J. Refugio Ávila Guerrero

Expediente 1744/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1744/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • J. Refugio Ávila Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El ocho de enero de dos mil diecinueve, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado certifico: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la parte quejosa transcurrió del diecisiete al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de diciembre de dos mil dieciocho dentro del juicio de amparo 1744/2018. c) Que dentro de dicho juicio si se tramitó incidente de suspensión. En el que se concedió la suspensión definitiva. Y no existe billete de depósito del que deba hacerse pronunciamiento. d) Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa en el que se negó el amparo y protección del presente juicio; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración; en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, ultima parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que solo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la suspensión solicitada. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos del punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, por lo que, una vez, transcurridos seis meses procédase a su destrucción. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase el presente expediente previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias consistentes en el expediente administrativo de nulidad 1441/2016 que remitió en su momento como justificación de sus actos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. Wendy Díaz*

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1744/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta localidad, J. Refugio Ávila Guerrero, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: - Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "la Resolución dictada en fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho en relación al Recurso de Revisión interpuesto por el compareciente en contra de la Resolución Definitiva de fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete emitida en autos del expediente 1441/2016 relativo al Procedimiento Administrativo de Nulidad promovido por el compareciente J. Refugio Ávila Guerrero en contra de la Resolución Definitiva de fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete". Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda de amparo, fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y mediante proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó su registro bajo el número de expediente 1744/2018; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, quien formuló pedimento 1944/2018; se ordenó y emplazó al tercero interesado (fojas 28 a 30); se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada al recurso de revisión interpuesto dentro del expediente 1441/2016, relativo al procedimiento administrativo de nulidad promovido por el quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Secretario General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado (fojas 15 a 21). Lo anterior se corrobora con las constancias relativas al juicio administrativo de nulidad 1441/2016, que remitió la responsable con el informe justificado, documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ahí que se tenga acreditado el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil dieciséis, J. Refugio Ávila Guerrero, promovió la nulidad de un procedimiento administrativo y que corresponde al juicio sucesorio tramitado por Esperanza Ávila Guerrero a bienes de María Guadalupe Guerrero Gallardo, mismo que fue registrado ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, bajo el número 27/2005 (fojas 1 a 35 del expediente natural). 2. En acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable formuló prevención al promovente para que en el término de cinco días hábiles aclarara la causal de nulidad invocada e indicara el interés con el que comparecía (fojas 36 y 37 del tomo de pruebas). 3. En auto de uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 39 del cuaderno de pruebas), se tuvo cumplida la prevención formulada y la Dirección de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, admitió a trámite la demanda; y una vez desahogado por sus etapas el procedimiento, mediante sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, declaró improcedente la acción de nulidad demandada por el promovente, respecto del procedimiento de reconocimiento de derechos sucesorios a bienes de María Guadalupe Guerrero Gallardo, así como los títulos derivados de la pretensión instada, al haberle prescrito su acción (fojas 189 a 191 del tomo de pruebas). 4. Mediante escrito de tres de julio de dos mil dieciocho, el aquí quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, misma que remitió al Secretario General de Gobierno del estado, quien por resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, confirmó la resolución impugnada en virtud de resultar improcedente la acción referida. La anterior resolución constituye la materia de ésta instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia. De oficio no se advierte causa de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna en particular; por tanto se pasa al análisis de los conceptos de violación, sin que haya lugar a su transcripción, pues para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado.Los conceptos de violación ameritan el análisis siguiente. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, recaída al recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso en contra de la diversa de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo de nulidad 1441/2016, que declaró improcedente la acción demandada. Ahora, señala el quejoso en sus conceptos de violación que la autoridad responsable viola los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que lo priva de sus derechos de propiedad y posesión, sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento de fundar y motivar la causa legal del procedimiento. El citado concepto de violación deviene infundado, pues contrario a lo expuesto por el impetrante de garantías, la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, porque la responsable al resolver el recurso de revisión, señaló los artículos de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas y motivos que ponderó para declarar infundados e inoperantes los agravios formulados. En efecto, de la resolución reclamada que obra a fojas 208 del cuaderno de pruebas, se advierte que la responsable en los considerandos primero y segundo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 167 y 170 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, calificó la temporalidad de la interposición del recurso y competencia para el conocimiento del mismo. Asimismo, y después de precisar los agravios formulados por el recurrente, la responsable determinó que el primero de estos resultó infundado, al coincidir con lo resuelto por la Dirección de Fraccionamientos, esto es, que la acción de nulidad demandada resultaba extemporánea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, y ante lo cual, resultaba innecesario que se analizaran todas las peticiones formuladas, incluso las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes. Además, de la resolución reclamada, se advierte que la responsable al analizar el diverso agravio señalado por el recurrente en el sentido que la fecha de conocimiento de la causa penal instaurada en contra de Manuel Ávila Guerrero, en la que participó como fiador, no podía tomarse en cuenta para la prescripción de su derecho de la acción de nulidad porque dijo el recurrente no fue parte en el citado proceso. El argumento anterior, lo declaró infundado, al señalar la responsable que tales circunstancias no se hicieron valer hasta antes de que se dictara la resolución definitiva y ante lo cual, constituía un argumento ajeno al procedimiento sobre el cual no podía resolver al no haber sido materia del procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado. Incluso, la responsable en torno al agravio relativo a la violación del artículo 40 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado, de que se dolió el recurrente porque indicó que no apertura término probatorio; se declaró infundado por la responsable, sustentando su conclusión en que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado, solo establece que una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes sin más trámite se dictara la resolución respectiva y en ese sentido no existía violación al artículo 40 del ordenamiento citado. De este modo, las consideraciones anotadas en párrafos precedentes, ponen de manifiesto que la responsable al emitir la resolución reclamada fundó y motivó la resolución reclamada, en tanto que señaló los preceptos legales y razones particulares por las que declaró infundados e inoperantes los agravios formulados y ante lo cual, no resulta violatoria de los derechos humanos del quejoso. Por otra parte, añade el quejoso en los conceptos de violación, que la responsable otorgó legitimación a la denunciante Esperanza Ávila Guerrero para promover el juicio de nulidad, no obstante que el acta de nacimiento de ésta fue anulada por haberse registrado en dos ocasiones y al no existir registro alguno de su nacimiento, debe anularse el juicio sucesorio intestamentario administrativo planteado por la citada Ávila Guerrero. El anterior motivo de disenso deviene inoperante, en tanto que el quejoso no controvierte las consideraciones que la responsable ponderó para emitir la resolución reclamada y ante lo cual debe seguir subsistiendo. En efecto, del contenido de la resolución reclamada de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable declaró infundado el primero de los agravios del recurrente al coincidir con lo resulto por la Dirección de Fraccionamientos, en el sentido de que la acción de nulidad demandada resultaba extemporánea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, de ahí que, resultaba innecesario que se analizaran todas las peticiones formuladas, incluso las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes. Además, en cuanto al diverso agravio señalado por el recurrente en el sentido de que la fecha de conocimiento de la causa penal instaurada en contra de Manuel Ávila Guerrero, en la que participo como fiador, no podía tomarse en cuenta para la prescripción de su derecho de la acción de nulidad, porque dijo el recurrente que no fue parte en el citado proceso; la responsable lo declaró inoperante, pues dijo que esas circunstancias no se hicieron valer por el recurrente hasta antes de que se dictara la resolución definitiva, por lo que constituía un argumento ajeno al procedimiento que al no haber sido materia del procedimiento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, no podía analizarlo. Además, la responsable declaró infundado el agravio que el recurrente se hizo consistir en la violación al artículo 40 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado, por no disponer término probatorio en el procedimiento, pues señaló que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado, solo establece que una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, sin más trámite se dictara la resolución respectiva y en ese sentido no existía violación al artículo 40 del ordenamiento citado. Sin embargo, el quejoso en los conceptos de violación, no controvierte las consideraciones que sustentan la resolución reclamada. Es así, dado que sólo se concreta a indicar que la responsable otorgó legitimación a la denunciante