J. Patrocinio Armenta Ojeda
Expediente 302/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Patrocinio Armenta Ojeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En once de julio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha, se da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y con la promoción con registro 14232 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal, en el amparo en revisión penal 406/2017-1 y los autos del juicio de amparo 302/2017. Acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de cuenta CONFIRMÓ la sentencia dictada por este juzgado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, conforme a los resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J, Patrocinio Armenta Ojeda en contra del acto reclamado y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria." En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, toda vez que este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*
- Principal
El diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el folio 11061. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, contra la sentencia de diecinueve de julio del presente año, dictada por este órgano jurisdiccional en el amparo indirecto 302/2017, quedando registrado como amparo en revisión penal 406/2017-1. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo proveyó y firma a la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ajc.
- Principal
En treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con un escrito con registro 10296 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Patrocinio Armenta Ojeda; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, párrafos primero y tercero, y 89, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado. Ahora bien, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios y una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa y se cuente con las constancias relativas tanto a la notificación del presente proveído como de la aludida sentencia a las partes, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios y la copia correspondientes para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, para la sustanciación del indicado medio de impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y REPRESENTANTE SOCIAL TERCERO INTERESADO Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 17998, 17999, 18000, 18001 y 18002
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 3022017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, J. Patrocinio Armenta Ojeda demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de la autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas. Ejecutoras: Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas adscrito en el distrito judicial de Villanueva. Acto reclamado: De la autoridad responsable señalada como ordenadora, la orden de aprehensión girada en contra del ahora quejoso dentro de la causa penal 152016 por el delito de robo calificado, cometido en perjuicio de Juan Herrera Román. De las autoridades señaladas como ejecutoras se reclama la ejecución de dicha orden de aprehensión. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo cual en proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete se admitió a trámite, se registró con el expediente 502017, que por su orden progresivo le correspondió, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar al tercero interesado y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, al advertir el mencionado Juez Segundo de Distrito que existían diversas órdenes de aprehensión giradas contra el impetrante del amparo, en diferentes causas penales desvinculadas entre sí, por auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, decretó la separación del juicio de amparo de su índice, por lo cual ordenó continuar en el juicio de amparo 502017, de su índice por lo que se refiere a la causa más antigua y remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, copias de las constancias del propio juicio, a fin de que fueran turnadas al juzgado que le correspondiera, para la tramitación de los diversos juicios de amparo, habiendo tocado a este Juzgado Primero de distrito en el Estado, conocer del relativo a la causa penal 152017, por lo cual se formó el expediente 3022017 y atendiendo a que ya no era necesario requerir por los informes a las autoridades responsables ni emplazar al tercero interesado, únicamente se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó notificar la radicación del juicio a las partes y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 32013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos de autoridades residentes en esta ciudad, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas: a La orden de aprehensión girada contra el ahora quejoso dentro de la causa penal 152016 por el delito de robo calificado, cometido en perjuicio de Juan Herrera Román. Del Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas y Comandante de dicha corporación policiaca, con residencia en Villanueva, Zacatecas: b La ejecución del mencionado mandamiento de captura. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P.J.402000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que así lo reconocen de manera expresa en sus respectivos informes con justificación. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior, se corrobora con copia certificadas de audio y video en formato DVD, en dos discos de la audiencia celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, donde consta la solicitud y libramiento de la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, asimismo con copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal 152016, particularmente de la transcripción de la resolución que declaró procedente se librara orden de aprehensión contra el ahora quejoso. Documentales, tanto las consistentes en los formatos DVD, que se consideran como tales, como las copias certificadas antes mencionadas a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Asimismo, respecto a los formatos DVD, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto. VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL DVD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital DVD, dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, tampoco la suscrita Juez de Distrito, advierte de oficio su actualización; en consecuencia, resulta conducente emprender el estudio de fondo planteado en la demanda. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a.J. 582010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso señala, en esencia, en sus conceptos de violación, que la autoridad responsable viola los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, así como los diversos 200, 201 y 315 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, porque en ellos se contemplan las garantías de audiencia, debido proceso, certeza y legalidad jurídica, fundamentación y motivación, asimismo el derecho de acceso a la justicia en igualdad a los demás ciudadanos y el derecho de libertad personal. Los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso en su apartado de conceptos de violación son infundados, sin que se advierta materia de la queja por suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a, de la ley de la materia. Se sostiene lo anterior, en virtud de las consideraciones siguientes: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De lo anterior se advierte la distinción constitucional entre actos de molestia y actos privativos. Los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. En cambio, los actos de molestia son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho. Los primeros tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado garantía de audiencia y debido proceso. Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por lo tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P.J. 4096 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Ahora bien, la orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC2012 10a., publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a.J. 342001, de rubro: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN., sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por lo tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso, la cual representa una afectación al derecho de libertad involucrado de manera provisional, y hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del reo en relación con los hechos imputados. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo que se corrobora con el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: Artículo 16. ... No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al imputado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del siguiente contenido literal: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Luego, lo reclamado en ese sentido por el impetrante de amparo resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que fuera llamado al procedimiento con anterioridad a la emisión de la orden reclamada. Ahora bien, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del amparista, conforme a lo siguiente: El tercer párrafo del artículo 16 constitucional, se reitera, establece: Artículo 16. ... No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El precepto anterior establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad; y b Deben existir datos que evidencien: 1. la existencia del hecho ilícito; y 2. la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, los numerales 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, en cuanto a los requisitos legales para la emisión de una orden de aprehensión, establecen lo siguiente: Artículo 200.- Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Solicitud de aprehensión del imputado Artículo 201.- El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada. Además, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales también establece los requisitos legales para la emisión de una orden de aprehensión: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: . III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Del análisis de los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, que son los siguientes: a El mandamiento de aprehensión deber ser emitido por autoridad judicial competente: este requisito se satisface en el caso, porque la orden de captura que se reclama, fue emitida por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, quien tiene competencia para conocer de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Zacatecas, habida cuenta que los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en esa localidad, lugar en donde ejerce jurisdicción. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2699, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo IX, Mayo de 1999, materia penal, página 267, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad. b Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. Se encuentra actualizado en el caso concreto, porque en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, el representante social expresó que parte de los antecedentes del hecho, fueron la denuncia presentada por Juan Herrera Román. c El hecho que la ley señale como delito sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. Se colma en el caso, porque el ilícito de robo calificado, por el cual la juez responsable dictó orden de aprehensión contra el quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 320, fracción IV, en correlación con el 321, fracciones III y VIII, y último párrafo, ambos del Código Penal de Estado, se sanciona con pena privativa de libertad. d Existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se satisface, porque en la indagatoria de origen existen datos suficientes que acreditan hasta el momento esos extremos, como se verá más adelante. e Se acredite la necesidad de cautela. Está acreditado, ya que como lo adujo la autoridad responsable en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, existe peligro de que el ahora quejoso no comparezca de manera voluntaria al proceso penal del que emana el acto reclamado, en virtud de que además de encontrarse señalado como imputado en dicha causa, según informó la fiscalía, el amparista y su hermana Patricia Armenta Ojeda tienen tal carácter en la diversa causa penal 622016, del índice del juzgado responsable, por el delito de homicidio calificado, en la que tiene girada orden de aprehensión, por lo que ya se encuentra prófugo de la acción de la justicia. f La solicite el Ministerio Público. La emisión de la orden de aprehensión fue solicitada por dicho representante social, lo que se acredita con la copia certificada del audio y video de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión que en formato DVD remitió la autoridad responsable con su informe justificado. Ahora bien, el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. El precepto dispone que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas; es decir, debe razonar de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Por tanto, para emitir una orden de aprehensión, previa denuncia o querella, la autoridad judicial correspondiente debe fundar y motivar las razones por las que considera existen datos de prueba que acreditan el hecho ilícito respectivo sancionado con pena privativa de libertad y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal, en términos del artículo 130 código nacional penal en referencia. Para tal efecto, la fracción X del artículo 132 de la legislación adjetiva penal en comento, establece que la policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos y que cuentan, entre otras, con la facultad de entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. Los artículos 260 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: Artículo 260. Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. De los preceptos anteriores se deduce que la carpeta de investigación es el medio a través del cual el Ministerio Público registra la indagatoria, por lo que constituye el antecedente sustento de sus pretensiones. Así, debe distinguirse entre prueba, medio de prueba y dato. El medio de prueba se refiere a los elementos cuyo contenido directamente permite reconstruir los hechos. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional. Y la prueba es la consideración de que un hecho ha acontecido, lo que puede ser determinado en grado de probabilidad o con certeza. Por tanto, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De manera que los datos de prueba no son formalmente los medios de convicción, ya que aún no han sido desahogados, sino el informe que de su contenido realizan las partes, es decir, que forman parte de argumentación de hechos que se realice en las audiencias en que se haga referencia a aquéllos. En consecuencia, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social son los elementos que la autoridad judicial debe analizar al emitirse una orden de aprehensión. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al Resolver la contradicción de tesis 1602010: En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos hecho ilícito, núcleo del tipo, y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. En tal virtud, de acuerdo a lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio.. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a.J. 642011 9a., localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, página 993: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. En consecuencia, el juzgador penal solo puede basarse en el grado de razonabilidad de los datos que el Ministerio Público refiera demuestran que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. En otro orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa de la audiencia relativa a la resolución de orden de aprehensión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se desprende que esta versó en relación al hecho que la ley señala como el delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 320, fracción IV, en relación con el 321, fracciones III y VIII, del Código Penal del Estado. En ese orden, los preceptos citados, a la letra dicen: Articulo 320.