J. Refugio Arturo Rivas Jáquez

Expediente 961/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
961/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2018

Partes del expediente

  • J. Refugio Arturo Rivas Jáquez

Actuaciones

  1. Principal

    El dieciséis de abril de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, transcurrió del nueve al trece de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, tomando con consideración que en el expediente en que se actúa obran agregados documentos originales que fueron exhibidos con la demanda de garantías con que se formó el presente expediente, por tanto, requiérase al promovente del amparo para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado debidamente identificado con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que recoja dicha constancia; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, tal documento será destruido al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTRO DE 16 DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "El dieciséis de abril de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, transcurrió del nueve al trece de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, tomando con consideración que en el expediente en que se actúa obran agregados documentos originales que fueron exhibidos con la demanda de garantías con que se formó el presente expediente, por tanto, requiérase al promovente del amparo para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado debidamente identificado con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que recoja dicha constancia; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, tal documento será destruido al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE 16 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y DEL AUTO DE 22 DE MARZO DE 2018, DICTADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo." "San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 928/2017, promovido por Edgar Johan Hernández Cháirez, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis [foja 16], en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Edgar Johan Hernández Cháirez promovió amparo directo contra la autoridad responsable y acto reclamado siguiente: Autoridad responsable: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 239/2011, mediante la cual se niega el beneficio de la libertad anticipada a través de los beneficios de la suspensión condicional de la condena y el de la conmutación de la pena. La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 1, 14, 16, 17, 19, 20, apartado A, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis [foja 27], la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, tuvo por recibida la demanda de garantías, ordenó emplazar a la parte tercero interesada, remitir los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, y, rindió su informe justificado [foja 14]. TERCERO [Declina competencia]. Mediante resolución de once de octubre de dos mil diecisiete [fojas 3 a 11], el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 1/2017, por considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio y ordenó el envío del expediente al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno. CUARTO [Admisión de la demanda]. Por razón de turno correspondió conocer del juicio al Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete [fojas 64 a 67], registró el juicio con el número 928/2017 y admitió a trámite la demanda de garantías; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, conforme al acta que obra a foja 99. QUINTO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 22/2018 de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 928/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. SEXTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 143/2018-III, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el toca penal 88/2016, en la que se confirmó la resolución de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento de ejecución 131/2012, por la Juez de Sanciones del Estado de Zacatecas, en la que se negó al quejoso los beneficios solicitados de remisión parcial de la pena y libertad condicional, al haber sido sentenciado el quejoso por el delito de secuestro, previsto y sancionado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro [fojas 84 a 91 del tomo II]. Acto que reclama a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto que se le reclama a la Sala de su adscripción [foja 14]. Certeza que se corrobora con el original toca penal 88/2016 [en el que obra un disco compacto a foja 45], la carpeta judicial 131/2012, un cuadernillo de embargo, y quince discos compactos remitidos por el referido Magistrado, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO [Estudio de fondo]. Al no advertir que se actualice alguna causa de improcedencia o que las partes las hayan hecho valer, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. El solicitante del amparo expresó los conceptos de violación que enseguida se sintetizan: I. Que la resolución reclamada resulta