicitó. En mérito de lo anterior, si las copias certificadas del expediente ********************le fueron entregadas en el mes de diciembre de dos mil veintidós, en ese momento conoció los actos que aquí reclama, por lo que resulta evidente que el término de quince días que prevé la Ley de Amparo para presentar su demanda, transcurrió en exceso, puesto que tuvo conocimiento de ellos, se insiste, al menos desde el mes de diciembre de dos mil veintidós, debido a que al haber recepcionado las copias que solicitó, se estima que con ello tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado al conocer en su integridad el contenido de éste. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, registro 186084, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 5, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Ante tal situación, es evidente que si la parte quejosa asumió una actitud pasiva y dejó transcurrir el tiempo sin ejercer la acción constitucional, con su actuar consintió tácitamente los citados actos reclamados; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que incluso el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto para que pueda solicitar la protección de la justicia federal, si ya tuvo conocimiento en su integridad de su existencia por otros medios, estimar lo contrario, implicaría limitar al promovente el acceso a los tribunales para poder impugnarlo en la vía de amparo. Se invoca al efecto, la jurisprudencia P./J. 115/2010, registro 163172, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Es preciso destacar que los actos aquí combatidos no están comprendidos en ninguna de las hipótesis de excepción del término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo a que hace alusión el artículo 17 de la normatividad de la materia, pues no se impugnan normas generales autoaplicativas ni el procedimiento de extradición, tampoco es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas del país o alguno prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como tampoco se está en el caso de una sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, ni deriva de la materia agraria. Máxime que aun cuando en el escrito inicial refirió que no se le ha permitido el acceso al expediente "oportunamente", con tal expresión, no puede ostentarse en calidad de tercero extraño al procedimiento seguido en forma de juicio, dado que conoció de la instauración de dicho procedimiento desde su inicio, pues incluso, afirma que acudió ante el oficial conciliador responsable desde el momento que sucedieron los acontecimientos que lo originaron con motivo de los hechos de tránsito. Ahora bien, es necesario precisar que conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para los efectos del juicio constitucional, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha configurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, claro está, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Pues doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación: -La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. -En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación, es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior. Lo anterior, permite aseverar que no le es ajeno el actuar del procedimiento de origen, dado que tuvo la intervención correspondiente desde su inicio, lo que corrobora con las manifestaciones que el quejoso realizó bajo protesta de decir verdad tanto en el escrito inicial como en los aclaratorios que obran en el diverso juicio de amparo ********************; máxime que se insiste, a partir de que le fueron entregadas las copias del expediente del que emanan los actos reclamados estuvo en aptitud de ejercer sus derechos de defensa a través de los medios legales que estime pertinentes. No se soslaya que el quejoso reclama que la autoridad responsable no le permitió oponer excepciones y defensas en el procedimiento de origen, ni le fueron recibidas diversas promociones; sin embargo, es evidente que a partir de la recepción de las copias que solicitó, al tener pleno conocimiento íntegro de tales actuaciones, de las que emanan los actos reclamados, se encontró en aptitud de interponer los recursos ordinarios respectivos o, incluso, de estar en el supuesto de procedencia, cuestionarlos a través del juicio de amparo, pero dentro de la temporalidad establecida por la Ley de Amparo para tal efecto. Se afirma lo anterior, toda vez que aceptar una postura en contrario, implicaría dejar al arbitrio de los justiciables elegir el momento en que quisieran promover un juicio constitucional sin cumplir el requisito de temporalidad establecido para ello, lo que sería opuesto a la finalidad del proceso constitucional. Por lo anterior, se concluye que al haberse determinado que el presente juicio de amparo es improcedente, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en el escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Se autoriza a las personas que refiere sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente. Con relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, no ha lugar a tenerlos como medio para realizarle notificaciones por no estar contemplados en la Ley de Amparo, sin embargo, se tienen como medios de comunicación no procesal en caso de ser necesarios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al homólogo declinante.
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