Esperanza Ávila Guerrero para promover el juicio de nulidad, sin tomar en cuenta que el acta de nacimiento de ésta fue anulada por haberse registrado en dos ocasiones, por lo que al no existir registro alguno de su nacimiento, debía anularse el juicio sucesorio intestamentario administrativo planteado por la citada Ávila Guerrero. De lo anterior se observa que el quejoso en modo alguno impugna o controvierte los motivos de la confirmación de la resolución recurrida en revisión y relativos a que la acción de nulidad promovida se encontraba prescrita por haberla hecho valer fuera del término de seis meses establecido en el artículo 135 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado; que el argumento de la fecha del conocimiento del procedimiento afectado de nulidad e impugnado, no se había hecho valer en su momento para que fuera analizado; incluso, que el procedimiento de nulidad se resolvió en términos del artículo 138 de la ley mencionada, que disponía que desahogadas las pruebas se emitiera la respectiva resolución y por lo cual no había violación al artículo 40 del ordenamiento antes citado. De ahí que, al no atacar el quejoso los fundamentos del acto reclamado, es como se indica que sus conceptos de agravio resultan inoperantes. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS. Existen dos casos en los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en una demanda de amparo directo, promovida en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, dictada por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: el primero de ellos se presenta cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no se enderezan a atacar ninguno de los fundamentos del fallo reclamado, por lo que resulta obvia la inoperancia de los mismos; el segundo, cuando en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen el acto materia de amparo, pero se dejan firmes otros, siendo inútil el estudio de los conceptos propuestos en la demanda de garantías, ya que aun y cuando resultaran fundados, dada la naturaleza del acto reclamado, sería imposible conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para revocar el sentido de la resolución impugnada. Debe hacerse la aclaración de que si dentro de los conceptos propuestos existiere alguno de carácter formal, como pudiera ser la falta de estudio de algunos puntos de la litis, sí es posible conceder el amparo para efectos de subsanar la violación formal de que se trate ya que este tipo de conceptos aun y cuando no se dirigen a los argumentos sustentadores del fallo, hacen notar vicios formales de la resolución reclamada." Por tanto, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación analizados y no existir motivo de queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, resulta procedente negar la protección de la justicia Federal solicitada por J. Refugio Ávila Guerrero. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Refugio Ávila Guerrero, contra la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en el procedimiento administrativo 1441/2016. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, hoy seis de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. En esta fecha se generó el oficio 41870.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO: "...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1744/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta localidad, J. Refugio Ávila Guerrero, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: - Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "la Resolución dictada en fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho en relación al Recurso de Revisión interpuesto por el compareciente en contra de la Resolución Definitiva de fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete emitida en autos del expediente 1441/2016 relativo al Procedimiento Administrativo de Nulidad promovido por el compareciente J. Refugio Ávila Guerrero en contra de la Resolución Definitiva de fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete". Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda de amparo, fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y mediante proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó su registro bajo el número de expediente 1744/2018; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, quien formuló pedimento 1944/2018; se ordenó y emplazó al tercero interesado (fojas 28 a 30); se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada al recurso de revisión interpuesto dentro del expediente 1441/2016, relativo al procedimiento administrativo de nulidad promovido por el quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Secretario General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado (fojas 15 a 21). Lo anterior se corrobora con las constancias relativas al juicio administrativo de nulidad 1441/2016, que remitió la responsable con el informe justificado, documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ahí que se tenga acreditado el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil dieciséis, J. Refugio Ávila Guerrero, promovió la nulidad de un procedimiento administrativo y que corresponde al juicio sucesorio tramitado por Esperanza Ávila Guerrero a bienes de María Guadalupe Guerrero Gallardo, mismo que fue registrado ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, bajo el número 27/2005 (fojas 1 a 35 del expediente natural). 2. En acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable formuló prevención al promovente para que en el término de cinco días hábiles aclarara la causal de nulidad invocada e indicara el interés con el que comparecía (fojas 36 y 37 del tomo de pruebas). 