J. Matilde Ortiz de Gante

Expediente 1147/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1147/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • J. Matilde Ortiz de Gante

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte promovente el contenido del acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa dice: Agréguese a los autos el escrito signado por J. Matilde Ortiz de Gante, a través del cual desahoga la prevención que le fue formulada en proveído de siete de octubre de dos mil dieciséis. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Así como con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En principio, se precisa que el promovente reclama: La resolución interlocutoria de siete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, dentro de los autos del proceso 63/2015, del índice del Juzgado responsable. Por lo antes expuesto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 170, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, cuando surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la resolución definitiva. Lo anterior denota que en el juicio de amparo directo podrán reclamarse, actos que sean de reparación posible, ya sea porque no afecten derechos sustantivos, o porque se trate de violaciones procesales que no sean relevantes, lo que interpretado en sentido contrario revela que podrán impugnarse en el amparo biinstancial los actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, ya sea por afectar derechos sustantivos o, por constituir violaciones procesales relevantes. Por tanto, la interpretación sistemática de ambas porciones normativas revela que el legislador ordinario ha dispuesto que el juicio de amparo indirecto sea el medio de control constitucional que los gobernados tengan al alcance a fin de controvertir los actos dictados dentro de juicio que tengan una ejecución irreparable, ya sea que: Afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o, Constituyan violaciones procesales relevantes. En esos términos, si bien en la Ley de Amparo vigente el legislador introdujo la expresión novedosa "violaciones procesales relevantes", lo cierto es que tal expresión corresponde a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había instituido en la jurisprudencia como "violaciones procesales en el juicio que afectan a las partes en grado predominante o superior". En consecuencia, se estima que la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, cuarto párrafo, ambos aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualizará sólo cuando el acto que se impugne a través del juicio constitucional no afecte derechos sustantivos de las partes previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni constituya una violación procesal relevante, entendiéndose por ésta, lo que el Alto Tribunal anteriormente denominó como una violación procesal en grado predominante o superior. Son ilustrativos al caso los criterios sustentados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 9 y 10, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2004, de la siguiente manera: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Expuesto lo anterior, debe decirse como consideración previa que en materia penal el "juicio para efectos del amparo" se inicia con el ejercicio de la acción penal y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada; todos los actos procesales verificados en el período comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse "actos dentro de juicio". Desde esta perspectiva, los "actos dentro de juicio", por regla general, sólo pueden reclamarse en amparo directo, hasta que se promueva el juicio de garantías contra la sentencia definitiva, es decir, hasta que se promueva un amparo directo, y allí podrán reclamarse los actos dentro de juicio como violaciones procesales, pero siempre y cuando hayan afectado las defensas del quejoso y hayan trascendido al resultado del fallo. De manera excepcional los actos verificados "dentro de juicio" pueden reclamarse en amparo indirecto, tal como se prevé en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) de la Constitución Federal y en el numeral 107, fracciones V y VI de la Ley de Amparo; esto es, si se trata de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas del quejoso, o bien, si el amparo es pedido por un tercero extraño. Ahora, respecto de los "actos dentro de juicio" que tienen ejecución de imposible reparación, el Tribunal Pleno ha resuelto que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto se actualiza cuando se genera una afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, en virtud que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra sustento en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intocada la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Asimismo, para mejor comprensión, del análisis de la demanda de amparo promovida, específicamente de las resolución que reclama la parte quejosa, la cual fue recibida en proveído de catorce del mes y año en curso, en primer término se advierte que la resolución interlocutoria de siete de septiembre de dos mil dieciséis, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, dentro de los autos del proceso 63/2015, del índice del Juzgado responsable, fue promovido en contra del auto de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictado en dicha causa penal, en el que admitió como prueba la copia certificada del expediente laboral de Luciana Isabel Saldaña Hernández, quien fungió como Fiscal Investigador en la Averiguación Previa 30/2015/HUAM-3. Por lo que sentado lo anterior, cabe recordar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consiste en la resolución interlocutoria de siete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se resuelve el recurso de revocación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, dentro de los autos del proceso 63/2015, del índice del Juzgado responsable, de lo que obtiene que el acto combatido no tiene la característica de ejecución irreparable porque tal acto, per se, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso, porque no afecta de modo inmediato derechos de carácter sustantivo, como son los que se contienen en los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales. Ello es así, pues dicha resolución no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ni sus consecuencias ocasiona en el quejoso una afectación en grado predominante o superior, pues se trata de actos meramente procesales o formales que no ocasionan un perjuicio de imposible reparación Además, no produce al recurrente una afectación en grado predominante o superior, pues sus efectos son meramente formales y desaparecen si el promovente del amparo obtiene resolución favorable a sus intereses. Entonces, se colige que el acto reclamado no reviste la característica de una violación de derechos sustantivos constitucionales, pues se refiere a aspectos esencialmente procesales, sin producir una afectación en grado predominante o superior. Así, la materia del auto reclamado es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales; además, cabe precisar que tal auto -desechamiento de prueba- no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues tal violación procesal sería reclamable en amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 173, fracción XIX, inciso b) de la Ley de Amparo, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. En tales condiciones, debe reiterarse que la resolución de siete de septiembre de dos mil dieciséis, por la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de doce de agosto del año en curso, en la causa penal 63/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con sede en Apizaco, Estado de Tlaxcala, no constituye un acto de imposible reparación, dado que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, pues tales violaciones pueden ser reparadas si la sentencia que se llegue a dictar en la contienda penal del cual emana el acto reclamado le es favorable a sus intereses. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-, toda vez que los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, dado que por una parte, no tienen repercusión en algún derecho fundamental, y por otra, tampoco afecta en grado predominante o superior a las partes, que hiciera procedente por excepción su reclamación a través del juicio de amparo en la vía indirecta; máxime que los efectos que los actos reclamados producen, son susceptibles de repararse sin dejar huella en la esfera jurídica de la recurrente, en caso de que la sentencia definitiva le sea favorable, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por J. Matilde Ortiz de Gante.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, por el que da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de siete de octubre de dos mil dieciséis; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en dicho auto.

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