- El delito de robo se sancionará conforme a las reglas siguientes: IV. Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de cuatro a doce años y multa de trescientas a trescientas cincuenta cuotas; 321.- Se considerará calificado el delito de robo, cuando: III.- Se cometa aprovechando alguna relación de servidumbre, de trabajo o de hospedaje . VIII.- Se cometa de noche, llevando armas, con fractura o empleo de llaves falsas, horadación, excavación o escalamiento, o sean los ladrones dos o más o fingiéndose funcionarios o empleados públicos o suponiendo una orden de alguna autoridad; La autoridad responsable realizó la precisión de los elementos que conforman el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado, en los términos siguientes: Debe existir un apoderamiento de cosa mueble ajena; Ese apoderamiento debe realizarse sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de la cosa. Al efecto, la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, al decretar el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la orden de aprehensión en contra del imputado J. Patrocinio Armenta Ojeda, aquí quejoso, consideró que los datos de prueba aportados por el fiscal, le permitieron de manera razonable tener como hechos determinados los que a continuación se especifican. Patricia Armenta Ojeda se desempeñó como agente del Ministerio Público, adscrita al distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, del veintinueve de febrero de dos mil doce hasta el uno de junio de dos mil quince; se dejaron en el patio de la casa de justicia de ese lugar, a disposición del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, diversos vehículos entre ellos un vehículo marca Chevrolet, línea Expedition, color blanco modelo 1997, con número de serie 1FMEU17L8VLB38578, con placas ZHK1899; vehículo marca GMC Sierra, pickup, color negro, con placas de california 3TEM2; vehículo marca Chevrolet, línea Tahoe, tipo Suburban, 5 puertas, color verde, modelo 1997 y Serie 1GNEK13R6VJ356896, con placas para circular GECA339, del Estado de California; vehículo marca Ford, línea 350, modelo 1972, color azul cielo, de tres toneladas, con placas de circulación ZB-37-747 del Estado de Zacatecas, mismos que se encontraban afectos a diversos procesos penales, 652007, 232007 y 282012. No obstante ello, la mencionada Patricia Armenta Ojeda conjuntamente con sus hermanos Carlos y Patrocinio de los mismos apellidos Armenta Ojeda, entre los meses de octubre a noviembre de dos mil catorce, se dedicaron a sustraer diversas partes de tales unidades de motor, a excepción de la última de las citadas, dado que ésta fue prestada por Patricia para que se usara por tercera persona, valiéndose para ello de que la primera de las referidas laboraba como Ministerio Público y que tenía libre acceso al lugar en que se encontraban depositados los vehículos de mérito, permitiendo el acceso a ese lugar a sus hermanos y dando indicaciones a terceros para ello. Posteriormente de esto, Patricia vendió lo que quedaba de tales unidades motrices, haciendo creer a su comprador que éstos no tenían ningún problema legal, entregando para ello, documentos de liberación de los mismos con su firma y sello de la institución para la que laboraba, haciéndoles creer que tales documentos hacían las veces de facturas, con lo que logró su venta. Asimismo por lo que respecta al vehículo marca Ford, línea 350, modelo 1972, color azul cielo, de tres toneladas, con placas de circulación ZB-37-747 del Estado de Zacatecas, también dispuso como si tuviere el dominio del mismo, pues como ya se dijo, lo prestó a un tercero para que lo usara para servicio de grúa, posteriormente éste fue recuperado sin la caja. De todo lo cual se advierte que la juez de control responsable, para tener por acreditados los elementos del hecho constitutivo del delito mencionado, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, invocó como datos de la investigación los que se enuncian a continuación: Hecho ilícito. En lo relativo a la acreditación del elemento concerniente al apoderamiento de cosa mueble ajena, la juez responsable refirió los siguientes datos de prueba. 1. La denuncia interpuesta por Juan Herrera Román, de doce de enero de dos mil quince, quien refirió ser propietario de un vehículo marca Chevrolet, línea Expedition, modelo 1997, con número de serie 1FMEU17L8VLB38578, con placas ZHK1899, e informó que dicho vehículo se encontraba a disposición del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, por lo que en el mes de diciembre de dos mil catorce, presentó un escrito al Juzgado para que le liberaran su vehículo, y en ese mismo mes cuando presentó su escrito, desde afuera vio su camioneta, la cual se encontraba en el corralón de la mencionada casa de justicia, de la cual desde esa fecha observó que nada más tenía tres llantas, dado que le habían quitado una; que la Representante Social le dijo que no corría ningún riesgo su vehículo, puesto que se encontraba bajo el resguardo del Juzgado y dentro de las instalaciones del corralón de la casa de justicia, incluso le informó que el juzgado dio fe cuando se puso a disposición y que ahí se encontraba debidamente detallada la situación, también informó que el día siete de enero del dos mil quince, cuando por parte del Juzgado le hicieron saber que le entregarían su vehículo y que fuera al corralón donde estaba resguardado, al acudir y acercarse a ver su camioneta, la misma ya se encontraba desmantelada, pues a simple vista observó que le faltaban sus cuatro llantas con los rines, le faltaba la refacción, la batería, los espejos retrovisores o laterales, las bocinas, las puertas en la parte interior, los botones de los elevadores y uno del lado del copiloto estaba completamente destruido; en razón de ello, una vez que se le hizo saber al Juzgado las condiciones en que estaba su vehículo, ya no lo quiso liberar y al día siguiente personal del juzgado fue a dar fe del automotor, aconsejándole que interpusiera denuncia para que se hiciera la correspondiente investigación. 2. Acta de ocho de enero de dos mil quince, suscrita por Swany Denise González Amaya, secretaria auxiliar penal del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, mediante la cual hizo constar que se constituyó en las instalaciones que ocupa la casa de justicia de ese distrito judicial, en cumplimiento a lo ordenado por la titular, donde se resguardan los vehículos que se encuentran a disposición del juzgado y al localizar el vehículo de Juan Herrera Román, de quien iba acompañada, le indicó cuál era el vehículo y le dijo que así no lo podía recibir, por lo tanto, se opuso a que se le hiciera entrega del mismo, debido a que refirió que al momento en que fue asegurado se encontraba en buen estado. 3. Proveído suscrito por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, en el que acordó realizar la inspección del vehículo citado, a fin de hacer constar el estado en que para esas fechas guardaba, además ordenó dar vista al Ministerio Público, a fin de que realizara la investigación correspondiente. 4. Fe judicial practicada el ocho de enero del dos mil quince, suscrita por la Juez mencionada, en la que se observa que tuvieron a la vista el vehículo de motor marca Ford, línea ERT, tipo Expedition, modelo 1997, color blanco, de cuatro puertas, con número de serie y placas de circulación ya referidas, de la que se señala que a simple inspección se aprecia que le faltan las cuatro llantas, los espejos retrovisores de ambos lados de la puerta delantera, los limpia parabrisas en mal estado, el foco delantero del lado del copiloto se encuentra despegado, en la parte trasera del vehículo se aprecia que el vidrio está completamente roto; al inspeccionar el vehículo en su interior se tuvo a la vista que no cuenta con los botones del aire acondicionado, y que el estéreo se encuentra sin carita sic, faltando un pedazo del tablero que rodea el estéreo, la guantera no cierra, la puerta de adelante del lado del copiloto no abre, le falta una bocina, en la puerta del copiloto tiene los cables del sistema eléctrico, de los seguros de las puertas y vidrios que les falta la tapa de los mismos, no cuenta con espejo retrovisor en una visera, en la parte trasera falta un asiento y al abrir el cofre se percatan que no tiene batería. 