J. Refugio Arturo Rivas Jáquez
Expediente 1711/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1711/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Refugio Arturo Rivas Jáquez
Actuaciones
- Principal
CUENTA. El uno de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por J. Refugio Arturo Rivas Jaquez registrada con el folio 19862, con veintidós copias y anexo que se adjunta. La circunstancia de que el licenciado Manuel Galindo Casillas, tiene su cédula profesional número 3220713, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por J. Refugio Arturo Rivas Jaquez, contra actos del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1711/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo esa tesitura, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero Mercantil de la Capital. Titular de la Central de Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital; y, Trece Actuarios adscritos a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, todos con sede en esta ciudad. Acto reclamado: De la Autoridad señalada como Responsable Juez Primero del Ramo de lo Mercantil, dentro de los autos del juicio mercantil ejecutivo número 762/1999; en la secuela de la ejecución de sentencia, el auto y/o resolución judicial de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; que en lo que interesa, de manera formal, se me formula el siguiente requerimiento: "... Requiérase al depositario judicial por ministerio de ley o demandado, para que en el término de cinco días hagan entrega de la posesión de los bienes descritos anteriormente a la parte actora LUIS RIVAS MIRAMONTES y al cesionario licenciado JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ; con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en la vía de ejecución forzosa y el lanzamiento se realizará a su costa..." Respecto de los siguientes bienes inmuebles: 1. Predio urbano baldío identificado como lote número tres ubicado en Calle Retorno Campestre sin número, del Fraccionamiento Campestre La Lagunilla, Valparaíso, Zacatecas. 2. Predio urbano baldío ubicado en Calle Nogal sin número del Fraccionamiento La Viña, Valparaíso, Zacatecas. 3. Predio urbano ubicado en Calle Fresno sin número del Fraccionamiento La Viña, Valparaíso, Zacatecas. 4. Lote (04) cuatro, Manzana (27) veintisiete, Sección (21) veintiuno, Cuartel (01) uno, ubicado en Calle Faroles número (144) ciento cuarenta y cuatro, Fraccionamiento Colonial Zacatecas, en Zacatecas, Zacatecas. Así como el cumplimiento de los apercibimientos, y la determinación de ulteriores resoluciones judiciales para proceder en la vía de ejecución forzosa y al lanzamiento a mi costa. Del Titular de la Central de Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Distrito judicial de la Capital, y de los (13) trece Actuarios adscritos a la Central de Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Distrito Judicial de la Capital, reclamo la inminente ejecución del acto reclamado, y la ejecución de Ios subsiguientes mandamientos para llevar a cabo el acto reclamado; dado que me opongo al requerimiento de la autoridad responsable. Ahora bien, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de derechos promovida por J. Refugio Arturo Rivas Jáquez, por propio derecho; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XVIII, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra autos o resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 1341, del Código de Comercio vigente, dispone: "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. Del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de apelación contra las sentencia interlocutorias si lo fueren las definitivas y con la misma condición, los autos si causan un gravamen que no puede repararse en la definitiva o si la ley expresamente lo dispone. Ahora bien, de la ejecutoria de la contradicción de tesis 87/96, que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se resolvió lo siguiente: SEXTO.-Con el propósito de dirimir la cuestión planteada, a continuación se transcribe el artículo 1341 del Código de Comercio, cuya interpretación ha generado que los Tribunales Colegiados contendientes, obtengan conclusiones contrarias. "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas, conforme al artículo anterior. Con la misma condición son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone." Tomando en cuenta el contenido del precepto transcrito, la contradicción ha de resolverse declarando que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, similar al propuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo siguiente: La interpretación del artículo 1341 del Código de Comercio ya fue realizada por la extinta Tercera Sala de este Alto Tribunal de Justicia en el país, según puede constatarse de la tesis aislada visible en la página 2851, del Tomo LXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo contenido literal es como sigue: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA, RECURSO EN CASO DE.