J. Isabel Zempoalteca Pérez
Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- J. Isabel Zempoalteca Pérez
- Jesús Angulo Quintero
- José Francisco Bolaños Andrade, Defensor Público Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyanse el juicio principal, dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, realice las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Insértese este acuerdo en el cuaderno original. Incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en los incidentes de suspensión fue negada la medida definitiva, el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción de conformidad con el numeral 21, inciso c) del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos originales y en los duplicados de los incidentes de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte defensor público federal José Francisco Bolaños Andrade, el contenido de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno: pizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Se deja de tener autoridad responsable Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante auto de trece de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en torno a la inexistencia de la autoridad que denominó como: "Oscar Camacho, en su carácter de Comandante de la Policía de Investigación a Cargo de los separos, Adscrito al Ministerio Público Encargado de la Carpeta de Investigación C1U1CV1C-N/286/2021, Mesa de Robo Calificado del Municipio de Yauhquemecan"., sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, y se tiene por inexistente la referida autoridad en el presente juicio de amparo. Se tiene a Defensor Público Federal protestando el cargo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por José Francisco Bolaños Andrade (Defensor Público Federal), quien se identifica con su cédula profesional número 3021591, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo que acredita con la copia que adjunta a su ocurso de cuenta, mediante el cual solicita se le tenga aceptando y protestando el cargo conferido, y para tal efecto proporciona sus datos de identificación,. En atención a lo anterior, se toma en cuenta que el escrito de cuenta, contiene la firma electrónica del Defensor Público Federal, por ende, se tiene a José Francisco Bolaños Andrade aceptando y protestando el cargo de Defensor Pública Federal del quejoso Jesús Angulo Quintero. Asimismo, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones las oficinas ubicadas en Avenida Instituto Politécnico Nacional número 48, San Diego Metepec, Tlaxcala, al interior de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala. Por otra parte, se excusa de seguir conociendo del presente juicio de amparo, y de ejercer la defensa del quejoso Jesús Angulo Quintero, pues al respecto manifiesta que el acto reclamado que dio origen al juicio de amparo, deriva de un asunto del fuero común y no en materia federal. No ha lugar a acordar de conformidad Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad la excusa realizada, pues contrario a lo manifestado, se estima que en el caso, es el Instituto Federal de Defensoría Pública quien debe designar una persona para que asista a la parte quejosa; lo anterior, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) determinó que cuando el quejoso privado de su libertad no quiera o no pueda nombrar a un abogado que lo represente, el Juez de Distrito requerirá a la defensoría pública federal o local proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-; es decir, le brinda al Juez de Distrito la opción de designar a cuál de las instituciones recurrir; lo anterior, aunado a que del contenido de la ejecutoria que dio origen al citado criterio jurisprudencial, no se desprende en qué supuestos debe acudir a una o a otra, por lo cual queda al arbitrio del juzgador determinar a qué dependencia acudir. En consecuencia, toda vez que la tramitación del juicio de amparo es de índole federal, con independencia del procedimiento que le de origen, se estima que corresponde al Titular de la Delegación Regional Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública, designar a una persona que represente a los quejosos en esta instancia constitucional. Al respecto, es menester destacar que dicho criterio fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja penal 42/2020 de su índice, en sesión celebrada el ocho de octubre de dos mil veinte, derivado del juicio de amparo 596/2019 de la estadística de este juzgado federal. Por tanto, no resulta procedente aceptar la excusa realizada por el Defensor Público Federal. Autorizado de quejoso y Defensor Público Federal informan. De igual manera, agréguense los escritos signados por J. Isabel Zempoalteca Pérez, autorizado en términos amplios del quejoso Jesús Angulo Quintero y el diverso del Defensor Público Federal José Francisco Bolaños Andrade, a través de los cuales informan que el veinticinco de julio del que transcurre, el Juez Séptimo del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, otorgó libertad al quejoso Jesús Angulo Quintero. Ahora bien, toda vez que mediante auto de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, se tuvo por recibida la copia autentica de la causa judicial 350/2021, del índice del Juzgado Séptimo del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; así como un disco versátil digital que contiene el registro de audio y video de la audiencia inicial de veinticinco de julio de dos mil veintiuno, en la que determinó no calificar de legal la detención del quejoso Jesús Ángulo Quintero, decretando su inmediata libertad, misma data en la que refiere la parte promovente