5. Fe judicial que el juzgado de primera instancia, practicó el ocho de agosto del año dos mil trece, en la cual la funcionaria actuante de nombre Swany Desis González Amaya, refirió haber tenido a la vista el vehículo mencionado, al cual le faltan los espejos retrovisores de ambos lados de las puertas delanteras, los limpia parabrisas se encuentran en mal estado, el foco delantero del lado del copiloto se encuentra despegado, cuenta con sus cuatro llantas en buen estado, el vidrio de la parte trasera está completamente roto, cuenta con todos sus asientos, no cuenta con los botones del aire acondicionado, el estéreo se encuentra sin carita sic y sin un pedazo del tablero, la guantera no cierra y que la puerta del lado del copiloto de adelante no abre, le falta una bocina, no cuenta con el retrovisor en una visera y al abrir el cofre no cuenta con la batería. 6. Oficio número 93, de dieciséis de enero del dos mil quince, suscrito por la Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, mediante el cual hace del conocimiento al órgano investigador, que el vehículo marca Ford, Expedition, con demás características antes mencionadas, fue puesto a su disposición por Ma. de Jesús Valdez Esquivel, en su carácter de agente del Ministerio Público número dos adscrita a ese Juzgado en ese tiempo. 7. Oficio 125 de veintitrés de enero de dos mil quince, suscrito por la juez de primera instancia multireferida, mediante el que da vista al Ministerio Púbico para que inicie la investigación en relación al acta levantada en la misma fecha en la que hace del conocimiento que se constituyó en las instalaciones de la casa de justicia, concretamente en las mesas penales, en donde procedió a la revisión de la relación que se tiene de los vehículos que se encuentran a su disposición afectos a diversas causas penales y depositados en la casa de justicia, para lo cual ordenó a su personal constituirse en el patio trasero de estas instalaciones para verificación de los mismos, por lo que las secretarias dan cuenta que encontraron otros tres vehículos totalmente desmantelados; agrega que en ocho de enero de dos mil quince, se presentó Juan Herrera Román, propietario del vehículo Ford, Expedition, a solicitar la devolución de dicho mueble, la cual se encontraba autorizada desde el seis de agosto del dos mil trece, sin que hubiera comparecido a recogerlo, por lo que se practicó la inspección judicial el ocho de agosto de dos mil trece, a la cual se anexaron impresiones fotográficas en las que se puede apreciar que el vehículo aun contaba con partes que ahora no tiene, por lo que al constituirse el personal del juzgado a realizar la entrega del bien mueble se percató de que el mismo se encuentra desmantelado. Asimismo señaló que el personal de su juzgado se percató de la desmantelación de un vehículo marca GMC, Sierra, tipo pickup, color negro, con placas de California 3TEM2, afecto al proceso 652007. Además, en el documento de que se trata, se hizo relación a otro vehículo desmantelado que es marca Chevrolet, línea Tahoe, tipo Suburban, de cinco puertas, color verde, modelo 1997, con número de serie 1GNEK13R6VJ356896, con placas de circulación GECA339, del Estado de California, afecto al proceso penal 282012, y por lo que hace a un diverso marca Ford, línea 350, modelo 1972, color azul cielo, de tres toneladas, con placas de circulación ZB-37-747 del Estado de Zacatecas, afecto a la causa 232007, se informó que no fue localizado entre los vehículos que se encontraban depositados en el patio trasero de casa de justicia; en razón de lo cual se estableció que al momento de realizar las obras de construcción para el Juzgado de juicio oral y agencias del ministerio público, los vehículos fueron trasladados al fondo del patio trasero de estas instalaciones, con la confianza de que toda casa de justicia se encuentra circulada y que además dichos vehículos quedaron precisamente a un lado de las oficinas de la policía ministerial y que ante la presente situación era su deber dar vista al Ministerio Público. Los anteriores datos de prueba fueron tomados en consideración de manera acertada por el juez responsable como actuaciones judiciales que, de acuerdo a la sana crítica, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, merecían credibilidad y confianza, y resultaban aptos para acreditar el primer elemento material del delito en estudio. Sin embargo, además de los descritos, tomó en consideración para el mismo efecto, es decir, para evidenciar el hurto, los siguientes datos de investigación. a La inspección ministerial de diez de febrero de dos mil quince, realizada por Juan Pablo Pérez Murillo, agente de la policía ministerial, en relación a la Camioneta GMC Sierra, color negra, en la que el funcionario actuante precisó que al tenerla a la vista apreciaba que le faltaban sus cuatro llantas, dos micas, la defensa trasera, la aleta del vidrio, la salpicadera del lado izquierdo, la facia del lado de la defensa delantera, los focos y las unidades de enfrente, los limpiadores; no tiene batería, en la puerta del lado izquierdo le falta el espejo, también el espejo de la puerta del lado derecho, le falta el tapón de la manguera del tanque de gasolina, la puerta del lado derecho no tiene vidrios ni manijas, ni seguros; en el interior le falta la parte de atrás de la tapicería de lo que es la doble cabina, falta el asiento de enfrente completo, le falta el estéreo, la tapa de un constado donde se aprecian los fusibles, en la parte de atrás tiene una caja y una puerta color verde y dicha puerta no cuenta con espejo, ni vidrio, ni elevador, ni manijas, ni tapicería. b Acta de inspección ministerial de diez de febrero de dos mil quince, realizada sobre el vehículo marca Chevrolet Suburban, Línea Tahoe, color verde, por Juan Pablo Pérez Murillo, agente ministerial, quien señala que tienen a la vista dicho vehículo, al cual le faltaban las cuatro llantas con todo y el rin, en las puertas le faltan ambos espejos retrovisores, no tiene motor, no tiene la caja de velocidades, le falta la batería, no cuenta con radiador, ni mangueras; de la parte de enfrente le faltan los faros y las unidades, no tiene la parrilla, no cuenta con defensa delantera, le falta la tapicería; la parte del lado izquierdo de enfrente le falta la tapicería y las manijas, los cables eléctricos están desconectados, en la parte trasera del lado izquierdo le falta la bocina y la protección de la misma; en el interior del vehículo en la parte trasera faltan las dos bocinas y sus tapaderas, en la parte de enfrente falta el asiento del lado del chofer, no trae estéreo; en la parte donde va el volante está arrancado una parte de lo que es el tablero y unos cables sueltos, en la parte donde va el cenicero también está de la misma forma, además le falta parte de la cajuelita y de la parte del tablero del lado izquierdo, la alfombra del interior del piso de enfrente está zafada, faltan las dos viseras y el espejo retrovisor. c Inspección ministerial del vehículo marca Ford, tipo Expedition, línea ERT, color blanco, realizada por Neftaly Gaytán Hernández, agente de policía ministerial, el doce de febrero de dos mil quince, dijo que al tener a la vista el vehículo de referencia, se observó banqueado, sentado sobre sus discos, le faltan las cuatro llantas, no cuenta con medallón y observa que le faltan partes en su interior. Las inspecciones antes mencionadas, la juez responsable de manera correcta las calificó como datos de prueba susceptibles de ser valorados, por haber sido practicadas por personal facultado para ello y con conocimientos en la materia; y, guardan congruencia con