violatoria del artículo 18 constitucional, porque no se le concede acceder a su derecho de reinserción social, al negársele el beneficio de remisión parcial de la pena. II. Que la autoridad responsable pierde de vista que ha cumplido a cabalidad con los requisitos para obtener su libertad de manera anticipada y ha modificado sus rasgos de personalidad criminal y con ello ha logrado el objetivo de reinserción social. III. Que la autoridad responsable conculca sus garantías individuales, al aplicar el criterio jurisprudencial identificado con el número 8/2015, porque atenta directamente contra su derecho de obtener anticipadamente su libertad. QUINTO [Análisis sistemático de los conceptos de violación]. Los motivos de inconformidad antes sintetizados, son infundados, los cuales serán analizados de manera conjunta dada la estrecha relación entre ellos. Para sostener lo anterior, resulta necesario transcribir lo que dispone el segundo párrafo del artículo 18 constitucional: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". El precepto transcrito, prevé que el sistema penitenciario busca la reintegración del sentenciado a la vida en sociedad, a través de los diversos medios establecidos para tal efecto, en términos de la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2012511 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXI/2016 (10a.) Página: 509 REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto; en principio, se consideró que el autor del delito era una persona degenerada, de ahí que la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración; en un segundo momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que requería de una readaptación, en ambos casos debía ser objeto de tratamiento; mientras que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente, básicamente resultaron en: i) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; ii) El abandono del término "delincuente"; iii) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La inclusión de un objetivo adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir"; y, v) La adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del Constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo "reinserción" o "reintegración" a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a raíz de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido reconocida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la reinserción social del individuo, antes que en su regeneración o readaptación. Cabe precisar que el artículo 18 Constitucional, establece que las actividades y programas que se implementen en los centros penitenciarios deben ser idóneos para permitir a las personas condenadas a pena de prisión su regreso a la sociedad, pues, como se expuso en la tesis citada, tal cometido no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como una atención de la salud, la educación y el deporte. Sin embargo de dicha finalidad no se sigue que el derecho fundamental de reinserción implique la libertad anticipada de manera necesaria, pues debe entenderse que la reinserción debe buscarse durante todo el tiempo que dure la pena, pero no que ésta pueda reducirse en virtud de aquélla. Esto es así, pues no se establece que la reinserción del reo incida en la duración de la pena; por el contrario, se dispone que, como parte de tal prerrogativa, deben observarse los beneficios que en favor del sentenciado marque la ley. De tal suerte que debe remitirse a la ley secundaria para la configuración de los requisitos que regulen tales prerrogativas, sin que se establezca una directriz particular que incida en dichos beneficios. Por tanto, el principio de reinserción social contenido en el artículo 18 constitucional únicamente conlleva la obligación de que el conjunto de actividades y programas del sistema penitenciario tengan como objetivo y sean eficaces para regresar al sentenciado a la vida en sociedad. En ese contexto, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 19. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian: I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión; II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento; III. El sentenciado sea primodelincuente; IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación; V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad judicial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando; VII. Cuente con fiador, y VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos". Del precepto anterior se deduce la prohibición expresa de que los sentenciados por los delitos sancionados por la citada ley puedan obtener los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena; salvo que se trate de quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestro y para la localización y liberación de las víctimas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Lo expuesto implica que el legislador ordinario estableció un régimen especial en relación con los beneficios de libertad para los sentenciados por delitos en materia de secuestro. En consecuencia, es