J. Marcos Echeverria Medellín

Expediente 360/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
360/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2019

Partes del expediente

  • J. Marcos Echeverria Medellín

Actuaciones

  1. Principal

    El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del nueve al quince de mayo del año en curso, con exclusión de los días once y doce del mes y año en curso por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    CUENTA. El treinta de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Escrito de demanda de derechos suscrita por J. Marcos Echeverría Medellín y/o José Marcos Echeverría Medellín, registrado con el folio 5570 y ocho copias que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Hilario Félix Rodarte Cabrera (2426742) y Alejandro Rodarte Sánchez (10889633) cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de abril de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por J. Marcos Echeverría Medellín y/o José Marcos Echeverría Medellín, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 360/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad ordenadora: Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital. Actos reclamados: De la autoridad señalada como responsable, reclamo los autos emitidos de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019), y publicados el día veintitrés (23) del mismo mes y año, dictado dentro del Juicio Civil Ordinario marcado con el número 360/2016, en el que se ejercita Acción Contradictoria Declarativa de Propiedad por Prescripción Positiva, tramitado por Juan Dávila Olvera, en contra del suscrito J. MARCOS ECHEVERRIA MEDELLIN Y/O JOSE MARCOS ECHEVERRIA MEDELLIN, y NICOLAS LOPEZ GUERRERO, y que de los referidos autos se desprende la violación en mi perjuicio las garantías individuales de audiencia, legalidad y debido proceso, que se consagran en los artículos 14, y 16, de la Constitución General de la República. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto es procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por J. Marcos Echeverría Medellín y/o José Marcos Echeverría Medellín, por su propio derecho, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo se reproduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, conforme al cual, previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados; por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; b) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, d) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. A su vez el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas determina lo siguiente: "Artículo 367. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que la dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles". Del precepto transcrito, se obtiene que los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o que los substituya, sin hacer distinción sobre el momento procesal en que se emitan, es decir, es aplicable para los autos dictados dentro del juicio o bien concluido este, siempre que la ley no establezca de manera expresa la procedencia de otro recurso, o bien, que no sean recurribles. Como se indicó, los actos reclamados se hacen consistir en los autos de veintidós de abril de dos mil diecinueve, derivados del juicio de civil ordinario en el que se ejercita acción contradictoria declarativa de propiedad por prescripción positiva número 360/2016, dictado por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital. En el primero, el juez responsable determinó la no admisión de los incidentes de nulidad de actuaciones en contra del diverso auto de veintisiete de marzo del presente año, por el que se declaró abierto el periodo de alegatos, ni el diverso de suspensión de procedimiento del juicio de origen; y en el segundo auto, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, suspendiéndose el impulso procesal hasta en tanto se dicte de acuerdo con el artículo 334, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Sin embargo, contra dichas determinaciones procede el recurso de revocación, en términos del artículo 367, del citado ordenamiento, pues no se encuentra establecido de manera expresa la procedencia de diverso medio de impugnación, de ahí que el solicitante del amparo, previo a la promoción del juicio constitucional, debió agotar ese medio de impugnación. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso no es tercero extraño al juicio natural, pues compareció a éste en su calidad de demandado. Los autos reclamados no importan riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Los actos reclamados no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Aunado a lo anterior, se surte de manera notoria la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; . Así también, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de que se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo al inciso b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional), o que cuyos efectos sean de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo). En tales condiciones, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre la base de datos previamente referida, se tiene que en la especie, de un atento análisis de la demanda que se provee, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu. Como se precisó, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia número 189, publicada en el del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 154, de Registro 205651 , con el epígrafe y sinopsis siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia número V.2o. J/68, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 66, Junio de 1993, página 46, de Registro 216131, que establece lo siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito". Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en los autos de veintidós de abril de dos mil diecinueve, derivados del juicio de civil ordinario en el que se ejercita acción contradictoria declarativa de propiedad por prescripción positiva número 360/2016, dictado por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, en el primero, el juez responsable determinó la no admisión de los incidentes de nulidad de actuaciones en contra del diverso auto de veintisiete de marzo del presente año, por el que se declaró abierto el periodo de alegatos, así como la no admisión del incidente de suspensión de procedimiento del juicio de origen; y en el segundo auto, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, suspendiéndose el impulso procesal hasta en tanto se dicte. De lo antes expuesto, resulta evidente, que con las determinaciones que se reclaman en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Lo anterior, porque si bien la autoridad responsable declaró improcedente los incidentes de nulidad de actuaciones y de suspensión de procedimiento, por las razones y fundamentos que se señalaron en el auto reclamado, el único efecto que produce consiste en violaciones intraprocesales, en razón de que dichas determinaciones no pueden considerarse como actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento. Lo anterior es así, toda vez que la determinación en la que se declararon de improcedentes los incidentes de nulidad de actuaciones y de suspensión de procedimiento, se trata de violaciones procesales, en los términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que consigna como violaciones formales, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Por ende, no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino que de resultar desfavorable a sus intereses la resolución que se pronuncie en la sentencia definitiva que en el juicio natural se pronuncie, debe hacer valer la cuestión como concepto de violación al invocar las violaciones en el juicio de amparo directo contra la mencionada sentencia. En este sentido, se puede afirmar que dicho acto reclamado en la demanda que se provee, no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior se afirma, toda vez que dicho acto no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa, sino que sus efectos son meramente procesales e inclusive son susceptibles de extinguirse en la sentencia que se dicte si ésta le es favorable a sus intereses, y en caso de que no lo sea, dejaría expedito el derecho de la parte recurrente para alegar la posible violación procedimental en los términos y condiciones prescritos en los artículos 170, 172, fracción V, y 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en el amparo directo que se intente contra dicha determinación. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, de Registro 217166 que establece lo siguiente: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por J. Marcos Echeverría Medellín y/o José Marcos Echeverría Medellín, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia al licenciados Hilario Félix Rodarte Cabrera (2426742) y Alejandro Rodarte Sánchez (10889633), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Zaire número ciento veinticuatro (124), colonia África de Guadalupe, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El treinta de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Escrito de demanda de derechos suscrita por J. Marcos Echeverría Medellín y/o José Marcos Echeverría Medellín, registrado con el folio 5570 y ocho copias que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Hilario Félix Rodarte Cabrera (2426742) y Alejandro Rodarte Sánchez (10889633) cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de abril de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por J. Marcos Echeverría Medellín y/o José Marcos Echeverría Medellín, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 360/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad ordenadora: Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital. Actos reclamados: De la autoridad señalada como responsable, reclamo los autos emitidos de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019), y publicados el día veintitrés (23) del mismo mes y año, dictado dentro del Juicio Civil Ordinario marcado con el número 360/2016, en el que se ejercita Acción Contradictoria Declarativa de Propiedad por Prescripción Positiva, tramitado por Juan Dávila Olvera, en contra del suscrito J. MARCOS ECHEVERRIA MEDELLIN Y/O JOSE MARCOS ECHEVERRIA MEDELLIN, y NICOLAS LOPEZ GUERRERO, y que de los referidos autos se desprende la violación en mi perjuicio las garantías individuales de audiencia, legalidad y debido proceso, que se consagran en los artículos 14, y 16, de la Constitución General de la República. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto es procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por J. Marcos Echeverría Medellín y/o José Marcos Echeverría Medellín, por su propio derecho, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo se reproduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, conforme al cual, previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados; por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; b) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, d) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. A su vez el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas determina lo siguiente: "Artículo 367. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que la dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles". Del precepto transcrito, se obtiene que los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o que los substituya, sin hacer distinción sobre el momento procesal en que se emitan, es decir, es aplicable para los autos dictados dentro del juicio o bien concluido este, siempre que la ley no establezca de manera expresa la procedencia de otro recurso, o bien, que no sean recurribles. Como se indicó, los actos reclamados se hacen consistir en los autos de veintidós de abril de dos mil diecinueve, derivados del juicio de civil ordinario en el que se ejercita acción contradictoria declarativa de propiedad por prescripción positiva número 360/2016, dictado por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital. En el primero, el juez responsable determinó la no admisión de los incidentes de nulidad de actuaciones en contra del diverso auto de veintisiete de marzo del presente año, por el que se declaró abierto el periodo de alegatos, ni el diverso de suspensión de procedimiento del juicio de origen; y en el segundo auto, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, suspendiéndose el impulso procesal hasta en tanto se dicte de acuerdo con el artículo 334, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Sin embargo, contra dichas determinaciones procede el recurso de revocación, en términos del artículo 367, del citado ordenamiento, pues no se encuentra establecido de manera expresa la procedencia de diverso medio de impugnación, de ahí que el solicitante del amparo, previo a la promoción del juicio constitucional, debió agotar ese medio de impugnación. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso no es tercero extraño al juicio natural, pues compareció a éste en su calidad de demandado. Los autos reclamados no importan riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Los actos reclamados no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Aunado a lo anterior, se surte de manera notoria la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; . Así también, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de que se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo al inciso b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional), o que cuyos efectos sean de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo). En tales condiciones, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre la base de datos previamente referida, se tiene que en la especie, de un atento análisis de la demanda que se provee, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu. Como se precisó, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia número 189, publicada en el del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 154, de Registro 205651 , con el epígrafe y sinopsis siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia número V.2o. J/68, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 66, Junio de 1993, página 46, de Registro 216131, que establece lo siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito". Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en los autos de veintidós de abril de dos mil diecinueve, derivados del juicio de civil ordinario en el que se ejercita acción contradictoria declarativa de propiedad por prescripción positiva número 360/2016, dictado por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, en el primero, el juez responsable determinó la no admisión de los incidentes de nulidad de actuaciones en contra del diverso auto de veintisiete de marzo del presente año, por el que se declaró abierto el periodo de alegatos, así como la no admisión del incidente de suspensión de procedimiento del juicio de origen; y en el segundo auto, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, suspendiéndose el impulso procesal hasta en tanto se dicte. De lo antes expuesto, resulta evidente, que con las determinaciones que se reclaman en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Lo anterior, porque si bien la autoridad responsable declaró improcedente los incidentes de nulidad de actuaciones y de suspensión de procedimiento, por las razones y fundamentos que se señalaron en el auto reclamado, el único efecto que produce consiste en violaciones intraprocesales, en razón de que dichas determinaciones no pueden considerarse como actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento. Lo anterior es así, toda vez que la determinación en la que se declararon de improcedentes los incidentes de nulidad de actuaciones y de suspensión de procedimiento, se trata de violaciones procesales, en los términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que consigna como violaciones formales, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Por ende, no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino que de resultar desfavorable a sus intereses la resolución que se pronuncie en la sentencia definitiva que en el juicio natural se pronuncie, debe hacer valer la cuestión como concepto de violación al invocar las violaciones en el juicio de amparo directo contra la mencionada sentencia. En este sentido, se puede afirmar que dicho acto reclamado en la demanda que se provee, no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior se afirma, toda vez que dicho acto no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa, sino que sus efectos son meramente procesales e inclusive son susceptibles de extinguirse en la sentencia que se dicte si ésta le es favorable a sus intereses, y en caso de que no lo sea, dejaría expedito el derecho de la parte recurrente para alegar la posible violación procedimental en los términos y condiciones prescritos en los artículos 170, 172, fracción V, y 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en el amparo directo que se intente contra dicha determinación. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, de Registro 217166 que establece lo siguiente: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por J. Marcos Echeverría Medellín y/o José Marcos Echeverría Medellín, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia al licenciados Hilario Félix Rodarte Cabrera (2426742) y Alejandro Rodarte Sánchez (10889633), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Zaire número ciento veinticuatro (124), colonia África de Guadalupe, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

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