los datos de investigación antes referidos, por lo que merecen credibilidad y confianza y resultan idóneos y suficientes para conjuntamente con los datos de investigación ya analizados, demostrar el hurto recaído en los vehículos en referencia. En cuanto a que la acción de apoderamiento recayó sobre cosas muebles, el juez de la causa la tuvo por demostrada debido a que, todos y cada uno de los vehículos que fueron descritos, son bienes que pueden ser desplazados de un lugar a otro sin alterar su forma ni su sustancia, invocando al respecto las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia a que hacen referencia los artículos 22 y 378 del Código Procesal Penal en el Estado. En cuanto a la ajenidad de los bienes muebles descritos con anterioridad la juez responsable invocó el dato consistente en el título de propiedad número 806589, con el cual Juan Herrera Román, acreditó la propiedad de su vehículo marca Ford, Expedition línea ERT, modelo 1997, con número de serie 1FMEU17L8VLB38578, documento que indicó estaba debidamente endosado a nombre del precitado. De igual forma, el oficio 125 suscrito por la Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas mediante el cual anexa acta en el sentido de que los vehículos GMC, Sierra, Chevrolet; Tahoe color verde, Ford Expedition y el azul cielo, de tres toneladas se encuentran a su disposición y afectos a los procesos penales 652007, 282012 y 232007. Datos de prueba que la juez de manera adecuada valoró en términos del artículo 22 y 378 del Código Procesal Penal de Zacatecas, para evidenciar que tales unidades automotrices les eran ajenas a los activos, al no revelarse dato alguna que establezca que los imputados tenían legitimación o dominio sobre dichos automotores; y consecuentemente, no podían disponer de éstos. En lo tocante a la acreditación del elemento relativo a que el apoderamiento se realice sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de la cosa la juez responsable refirió lo siguiente: Debido a las circunstancias bajo las cuales los sujetos activos desapoderaron materialmente de partes de los vehículos de referencia, para luego venderlos, con ello queda claro que no hubo consentimiento alguno para que se verificara ese apoderamiento, porque de haber mediado éste, el ofendido Juan Herrera Román, no hubiera denunciado tales hechos e instado a fin de que se realizara la investigación correspondiente y menos todavía que la autoridad jurisdiccional hubiera dado vista al ministerio público para que se realizaran las indagaciones respectivas por tales hechos. Por lo cual, la juez de control, de manera correcta, consideró que acorde a la sana crítica y las máximas de la experiencia lo expuesto pone de manifiesto que el desapoderamiento de las partes de los aludidos vehículos se llevó a cabo sin consentimiento del titular respectivo. Por lo que hace a la cuantía de lo robado, la responsable tuvo por acreditado este aspecto con los datos de investigación siguientes: Dictamen de valuación, suscrito por María Georgina Tapia Goitia, perito en valuación de vehículos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, quien asignó un valor al vehículo marca GMC, tipo pick up, doble cabina, línea Sierra, por la cantidad de noventa y siete mil pesos, y al marca Chevrolet, Vagoneta, línea Tahoe, el valor de cuarenta y cinco mil pesos. Dictamen pericial de valuación suscrito por Pedro Azuara Hernández, perito oficial de la mencionada institución, quien le dio un valor a la camioneta Ford, tipo vagoneta, línea Expedition, de cuarenta y cinco mil pesos. Dictámenes periciales que tal y como lo asentó la responsable, fueron expedidos por peritos en la materia, oficiales, y por lo tanto imparciales, dado que se encuentran desvinculados económicamente con persona alguna, puesto que la emisión de sus dictámenes no se encuentra sujeta a retribución económica; los cuales, además, indicó, guardan relación con las constancias o datos existentes en la carpeta de investigación y que permiten colegir que el monto de lo robado excede de las quinientas cuotas de salario mínimo vigente al momento de ocurrir los hechos, encuadrándose en la fracción IV del artículo 320 del Código Penal vigente en Zacatecas. En cuanto a la calificativa prevista en la fracción III del artículo 321 del Código Penal vigente en Zacatecas, consistente en que el ilícito se haya cometido aprovechando una relación de trabajo, la responsable concluyó acertadamente que ésta se actualizaba al hacer una interpretación extensiva de la redacción del dispositivo legal en mención y de acuerdo a la forma de comisión del evento, del cual se puede concluir, que el hecho de que Patricia Armenta Ojeda, laborara como agente del Ministerio Público, y que su oficina se encontrara dentro de la casa de justicia, en cuyo patio estaban resguardados los vehículos en comento, permitió que ésta y sus hermanos tuvieran libre acceso y disposición de movimientos dentro de la misma. Indica la responsable que la calidad de funcionaria, se acreditaba con el dato relativo al oficio marcado como CARH12822016 de veinte de mayo del dos mil dieciséis, suscrito por la Coordinadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien informó que Patricia Armenta Ojeda empezó a laborar para esa entidad pública a partir del dieciséis de septiembre del dos mil dos, desempeñándose como oficial secretaria y que el veintinueve de febrero del dos mil doce, fue asignada como Ministerio Púbico número 1, del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, continuando en dicho encargo hasta el uno de junio del dos mil quince, fecha esta en la que se causó baja de la dependencia por renuncia irrevocable. Por lo que respecta a la calificativa consistente en que el hecho se cometió por dos o más personas, y de noche, la juez responsable agregó que del dato de prueba consistente en la declaración de Margarito Rodríguez Rodríguez y ampliación de ésta, se acredita tal circunstancia, pues del testimonio de éste se advierte que los sujetos activos intervinientes lo fueron Patricia Armenta Ojeda y sus dos hermanos Carlos y Patrocinio de los mismos apellidos, dado que estos últimos entraban a sustraer partes de vehículos por indicaciones de aquélla; y esto acontecía en horas de la noche, es decir, entre veinte y veintiuna horas. Corroboró el dato anterior con la declaración y ampliación de ésta, de Porfirio Santillán Betancourt, quien refirió que por orden de Patricia Armenta Ojeda se abrían las puertas de la casa de justicia para que ingresaran a ésta sus hermanos, que veía que al ingresar se dirigían al lugar en que se encuentran los vehículos asegurados y al respecto agregó que, si bien, textualmente no informó que haya visto que robaban las partes automotrices, de acuerdo a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, al entrar a ese lugar los hermanos de Patricia por la noche y dirigirse al sitio preciso en que se encontraban los vehículos asegurados, evidentemente era con el fin de llevar a cabo la sustracción de las piezas de motor, por no justificarse ningún otro motivo que los impulsara a acceder a ese lugar, amén de que eran los únicos que entraban a ese sitio en dichas condiciones y más aún, que el propio Margarito Rodríguez Rodríguez, los señaló como los realizadores de tal hecho; por tanto, esta calificativa también se estima correctamente acreditada por la responsable. Probabilidad de que el imputado cometió el delito o participó en su comisión Tocante a la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, haya participado en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de robo calificado, la responsable hizo énfasis en los siguientes datos de prueba. 