como el Defensor Público Federal, que el quejoso en cita, obtuvo su libertad, se provee lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. Atento al contenido de los medios de convicción recibidos en el citado auto de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, por el Juez Séptimo de del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dentro de la causa judicial 350/2021, de su índice, en la que determinó no calificar de legal la detención del quejoso Jesús Ángulo Quintero, decretando su inmediata libertad, sin fijar medida cautelar, se estima que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.)". Conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". En efecto, en atención a las constancias que remitió el Juez Séptimo de del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, consistentes en copia autentica de la causa judicial 350/2021, de su índice y del Disco Versátil Digital adjunto; se advierte que el veinticinco de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable determinó no calificar de legal la detención del quejoso Jesús Angulo Quintero, decretando su inmediata libertad, sin fijar medida cautelar. A dichas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado el siguiente: "La privación ilegal de libertad personal de mi representado fuera de todo procedimiento judicial. (sic)" Atento a lo anterior, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado veinticinco de julio del año que transcurre, previo debate entre las partes, el Juez Séptimo de del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dentro de la causa judicial 350/2021, de su índice, seguida por el delito de robo calificado, determinó no calificar de legal la detención del quejoso Jesús Angulo Quintero, decretando su inmediata libertad, sin fijar medida cautelar. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (veinte de marzo de dos mil veintiuno) son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis III.2o.P.150 P, visible en la página 2575 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2019, número de registro 2019590, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO". Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante la determinación en la audiencia inicial ya precisada. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la data fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas del treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Se deja de tener autoridad responsable Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante auto de trece de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en torno a la inexistencia de la autoridad que denominó como: "Oscar Camacho, en su carácter de Comandante de la Policía de Investigación a Cargo de los separos, Adscrito al Ministerio Público Encargado de la Carpeta de Investigación C1U1CV1C-N/286/2021, Mesa de Robo Calificado del Municipio de Yauhquemecan"., sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, y se tiene por inexistente la referida autoridad en el presente juicio de amparo. Se tiene a Defensor Público Federal protestando el cargo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por José Francisco Bolaños Andrade (Defensor Público Federal), quien se identifica con su cédula profesional número 3021591, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo que acredita con la copia que adjunta a su ocurso de cuenta, mediante el cual solicita se le tenga aceptando y protestando el cargo conferido, y para tal efecto proporciona sus datos de identificación,. En atención a lo anterior, se toma en cuenta que el escrito de cuenta, contiene la firma electrónica del Defensor Público Federal, por ende, se tiene a José Francisco Bolaños Andrade aceptando y protestando el cargo de Defensor Pública Federal del quejoso Jesús Angulo Quintero. Asimismo, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones las oficinas ubicadas en Avenida Instituto Politécnico Nacional número 48, San Diego Metepec, Tlaxcala, al interior de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala. Por otra parte, se excusa de seguir conociendo del presente juicio de amparo, y de ejercer la defensa del quejoso Jesús Angulo Quintero, pues al respecto manifiesta que el acto reclamado que dio origen al juicio de amparo, deriva de un asunto del fuero común y no en materia federal. No ha lugar a acordar de conformidad Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad la excusa realizada, pues contrario a lo manifestado, se estima que en el caso, es el Instituto Federal de Defensoría Pública quien debe designar una persona para que asista a la parte quejosa; lo anterior, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) determinó que cuando el quejoso privado de su libertad no quiera o no pueda nombrar a un abogado que lo represente, el Juez de Distrito requerirá a la defensoría pública federal o local proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-; es decir, le brinda al Juez de Distrito la opción de designar a cuál de las instituciones recurrir; lo anterior, aunado a que del contenido de la ejecutoria que dio origen al citado criterio jurisprudencial, no se desprende en qué supuestos debe acudir a una o a otra, por lo cual queda al arbitrio del juzgador determinar a qué dependencia acudir. En consecuencia, toda vez que la tramitación del juicio de amparo es de índole federal, con independencia del procedimiento que le de origen, se estima que corresponde al Titular de la Delegación Regional Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública, designar a una persona que represente a los quejosos en esta instancia constitucional. Al