posible advertir que se consideró que las personas citadas debían ser sancionadas de manera más severa por la naturaleza de los ilícitos cometidos, lo que revela un doble propósito: desincentivar que se realicen las conductas mencionadas [secuestro] y que exista certeza de que la condena se cumpla en su integridad. Lo anterior es acorde con el artículo 18 constitucional, ya que debe entenderse que se consideró que las condenas por los delitos de secuestro eran el tiempo mínimo indispensable para lograr la reinserción social de los sentenciados. Por tanto, el derecho de reinserción se respeta en la medida en que, durante todo el tiempo de la pena, el sistema penitenciario busque la reintegración del sentenciado, pero, como se consideró, la prerrogativa mencionada no puede modificar la duración de aquélla. En consecuencia, los sentenciados por delitos en materia de secuestro no pueden acceder a los referidos beneficios, salvo los supuestos expresamente previstos en la ley de la materia. En el caso, se advierte que el quejoso fue sentenciado, por el delito de secuestro, en términos del artículo 9, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro [fojas 53 a 62, del tomo I]. Por tanto, en términos del artículo 19 de la legislación citada, no puede acceder a los beneficios que impliquen la reducción de la condena. Lo anterior es así, pues no existe constancia de que el sentenciado haya colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas ni que, en ese supuesto, cumpla con los requisitos establecidos para gozar de los beneficios en comento; porque la pretensión del quejoso se concretó en la obtención de los beneficios en virtud del derecho de reinserción social. En consecuencia, contrariamente a lo alegado, resulta correcto que en la resolución reclamada se haya confirmado la negativa de la libertad anticipada solicitada, porque es evidente que tal beneficio resulta improcedente, al tratarse de un delito en materia de secuestro. Además, si bien lo anterior implica un trato diferenciado frente a otro tipo de ilícitos, no resulta en sí mismo discriminatorio, porque se utiliza como parámetro de distinción la naturaleza de los delitos involucrados, sostener lo contrario implicaría que todos los delitos debieran sancionarse en iguales términos y magnitud, lo que evidentemente resultaría un contrasentido, ya que se trata de conductas con diferente impacto en la sociedad. Por tanto, lo relevante es que la Ley que sanciona los ilícitos de secuestro trata igual a todos los sentenciados por delitos de la misma materia, es decir, a los que se encuentran en igualdad de condiciones. Así pues, no es posible que a la luz del derecho de reinserción se libere anticipadamente al aquí quejoso, porque existe una ley especial que prohíbe expresamente tal beneficio y la prerrogativa alegada, no implica que la condena necesariamente deba reducirse, al estar sujetos dichos beneficios a lo que se establezca en la ley secundaria. Entonces, el hecho de que no se reduzca la condena materia del acto reclamado no implica trasgresión al artículo 18 constitucional, en la medida en que debe entenderse que en toda su duración se buscará la reinserción social del quejoso. De ahí que, aun cuando el quejoso haya justificado que sus rasgos delictivos se modificaron y que cumplió con los programas establecidos en el centro carcelario donde se encuentra, esas circunstancias son insuficientes para otorgarle el beneficio que pretende, pues por las razones que se precisaron con anterioridad, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la prohibición de otorgar algún beneficio de libertad anticipada a los sentenciados que fueron encontrados responsables de cometer el delito de secuestro, como sucede con el quejoso. Además, en términos del artículo 18 Constitucional, dentro de la reinserción de los sentenciados está la de ser capacitados durante el tiempo que compurguen la sanción impuesta a fin de que en su momento, puedan ser reintegrados a la sociedad; de ahí que la capacitación que haya tomado le es benéfica para el momento que obtenga su libertad. Tampoco es violatorio de garantías que la Sala responsable haya apoyado su determinación en la jurisprudencia de rubro "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL" [Época: Décima Época, Registro: 2011135, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: PC.I.P. J/20 P (10a.), Página: 1732], pues en dicho criterio se analizó que era improcedente otorgar el beneficio de remisión parcial de la pena, puesto que la Ley que sanciona los delitos de secuestro, contiene prohibición expresa de otorgarlos, lo que en el caso se actualiza, de ahí que su aplicación no se considere violatoria de garantías, como erróneamente lo refiere el quejoso. En las relacionadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edgar Johan Hernández Cháirez, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Pedro Arroyo Soto, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ante el licenciado Raúl Antonio Herrera Herrera, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe."