1. Testimonio de Felipe Huerta Rodríguez, de cuatro de febrero del dos mil quince, quien dijo que a principios del mes de octubre de dos mil catorce, llegó hasta su negocio de compra y venta de partes de vehículos, el cual está ubicado a la salida a Villanueva, una persona que dijo llamarse Ricardo González, ofreciéndole una camioneta Nissan, modelo 1990, diciéndole que la camioneta estaba en casa de justicia, que le faltaban llantas, él le preguntó que si ese vehículo no tenía problemas y le contestó que no, que le daba un papel o constancia como responsiva del vehículo y que como a los catorce días Ricardo González regresó nuevamente a su negocio y le ofreció una camioneta Chevrolet, 4x4, cabina y media, y ese vehículo sólo lo pudo ver por fuera de casa de justicia, hicieron trato y vinieron por ella y entraron por la puerta por donde está la comida, la cual ya estaba abierta y por ahí entraron como a las cinco de la tarde, esa camioneta tampoco tenía llantas, que ese día vio una camioneta color blanca, conocida como Expedition muy bonita y la vio muy completa, y le preguntó a Ricardo que esa en cuanto se la vendía y le dijo que esa troca no la podía vender porque todavía no se definía su situación legal, que ese día les ayudó un joven que trabaja en casa de justicia que se llama Ismael, que ya no volvió a ver a Ricardo sino como hasta los veinte días, nuevamente Ricardo fue a su negocio y le ofreció otro vehículo y esa se la vendió en ocho mil quinientos pesos, que esta la recogió como a tres cuadras de la casa de justicia y esa nada más tenía llantas atrás; que todos esos vehículos que le vendió Ricardo le decía que él se hacía responsable de lo que pudiera suceder. 2. Testimonio de Norberto Huerta Rodríguez, de siete de febrero del dos mil quince, quien señaló que él se dedicaba a la compra de vehículos para luego venderlos por partes, que tiene un yunque a la salida a Villanueva con dirección a Zacatecas; dijo recordar que aproximadamente en el mes de noviembre del dos mil catorce, se acercó una persona de nombre Ricardo de Ávila Cabrera y sabe que vive en este municipio de Villanueva, el cual llegó ofreciéndole a la venta un vehículo decomisado, diciéndole que esos vehículos no se podían vender enteros sin sólo por partes o para la chatarra, y que como nadie los había reclamado el necesitaba desocupar el lugar donde se encontraban ya que le estorbaban y sí le mencionó que si le interesaban pero necesitaba verlos, se pusieron de acuerdo para verlos y entre las cuatro o cinco de la tarde fueron a casa de justicia de Villanueva pasando al corralón donde vio como once carros mostrándole en esa ocasión una camioneta Chevrolet, color negra, con una franja color blanca, por lo que se la compró en siete mil pesos; que siguieron realizando compra y venta de vehículos y sería el trece de diciembre que Ricardo llegó nuevamente a ofrecerle más vehículos, que si los quería, que era una Suburban color gris, un Cavalier color blanco, un Ram color negro y una camioneta gris oscura y que como la Lobo no traía llantas el mismo Ricardo le dijo que podía disponer de las llantas que traía la Expedition blanca ya que en ese momento sólo tenía tres, le dijo que esa camioneta en quince días se iba a liberar y también iba a estar a la venta; y, que Ricardo le mencionó que referente a los accesorios que le faltaban a la Expedition blanca, desconocía quien o quienes se los hayan quitado. Dicho testigo refiere, además, que en cuanto a la camioneta Tahoe color verde, le fue vendida a él en la cantidad de nueve mil pesos, junto con otros vehículos, asimismo, señala, que Ricardo le entregó documentos de liberación de dichos vehículos firmados por el Ministerio Público, que a la camioneta Tahoe color verde, le quitó el motor para su venta, ya que este vehículo cuando se lo vendió ya se encontraba en las mismas condiciones en las que ahora se encuentra, que con respecto a la camioneta GMC sierra, pickup, color negra, no realizó trato alguno porque vio que le faltaban demasiadas partes y accesorios y que el vehículo marca Ford, línea 350, color azul cielo, de tres toneladas en ningún momento lo tuvo a la vista; informó que el día treinta de diciembre de dos mil catorce, fueron checados los vehículos de su negocio por elementos de policía ministerial y que los vehículos que tuvieron problemas fueron los que le compró a Ricardo por lo cual levantó una denuncia por el delito de fraude en contra de Ricardo Ávila Cabrera y la licenciada Patricia Armenta Ojeda, en la ciudad de Zacatecas, ya que los vehículos que acreditaba la compra le fueron asegurados junto con los documentos. 3. Copia de la denuncia que Norberto anexó a su testimonio, la que presentó en esta ciudad de Zacatecas, en la cual se puede observar que señala lo mismo que realizó en su declaración; y, solamente agrega, que cuando Ricardo Dávila ó Ávila le entregaba los oficios de liberación se percató que en el oficio iban diferente el color del carro, que Ricardo le dijo que los vehículos no podían andar circulando, que no los podía vender enteros sólo por partes porque algunos vehículos habían tenido reporte de robo, pero que ya los había liberado el Ministerio Público, y que en algunas ocasiones la policía federal aún tenía los reportes de robo y podían tener problemas si los circulaban; dijo que nunca desconfió de esa persona porque lo citaba en casa de justicia, o sea con la autoridad, que incluso llegó a pensar que Ricardo era policía ministerial, y que luego el mismo Ricardo le confirmó que trabajaba ahí, y como abría el corralón con su propia llave, nunca desconfió y le creyó todo lo que le decía. Que él siempre le pidió las facturas de los vehículos pero que Ricardo le decía que no tenía ese tipo de documentos, porque esos vehículos habían sido decomisados por el Ministerio Público, pero nunca se le ocurrió ir con el Ministerio Público porque los oficios venían con sellos y la firma del mismo y además porque Ricardo abría con mucha confianza el corralón; que cuando él le compró algunos ya les faltaban partes como eran entre otras cosas las llantas, el treinta de diciembre de dos mil catorce, a las diez de la mañana llegó la policía ministerial, estaban él y su socio checando los vehículos y los únicos que tuvieron problemas fueron los que les vendieron del corralón de la policía ministerial de Villanueva, Zacatecas, siendo nueve vehículos los que se llevó la policía ministerial. 4. Testimonio de Porfirio Santillán Betancourt, de diecinueve de enero de dos mil quince, quien informó que tiene aproximadamente dos años laborando ya que es velador de la casa de justicia y que tenía un turno de veinticuatro por veinticuatro horas y su otro compañero Margarito Rodríguez y él se turnaban; en relación a la camioneta blanca Expedition, recuerda que ésta entró funcionando a la casa de justicia, no recuerda el tiempo en que entró, pero una licenciada chaparrita que se llama María de Jesús le dijo que le quitara la batería, recordando incluso que dicho vehículo no traía el vidrio trasero; notificó que sólo por órdenes de la policía ministerial y del Ministerio Público abría las puertas para que salieran o ingresaran vehículos, dejó de trabajar un mes, pero regresó la primera quincena de diciembre del dos mil catorce tiene la certeza que recibió por orden de la licenciada Patricia, que abriera las puertas para que ingresaran sus hermanos, por lo que en una ocasión les abrió la puerta a sus hermanos, y a Ismael el chofer de las grúas en varias ocasiones le abrió las puertas para que dejara vehículos. 