J.Matilde Ortiz de Gante
Expediente 696/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- J.Matilde Ortiz de Gante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 76 a 80), en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Devolución de constancias Finalmente, devuélvase al Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, el original de la causa penal 63/2015, en dos tomos; solicitándose el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (foja 24), se tuvo al Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, rindiendo su respectivo informe justificado, por el cual informó que mediante resolución de cinco de junio del año que transcurre, decretó orden de reaprehensión en contra de J. Matilde Ortiz de Gante, dentro de la causa penal 63/2015 de su índice. Asimismo, mediante oficio 2668, de trece de agosto del año que transcurre (foja 22), la autoridad responsable hizo del conocimiento de este juzgado, que en la data de referencia, ordenó dejar sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión decretada en oficio 2667, de su índice. Además, en proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (foja 50), se tuvo al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, rindiendo su respectivo informe justificado, en el que dicha autoridad informó lo siguiente: Que mediante oficio 2388, de cinco de julio de dos mil diecinueve, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, le notificó el auto de la misma data derivado de los autos del proceso penal 63/2015, por el cual se ordenó girar orden de reaprehensión en contra de J. Matilde Ortiz de Gante -aquí quejosa-. Además, señaló que por oficio 2667, de trece de agosto de dos mil diecinueve, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, hizo de su conocimiento que en atención al acuerdo dictado el trece de agosto del referido año dentro de la causa penal 63/2015, se dejó sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión en comento, toda vez que J. Matilde Ortiz de Gante -aquí quejoso-, compareció a sujetarse a procedimiento bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente derivado del presente juicio de amparo. Precisamente, mediante oficio 2954 de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitió copia certificada de la comparecencia del procesado J. Matilde Ortíz de Gante de trece de agosto de dos mil diecinueve, en la que proveyó dejar sin efecto legal la orden de reaprehensión dictada el cinco de julio de dos mil diecinueve, en contra del referido procesado, y para ello giró oficio al Procurador General de Justicia del Estado, comunicándole dicha circunstancia. Lo que se corrobora con las documentales que allegó el Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, como anexo a su informe justificado (fojas 48 y 49); constancias que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena". Expuesto lo anterior, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; precepto legal que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.].". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: La orden de reaprehensión dictada dentro de la causa penal 63/2015,del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, así como su ejecución. Atento a lo anterior, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Hechas estas precisiones, se arriba a la convicción de que en el caso se actualiza la causal de inerjecitabilidad invocada debido a que mediante auto de trece de trece de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal 63/2015, se dejó sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión girada en contra de J. Matilde Ortiz de Gante -aquí quejoso-; lo anterior, tomando en consideración de que éste compareció a sujetarse a procedimiento bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente derivado del presente juicio de amparo. En consecuencia, válidamente se puede concluir que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada dentro de la causa penal 63/2015, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, así como su ejecución; pues la afectación de la que se dolía el peticionario de amparo desapareció en el instante en que se dejó sin efectos dicha orden con motivo de lo ordenado mediante auto de trece de agosto del año que transcurre dentro de la causa penal de referencia, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que ataca, lo que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce de la garantía violada. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. No se soslaya a lo anterior, que si bien la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, señaló en su respectivo informe justificado que el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, le informó que dejó sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión dictada en contra de J. Matilde Ortiz de Gante -aquí quejoso-, atendiendo a que éste compareció a efecto de sujetarse a procedimiento dentro de la causa penal 63/2015, de su índice, ello bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente derivado del presente juicio de amparo. Al respecto, debe indicarse que este órgano jurisdiccional no otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa a efecto de que el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, dejara insubsistente el mandamiento de captura de trece de mayo de dos mil diecinueve, por lo que su actuar fue motu proprio, es decir, dejó insubsistente la orden de reaprehensión decretada en su contra mediante oficio 2667 de su índice, por su propia voluntad, sino que los efectos se constreñían únicamente a la comparecencia del procesado ante la autoridad judicial y continuar el procedimiento incoado en su contra, como se aprecia en la siguiente transcripción: ".Con fundamento en el artículo 166, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL al quejoso, para el efecto de que no se ejecute la orden de reprehensión que reclama, esto es, para que no se le prive de su libertad con motivo de la orden de mérito, hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se debe o no conceder la suspensión definitiva siempre y cuando se trate de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa y no se haya ejecutado la mencionada orden. En el entendido de que si la sanción que corresponde al delito atribuido al quejoso por el que se dictó la orden que se reclama, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley ameriten prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que al ser reaprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que deba ser recluido y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.." Además, mediante resolución de dieciséis de agosto del año que transcurre, relativa a la suspensión definitiva, dictada en autos del incidente que deriva del presente juicio de amparo se resolvió declarar sin materia el mismo atendiendo a lo expuesto en los párrafos que anteceden. No pasa inadvertido para este juzgado que no se emplazó al presente juicio de amparo a la tercera interesada Ofelia Estudillo Bernal por conducto de Juan Jurado Michicol; sin embargo, resulta innecesario proseguir con las gestiones del referido emplazamiento, ello, dado el sentido de la presente determinación, toda vez que no le causa ningún perjuicio. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 349, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del apéndice de 1995, cuyo título y contenido es: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.". Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercero interesada Bernardo Bravo Martínez en representación de Alan Bravo Ramírez , el contenido del proveido de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve: Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (foja 24), se tuvo al Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, rindiendo su respectivo informe justificado, por el cual informó que mediante resolución de cinco de junio del año que transcurre, decretó orden de reaprehensión en contra de J. Matilde Ortiz de Gante, dentro de la causa penal 63/2015 de su índice. Asimismo, mediante oficio 2668, de trece de agosto del año que transcurre (foja 22), la autoridad responsable hizo del conocimiento de este juzgado, que en la data de referencia, ordenó dejar sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión decretada en oficio 2667, de su índice. Además, en proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (foja 50), se tuvo al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, rindiendo su respectivo informe justificado, en el que dicha autoridad informó lo siguiente: Que mediante oficio 2388, de cinco de julio de dos mil diecinueve, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, le notificó el auto de la misma data derivado de los autos del proceso penal 63/2015, por el cual se ordenó girar orden de reaprehensión en contra de J. Matilde Ortiz de Gante -aquí quejosa-. Además, señaló que por oficio 2667, de trece de agosto de dos mil diecinueve, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, hizo de su conocimiento que en atención al acuerdo dictado el trece de agosto del referido año dentro de la causa penal 63/2015, se dejó sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión en comento, toda vez que J. Matilde Ortiz de Gante -aquí quejoso-, compareció a sujetarse a procedimiento bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente derivado del presente juicio de amparo. Precisamente, mediante oficio 2954 de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitió copia certificada de la comparecencia del procesado J. Matilde Ortíz de Gante de trece de agosto de dos mil diecinueve, en la que proveyó dejar sin efecto legal la orden de reaprehensión dictada el cinco de julio de dos mil diecinueve, en contra del referido procesado, y para ello giró oficio al Procurador General de Justicia del Estado, comunicándole dicha circunstancia. Lo que se corrobora con las documentales que allegó el Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, como anexo a su informe justificado (fojas 48 y 49); constancias que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena". Expuesto lo anterior, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; precepto legal que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.].". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: La orden de reaprehensión dictada dentro de la causa penal 63/2015,del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, así como su ejecución. Atento a lo anterior, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Hechas estas precisiones, se arriba a la convicción de que en el caso se actualiza la causal de inerjecitabilidad invocada debido a que mediante auto de trece de trece de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal 63/2015, se dejó sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión girada en contra de J. Matilde Ortiz de Gante -aquí quejoso-; lo anterior, tomando en consideración de que éste compareció a sujetarse a procedimiento bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente derivado del presente juicio de amparo. En consecuencia, válidamente se puede concluir que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada dentro de la causa penal 63/2015, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, así como su ejecución; pues la afectación de la que se dolía el peticionario de amparo desapareció en el instante en que se dejó sin efectos dicha orden con motivo de lo ordenado mediante auto de trece de agosto del año que transcurre dentro de la causa penal de referencia, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que ataca, lo que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce de la garantía violada. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. No se soslaya a lo anterior, que si bien la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, señaló en su respectivo informe justificado que el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, le informó que dejó sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión dictada en contra de J. Matilde Ortiz de Gante -aquí quejoso-, atendiendo a que éste compareció a efecto de sujetarse a procedimiento dentro de la causa penal 63/2015, de su índice, ello bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente derivado del presente juicio de amparo. Al respecto, debe indicarse que este órgano jurisdiccional no otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa a efecto de que el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, dejara insubsistente el mandamiento de captura de trece de mayo de dos mil diecinueve, por lo que su actuar fue motu proprio, es decir, dejó insubsistente la orden de reaprehensión decretada en su contra mediante oficio 2667 de su índice, por su propia voluntad, sino que los efectos se constreñían únicamente a la comparecencia del procesado ante la autoridad judicial y continuar el procedimiento incoado en su contra, como se aprecia en la siguiente transcripción: ".Con fundamento en el artículo 166, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL al quejoso, para el efecto de que no se ejecute la orden de reprehensión que reclama, esto es, para que no se le prive de su libertad con motivo de la orden de mérito, hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se debe o no conceder la suspensión definitiva siempre y cuando se trate de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa y no se haya ejecutado la mencionada orden. En el entendido de que si la sanción que corresponde al delito atribuido al quejoso por el que se dictó la orden que se reclama, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley ameriten prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que al ser reaprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que deba ser recluido y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.." Además, mediante resolución de dieciséis de agosto del año que transcurre, relativa a la suspensión definitiva, dictada en autos del incidente que deriva del presente juicio de amparo se resolvió declarar sin materia el mismo atendiendo a lo expuesto en los párrafos que anteceden. No pasa inadvertido para este juzgado que no se emplazó al presente juicio de amparo a la tercera interesada Ofelia Estudillo Bernal por conducto de Juan Jurado Michicol; sin embargo, resulta innecesario proseguir con las gestiones del referido emplazamiento, ello, dado el sentido de la presente determinación, toda vez que no le causa ningún perjuicio. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 349, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del apéndice de 1995, cuyo título y contenido es: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.". Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Se apersona tercero interesado. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Bernardino Bravo Martínez en representación de Alan Bravo Ramírez; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose con el carácter de tercero interesado. Domicilio y autorizados del tercero interesado. Asimismo, como lo solicita se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Contreras Paredes y Cristal Zapotitla Morales, por contar con Registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Vanessa Varela Durán, por no contar con dicho requisito, y respecto del domicilio que señala, téngase como tal el ubicado en: Avenida Hidalgo Sur, número trescientos tres (303) Altos, Interior trescientos cinco (305), del Edificio Torre de Apizaco, Colonia Centro, Municipio de Apizaco, Tlaxcala.
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