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27 DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "CUENTA. El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Manuel Galindo Casillas, quien comparece en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas para actos de administración de la Sociedad Mercantil denominada "Grupo Gasolinero Rivas" Sociedad Anónima de Capital Variable y como apoderado general para pleitos y cobranzas de J. Refugio Arturo Rivas Jáquez registrada con el folio 6367 con anexos y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Galindo Casillas, quien comparece en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas para actos de administración de la Sociedad Mercantil denominada "Grupo Gasolinero Rivas" Sociedad Anónima de Capital Variable y como apoderado general para pleitos y cobranzas de J. Refugio Arturo Rivas Jáquez (personalidad que acredita con la copia certificada de los instrumentos notariales que contienen las escrituras públicas números veintidós mil setecientos cuarenta y nueve de doce de septiembre de dos mil doce y veintitrés mil sesenta y dos, de doce de abril de dos mil trece), contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad.; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 961/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: La determinación emitida en uno de marzo del año en curso, durante el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora en el juicio laboral 551/III/2017, en la que no se le reconoció la personalidad al ahora promovente como representante legal de la parte demanda Grupo Gasolinero Rivas, Sociedad Anónima de Capital Variable para desahogar dicha prueba y se le tuvo por confeso a J. Refugio Arturo Rivas Jáquez de las posiciones que formuló el apoderado legal de la parte actora. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario, de los cuales, el primero textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, como se precisó, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye el acuerdo de uno de marzo del año en curso, durante el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora en el juicio laboral 551/III/2017, en la que no se le reconoció la personalidad al ahora promovente como representante legal de la parte demandada Grupo Gasolinero Rivas, Sociedad Anónima de Capital Variable para desahogar dicha prueba y se le tuvo por confeso a J. Refugio Arturo Rivas Jáquez de las aludidas posiciones que formuló el apoderado legal de la parte actora. En esa línea, el acuerdo reclamado, por sí solo, únicamente tiene efectos procesales, ya que en éste por una parte, no se le reconoció la personalidad al promovente como representante legal de la persona moral demandada Grupo Gasolinero Rivas, Sociedad Anónima de Capital Variable para absolver las posiciones ofrecidas por el apoderado legal de la parte actora y, por otra, se tuvo a J. Refugio Arturo Rivas Jáquez por confeso de las posiciones antes aludidas; lo que pone de manifiesto que dicha determinación no constituye un acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, toda vez que no produce una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasiona una lesión jurídica formal o adjetiva, que de trascender al resultado del fallo de donde emana el acto que aquí se reclama, estará en aptitud de impugnarla vía amparo directo. Se estima así, en razón de que en el proveído reclamado la responsable no le reconoció la personalidad al promovente como representante legal de la empresa moral demandada y, por otra, se tuvo a J. Refugio Arturo Rivas Jáquez, por confeso de las posiciones fomuladas por el apoderado legal de la parte actora. A la luz de los anterior, este Juzgador sostiene que el acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 551/III/2017 reclamado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una determinación autónoma al procedimiento, toda vez que se presentan dentro de éste, esto es, que únicamente involucra el derecho de defensa de las partes en el juicio laboral. En síntesis, la multicitada determinación constitutiva del acto reclamado no tiene en la solicitante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte la sentencia respectiva. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues los autos reclamados no afectan los derechos fundamentales que a favor del quejoso tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LAS CUESTIONES ATINENTES A SU FALTA POR ALGUNA DE LAS PARTES, AL SER UN TEMA DE NATURALEZA ADJETIVA QUE NO PUEDE IMPUGNARSE CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIONES V Y VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la regla general de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, en su fracción VIII el legislador contempló como única hipótesis de excepción para la procedencia del juicio biinstancial, en tratándose de violaciones formales cometidas en juicio, aquellos actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o conocimiento del asunto. Por tanto, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto promovido contra cuestiones atinentes a la falta de personalidad de las partes en un juicio laboral es improcedente, por tratarse de un tema de naturaleza adjetiva que no puede impugnarse conforme a las citadas fracciones, por no haber sido establecida expresamente por el legislador como norma de excepción, pues, es un principio de interpretación generalmente aceptado, que las normas de excepción son de aplicación estricta. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Manuel Galindo Casillas, quien comparece en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas para actos de administración de la Sociedad Mercantil denominada "Grupo Gasolinero Rivas" Sociedad Anónima de Capital Variable y como apoderado general de pleitos y cobranzas de J. Refugio Arturo Rivas Jáquez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para tal fin el ubicado en calle Guillermo Rubio número cuatrocientos diez "A" (410-A), fraccionamiento Periodistas, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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