5. Testimonio de Margarito Rodríguez Rodríguez, de veintiuno de enero de dos mil quince, quien señaló que tenía trabajando aproximadamente cuatro años y medio en las instalaciones de la casa de justicia, siendo su turno veinticuatro por veinticuatro ya que se turnaba con Porfirio Santillán Betancour, recuerda que en relación al vehículo color blanco, Expedition, este estaba completo sólo le faltaba el vidrio de atrás, que una de sus funciones era abrir y cerrar las puertas, ya que en ocasiones sacaban vehículos o metían pero que él sólo abría bajo previa orden de la gente de policía ministerial o del ministerio público, dijo recordar que cerca de dos ocasiones sin señalar fechas exactas, por la noche se encontró cerca de los vehículos a los hermanos de la licenciada Paty, esto fue porque aun y cuando trabajaba sus veinticuatro horas en la casa de justicia, aprovechaba para trabajar en su descanso, ya que fue invitado a trabajar por el ingeniero encargado de la construcción de los edificios del nuevo sistema, es decir, trabajaba las veinticuatro horas, descansaba en el día y por la noche entraba a trabajar como velador de la obra y así fue que en dos ocasiones se dio cuenta que los hermanos de la licenciada Patricia Armenta Ojeda, andaban por el interior de la casa de justicia quitando partes a ciertos vehículos, que les preguntó qué andaban haciendo y le contestaron que era por orden de la Licenciada Patricia Armenta Ojeda, por lo que al decirle eso, él se retiraba a seguir cuidando las cosas de la obra; que en el mes de noviembre dejó de trabajar en casa de justicia, indica que aun y cuando no sabe cómo se llaman los hermanos de la licenciada Patricia Armenta, sí los conoce de vista por ser de la comunidad de Malpaso de donde es él. 6. Ampliación de la declaración de Porfirio Santillán Betancourt, quien aparte de lo ya señalado dijo que en cuanto a la camioneta de tres toneladas, color azul, un día vio que los ministeriales que estaban en aquel tiempo, estaban platicando y viendo esa camioneta y escuchó que decían que esa camioneta la iban a hacer grúa y que ese mismo día fue una persona que conoce como Ismael el de las grúas y se llevó la camioneta con el permiso de los ministeriales que estaban en ese tiempo, que eso fue hace como dos años; recuerda también que en una ocasión la licenciada Patricia Armenta le dijo que le abriera las puertas del barandal a sus hermanos y que cuando ellos entraron se fueron hacia donde estaban los vehículos asegurados, pero que él no veía lo que se llevaban porque se metía al Juzgado por ser el lugar que usa como caseta. 7. Testimonio de Ismael Quiroz Guardado, rendido el ocho de febrero de dos mil quince, del que se desprende tiene ocho años laborando como intendente en la casa de justicia del municipio de Villanueva, Zacatecas, labora de seis a catorce horas, de lunes a viernes y es por eso que se ha dado cuenta de vehículos que han sido depositados en el patio trasero de la casa de justicia; recuerda que el vehículo Expedition color blanco, entró funcionando, que inclusive acompañó a don Margarito en diversas ocasiones en horas de trabajo a dar rondines a la casa de justicia, y cuando empezaron a meter vehículos se escuchaba que les empezaban a faltar piezas; que fue cuando se dio cuenta que a la Expedition le faltaban los controles de los elevadores, el estéreo y las llantas, que las llantas si las tenía y desconoce quién se las quitó, en cuanto a la Tahoe, color verde, recuerda que este entró funcionando, la Sierra, color negra, entró también funcionando, es decir, estaban completos, enterándose por don Porfirio, quien es vigilante en la casa de justicia que los hermanos de la licenciada Patricia le habían quitado partes a las camionetas; que en algunas ocasiones lo mandaban para que él entregara algunos vehículos a sus dueños y que llegaban a recogerlos ahí a la casa de justicia, ya que en algunas ocasiones el Ministerio Público así se lo pedía. 8. Ampliación de declaración de Margarito Rodríguez Rodríguez, de veintitrés de febrero de dos mil quince, quien en lo que ahora interesa dijo que ese día se encontraba algún vehículo abierto, que él vio a los hermanos de la licenciada Patricia, ello cuando andaban haciendo los nuevos edificios del Ministerio Público, en el año dos mil catorce; recuerda que los hermanos de la licenciada andaban adentro, lo fue en esas fechas, porque hasta le andaban pisando la loza y les dijo que la arreglaran; vio que le estaban quitando una defensa, llantas y rines a una camioneta GMC Sierra de doble cabina, se arrimó y les dijo que qué andaban haciendo, esto fue en la noche como entre ocho y nueve, porque durante la obra de los edificios, él iba diario en la noche, ellos le decían que era por orden de la licenciada Patricia, después él le preguntó a la licenciada Patricia y ella le dijo que sí, que eran sus hermanos, que ella les autorizó entrar. Que él desde principios del año dos mil catorce, se daba cuenta que los vehículos ya se encontraban abiertos y los comenzaban a desmantelar, y que sobre la camioneta blanca, Expedition, se dio cuenta que en el mismo año dos mil catorce, comenzaron a desmantelarla, y que empezaban a faltarle espejos y lo de adentro, le empezaron a quitar de a poquito y en el mes de noviembre que ya no trabajó la camioneta todavía tenía sus cuatro llantas. 9. Testimonio de Ricardo Ávila Cabrera, de catorce de abril de dos mil quince, quien hizo saber al órgano investigador que en el mes de octubre de dos mil catorce, andaba en ese lugar el ministerio publico arreglando un problema, y se encontró a Ismael Quiroz Guardado quien hace el aseo en la casa de justicia, le preguntó por los vehículos que estaban atrás, si los vendían, y él le contestó que necesitaba preguntarle a la licenciada Patricia, que en ese momento ella iba saliendo de su oficina y le preguntó directamente a ella que si se vendían esos vehículos y ella le dijo que sí, que sí se los vendía, preguntándole qué cuantos quería, hicieron el trato y volvió por ellos en varias fechas de octubre a diciembre; que le compró como unos diez u once vehículos, los cuales ya eran chatarra porque les faltaban muchas partes, muchos ya no tenían motor, transmisión, llantas ni computadora, tampoco asientos, vidrios, que él compró el puro cascarón, y el dinero de los vehículos se lo entregó a la licenciada Patricia Armenta Ojeda; no recuerda cuánto dinero le dio en total, porque primero pagaba uno o dos y luego ella le hablaba y le decía que tenía más vehículos, él iba, trataba y se los pagaba, que cada vehículo variaba su precio. Refiere que la licenciada Patricia le daba documentos que ella misma le decía que eran como la factura del vehículo y eran firmados por ella, nunca desconfió de la venta porque quien se los estaba vendiendo era una autoridad y porque además los vehículos se encontraban ahí en la casa de justicia, aún más porque le daba documentos que acreditaban la propiedad; señala que él iba por los vehículos a casa de justicia entre tres, cuatro o cinco de la tarde; los empezó a tratar a la venta con Norberto y con su hermano Felipe y él les entregaba los documentos que la licenciada Patricia le entregó y les decía lo mismo, que era como la factura porque así se lo hizo saber Patricia, que cuando iba a casa de justicia les abría la puerta Ismael Quiroz Guardado; cuando hacía trato con la licenciada Patricia ella le decía cuando los podía recoger y que ya había dado instrucciones a Ismael. Que desde que él compró los vehículos, ninguno contaba con llantas ni rines, que fueron los últimos de diciembre o a principios de enero cuando se enteró que los vehículos tenían problemas y que lo fueron a buscar las personas del yonque a quienes les vendió los vehículos, ellos le dijeron que ya se los había quitado el gobierno y también la documentación; buscó a la licenciada Patricia y ella le decía que los vehículos no tenían problemas, que él le dijo que se los habían quitado a quien se los vendió y como ella andaba de vacaciones le dijo que cuanto ella llegara iba arreglar el problema y que siempre ha intentado hablar con ella pero le da evasivas, cuando la licenciada Patricia le entregó los documentos le dijo que no se preocupara, que hacían las veces de una factura o como si fuera la factura y que en algunas ocasiones le dio por cada vehículo dos constancias y los documentos tienen sello y firma de ella. 10. Trece documentos que agregó el mencionado testigo, de los cuales se puede observar, en lo esencial, logotipo y sellos de la Procuraduría de Justicia del Estado, con la leyenda de Agencia del Ministerio Público número uno, del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas y suscritos por la licenciada Patricia Armenta Ojeda, en los que se estampó su firma como Agente del Ministerio Público número uno mixta de ese distrito judicial; en los que además se aprecia