3. En auto de uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 39 del cuaderno de pruebas), se tuvo cumplida la prevención formulada y la Dirección de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, admitió a trámite la demanda; y una vez desahogado por sus etapas el procedimiento, mediante sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, declaró improcedente la acción de nulidad demandada por el promovente, respecto del procedimiento de reconocimiento de derechos sucesorios a bienes de María Guadalupe Guerrero Gallardo, así como los títulos derivados de la pretensión instada, al haberle prescrito su acción (fojas 189 a 191 del tomo de pruebas). 4. Mediante escrito de tres de julio de dos mil dieciocho, el aquí quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, misma que remitió al Secretario General de Gobierno del estado, quien por resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, confirmó la resolución impugnada en virtud de resultar improcedente la acción referida. La anterior resolución constituye la materia de ésta instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia. De oficio no se advierte causa de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna en particular; por tanto se pasa al análisis de los conceptos de violación, sin que haya lugar a su transcripción, pues para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado.Los conceptos de violación ameritan el análisis siguiente. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, recaída al recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso en contra de la diversa de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo de nulidad 1441/2016, que declaró improcedente la acción demandada. Ahora, señala el quejoso en sus conceptos de violación que la autoridad responsable viola los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que lo priva de sus derechos de propiedad y posesión, sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento de fundar y motivar la causa legal del procedimiento. El citado concepto de violación deviene infundado, pues contrario a lo expuesto por el impetrante de garantías, la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, porque la responsable al resolver el recurso de revisión, señaló los artículos de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas y motivos que ponderó para declarar infundados e inoperantes los agravios formulados. En efecto, de la resolución reclamada que obra a fojas 208 del cuaderno de pruebas, se advierte que la responsable en los considerandos primero y segundo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 167 y 170 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, calificó la temporalidad de la interposición del recurso y competencia para el conocimiento del mismo. Asimismo, y después de precisar los agravios formulados por el recurrente, la responsable determinó que el primero de estos resultó infundado, al coincidir con lo resuelto por la Dirección de Fraccionamientos, esto es, que la acción de nulidad demandada resultaba extemporánea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, y ante lo cual, resultaba innecesario que se analizaran todas las peticiones formuladas, incluso las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes. Además, de la resolución reclamada, se advierte que la responsable al analizar el diverso agravio señalado por el recurrente en el sentido que la fecha de conocimiento de la causa penal instaurada en contra de Manuel Ávila Guerrero, en la que participó como fiador, no podía tomarse en cuenta para la prescripción de su derecho de la acción de nulidad porque dijo el recurrente no fue parte en el citado proceso. El argumento anterior, lo declaró infundado, al señalar la responsable que tales circunstancias no se hicieron valer hasta antes de que se dictara la resolución definitiva y ante lo cual, constituía un argumento ajeno al procedimiento sobre el cual no podía resolver al no haber sido materia del procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado. Incluso, la responsable en torno al agravio relativo a la violación del artículo 40 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado, de que se dolió el recurrente porque indicó que no apertura término probatorio; se declaró infundado por la responsable, sustentando su conclusión en que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado, solo establece que una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes sin más trámite se dictara la resolución respectiva y en ese sentido no existía violación al artículo 40 del ordenamiento citado. De este modo, las consideraciones anotadas en párrafos precedentes, ponen de manifiesto que la responsable al emitir la resolución reclamada fundó y motivó la resolución reclamada, en tanto que señaló los preceptos legales y razones particulares por las que declaró infundados e inoperantes los agravios formulados y ante lo cual, no resulta violatoria de los derechos humanos del quejoso. Por otra parte, añade el quejoso en los conceptos de violación, que la responsable otorgó legitimación a la denunciante Esperanza Ávila Guerrero para promover el juicio de nulidad, no obstante que el acta de nacimiento de ésta fue anulada por haberse registrado en dos ocasiones y al no existir registro alguno de su nacimiento, debe anularse el juicio sucesorio intestamentario administrativo planteado por la citada Ávila Guerrero. El anterior motivo de disenso deviene inoperante, en tanto que el quejoso no controvierte las consideraciones que la responsable ponderó para emitir la resolución reclamada y ante lo cual debe seguir subsistiendo. En efecto, del contenido de la resolución reclamada de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable declaró infundado el primero de los agravios del recurrente al coincidir con lo resulto por la Dirección de Fraccionamientos, en el sentido de que la acción de nulidad demandada resultaba