-Es inexacto que el artículo 1341 del Código de Comercio, solamente puede aplicarse a los autos dictados antes de la sentencia definitiva, pues aunque es cierto que exige para que la apelación proceda, que el gravamen causado por los autos a que alude, no pueda ser reparado en dicha definitiva, tal situación existe también respecto de todos los autos propiamente dichos, que se dicten con posterioridad a la misma, si bien quedan sujetos a la regla de que cuando son dictados para la ejecución de la sentencia, no admiten más recurso que el de responsabilidad." Es de hacer notar que el criterio inmediatamente transcrito sólo es aplicable en la parte en que se refiere a la procedencia del recurso de apelación, en contra de autos dictados con posterioridad a la sentencia definitiva que puso fin al juicio mercantil (que es el punto de contradicción de criterios), pero no en cuanto señala que " ... si bien quedan sujetos a la regla que cuando son dictados para la ejecución de sentencia, no admiten más recursos que el de responsabilidad.". Lo anterior, en atención a que es la legislación procesal civil común la que de manera expresa determina la improcedencia de recursos en contra de autos dictados en ejecución de sentencia, y no el Código de Comercio. No obstante, la ley procesal civil no es aplicable de manera supletoria al Código de Comercio, tratándose de recursos, acorde con la jurisprudencia 338, visible en la página 227, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, cuyo contenido es: "RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL.-Tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil." En similares términos se pronunció también la entonces Segunda Sala, como se aprecia de la tesis consultable en las páginas 4693 y 4694, del Tomo LXXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo texto es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES RELATIVAS.-Contra las determinaciones reclamadas en el amparo, que fueron dictadas en el expediente de ejecución de sentencia, debe promoverse el recurso ordinario de queja, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles supletorio del de comercio, que establece: 'De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior', pues se puede obtener la verificación, modificación o revocación en su caso. Además, según el artículo 1341 del Código de Comercio, el interesado está en aptitud de usar el recurso de apelación, porque en la especie se trata de actos o determinaciones dictadas en un juicio mercantil, recurso que, de acuerdo con la fracción VI del artículo 1079 del propio Código de Comercio, debe de interponerse en su oportunidad, esto es, dentro del término legal de tres días." Ahora bien, esta Primera Sala considera que el criterio adoptado por la Tercera y Segunda Sala de esta Suprema Corte, en la Quinta Época, es correcto, habida cuenta que el artículo 1341 del Código de Comercio no distingue para efectos de la procedencia del recurso de apelación, que se trate de autos o resoluciones emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica debe ser en el sentido de que los autos que se emitan en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad material de que se revisen en la definitiva porque ésta ya existe, deben ser recurribles en apelación, con la única condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin a ese procedimiento de ejecución, y que el interés del negocio exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal; postura diversa, implica restricción a la regla de interpretación conforme a la cual, donde la ley no distingue no puede distinguir el intérprete. Lo anterior, no significa que el recurso de revocación no proceda en contra de ningún auto dictado en ejecución de sentencia, como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, pues la condición requerida para que opere el recurso de revocación que establece el artículo 1334 del Código de Comercio, consiste como el propio precepto lo señala, en que se trate de autos que no fueren apelables y decretos de mero trámite." Derivado de lo anterior, se emitió la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal." En tales condiciones, es de concluirse que los autos pronunciados en ejecución de sentencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio, deben ser recurribles en apelación, bajo la premisa, de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. En el caso el quejoso reclama el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 762/1999, promovido por Luis Rivas Miramontes y José Carlos Adabache López, contra de J. Refugio Arturo Rivas Juárez, por el que la autoridad responsable ordenó requerir al ahora quejoso en su calidad de depositario por ministerio de ley de los bienes embargados para que dentro del término de cinco días posteriores a la notificación hiciera entrega de la posesión de los siguiente bienes: 1. Predio urbano baldío identificado como lote número tres ubicado en Calle Retorno Campestre sin número, del Fraccionamiento Campestre La Lagunilla, Valparaíso, Zacatecas. 2. Predio urbano baldío ubicado en Calle Nogal sin número del Fraccionamiento La Viña, Valparaíso, Zacatecas. 3. Predio urbano ubicado en Calle Fresno sin número del Fraccionamiento La Viña, Valparaíso, Zacatecas. 4. Lote (04) cuatro, Manzana (27) veintisiete, Sección (21) veintiuno, Cuartel (01) uno, ubicado en Calle Faroles número (144) ciento cuarenta y cuatro, Fraccionamiento Colonial Zacatecas, en Zacatecas, Zacatecas. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería en su contra en la vía de ejecución forzosa y el lanzamiento se realizaría a su costa. De ahí, que el acuerdo impugnado efectivamente fue emitido en ejecución de sentencia y causa un gravamen que no puede ser reparado en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, ya que no se le permitiría a la parte demandada, seguir gozando del derecho de posesión que aduce tener sobre los bienes inmuebles embargados en favor de los adjudicatarios, pues el propio auto, implica un apercibimiento que en caso de no hacer la entrega de los mismos, se procedería en la vía de ejecución forzosa; en consecuencia, es recurrible a través del recurso de apelación previsto por el numeral 1341 del Código de Comercio. Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia referida se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que la resolución de treinta y uno de agosto del presente año, fue emitida por una autoridad judicial, precisamente el Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; a su vez, de acuerdo a lo antes narrado, se concluye que el artículo 1341 del Código de Comercio, establece que los autos pronunciados en ejecución de sentencia, deben ser recurribles en apelación y en el caso, como se precisó, el auto impugnado sí causa un gravamen que no puede repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento. Ahora bien, del análisis de los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa (demandada en el procedimiento de origen) manifiesta que dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil número 762/1999, del Juzgado Primero Mercantil de la Capital, por sentencia emitida el seis de agosto de dos mil seis, fue condenado a pagar a Luis Rivas Miramontes la cantidad de dos millones de pesos, como importe de la suerte principal y al pago del interés legal moratorio a razón del seis por ciento anual, regulados en ejecución de sentencia desde la fecha de vencimiento hasta que se realice el pago total del crédito reclamado. Ante ello, es claro y evidente que la suerte principal del asunto, excede del monto señalado por el artículo 1340 del Código de Comercio vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve. Además, con el medio de impugnación referido podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. El auto impugnado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida por J. Refugio Arturo Rivas Juárez, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizado para recibir notificaciones al licenciado Manuel Galindo Casillas, toda vez que cuenta con cédula profesional número 3220713, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Guillermo Rubio número cuatrocientos diez letra A (410-A), Fraccionamiento Periodistas, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Regina.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 01 DE OCTUBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, IUNCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "CUENTA. El uno de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por J. Refugio Arturo Rivas Jaquez registrada con el folio 19862, con veintidós copias y anexo que se adjunta. La circunstancia de que el licenciado Manuel Galindo Casillas, tiene su cédula profesional número 3220713, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por J. Refugio Arturo Rivas Jaquez, contra actos del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1711/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo esa tesitura, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero Mercantil de la Capital. Titular de la Central de Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital; y, Trece Actuarios adscritos a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, todos con sede en esta ciudad. Acto reclamado: De la Autoridad señalada como Responsable Juez Primero del Ramo de lo Mercantil, dentro de los autos del juicio mercantil ejecutivo número 762/1999; en la secuela de la ejecución de sentencia, el auto y/o resolución judicial de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; que en lo que interesa, de manera formal, se me formula el siguiente requerimiento: "... Requiérase al depositario judicial por ministerio de ley o demandado, para que en el término de cinco días hagan entrega de la posesión de los bienes descritos anteriormente a la parte actora LUIS RIVAS MIRAMONTES y al cesionario licenciado JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ; con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en la vía de ejecución forzosa y el lanzamiento se realizará a su costa..." Respecto de los siguientes bienes inmuebles: 1. Predio urbano baldío identificado como lote número tres ubicado en Calle Retorno Campestre sin número, del Fraccionamiento Campestre La Lagunilla, Valparaíso, Zacatecas. 2. Predio urbano baldío ubicado en Calle Nogal sin número del Fraccionamiento La Viña, Valparaíso, Zacatecas. 3. Predio urbano ubicado en Calle Fresno sin número del Fraccionamiento La Viña, Valparaíso, Zacatecas. 