en lo sustancial que los dirige a las autoridades civiles y judiciales del Estado de Zacatecas, el primero de ellos es de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, en donde autoriza a Ricardo Ávila Cabrera, la liberación y devolución de un vehículo marca Chevrolet, línea Silverado, de otras características; que en los documentos se encontró la liberación que se realiza a Ricardo Ávila Cabrera también del vehículo GMC, línea Chevrolet Tahoe, tipo Suburban con el número de serie a que ya se ha hecho mención, que este vehículo ella se lo vende a esta persona Ricardo Ávila y es uno de los vehículos que se encuentra a disposición del Juzgado, entre otros que dijo, con posterioridad se harían del conocimiento. En cuanto al vehículo marca Expedition, fue el que denunció Juan Herrera, ella lo puso a disposición del Juzgado en el dos mil trece, el cual participó en un homicidio y se lo puso en buenas condiciones, sin embargo, le ordenó a don Pilo quien era el velador, que le quitara la batería de la cual no recuerda características, con la finalidad de guardarla en la oficina de la agencia ya que anteriormente le habían robado una batería; sobre la camioneta Chevrolet línea Tahoe, recuerda que sí traía sus llantas, pero no recuerda cuándo entró a la casa de justicia; que cuando empezó a ver cosas que no le parecían, en una libretita apuntaba lo que veía y todo lo que vio con los vehículos fue en el dos mil catorce; que los desmantelaban en la noche, era cuando él estaba en turno, que las únicas personas desconocidas y que le quitaban los objetos a los vehículos lo eran los hermanos de la licenciada Patricia Armenta Ojeda. 11. Oficio de investigación rendido por Neftalí Gaytán Hernández, quien notifica que los hermanos de la licenciada Patricia, a los que se refirieron los testigos, responden a los nombres de Carlos y Patrocino Armenta Ojeda, quienes son mayores de edad y con domicilio en Malpaso, Villanueva, Zacatecas. Así pues, como acertadamente concluyó la responsable, de acuerdo a lo expuesto, resulta razonable considerar que existen datos suficientes que acreditan la probabilidad de que Patrocino Armenta Ojeda, entre otros, realizaron la acción constitutiva del hecho que la ley señala como delito, esto es, de robo calificado, ya que de las declaraciones de los mencionados, Margarito Rodríguez Rodríguez, Porfirio Santillán Betancourt, Ismael Quiroz Guardado, Norberto Huerta Rodríguez, Felipe Huerta Rodríguez y Ricardo Ávila Cabrera, se desprenden indicios de su participación en el robo de partes de diversos vehículos que se encontraban en la casa de justicia de Villanueva, Zacatecas, pues los tres primeros coinciden en manifestar que las personas que les quitaron varias piezas a dichos automotores, fueron los hermanos de la licenciada Patricia, es decir, Carlos y Patrocino, ambos de apellidos Armenta Ojeda. Lo anterior, tomando en cuenta que el estándar de prueba de una orden de aprehensión se integra por el dato de prueba, lo que implica que no es necesario que exista prueba plena de los hechos que se estimen acreditados. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado. En consecuencia, se reitera que resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la existencia del hecho ilícito de robo calificado y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, haya participado en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Además, se reitera que la autoridad responsable, debidamente motivó su resolución, ya que asentó las razones por las que consideró se reúnen los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión, así como, aquéllas por las que estimó existen datos que evidencian la existencia del hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, participó en su comisión. Finalmente, por las razones antes expuestas se estima infundado el concepto de violación donde el quejoso aduce que la resolución reclamada es violatoria de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1° constitucional, pues contrario a lo que afirma el quejoso en sus conceptos de violación, con la decisión aquí adoptada tampoco se transgrede el principio pro persona consagrado como pauta hermenéutica en materia de derechos humanos, en el artículo a que se alude, tampoco ven trasgredidos en su perjuicio, los principios de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad consagrados en los numerales 1 y 20 de la Constitución Federal. Lo anterior, considerando que para dictar la orden de aprehensión reclamada, es suficiente acreditar el hecho delictivo y un estándar presuntivo de la responsabilidad penal que debe acreditarse en grado de probable; con lo que se garantiza la seguridad jurídica del quejoso, puesto que tiene conocimiento preciso de la conducta ilícita por la que se fija la litis procesal para efectos del ejercicio de su derecho de defensa, que también se consagra constitucionalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia II.2º.P. J20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, mayo de dos mil seis, página 1512, de la Novena Época, que dice: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. En consecuencia, la resolución reclamada no resulta violatoria de los derechos humanos previstos en los artículos 1° y 20 constitucionales, puesto que, adverso a lo aducido por el quejoso, los datos de prueba que obran en el proceso penal fueron aptos y suficientes para motivar el dictado de tal resolución; máxime que, como se dijo, para la etapa procesal que se analiza, no se requieren pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del quejoso; lo anterior, porque se requiere únicamente que los datos de la carpeta de investigación sean suficientes para considerar probable que el imputado cometió el delito o participó en su comisión, como en el caso aconteció. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin causar perjuicio al amparista. Máxime que, como ya ha quedado expuesto, tratándose del libramiento de una orden de aprehensión, debe atenderse únicamente a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional y no al 14 del mismo ordenamiento legal, en razón de que este último dispositivo rige según su contexto, para actos de privación, debiéndose entender por éstos los que tienen por fin último, definitivo y natural la disminución de la esfera jurídica del gobernado, lo que no ocurre en el caso de las órdenes de aprehensión, que únicamente buscan lograr la detención del justiciable para ponerlo a disposición de un juez con la finalidad de que se dé curso al procedimiento correspondiente, que permita determinar en su momento si el imputado debe ser sancionado o no como responsable de algún ilícito penal. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho constitutivo del delito imputado, así como la probabilidad de la participación del imputado, aquí quejoso, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables Procurador General y Director de la Policía Ministerial, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, así como el Comandante de dicha corporación policiaca en el distrito judicial de Villanueva, dado que su actuar no se reclama por vicios propios sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si se niega el amparo contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, esa negativa deberá hacerse extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras del acto reclamado por razón de su jerarquía. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Patrocinio Armenta Ojeda, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, Procurador General y Director de la Policía Ministerial, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas; y, Comandante de dicha corporación policiaca en el mencionado distrito judicial, consistentes en la orden de aprehensión emitida en la causa penal 152016 y su ejecución, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese vía oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del jugado. Doy fe. Vicky
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