extemporánea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, de ahí que, resultaba innecesario que se analizaran todas las peticiones formuladas, incluso las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes. Además, en cuanto al diverso agravio señalado por el recurrente en el sentido de que la fecha de conocimiento de la causa penal instaurada en contra de Manuel Ávila Guerrero, en la que participo como fiador, no podía tomarse en cuenta para la prescripción de su derecho de la acción de nulidad, porque dijo el recurrente que no fue parte en el citado proceso; la responsable lo declaró inoperante, pues dijo que esas circunstancias no se hicieron valer por el recurrente hasta antes de que se dictara la resolución definitiva, por lo que constituía un argumento ajeno al procedimiento que al no haber sido materia del procedimiento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, no podía analizarlo. Además, la responsable declaró infundado el agravio que el recurrente se hizo consistir en la violación al artículo 40 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado, por no disponer término probatorio en el procedimiento, pues señaló que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado, solo establece que una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, sin más trámite se dictara la resolución respectiva y en ese sentido no existía violación al artículo 40 del ordenamiento citado. Sin embargo, el quejoso en los conceptos de violación, no controvierte las consideraciones que sustentan la resolución reclamada. Es así, dado que sólo se concreta a indicar que la responsable otorgó legitimación a la denunciante Esperanza Ávila Guerrero para promover el juicio de nulidad, sin tomar en cuenta que el acta de nacimiento de ésta fue anulada por haberse registrado en dos ocasiones, por lo que al no existir registro alguno de su nacimiento, debía anularse el juicio sucesorio intestamentario administrativo planteado por la citada Ávila Guerrero. De lo anterior se observa que el quejoso en modo alguno impugna o controvierte los motivos de la confirmación de la resolución recurrida en revisión y relativos a que la acción de nulidad promovida se encontraba prescrita por haberla hecho valer fuera del término de seis meses establecido en el artículo 135 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado; que el argumento de la fecha del conocimiento del procedimiento afectado de nulidad e impugnado, no se había hecho valer en su momento para que fuera analizado; incluso, que el procedimiento de nulidad se resolvió en términos del artículo 138 de la ley mencionada, que disponía que desahogadas las pruebas se emitiera la respectiva resolución y por lo cual no había violación al artículo 40 del ordenamiento antes citado. De ahí que, al no atacar el quejoso los fundamentos del acto reclamado, es como se indica que sus conceptos de agravio resultan inoperantes. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS. Existen dos casos en los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en una demanda de amparo directo, promovida en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, dictada por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: el primero de ellos se presenta cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no se enderezan a atacar ninguno de los fundamentos del fallo reclamado, por lo que resulta obvia la inoperancia de los mismos; el segundo, cuando en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen el acto materia de amparo, pero se dejan firmes otros, siendo inútil el estudio de los conceptos propuestos en la demanda de garantías, ya que aun y cuando resultaran fundados, dada la naturaleza del acto reclamado, sería imposible conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para revocar el sentido de la resolución impugnada. Debe hacerse la aclaración de que si dentro de los conceptos propuestos existiere alguno de carácter formal, como pudiera ser la falta de estudio de algunos puntos de la litis, sí es posible conceder el amparo para efectos de subsanar la violación formal de que se trate ya que este tipo de conceptos aun y cuando no se dirigen a los argumentos sustentadores del fallo, hacen notar vicios formales de la resolución reclamada." Por tanto, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación analizados y no existir motivo de queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, resulta procedente negar la protección de la justicia Federal solicitada por J. Refugio Ávila Guerrero. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Refugio Ávila Guerrero, contra la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en el procedimiento administrativo 1441/2016. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, hoy seis de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe..."

  4. Principal

    El quince de noviembre de dos mil dieciocho, la suscrita Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifica: Que ********************y******************** cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 22769. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, firmado por********************, en su carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada en el presente juicio de amparo. Ahora, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 del citado ordenamiento legal, téngase a la promovente formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos con los cuales se ordena dar nueva cuenta en la etapa correspondiente dentro de la audiencia constitucional que al efecto se celebre en el expediente en que se actúa. A su vez, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la citada ley a ********************y********************, toda vez que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. EMVG

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