4. Lote (04) cuatro, Manzana (27) veintisiete, Sección (21) veintiuno, Cuartel (01) uno, ubicado en Calle Faroles número (144) ciento cuarenta y cuatro, Fraccionamiento Colonial Zacatecas, en Zacatecas, Zacatecas. Así como el cumplimiento de los apercibimientos, y la determinación de ulteriores resoluciones judiciales para proceder en la vía de ejecución forzosa y al lanzamiento a mi costa. Del Titular de la Central de Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Distrito judicial de la Capital, y de los (13) trece Actuarios adscritos a la Central de Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Distrito Judicial de la Capital, reclamo la inminente ejecución del acto reclamado, y la ejecución de Ios subsiguientes mandamientos para llevar a cabo el acto reclamado; dado que me opongo al requerimiento de la autoridad responsable. Ahora bien, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de derechos promovida por J. Refugio Arturo Rivas Jáquez, por propio derecho; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XVIII, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra autos o resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 1341, del Código de Comercio vigente, dispone: "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. Del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de apelación contra las sentencia interlocutorias si lo fueren las definitivas y con la misma condición, los autos si causan un gravamen que no puede repararse en la definitiva o si la ley expresamente lo dispone. Ahora bien, de la ejecutoria de la contradicción de tesis 87/96, que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se resolvió lo siguiente: SEXTO.-Con el propósito de dirimir la cuestión planteada, a continuación se transcribe el artículo 1341 del Código de Comercio, cuya interpretación ha generado que los Tribunales Colegiados contendientes, obtengan conclusiones contrarias. "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas, conforme al artículo anterior. Con la misma condición son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone." Tomando en cuenta el contenido del precepto transcrito, la contradicción ha de resolverse declarando que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, similar al propuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo siguiente: La interpretación del artículo 1341 del Código de Comercio ya fue realizada por la extinta Tercera Sala de este Alto Tribunal de Justicia en el país, según puede constatarse de la tesis aislada visible en la página 2851, del Tomo LXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo contenido literal es como sigue: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA, RECURSO EN CASO DE.-Es inexacto que el artículo 1341 del Código de Comercio, solamente puede aplicarse a los autos dictados antes de la sentencia definitiva, pues aunque es cierto que exige para que la apelación proceda, que el gravamen causado por los autos a que alude, no pueda ser reparado en dicha definitiva, tal situación existe también respecto de todos los autos propiamente dichos, que se dicten con posterioridad a la misma, si bien quedan sujetos a la regla de que cuando son dictados para la ejecución de la sentencia, no admiten más recurso que el de responsabilidad." Es de hacer notar que el criterio inmediatamente transcrito sólo es aplicable en la parte en que se refiere a la procedencia del recurso de apelación, en contra de autos dictados con posterioridad a la sentencia definitiva que puso fin al juicio mercantil (que es el punto de contradicción de criterios), pero no en cuanto señala que " ... si bien quedan sujetos a la regla que cuando son dictados para la ejecución de sentencia, no admiten más recursos que el de responsabilidad.". Lo anterior, en atención a que es la legislación procesal civil común la que de manera expresa determina la improcedencia de recursos en contra de autos dictados en ejecución de sentencia, y no el Código de Comercio. No obstante, la ley procesal civil no es aplicable de manera supletoria al Código de Comercio, tratándose de recursos, acorde con la jurisprudencia 338, visible en la página 227, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, cuyo contenido es: "RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL.-Tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil." En similares términos se pronunció también la entonces Segunda Sala, como se aprecia de la tesis consultable en las páginas 4693 y 4694, del Tomo LXXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo texto es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES RELATIVAS.-Contra las determinaciones reclamadas en el amparo, que fueron dictadas en el expediente de ejecución de sentencia, debe promoverse el recurso ordinario de queja, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles supletorio del de comercio, que establece: 'De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior', pues se puede obtener la verificación, modificación o revocación en su caso. Además, según el artículo 1341 del Código de Comercio, el interesado está en aptitud de usar el recurso de apelación, porque en la especie se trata de actos o determinaciones dictadas en un juicio mercantil, recurso que, de acuerdo con la fracción VI del artículo 1079 del propio Código de Comercio, debe de interponerse en su oportunidad, esto es, dentro del término legal de tres días." Ahora bien, esta Primera Sala considera que el criterio adoptado por la Tercera y Segunda Sala de esta Suprema Corte, en la Quinta Época, es correcto, habida cuenta que el artículo 1341 del Código de Comercio no distingue para efectos de la procedencia del recurso de apelación, que se trate de autos o resoluciones emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica debe ser en el sentido de que los autos que se emitan en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad material de que se revisen en la definitiva porque ésta ya existe, deben ser recurribles en apelación, con la única condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin a ese procedimiento de ejecución, y que el interés del negocio exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal; postura diversa, implica restricción a la regla de interpretación conforme a la cual, donde la ley no distingue no puede distinguir el intérprete. Lo anterior, no significa que el recurso de revocación no proceda en contra de ningún auto dictado en ejecución de sentencia, como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, pues la condición requerida para que opere el recurso de revocación que establece el artículo 1334 del Código de Comercio, consiste como el propio precepto lo señala, en que se trate de autos que no fueren apelables y decretos de mero trámite." Derivado de lo anterior, se emitió la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal." En tales condiciones, es de concluirse que los autos pronunciados en ejecución de sentencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio, deben ser recurribles en apelación, bajo la premisa, de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. En el caso el quejoso reclama el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 762/1999, promovido por Luis Rivas Miramontes y José Carlos Adabache López, contra de J. Refugio Arturo Rivas Juárez, por el que la autoridad responsable ordenó requerir al ahora quejoso en su calidad de depositario por ministerio de ley de los bienes embargados para que dentro del término de cinco días posteriores a la notificación hiciera entrega de la posesión de los siguiente bienes: 1. Predio urbano baldío identificado como lote número tres ubicado en Calle Retorno Campestre sin número, del Fraccionamiento Campestre La Lagunilla, Valparaíso, Zacatecas. 2. Predio urbano baldío ubicado en Calle Nogal sin número del Fraccionamiento La Viña, Valparaíso, Zacatecas. 3. Predio urbano ubicado en Calle Fresno sin número del Fraccionamiento La Viña, Valparaíso, Zacatecas. 4. Lote (04) cuatro, Manzana (27) veintisiete, Sección (21) veintiuno, Cuartel (01) uno, ubicado en Calle Faroles número (144) ciento cuarenta y cuatro, Fraccionamiento Colonial Zacatecas, en Zacatecas, Zacatecas. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería en su contra en la vía de ejecución forzosa y el lanzamiento se realizaría a su costa. De ahí, que el acuerdo impugnado efectivamente fue emitido en ejecución de sentencia y causa un gravamen que no puede ser reparado en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, ya que no se le permitiría a la parte demandada, seguir gozando del derecho de posesión que aduce tener sobre los bienes inmuebles embargados en favor de los adjudicatarios, pues el propio auto, implica un apercibimiento que en caso de no hacer la entrega de los mismos, se procedería en la vía de ejecución forzosa; en consecuencia, es recurrible a través del recurso de apelación previsto por el numeral 1341 del Código de Comercio. Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia referida se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que la resolución de treinta y uno de agosto del presente año, fue emitida por una autoridad judicial, precisamente el Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; a su vez, de acuerdo a lo antes narrado, se concluye que el artículo 1341 del Código de Comercio, establece que los autos pronunciados en ejecución de sentencia, deben ser recurribles en apelación y en el caso, como se precisó, el auto impugnado sí causa un gravamen que no puede repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento. Ahora bien, del análisis de los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa (demandada en el procedimiento de origen) manifiesta que dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil número 762/1999, del Juzgado Primero Mercantil de la Capital, por sentencia emitida el seis de agosto de dos mil seis, fue condenado a pagar a Luis Rivas Miramontes la cantidad de dos millones de pesos, como importe de la suerte principal y al pago del interés legal moratorio a razón del seis por ciento anual, regulados en ejecución de sentencia desde la fecha de vencimiento hasta que se realice el pago total del crédito reclamado. Ante ello, es claro y evidente que la suerte principal del asunto, excede del monto señalado por el artículo 1340 del Código de Comercio vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve. Además, con el medio de impugnación referido podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. El auto impugnado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida por J. Refugio Arturo Rivas Juárez, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizado para recibir notificaciones al licenciado Manuel Galindo Casillas, toda vez que cuenta con cédula profesional número 3220713, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Guillermo Rubio número cuatrocientos diez letra A (410-A), Fraccionamiento Periodistas, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Regina.
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