respecto, es menester destacar que dicho criterio fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja penal 42/2020 de su índice, en sesión celebrada el ocho de octubre de dos mil veinte, derivado del juicio de amparo 596/2019 de la estadística de este juzgado federal. Por tanto, no resulta procedente aceptar la excusa realizada por el Defensor Público Federal. Autorizado de quejoso y Defensor Público Federal informan. De igual manera, agréguense los escritos signados por J. Isabel Zempoalteca Pérez, autorizado en términos amplios del quejoso Jesús Angulo Quintero y el diverso del Defensor Público Federal José Francisco Bolaños Andrade, a través de los cuales informan que el veinticinco de julio del que transcurre, el Juez Séptimo del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, otorgó libertad al quejoso Jesús Angulo Quintero. Ahora bien, toda vez que mediante auto de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, se tuvo por recibida la copia autentica de la causa judicial 350/2021, del índice del Juzgado Séptimo del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; así como un disco versátil digital que contiene el registro de audio y video de la audiencia inicial de veinticinco de julio de dos mil veintiuno, en la que determinó no calificar de legal la detención del quejoso Jesús Ángulo Quintero, decretando su inmediata libertad, misma data en la que refiere la parte promovente como el Defensor Público Federal, que el quejoso en cita, obtuvo su libertad, se provee lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. Atento al contenido de los medios de convicción recibidos en el citado auto de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, por el Juez Séptimo de del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dentro de la causa judicial 350/2021, de su índice, en la que determinó no calificar de legal la detención del quejoso Jesús Ángulo Quintero, decretando su inmediata libertad, sin fijar medida cautelar, se estima que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.)". Conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". En efecto, en atención a las constancias que remitió el Juez Séptimo de del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, consistentes en copia autentica de la causa judicial 350/2021, de su índice y del Disco Versátil Digital adjunto; se advierte que el veinticinco de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable determinó no calificar de legal la detención del quejoso Jesús Angulo Quintero, decretando su inmediata libertad, sin fijar medida cautelar. A dichas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado el siguiente: "La privación ilegal de libertad personal de mi representado fuera de todo procedimiento judicial. (sic)" Atento a lo anterior, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado veinticinco de julio del año que transcurre, previo debate entre las partes, el Juez Séptimo de del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dentro de la causa judicial 350/2021, de su índice, seguida por el delito de robo calificado, determinó no calificar de legal la detención del quejoso Jesús Angulo Quintero, decretando su inmediata libertad, sin fijar medida cautelar. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (veinte de marzo de dos mil veintiuno) son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis III.2o.P.150 P, visible en la página 2575 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2019, número de registro 2019590, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO". Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante la determinación en la audiencia inicial ya precisada. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la data fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas del treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Designa defensor público. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Tlaxcala, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de trece de octubre del año que transcurre, informa que fue designado de manera provisional, al licenciado José Francisco Bolaños Andrade, para que asista al quejoso Jesús Angulo Quintero, en el presente juicio de amparo. Se requiere protesta de cargo. En consecuencia, requiérase al licenciado José Francisco Bolaños Andrade, por conducto del Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días legalmente computado a partir de que sea notificada, acepte y proteste el cargo conferido; lo que podrá efectuar a través de escrito firmado electrónicamente, acompañando para tal efecto copia de su credencial oficial y vigente o de manera personal en formal diligencia en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, para lo cual deberá informar con la anticipación debida el día en que el sistema le arroje la cita y el QR respectivo para que pueda ingresar a este recinto judicial, a fin de estar en posibilidad de preparar la diligencia correspondiente, en virtud de que el horario presencial de trabajo es limitado. Apercibido que en caso de no hacerlo o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la fracción I del artículo 237 en relación con el diverso 259, ambos Ley de Amparo. ( Se ordena correr traslado a defensor. Finalmente, se ordena correr traslado con copia de la demanda de amparo a José Francisco Bolaños Andrade, para que asista al quejoso Jesús Angulo Quintero, en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y, personalmente al defensor público José Francisco Bolaños Andrade. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*
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